El sábado pasado, después de reunirse con representantes del gran capital, teniendo al cardenal Brenes y al nuncio apostólico como testigos, y bajo la sombra de sus negociaciones secretas con la Administración Trump, el dictador Daniel Ortega reconoció por primera vez la gravedad de la crisis política y proclamó la necesidad de un entendimiento nacional. Un día después, los empresarios revelaron que el objetivo de ese encuentro había sido crear condiciones para la reanudación de las negociaciones políticas entre la dictadura Ortega-Murillo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fueron interrumpidas en junio del año pasado por la brutalidad de la represión, el ataque contra los obispos, y la llamada “operación limpieza”. Finalmente, este jueves Ortega aceptó que el próximo miércoles 27 de febrero se reanudarán las negociaciones con la Alianza Cívica, cuyo objetivo final es acordar reformas políticas para convocar a elecciones anticipadas.
El mero anuncio de que podrían reinstalarse las negociaciones ha generado expectativas moderadas en una sociedad que anhela paz, justicia y democracia, y ha sido ponderado por la comunidad internacional que está evaluando si esto significa un cambio en la negativa de Ortega a dialogar, antes de aplicar nuevas sanciones por las graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de este giro sorpresivo que ha oxigenado momentáneamente la imagen del régimen, los hechos demuestran que Ortega se está burlando de la buena voluntad de la Iglesia y los empresarios, y más bien se prepara para dialogar arreciando la represión contra la población.
Mientras promete diálogo, ha impuesto una bárbara e ilegal condena judicial contra los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Luis Pineda Icabalceta, que suma más de 500 años de cárcel, así como la ejecución de nuevas redadas y capturas en el departamento de Carazo, realizadas por el comisionado policial Ramón Avellán.
Con una mano inauguró una nueva instalación carcelaria para la Dirección de Auxilio Judicial, y con la otra aumentó los actos de crueldad y tortura contra los presos políticos en las cárceles de La Modelo y La Esperanza. Las víctimas más recientes han sido Levis Rugama, Miguel Mora, 50 presos que fueron trasladados a celdas de castigo, y las presas políticas Lucía Pineda Ubau, Irlanda Jerez, y decenas de presas políticas.
Y para cerrar el círculo de terror, se mantiene la censura de facto contra los medios, la persecución contra los periodistas independientes en Nicaragua, y el permanente despliegue policial y paramilitar que le impide a los ciudadanos manifestarse y protestar en libertad.
Si de verdad Ortega estuviera interesado en lograr un entendimiento nacional, debió haber presentado su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Murillo, después de la matanza, pues están política y moralmente inhabilitados para gobernar; el GIEI ha confirmado que se cometieron crímenes de lesa humanidad por los que deben ser investigados, para ser sometidos ante la justicia.
Pero si Ortega se rehúsa a renunciar, y el objetivo de este diálogo consiste en negociar los términos de su salida del poder para acordar las reformas políticas que permitan convocar a elecciones anticipadas, entonces es imperativo crear las condiciones para una negociación viable, transparente y en igualdad de condiciones.
Como han planteado el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos y la Asociación Madres de Abril, para que se pueda llevar a cabo una negociación creíble, primero tienen que liberarse todos los presos políticos. Su excarcelación no debería ser el resultado de una amnistía, para proteger a los partidarios del régimen, sino como consecuencia de la anulación de todos los juicios políticos.
Mientras no se restablezca plenamente el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, y la libertad de movilización, el pueblo autoconvocado y los delegados de la Alianza no pueden negociar con una pistola en la sien. El pueblo tiene derecho a salir a las calles sin ser reprimido por la Policía y los paramilitares, que deben ser desarmados y desmantelados, y no podrá promover sus demandas políticas en el diálogo, si está encarcelado, censurado, perseguido y amenazado. Lo verdaderamente importante en esta nueva negociación, por lo tanto, no es que el diálogo ya no será “televisado o multitudinario”, como alega Ortega, sino que se restituya plenamente el derecho ciudadano a marchar y a movilizarse sin represión.
Ortega necesita llegar a un entendimiento para evitar el colapso total de la economía y la aplicación de nuevas sanciones internacionales, mientras espera el fin de la crisis de la dictadura de Maduro en Venezuela. Pero únicamente negociará su salida del poder y la celebración de elecciones anticipadas, bajo condiciones de máxima presión, cuando de forma simultánea coincidan la resistencia del pueblo, el músculo económico de los empresarios, y la presión externa de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea.
Solamente con la incidencia de estos tres factores, los partidarios del régimen que, por intereses, inercia o temor, todavía apoyan a Ortega, se atreverán a facilitar la salida del dictador. Pero para llegar al punto de ese desenlace, la negociación que están promoviendo los grandes empresarios, la Iglesia y la comunidad internacional, requiere como condición sine qua non un pueblo en libertad, sin censura, y en las calles.
