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“Yo estoy convencido de que los pandilleros se pueden rehabilitar”

Esquizofrénica es un adjetivo que bien podría utilizarse para calificar la política penitenciaria del segundo gobierno de FMLN. En apenas un puñado de años, la misma Dirección General de Centros Penales ha implementado, por un lado, una batería de ‘medidas extraordinarias’ censuradas por la comunidad internacional por inhumanas; y por otro, ha realizado inversiones millonarias para reducir el hacinamiento y financiar programas de talante rehabilitador. El actual director general del sistema, Marco Tulio Lima, trata en esta entrevista de explicar la paradoja.

Roberto Valencia / Fotos Carlos Barrera

 
 

Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales. Foto Carlos Barrera.
 
Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales. Foto Carlos Barrera.

“El Estado tiene que invertir en sus centros penales, le guste o no a la sociedad”. La frase salió de la boca de Marco Tulio Lima Molina (1966, 4 de junio), el máximo responsable de la Dirección General de Centros Penales desde octubre de 2017. Algo así puede sonar a obviedad en otras latitudes, pero en El Salvador una afirmación de ese tipo –pronunciada además en plena campaña electoral– tiene connotaciones casi subversivas.

Esas 16 palabras quizá sean las que mejor condensan el espíritu de esta entrevista, en la que se hace un repaso de las mejoras habidas en el sistema penitenciario, pero en la que también se cuestiona por qué se excluyó de esos cambios a unos 15 000 privados de libertad adscritos a las pandillas, cuya rehabilitación en principio es la que más urge.

Hasta la “reingeniería” puesta en marcha hace un par de años, aún pendiente de implementar en toda su extensión, lo que el Estado salvadoreño hacía era “capturar a la gente, condenarla y meterla en una jaula”, dice Marco Tulio Lima. Ahora el discurso oficial habla más de dignidad humana, de acceso a la educación y a la salud, de trabajo productivo y de rehabilitación, al menos cuando se refiere a las cárceles no asignadas a las pandillas.

Marco Tulio Lima es subcomisionado de la Policía Nacional Civil, con un cuarto de siglo de servicio en algunas de las delegaciones más calientes del país, como las de Mejicanos, Apopa, San Marcos o Sonsonate. Estuvo al frente de unidades clave como la División Antinarcóticos (DAN) y la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES), disuelta tras los señalamientos de haber protagonizado y encubierto ejecuciones extrajudiciales. Extraña escuchar a alguien con este perfil pregonar soluciones en las antípodas del manodurismo que ha caracterizado tanto a los gobiernos de Arena como a los del FMLN.

¿Le costó cambiar el chip?

A lo largo de mi carrera he trabajado en diferentes áreas de la seguridad pública. Al venir a la Dirección General de Centros Penales, los primeros desafíos fueron hacer una profunda reingeniería, construir un nuevo modelo de gestión, y cumplir con nuestras leyes: la Constitución, los tratados internacionales, la Ley Penitenciaria y su reglamento. Hice un punto y aparte en mi rol como policía, como subcomisionado, aunque siempre existe la relación.

¿Podría decirse que ahora ve los problemas de seguridad de forma más integral?

Tengo las dos fotografías: como policía que fui muchos años, y ahora en el ámbito penitenciario. Y estoy convencido de que este nuevo modelo de gestión contribuye a la seguridad integral del país, porque la forma como se administran los centros penales incide positiva o negativamente.

La población penitenciaria se ha mantenido estable desde que usted asumió, tras años de aumento sostenido en el número de reos.

Hay dos realidades en El Salvador, y ese es el desafío que este gobierno ha tenido, sobre todo tras la resolución de la Sala de lo Constitucional. Nosotros hemos trabajado para reducir el hacinamiento, y tan sólo en el tema de infraestructura se han invertido más de 54 millones de dólares, unido a otras inversiones en tecnología, transporte, en capacitaciones… Hemos creado nuevos centros penales y mejorado los que ya estaban. En diciembre de 2014 había 27 000 privados de libertad en un sistema con sólo 8 090 espacios. La población penitenciaria creció en los años siguientes, hasta superar los 39 000 internos en 2017, pero ya con 18 000 espacios, y hemos seguido abriendo espacios en 2018 y lo mismo ocurrirá en 2019.

