La tarde del 18 de febrero, un niño de 7 años y una niña de 10 jugaban en la entrada de un pasaje de la residencial Altavista, en Ilopango, cuando un sedán gris polarizado se estacionó cerca de ellos. Segundos después, del vehículo se bajó un hombre vestido con un short negro, camiseta blanca y gorra negra. En el asiento del copiloto, dejó una pistola Glock calibre .40. Era el magistrado Eduardo Jaime Escalante, miembro de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.
Escalante se acercó unos pasos a los niños y tiró unas monedas al pavimento. Los niños se lanzaron tras ellas. El juez los dejó ahí, recogiendo las monedas, y se internó, como quien conoce la zona, en el pasaje contiguo a aquella esquina. Tardó poco tiempo en regresar. El niño ya no recogía monedas y jugaba arriba de un árbol. La niña le esperaba abajo, observándolo. Según los testigos, Escalante se aproximó, le colocó las manos sobre los hombros y luego llevó una de ellas hasta la entrepierna de la niña. Cuentan los vecinos que el magistrado frotó su mano sobre la ropa de la niña de abajo hacia arriba, mientras movía la cabeza rápido, de un lado a otro, en señal de negación, como pidiéndole que guardara silencio, que no gritara ni dijera nada. La pequeña quedó paralizada. Solo reaccionó cuando un grito despertó a la comunidad: “¡Ese hombre te tocó a la niña!”
En estos pasajes de la Altavista viven familias de obreros, de empleados de maquilas, de vendedores de fresco, y una cosmetóloga a quien llamaremos Julia, madre de dos niños y de una niña de 10 años. Julia conversaba con su hermana cuando escuchó aquel grito. Cuenta que dejó caer su celular en el sillón y corrió hacia la esquina, a escasos metros de la casa de su hermana. No fue la única. Su hermana la siguió, y un grupo de vecinos hizo lo mismo para ver qué pasaba. “Yo estaba afuera, aquí por la tienda, cuando oí que gritaron”, dice una de esas vecinas, “Cuando llegué a ver ya habían abrazado a la niña”.
Julia encontró a su hija asustada y la abrazó. Luego le preguntó qué había pasado. La niña le respondió que un hombre la había tocado por encima del overol. Julia comenzó a buscar con la mirada al agresor y un vecino la encaminó con su dedo acusador hacia un hombre con gorra y short negros, que caminaba hacia un sedán gris.
Ella corrió tras él. Escalante, al ver que no iba a alcanzar su carro sin que le atrapara, escapó corriendo, a pie.
Primero corrió en línea recta, luego se cambió de calle e ingresó a un pasaje que no tenía salida. Allí le cortó Julia el paso. “Cuando él venía para abajo le dije: ‘¿por qué me tocó a la niña?’”. Escalante no respondió, logró esquivarla y corrió de nuevo. Julia lo siguió una cuadra más pero cuenta que pronto lo perdió de vista, cerca de un redondel.
El magistrado que huye
Dos días después de lo sucedido, Julia dimensionó lo que implicaba acusar a un magistrado de la República. Los rumores que circularon en redes sociales durante el martes 19 se terminaron de confirmar en la mañana del miércoles 20. Ese día, desde la Asamblea Legislativa, el diputado Norman Quijano informó al país que Eduardo Escalante había sido detenido por la Policía y entregado a la Asamblea para enfrentar un antejuicio por un caso de agresión sexual en contra de una menor de edad.
Escalante gozaba de la inmunidad que le confiere un fuero constitucional por su cargo de magistrado. El 4 de marzo, dos semanas después de la agresión, los diputados de la Asamblea Legislativa lo desaforaron y fue suspendido de sus funciones. La Fiscalía lo acusó formalmente de agresión sexual en menor e incapaz agravada ante la Cámara Primera de lo Penal el 19 de marzo, dos semanas después del fallo de la Asamblea. La Cámara celebró audiencia inicial contra Escalante siete días después. Le impuso una fianza de 10 mil dólares y le permitió enfrentar el proceso en libertad. La Cámara también cambió el delito a agresión sexual simple. Si el caso culmina en una sentencia condenatoria, el magistrado podría pasar entre ocho a doce años en la cárcel.
