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Bukele debe defender el TPS desde el inicio de gestión

Iván Espinoza-Madrigal

 
 
Hay aproximadamente 263,282 personas salvadoreñas con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que viven, trabajan y crían hijos/as en los Estados Unidos. Pero su condición legal está en grave peligro, ya que el presidente Trump lucha para poner fin a las protecciones del TPS. Para ayudar a proteger a la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos y evitar la desestabilización de familiares en El Salvador que dependen de las remesas de los tepesianos, el gobierno del presidente Nayib Bukele debe priorizar la conservación del TPS desde el inicio de su mandato. Debemos trabajar juntos a través de fronteras y tendencias políticas para garantizar que la comunidad salvadoreña esté segura y protegida.
 
El TPS cambia la vida. Sé esto de primera mano porque represento a los tepesianos en los Estados Unidos y he viajado a través de los países con TPS en relación con la demanda presentada por mi organización, Lawyers for Civil Rights, en Boston, Massachusetts, contra el presidente Trump en nombre de los tepesianos salvadoreños. El TPS les brinda a los beneficiarios que viven en los Estados Unidos la posibilidad de salir de la sombra, donde muchos inmigrantes permanecen para evitar la detección y la deportación. Con el TPS, los salvadoreños tienen la oportunidad de vivir y trabajar de manera segura en los Estados Unidos. La ventaja de tener un permiso de trabajo no se puede exagerar: las personas pueden obtener empleos mejor pagados que mejoran dramáticamente su calidad de vida. Muchos tepesianos han podido comprar sus propios hogares y crear sus propias empresas.
 
Los beneficios del TPS no son solamente materiales. El programa también proporciona dignidad. Por ejemplo, permite que los tepesianos soliciten un permiso de viaje para visitar a sus familiares ancianos y enfermos en El Salvador. Es digno poder ver a nuestros seres queridos.
 
La cancelación del TPS por parte del presidente Trump es altamente perturbadora. Desestabilizará a las familias salvadoreñas que han vivido, trabajado y criado hijos/as en los Estados Unidos durante dos décadas. La gente será despojada de su humanidad. Estamos empezando a ver la primera ola de indignidades: las licencias de conducir vinculadas con el TPS corren el riesgo de ser revocadas. Si se anula la protección de inmigración que viene con el TPS y se vencen los permisos de trabajo los salvadoreños serán despedidos en masa. También serán vulnerables a ser detenidos y deportados por los oficiales de inmigración.
 
El Salvador también tiene mucho que perder con la cancelación del TPS. Los expertos estiman que más del 80% de los tepesianos envían remesas a sus familiares en El Salvador, sumando hasta $600 millones anuales. La economía salvadoreña se basa en este flujo constante de remesas, muchas de las cuales se agotarán a medida que expire el TPS. Y si se termina el TPS y El Salvador enfrenta la posibilidad de recibir a cientos de miles de salvadoreños retornados, esto presentará enormes desafíos para la economía y la infraestructura del país.
 
Nuestra demanda para detener la cancelación del TPS ahora está pendiente en un tribunal federal en Boston. Para ganar este caso, necesitaremos toda la ayuda que podamos obtener. Tengo tres sugerencias sobre cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele puede ayudar en este esfuerzo:
 
Primero, necesitamos que el gobierno salvadoreño se comprometa a la transparencia y la accesibilidad. El gobierno debe divulgar inmediatamente al público los datos sobre el impacto social y económico de la cancelación del TPS. Esto podría ser amplificado utilizando los consulados salvadoreños en el exterior como una red para la distribución de recursos e información. Esto ayudará a crear conciencia en El Salvador y en los Estados Unidos sobre los daños asociados con la cancelación. Cuanta más gente en El Salvador y en los Estados Unidos escuche sobre el TPS, especialmente de las autoridades gubernamentales, mejor. Solo esto puede marcar una gran diferencia para prevenir una crisis humanitaria.
 
Segundo, el gobierno también puede trabajar con las universidades y los grupos de reflexión y pensamiento estratégico en El Salvador para desarrollar temas de conversación y comunicaciones estratégicas para los líderes empresariales, diplomáticos y académicos salvadoreños que pueden interactuar con la cámara de comercio, el Congreso, y la embajada estadounidense. Cuanto más estemos todos en la misma página sobre la necesidad de mantener el TPS, más allá de fronteras y tendencias políticas, mejor.
 
Finalmente, el gobierno salvadoreño puede presentar un informe legal en nuestro caso en el tribunal en Boston. Otros gobiernos latinoamericanos han aprovechado las oportunidades del sistema jurídico estadounidense para abogar por sus ciudadanos. Por ejemplo, el gobierno mexicano presentó un amicus curiae (un detallado informe en calidad de “amigo del tribunal”) en una demanda presentada para detener las leyes antimigrantes aprobadas por el estado de Arizona. Esta estrategia mexicana es una buena opción para el gobierno salvadoreño. El presidente Bukele puede seguir estos pasos presentando formalmente un escrito en nuestro caso en apoyo de sus ciudadanos en el extranjero.
 
El TPS no es un tema polémico. Políticamente, abogar por los tepesianos presenta un escenario en el que todos ganamos. Las personas afectadas, sus amistades y familiares, tomarán nota. Esto puede generar dividendos políticos. Salir frente a esta defensa también ayudará a anclar al nuevo gobierno salvadoreño como líder en América Central en un momento en que la gente está cansada de políticos que no entregan resultados concretos. Unamos fuerzas no solo para hablar sobre la necesidad de preservar el TPS, sino también para ayudar a encontrar soluciones viables para nuestra gente.
 
Iván Espinoza-Madrigal es abogado de derechos humanos y director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights, la organización que presentó el primer caso en nombre de los salvadoreños en contra del presidente Trump para salvar el TPS.
 
Iván Espinoza-Madrigal es abogado de derechos humanos y director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights, la organización que presentó el primer caso en nombre de los salvadoreños en contra del presidente Trump para salvar el TPS.

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