¿Qué se ha hecho para estabilizar la cifra de reos?

En todo 2018 nos hemos mantenido en torno a 38 000, 39 000 internos. Y eso ha ocurrido no porque no haya habido ingresos, sino por el nuevo modelo de gestión que, por ejemplo, nos permitió contratar a unos 75 profesionales para reforzar los equipos criminológicos que evalúan y clasifican a los internos. Eso ayudó bastante, unido a la puesta en marcha de las granjas penitenciarias y los Centros de Detención Menor (CDM). Todo eso nos ha permitido clasificar mejor y tener un sistema progresivo, que va sacando gente de la fase ordinaria a fase de confianza, a semilibertad y a la libertad. Hemos logrado un equilibrio entre la cantidad de gente que sale libre y los nuevos ingresos.

Usted habla de “reingeniería”.

Nosotros hemos hablado de reforma y de reingeniería en el sistema penitenciario, pero hasta el señor ministro nos dijo que esas palabras se quedaban cortas, y que sería mejor hablar de una revolución. Y el verdadero cambio no es la creación de nuevos espacios, sino que no se han construido para fomentar el encierro. ¿Qué quiero decir? Hemos abierto tres granjas penitenciarias, que juntas tienen capacidad para 2 500 privados, todas con programas productivos. Los tres CDM van a tener la capacidad para recibir a 9 000 internos, y esos centros van a estar vinculados con la redención de la pena y el trabajo comunitario. Sólo el de Mariona, que ya alberga a 1 800 personas, sumó más de 92 000 salidas en 2018, para arreglar escuelas, limpiar quebradas o playas...

El trabajo comunitario humaniza a los internos ante los ojos de una sociedad por lo general hostil hacia ellos.

Y sin dejar de invertir en nuevos centros de seguridad, como son la Fase II y la Fase III de Izalco. El Salvador tiene ahora un sistema diferente, con una nueva clasificación de centros.

Hasta el Plan El Salvador Seguro, el sistema penitenciario estaba en total abandono. ¿Suscribe esa afirmación?

Desde que el sistema penitenciario existe en El Salvador, hace más de un siglo, no había recibido nunca un inversión en recursos como se ha hecho durante el gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén. Eso hay que reconocerlo.

En diciembre de 2011 entrevistamos a la persona que ocupaba su silla, Douglas Moreno, y comparó los centros penales con escusados.

No había programas de rehabilitación, había hacinamiento, enfermedades, ocio carcelario, el crimen organizado había tomado el control de los centros. Venimos de una época negra en el sistema penitenciario.

Pero la salvadoreña sigue siendo una sociedad que no ve con buenos ojos que se invierta en cárceles. ¿Qué ha cambiado?

En ningún país latinoamericano son bien vistas las inversiones fuertes en el sistema penitenciario. Nadie quiere inaugurar una cárcel, lo que se quiere es inaugurar hospitales. En El Salvador, el sistema necesitaba una inversión muy fuerte, y no sólo para garantizar la dignidad humana de los internos o para garantizar sus derechos, sino porque la mejora del sistema y el control de las cárceles de parte del Estado tienen consecuencias muy positivas en la seguridad del país. Del 2014 para atrás, lo que había aquí era sólo encierro; ni trabajo ni oportunidades ni progresión ni tratamiento... El sistema era capturar a la gente, condenarla y meterla en una jaula.

¿Pero por qué el cambio de enfoque? Esta sociedad sigue tolerando o aplaudiendo el ojo por ojo, incluso las violaciones a los derechos humanos.

Una cosa es la percepción que pueda tener la gente, y otra cosa es la realidad, en la que los privados tienen derechos. El pueblo tiene que entender que las leyes plantean una segunda oportunidad, así como el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, al trabajo... El Estado tiene que invertir en sus centros penales, le guste o no a la sociedad; está en la Constitución. Desde luego que la gente quiere cada vez más ‘mano dura’, pero esa no es la salida.