[excavacion tipo='Impunidad']
Aunque el caso tiene reserva parcial para resguardar las identidades de la madre y la menor de edad, El Faro accedió al contenido del expediente antes de que se decretara esa reserva. El informe incluye las distintas versiones que dio Escalante de su visita a la colonia Altavista, pero sobre todo abunda en preguntas. Esta reconstrucción de los hechos se basa en el relato de los principales testigos de la supuesta agresión, y en los informes policiales y dictámenes técnicos recabados por la Fiscalía, incluido un informe del Instituto de Medicina Legal que confirma la agresión sexual.
El Faro buscó al magistrado Escalante para conocer su versión y llenar vacíos, pero no quiso aportar datos: “Dejemos que se agote el proceso y yo le voy a dar todas las explicaciones”, dijo. “Si yo hago eso afecto el proceso. Acuérdese que yo toda mi vida he sido juez. Pienso como juez y yo tengo que resguardar el proceso. Yo sé que la población necesita explicaciones, pero ténganme paciencia”. En público, Escalante ha dicho que se le ha condenado sin antes conocer los hechos. Sus abogados dicen que Escalante se acercó a la niña porque sufrió un accidente vial, que se bajó de su vehículo para auxiliarla, que los familiares tomaron este gesto como una agresión.
El nombre de un desconocido
Tras perder el rastro de Escalante, de regreso a casa, Julia pasó por el puesto policial más cercano. “Yo les dije que un hombre me había tocado a la niña. Ellos me dijeron que ya iban a mandar a una patrulla”, cuenta. Luego se fue a casa y se aseguró de que su hija estuviera bien cuidada por sus familiares.
A la espera de la patrulla prometida, regresó a la esquina donde había estado jugando su hija. La policía no llegaba. Julia decidió llamar al sistema de emergencia 911. Le insistieron en que ya iban a llegar.
Esperaba cuando uno de sus vecinos se acercó para contarle que el hombre que había tocado a su hija había llegado en un sedán que seguía parqueado cerca de la esquina del pasaje. “Me dijo un muchacho: ‘mire de ese carro se bajó el hombre que iba corriendo, el que le tocó a la niña. Ese hombre de ahí se bajó. No vayan a dejar que se lleven ese carro’”, recita.
La insistencia del 911 sirvió para que del puesto policial se acercaran por fin a inspeccionar la escena. Rondaban las 6:15 de la tarde. Dos agentes llegaron a la esquina de la colonia, hablaron con Julia, vieron a la niña y se acercaron al vehículo, sin abrirlo.
“Me dijeron que no podían moverlo y que nadie lo podía hacer; pero que si viniera una persona que lo quisiera mover que los llamara”, dice Julia. Los policías se retiraron después de apenas 10 minutos. A esa hora nadie sabía la identidad del agresor, pero los vecinos intuyeron que había que resguardar el vehículo para dar con su paradero. En esas estaba la comunidad, haciendo las veces de custodios a falta de policías, cuando un sujeto de camisa verde se acercó e intentó abrir el vehículo.
Julia lo cuestionó: “Le pregunté si el carro era de él y me dijo: ‘sí’”. Julia le preguntó si traía los papeles, pero el hombre le respondió que no. Entonces ella le advirtió que en ese carro había llegado a la comunidad un hombre que había agredido a su hija, que si se llevaba ese carro, a él lo iban a detener. La amenaza surtió efecto. El hombre de camisa verde respondió afligido: “Entonces que lo venga a traer quien lo vino a dejar acá”.
La Fiscalía confirma la versión de los testigos sobre la aparición de un hombre que llegó hasta el lugar portando las llaves del vehículo. Sin embargo la identidad del hombre de verde, su relación con el caso y su paradero son todavía un misterio. Cuando los agentes de la Policía regresaron, unos minutos después, el intrigante hombre de camisa verde ya se había marchado.
Cinco horas y media más tarde, la Policía descubrió en el automóvil ropa formal, tickets, facturas, 37 vales de gasolina, documentos bajo el nombre de “Eduardo Jaime Escalante” y un arma semiautomática de tipo glock, “similar a la que usan los policías”, dice uno de los agentes que participó de la custodia de la escena. El arma la encontraron encima del asiento del copiloto. Tenía seis tiros en la culata y ocho más en un cargador extra, que también quedó encima del asiento derecho.
La agresión contra la hija de Julia agitó el ecosistema de esa parte de la Altavista, que hasta bien entrada la noche acompañó a aquella madre mientras la Policía investigaba la escena.
¿Qué hacía allí Escalante?
