La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, pidió este miércoles 20 a los ministros de Seguridad de Guatemala, El Salvador y Honduras, detener nuevas caravanas de migrantes que “han traído crimen, violencia e inestabilidad a la región'.
En la búsqueda de soluciones a la migración, Nielsen les pidió mostrar 'liderazgo para detener la formación de las caravanas' y para luchar “en contra de estos grupos que están siendo predadores (traficantes de personas) de toda la población', destacó la funcionaria estadounidense.
El encuentro de Nielsen y sus homólogos fue la cuarta reunión de ministros de Seguridad del Triángulo Norte, y se produjo en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, en el este de San Salvador.
Al finalizar el encuentro, los funcionarios de los cuatro países firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a 'enfrentar el desafío que supone la migración irregular', según Nielsen.
'Agradezco la dedicación de cada uno de mis colegas en la búsqueda de soluciones. Y hoy pido a cada uno de ustedes que muestren un liderazgo audaz para detener la formación de nuevas caravanas, que han traído violencia, crimen e inestabilidad a la región”, sostuvo la secretaria de Seguridad Nacional.
Las palabras de Nielsen sobre los efectos de las caravanas en la región se corresponden a la retórica que ha mantenido desde la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Desde que en octubre se supo de la primera caravana de migrantes hondureños, Trump ha criminalizado a los migrantes diciendo que en las caravanas viajan terroristas, pandilleros o delincuentes. La realidad en las caravanas, sin embargo, es otra. Entre los miles de migrantes que han marchado hasta la frontera con Estados Unidos hay familias pobres, niños, jóvenes y adultos desempleados o que huyen de la violencia en sus países de origen.
Las caravanas no nacen, se planifican
El discurso de Estados Unidos, compartido por los representantes de los gobiernos centroamericanos, es que detrás de las caravanas de migrantes hay organizaciones del crimen organizado que quieren sacar provecho y lucro.
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, indicó que en la reunión se acordó avanzar en un 'plan de acción' que busca fortalecer el combate de estructuras del crimen transnacional.
'La iniciativa plantea cuatro áreas de enfoque: combate de la trata y el tráfico ilícito de personas, contrarrestar la delincuencia organizada y pandillas, expandir el intercambio de información e inteligencia y fortalecer la seguridad fronteriza', resumió Ramírez.
En la parte de migración, según el ministro salvadoreño, los países buscan fortalecer su capacidad para 'detectar, desalentar y desmantelar las operaciones del tráfico y contrabando de personas', atacando sus finanzas, logística y plataforma de comunicación.
Los países signatarios del acuerdo, tienen previsto 'homologar y armonizar' la legislación para mejorar el combate a las organizaciones criminales de tráfico de personas, y a las pandillas.
La funcionaria estadounidense explicó que a finales de marzo sostendrá en Tegucigalpa un nuevo encuentro con ministros de Justicia y Seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Desde octubre pasado y principios de este año, miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos indocumentados marcharon en caravanas hacia Estados Unidos, que ha blindado la frontera amén de la dura postura de Trump, que incluso ha puesto más restricciones para los solicitantes de asilo en territorio estadounidense.
Hasta la fecha, ningún gobierno centroamericano ha condenado la criminalización que desde Estados Unidos se hace a los miembros de las caravanas. Según cifras de la autoridad migratoria mexicana, unos 13.000 migrantes centroamericanos han obtenido una 'tarjeta humanitaria' para circular libremente por el país.
Antes que ellos, el número aproximado migrantes que llegó en las primeras caravanas hasta México fue de unos 9000 centroamericanos.
Cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, reveladas el 7 de febrero, indican que un total de 12.576 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños fueron deportados en enero desde Estados Unidos y México, a donde habían viajado en busca de mejores oportunidades.
El Observatorio precisó que hubo 6.168 deportados guatemaltecos, 4.610 hondureños y 1.798 salvadoreños.
Ese mismo Observatorio indicó además que entre los tres países del Triángulo Norte, la cifra de deportados en 2018 estuvo cerca de 200.000.