Entre los logros, hablan de haber creado una industria penitenciaria.

El programa ‘Yo cambio’ es la parte medular de la reforma, porque es la parte del tratamiento y tiene varios componentes. Uno es la infraestructura, que debe encajar en un sistema progresivo, de oportunidades, y de centros que garanticen la dignidad humana. Ahora, por ejemplo, todos los nuevos centros tienen duchas, urinarios, sanitarios… Acabamos de inaugurar el CDM de Santa Ana, donde le pregunté a uno de los nuevos internos: ¿prefiere Apanteos? Y me dijo: me gusta este nuevo centro y me siento contento porque por primera vez hoy me bañé en una ducha. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Que las mejoras en infraestructura suponen mejoras en la dignidad humana.

Mencionó varios componentes dentro del ‘Yo cambio’.

Otro componente es la tecnología, que abarca los bloqueadores de señal, los sistemas no intrusivos de revisión de las visitas, los rastreadores de señal, toda la parte del sistema de información penitenciaria, los brazaletes... Este es un sistema moderno. Y tenés un tercer componente, el del tratamiento, con siete programas diferentes. En el tema de educación, por ejemplo, en 2018 inscribimos a 9 500 privados de libertad en la educación formal, y 8 700 alcanzaron a egresar. Está el programa nacional de alfabetización, con el que queremos llevar a cero el analfabetismo en los centros penales; está el programa religioso, que es muy fuerte; el tema del deporte, que permitió organizar por primera vez unos juegos deportivos penitenciarios… Y está también el programa de trabajo penitenciario, con labores agropecuarias y también con una red de talleres de zapatería, pintura, sastrería, carpintería, de trabajo en bambú, metal mecánica, artesanías...

¿Qué sucede con los alimentos y demás bienes que se producen en las cárceles?

Los alimentos se consumen internamente. Para lo que se produce en los 91 talleres hemos tenido que reformar el reglamento de la Ley Penitenciaria, para favorecer la comercialización de bienes y servicios. Hemos creado Industrias Penitenciarias de El Salvador, IPES, nombre que ya está reservado en el CNR. Y hemos creado una marca, que se llama ‘Hecho con Esperanza’.

Y si está tan convencido de las bondades de esta forma de trabajar, ¿cómo ha convivido la construcción de este sistema con las Medidas Extraordinarias, que son la antítesis?

Aquí hay como dos escenarios: primero, nosotros tenemos como meta llevar el ‘Yo cambio’ a todo el sistema, incluidos los centros de seguridad en los que están las pandillas, porque el derecho a la rehabilitación es de todos los privados y no puede excluirse ni al sujeto que tenga la condena más alta por el delito más grave. Todos tienen derecho a la readaptación, y nosotros tenemos que garantizarlo, le guste o no le guste a algunas personas.

Algo que no está ocurriendo en las cárceles de pandilleros.

Estamos creando las condiciones para que ‘Yo cambio’ gradualmente entre en todo el sistema. Ya comenzamos a implementarlo en el Centro Penal de San Francisco Gotera.

Pero aquello fue por la decisión unilateral que tomó un grupo de reos de la 18-Revolucionarios de abrazar la religión y renunciar a la pandilla.

No hay ningún programa de rehabilitación diseñado por un sistema penitenciario que tenga éxito si no pasa por la voluntad del interno de cambiar. Yo he ido a Gotera y les he dicho a los internos, cara a cara, que les reconozco la voluntad que tuvieron. Eso es importante, claro, pero el sistema también les abrió las puertas. En Gotera ya hay varios programas implementados: de salud, en la panadería, en la religión, en la serigrafía... todo mundo está trabajando o estudiando, y eso nos llevó a nosotros a decir que este centro, desde septiembre de 2018, dejó de ser un centro de seguridad, al punto que ya han comenzado las visitas familiares y se permite la comunicación telefónica controlada.