La residencial Altavista se extiende por los municipios de Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. Todo el complejo habitacional es controlado por los Sureños del Barrio 18, según los policías que patrullan esos territorios. Cualquiera puede ingresar a la residencial, pero todos en la colonia, incluso los policías, saben que si el que entra es un desconocido lo hace bajo su propio riesgo. “¿No quiere salir viva de allí? Es la zona más peligrosa de aquí de Altavista”, respondió uno de los agentes cuando se le preguntó cómo llegar hasta la casa de Julia.
La comunidad en la que el magistrado Escalante, según la Fiscalía, agredió a la niña está en la parte de Altavista que corresponde a Ilopango. La colonia tiene una sola entrada, en la que abundan vendedores de frutas, verduras y ropa. Y una sola salida para vehículos. En los pasajes del fondo, donde todo sucedió, hay poco movimiento de personas. En algunas paredes hay grafitis con el número 18.
“¿Quién putas se va a meter allí? Peor un magistrado”, dice un agente de la Policía Nacional Civil. No comprende por qué Escalante llegó a ese lugar. Ni la Fiscalía ni los vecinos ni la policía tienen respuesta. Ana Irías, la abogada que representó a Escalante en el antejuicio, se escuda en la reserva del caso para no dar información.
Julia se pregunta lo mismo. No entiende qué hacía aquel extraño en una colonia que es considerada como “peligrosísima”. “Esto nunca había pasado con nadie. Ni con los muchachos de aquí”, dice, y cuando menciona “muchachos” se refiere a los pandilleros.
Aquel lunes, Escalante se retiró de su oficina alrededor de las 11 de la mañana, y antes de llegar a la colonia se estuvo comunicando con un número telefónico al que las antenas ubican en esa misma zona, según reveló el 4 de marzo Patricia Valdivieso, la diputada que ejerció de fiscal en la comisión de antejuicio que quitó el fuero al magistrado. La Fiscalía confirmó que cámaras de videovigilancia registraron el vehículo de Escalante en los alrededores del centro capitalino cinco horas antes de su llegada a Altavista, y que a las 12:33 del mediodía el vehículo estaba sobre el bulevar Venezuela, con rumbo al oriente de San Salvador.
No está claro qué hizo cuando, perseguido por Julia, escapó de allí, pero a las 8:50 de la noche, casi cuatro horas después de los hechos, el magistrado Escalante llegó a la antigua sede de los juzgados de Santa Tecla, ubicada al final del Bulevar Tutunichapa, a 30 kilómetros de la Altavista. En ese recinto está la jefatura del cuerpo de Seguridad Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Escalante llegaba a pedir auxilio, pero omitió hablar del incidente. Un memorándum suscrito por Seguridad Judicial de la CSJ reseña que informó que había sufrido “un percance vial” y por razones de seguridad había dejado abandonado su carro en la colonia Altavista. Escalante pudo haber llamado al número de emergencia que el Órgano Judicial tiene al servicio de sus jueces o magistrados, pero no lo hizo.
A las 9:30 de la noche, el personal de seguridad de la CSJ se comunicó con el puesto policial de Altavista y logró ubicar el vehículo. “Se le consultó al funcionario si quería ir personalmente a retirar el vehículo, manifestando que no”, dice el memorándum recolectado por la Fiscalía. “Y que prefería que por parte nuestra se lo trajeran a la Corte Suprema de Justicia, y pidió que se llegara al lugar de su residencia en Santa Tecla para entregar las llaves”.
A las 11:05, un microbús de Traslado de Reos de la CSJ llegó a la colonia donde vive Julia. Del vehículo se bajaron dos agentes supernumerarios de la División de Protección de Personalidades Importantes (PPI). Los policías que ya estaban en el lugar les impidieron acercarse al vehículo. Más tarde, los PPI regresaron con un hombre de traje y corbata que tenía, dijo, la misión de recuperar el vehículo. Fue él quien lo abrió, con la venia de los agentes que custodiaban el sedán gris. El hombre sacó la billetera de Escalante y propuso llevarse el carro, pero los agentes intervinieron para decirle que el vehículo estaba bajo investigación. Los enviados de la Corte devolvieron los papeles que había tomado del interior del carro y se retiraron.
25 minutos más tarde, la Policía por fin intervino el vehículo y se incautó del arma y los documentos de Escalante. A la medianoche del martes, el magistrado se volvió a comunicar con Seguridad Judicial para preguntar por su vehículo. Le informaron que no había sido posible recuperarlo porque la Policía lo retenía como parte de una investigación. A las 2:00 de la madrugada el carro fue llevado al predio de la PNC en el cantón Changallo, Ilopango. Una semana después, fue trasladado a la delegación policial de Ilopango.
