En El Salvador hoy se debate acerca de qué tipo de gobierno conformará Nayib Bukele como presidente electo. Desde la primera semana después de las elecciones, se especula con listas de personas que podrían formar parte del gabinete y los cargos que ocuparían. Otro campo de dudas se enfoca en torno a las posibles relaciones que podrían existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ciertamente, la respuesta a estas preocupaciones puede derivar en distintos sentidos el ejercicio de Gobierno.
Nuestro país enfrenta grandes desafíos y graves problemas que requieren un equipo dedicado y con altos grados de probidad comprobada y evidente, que convoque a amplios sectores y actores para que se involucren en la construcción de soluciones y que pronto mejoren las vidas concretas de las mujeres y hombres salvadoreños. Como sociedad, para salir de los profundos atolladeros en los que estamos, también necesitamos importantes dosis de imaginación.
En este marco, dando rienda suelta a la imaginación feminista, quisiera pensar en que este cambio de gobierno podríamos aprovecharlo para generar transformaciones en las formas de funcionamiento del conjunto de las instituciones del Estado. Que el amplio margen de respaldo con el que resultó electo Bukele, le va a servir para convocar a las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa para impulsar cambios urgentes que la legislación del país necesita.
Que con el respaldo social expresado en las urnas, se atreverá a proponer reformas fiscales que podría iniciar con el impuesto predial, pero continuar hacia políticas fiscales progresivas, que permitieran que el Estado cuente con los recursos necesarios. No sólo para mantener y ampliar los programas sociales iniciados por los gobiernos del FMLN (en el ámbito educativo, por ejemplo), sino para impulsar una reforma educativa amplia, integral y profunda, que prepare a las y los estudiantes, más que para trabajar en un call center, para una vida mejor, con un sistema educativo que les convierta en mejores ciudadanas y ciudadanos.
Queremos un gobierno que no tema a la decisión de impulsar la educación integral en sexualidad y que cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, que aprobarían una ley sobre este ámbito, con una decisión interpartidaria que refleje su real preocupación por superar los embarazos infantiles impuestos.
Siempre en el ámbito de programas sociales, queremos ver profundidad en el diseño e impulso de la reforma de salud, con un gobierno que le apuesta a ampliar y mejorar la calidad de servicios públicos, con una política de salud sexual y reproductiva que tiene en cuenta la diversidad de personas que somos.
Nos imaginamos un gobierno que se atreverá a resolver la ineficacia del SITRAMSS (Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador), porque la Corte Suprema de Justicia comprendería el absurdo de mantener esa medida cautelar que impide avanzar en el mejoramiento del servicio público de transporte. Pero más importante aún, queremos que en todas las estaciones del SITRAMSS los grupos de soldados que hoy permanecen de manera defensiva, sean sustituidos por equipos multidisciplinarios que atiendan situaciones y hechos de violencia contra las mujeres, y que simultáneamente dediquen parte de su tiempo a la educación ciudadana para prevenir el acoso y otro tipo de violencias masculinas que se ejercen contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en los espacios públicos.
Queremos un gobierno con un gabinete económico que, además de poner el acento en los temas de inversión, productividad y crecimiento, se preocupe por las políticas de distribución y la superación de las desigualdades socioeconómicas. Que reconozca como trabajo las horas invertidas en el cuido de niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y que ponga la distribución equitativa del trabajo al interior de los hogares en el centro de sus políticas. Aspiramos a tener un gobierno con una visión amplia e integral de sus políticas de seguridad, que establezca el cese a las políticas represivas para abordar la violencia social, el cese a la criminalización de la pobreza, y que interprete, desde otras perspectivas, la realidad de jóvenes que se enfrentan cotidianamente a la disputa territorial entre pandillas y cuerpos uniformados, y a la criminalización de la pobreza.
Desde el Ejecutivo actual, esperamos que el presidente saliente, Salvador Sánchez Cerén, incluya como parte de su plan de transición y cierre de gestión, ejecute la moratoria de cumplimiento de condenas a mujeres criminalizadas por aborto y/o complicaciones obstétricas por recomendación de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para ello, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como la Comisionada, actuarían con toda diligencia y determinación, y con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia pondrían en libertad a las 17 y más antes del 31 de mayo.
Para seguir soñando, me imagino a un FMLN que propone retomar en el pleno legislativo la aprobación de la Ley de Identidad de Género y la reforma del Código Penal para superar la penalización absoluta del aborto, al menos en aquellas causales que amenazan la salud y la vida de las mujeres. En este aspecto ya coinciden con el presidente Bukele, quien invitaría a sus aliados de GANA para apoyar esta moción. Aquí incluso imagino a algunos diputados y diputadas de ARENA, del PCN y del PDC sorprendiéndonos con su comprensión y respaldo decidido a la iniciativa, porque saben que la mayoría de la población respalda y está de acuerdo con esta reforma, y se deciden a salvar la vida de las mujeres.
¡Ojalá mi sueño, y el de muchas otras feministas, se convierta en realidad!
