La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Fiscalía hondureña han presentado 'evidencia probatoria' por los delitos de 'fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos' contra exfuncionarios que favorecieron a una empresa hondureña para ejecutar una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque (Intibucá). La acusación recogió insumos de la denuncia de la activista medioambiental Berta Cáceres, asesinada en 2016.
Las pruebas fueron aportadas 'partiendo de denuncias presentadas por la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, asesinada hace tres años', añadió Ana María Calderón, fiscal internacional y vocera de la MACCIH, un ente creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a la fiscalía hondureña. Cáceres había presentados cuarenta denuncias contra procesos de concesión de recursos hídricos otorgados por el gobierno de Honduras a la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).
Entre los 16 acusados por la fiscalía destaca David Castillo, presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Él era asistente financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE y a la vez se desempeñaba como ejecutivo de DESA, por lo que en colusión con otros funcionarios logró la aprobación de los contratos de la compra de energía a la empresa sin tener 'las capacidades, la experiencia y el capital para desarrollar el proyecto'. Castillo también está acusado y procesado como autor intelectual del asesinato de la ambientalista,cometido el 2 de marzo del 2016 en La Esperanza, oeste del país.
En noviembre de 2018, siete personas fueron sentenciadas por el asesinato de Cáceres, pero el juzgado aún no les ha definido la pena.
Entre los sentenciados está el gerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, a quien la fiscalía acusó de coordinar con un militar la contratación de sicarios que cometieron el homicidio.
Calderón explicó que los acusados cometieron delitos 'para lograr que DESA fuese beneficiada con el contrato de operación y contrato de aguas sobre el río Gualcarque', en territorio indígena.
La representante de la MACCIH argumentó que 'el fraude se evidencia con una serie de trámites administrativos irregulares para favorecer el proyecto que desarrollaba DESA', realizados por funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), ENEE y otras instituciones.
Según reportó La Prensa de Honduras, entre los acusados destacan funcionarios de gobierno que permitieron el otorgamiento de contratos a DESA: el exviceministro hondureño de Recursos Naturales, Darío Roberto Cardona Valle y el exgerente de la Enee, Roberto Aníbal Martínez Lozano.
También han sido procesados Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Ana Lourdes Martínez Cruz, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Mauricio Fermín Reconco Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Roberto David Castillo Mejía, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Saida Odilia Pinel.
La MACHI y la UFECI-MP acusa a las 16 personas de cometer delitos para otorgarle contratos a DESA. Entre las adjudicaciones de concesiones bajo investigación está el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el rio Gualcarque, un contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (Central Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre ENEE y DESA.