Pero Gotera es una excepción. Aún conviven dos sistemas: uno con un enfoque más humano para los civiles, el que usted ha detallado; y otro para los pandilleros.

Por eso la importancia de lo que está ocurriendo en Gotera, que para nosotros es una especie de laboratorio del que tenemos que seguir aprendiendo, pero que ya nos ha dado la certeza de decir: es posible rehabilitar a los pandilleros.

Tengo entendido que el ‘Yo cambio’ en parte se está aplicando en la cárcel de Chalatenango, que alberga sólo a emeeses.

El 100 % de los internos de Chalate están en el ‘Yo cambio’. No pasan el día encerrados en las celdas, sino en los sectores, trabajando.

¿Reciben visitas?

No, todavía no. Pero el ‘Yo cambio’ se aplica completo, con todas las actividades. Toda la población es vinculada a la MS-13, pero ellos dijeron: vamos a participar en los programas pero sin renunciar a la pandilla. Es otro fenómeno, ¿ve? Y es importante analizarlo también.

¿En qué otros penales que estuvieron bajo las Medidas Extraordinarias se está implementando ya el ‘Yo cambio’?

El Sector E del Centro Penal de Ilopango, donde hay unas 150 mujeres vinculadas a la Mara Salvatrucha. En agosto salieron del régimen de seguridad, para convertirse en un sector más, sin medidas especiales. Y en diciembre hicimos lo mismo en el penal de Quezaltepeque, pero sólo para las 159 mujeres que hay ahí, todas vinculadas a la 18.

Foto Carlos Barrera.
 
Foto Carlos Barrera.

El Estado sigue privando a miles de internos de ser visitados por sus madres, hijos o esposas. Eso comenzó hace casi tres años y todavía está pasando.

No quiero evadir esa pregunta, pero dejame contarte que en julio empezamos con el ‘Yo cambio’ en el penal de Ciudad Barrios, y más de 800 internos ya se han incorporado. Y luego van los Izalcos [Fase I, Fase II y Fase III]. En todos los centros de seguridad estamos haciendo un plan de trabajo para introducir el programa, incluido el centro de máxima seguridad [el centro penal de Zacatecoluca, conocido popularmente como Zacatraz].

¿Cuál es ese plan?

El primer componente es el trabajo doméstico del centro: que el interno se involucre en pintarlo y limpiarlo, en cuidar sus jardines. Segundo, la religión. Tercero, el...

Permítame antes de seguir: las Medidas Extraordinarias expulsaron de las cárceles a pastores y sacerdotes, y ahora usted lo vende como algo necesario.

Nos estamos abriendo.

Desde afuera al menos, suena a que la reingeniería conceptualmente contradice el espíritu de las Medidas Extraordinarias.

Vamos aprendiendo. Yo estoy de acuerdo en que ha habido un sistema muy cerrado con los pandilleros. Cuarto, el deporte. Y luego van a venir también el arte y la cultura. Y finalmente el trabajo penitenciario. Ese es el plan, siempre respetando el tema de la seguridad. Para mayo esperamos que ya esté implementado todo el ‘Yo cambio’ también en los centros de pandillas.

¿El pandillero es recuperable para la sociedad?

Yo estoy convencido de que los pandilleros se pueden rehabilitar, convencido de que no hay ningún condenado que no pueda rehabilitarse, así sea de máxima seguridad.

Me late que el salvadoreño promedio no comparte ese criterio.

Lo que pasa es que mucha gente lo único que ha conocido hasta la fecha es el encierro; nunca ha visto programas de rehabilitación, nunca ha visto oportunidades de trabajo, o que cientos de internos vayan a limpiar playas o a construir escuelas o parques. Nunca había existido ese contacto con los privados de libertad, y yo he visto hasta llorar a señoras en las comunidades, agradecidas por la ayuda que han brindado los privados de libertad. La gente se organiza para hacerles pupusas o frijoles o fresco, de puro agradecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, cuando te abres y le explicas un tema, tiene sensibilidad hacia ese tema.

¿Esta visión que me está vendiendo como la correcta no supone admitir que las Medidas Extraordinarias fueron un error?

Yo... digamos... siempre he visto... las Medidas Extraordinarias... cuando se lanzaron en su momento, fue el Estado entero el que entró, porque las Medidas se aprobaron en la Asamblea.

Y la sociedad lo pedía, de alguna manera.

Todos. Y esas Medidas hicieron como el punto de quiebre en el panorama crítico de violencia que había en el país. En 2010 hubo indicios de apostar por un sistema penitenciario que priorizara la rehabilitación y el trabajo, lo que hoy tenemos, pero vino un capítulo bastante feo, que fue el tema de la Tregua. Eso complicó todo y retrocedió lo que se estaba empezando a hacer. Al finalizar la Tregua, teníamos centros penitenciarios muy complicados en el tema de la seguridad, porque desde esos centros se ordenaban crímenes y extorsiones. Las Medidas Extraordinarias, que fueron duras, permitieron romper ese esquema y que el sistema retomara el control.

¿Usted quiere decir que la nueva visión no habría sido posible sin el puñetazo sobre la mesa del Estado vía Medidas Extraordinarias?

Algo así, sin olvidar que las Medidas Extraordinarias hicieron que el Estado se comprometiera a invertir. Yo le garantizo que sin las Medidas, no habría ocurrido esta inversión tan alta, porque todo mundo se sensibilizó y se comprometió con que había que transformar el sistema. Había una fotografía de abandono antes de 2010; hubo otra fotografía que la vamos a dejar entre comillas de 2010 a 2014; hubo otra del 2014 al 2015; hay otra fotografía del 2016 hasta hoy; y va a haber otra cuando finalice 2019 y todos los centros hayan entrado ya con el ‘Yo cambio’. Ha sido bien dinámico y las Medidas jugaron un papel importante.

Voy un poco más atrás en este repaso, a inicios de la década pasada, a cuando el Estado entregó cárceles enteras a las pandillas. Usted ya se lo encontró cuando llegó, pero...

¡Eso fue un craso error!

¿Y cómo se revierte eso, si es que puede revertirse?

He tenido la oportunidad de estar en foros de reflexión a nivel internacional, con gente especialista, y no tengo la más mínima duda de que el Estado y el sistema penitenciario salvadoreños cometieron un gran error cuando separaron a los privados en función de la estructura a la que pertenecen. Eso lo que hizo fue consolidar su organización y facilitar también el control en los territorios. Con los programas de tratamiento que estamos desarrollando ahora, nos gustaría, lástima que el tiempo se nos termina, romper con ese esquema de clasificación. Es necesario que el país tenga centros en los que la población penitenciaria sea clasificada de manera criminológica, en razón del sexo, la edad, el delito, los programas, y no en razón de la pertenencia a un grupo o estructura.

¿Pero lo ve posible a corto o medio plazo? ¿Cree posible un penal de Ciudad Barrios en el que haya civiles o dieciocheros?

A corto plazo no lo veo, pero sí a un mediano plazo. En el próximo quinquenio debería de hacerse, para poner un plazo.

Un pandillero que hoy sale con su pena cumplida, ¿sale a seguir siendo parte de la pandilla?

La reincidencia en las personas involucradas en pandillas o en estructuras es alta, lamentablemente. Primero, por la ausencia de programas de...

Es un problema detectado entonces.

Sí, sí. Por la ausencia de programas de tratamiento, por la ausencia de oportunidades. Hasta hoy el sistema está entrando en la ruta correcta, en la que debió entrar hace muchos años. Esto es una deuda que tenemos. Segundo, sí hay una buena cantidad de condenados que están alcanzando el cumplimiento de su pena; no te podría dar una cifra exacta ahora, pero de aquí al 2023 van a ser unas 2 500 personas las que alcanzarán su libertad.

Un número significativo.

Sí lo es.

Y ahí la paradoja: el grupo que a la sociedad salvadoreña más le interesa que cambie es el de los pandilleros, y apenas ahora los están empezando a considerar.

América Latina tiene una inclinación en hacer un uso excesivo de la prisión, y El Salvador lo hace arriba del promedio de América Latina. Entonces, toda esta reforma, esta revolución penitenciaria, corre el riesgo de revertirse si el sistema salvadoreño de seguridad y justicia no cambia la forma de cómo ver el delito, de cómo ver el uso de la prisión. Hay una necesidad urgentísima de que el sistema de justicia hable de medidas alternativas a la prisión, porque el código procesal te da un menú de opciones, y los jueces no deberían de pensar sólo en la prisión. Yo fui a un seminario que me abrió la mente...

¿Dónde?

En Costa Rica, organizado por el ILANUD [Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal]. El título del taller era: ‘¿Más presos o más justicia?’, y se enfocó en el uso de las medidas alternativas, porque El Salvador todavía está en deuda, y es un desafío también. Un ejemplo: el otro día yo ponía a los diputados el caso de los 3,180 enfermos crónicos, con cáncer, con VIH, con insuficiencia renal, diabetes... El 55 % son adultos mayores, entre los 60 y los 92 años. ¿Por qué no se permite la salida urgente de esa gente vía algún decreto legislativo? Restar 3 000 internos al sistema es bajarle al tema de hacinamiento, además de ser un tema de justicia y humanismo.

En un país como El Salvador, ni los diputados ni casi nadie quieren quedar como los que aprobaron indultos, ni siquiera por razones humanitarias.

Y es por la misma visión como la sociedad ve estos temas.

¿Cómo hacer entender que invertir en rehabilitación nos beneficia a todos?

El sistema penitenciario es el último eslabón de la cadena de justicia, es como la última opción que le queda al condenado. Después de que el Estado le falló en todo su recorrido, porque tener a una persona presa porque cometió un delito sí es una responsabilidad individual de ese sujeto, pero también es una deuda del Estado.

Y de la sociedad.

Y de la sociedad. La sociedad perdió valores, cada vez hay más familias disfuncionales, la migración, la falta de oportunidades, la falta de justicia... Ahí está un largo camino antes de que una persona termine en un centro penal. Y cuando llega al sistema, es la última oportunidad que tiene el Estado para recuperar a ese ciudadano. He ahí donde viene el mandato de la rehabilitación, pero la sociedad tiene que entender también que, además de ser un tema de derechos, también es un tema que impacta positivamente en la convivencia social. Yo no sé si has estado últimamente en Mariona...

No, Centros Penales no me ha permitido entrar en una cárcel desde octubre de 2012.

Yo lo autorizo, cuando quieras ir a conocer. Mariona es hoy un modelo de gestión penitenciaria, y el día de mañana se va a convertir en el gran centro formativo laboral para privados de libertad. Recientemente estuve en Corea del Sur, y conocí un instituto de formación profesional dentro de un penal. ¿Sabe qué me sorprendió? Que los presos ahí fabricaban motores de la Kia y de la Hyundai, o las tablets de la Samsung. Imagine ese nivel. Aquí nosotros podemos tener la capacidad de trascender laboralmente a través de la formación, y Mariona puede convertirse en eso, porque es un centro que ha alcanzado grandes niveles de organización, de administración y de participación en el trabajo y en la educación.

Dentro del gobierno o de la Policía sigue habiendo personas con una visión manodurista. ¿Cómo son sus cafés o sus almuerzos con estas personas?

Este es un tema de dignidad humana. La gente tiene que entender que los que están sometidos a la ejecución de una condena son seres humanos, y la población debe de conocer que hay que invertir lo que tenga que invertirse.

Pero hay necesidades en otras áreas; por ejemplo, mejorar el salario de los policías.

Yo tengo muchos compañeros míos, y no sólo policías, sino jueces, fiscales y abogados, y nunca nadie me ha cuestionado lo que estamos haciendo. Creo que en el fondo la gente entiende, comprende y siente la necesidad de que el sistema penitenciario se vaya humanizando. Hemos avanzado bastante, aunque todavía quedan grandes desafíos y deudas.

Foto Carlos Barrera.
 
Foto Carlos Barrera.

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