Nuevas sospechas
En la Cámara, nadie sospechó nada extraño en la conducta de Escalante un día después de la agresión de Altavista. No tenían cómo saber nada. Una de sus compañeras de oficina dice que pensó que no había llegado a trabajar porque su carro no estaba en el parqueo asignado, y se sorprendió al verlo en su despacho. Había llegado a las 8:00 de la mañana, y durante el día atendió audiencias como un martes cualquiera. La Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador tramita recursos de las partes inconformes por los fallos en tribunales inferiores.
Ese mismo martes, Escalante envió una solicitud de permiso a la Secretaría de la Corte para ausentarse tres días sin goce de sueldo. La petición fue trasladada a Corte Plena, que la aprobó sin deliberar. Cerca de las 3:30 de la tarde, dos miembros destacados temporalmente en la Sección Táctica Operativa (STO) llegaron a la oficina de la Cámara para preguntar por Escalante. Llegaban para capturarlo. Él no opuso resistencia.
Por la noche, el magistrado fue presentado ante la Asamblea. El presidente del legislativo, Norman Quijano, fue notificado y luego de cotejar opciones con sus asesores decidió enviarlo a su casa. Según dijo Quijano la mañana siguiente, asignó a un empleado de la Asamblea para que lo acompañara e hiciera las veces de custodio frente a su casa.
En la mañana del miércoles, Julia y su hija fueron a declarar a Soyapango, por instrucción de la Fiscalía. Dos días después una psicóloga de la FGR atendió a la menor en la casa de Julia.
Escalante ya no se presentó a trabajar a la Cámara el miércoles 20, por la orden de no salir de su vivienda. Gozaba, además, de un permiso por tres días sin goce de sueldo.
El viernes 22, cuando la FGR presentó la solicitud de antejuicio contra el magistrado, vencía ese permiso y el magistrado pidió otro, de dos meses. La Corte se lo concedió nuevamente, según consta en el acta de Corte Plena del 26 de febrero. Para ese entonces, el caso ya era de conocimiento público. El 5 de marzo, un día después de que la Asamblea le quitara el fuero, la corte plena cambió de parecer y resolvió que lo conveniente era suspender la licencia del permiso por ser este un “hecho público y notorio”. El artículo 427, del Código Procesal Penal, establece que desde el momento que la Asamblea le retira el fuero a un funcionario queda suspendido de sus funciones hasta que exista una sentencia con respecto al caso.
Entrevistados por la Fiscalía, dos trabajadores de la Cámara describieron a Escalante como una persona tranquila, un burócrata que no se relacionaba con compañeros si no era por razones laborales, un funcionario que de vez en cuando era visitado por sus hijos en la oficina. Alguna vez Escalante llamó la atención por incumplir horarios, pero en los últimos meses había cambiado eso y no faltaba a sus labores, según dijo uno de los trabajadores.
Fuera de la Cámara, una exempleada del Órgano Judicial contó en redes sociales otra versión de Escalante. Dos días después de que el caso fuera público, la abogada Ana Meyer denunció en su cuenta de Twitter que hace alrededor de 15 años fue acosada por Escalante, cuando él era juez Cuarto de lo Mercantil. “Jamás olvidé el día en el que me tocó subir a su despacho, fue una situación difícil salir del despacho”, escribió. Consultada por El Faro, la abogada asegura que no fue la única en sufrir acoso y que en grupo llegaron a denunciar de manera verbal el caso ante los magistrados de la Sala de lo Civil de esa época. Según dice, no las tomaron en serio. Ella, eventualmente, decidió renunciar a su puesto.
Una versión que no se sostiene
El miércoles 20 de febrero, Escalante habló con un colega del órgano judicial. “Fíjese (…) que estoy en la casa”, le dijo, y luego comenzó a comentarle su versión de los hechos. “Le dijo que él día lunes había tenido que ir a buscar unos libros de su hijo que eran en unas bodegas, le dijo el nombre pero no recuerda, pero él no conocía donde eso quedaba. Él había puesto en su teléfono el Waze y que esa aplicación lo había enviado a un lugar, que estando en la colonia el vio el lugar feo pero quiso retroceder con el vehículo, y al retroceder golpeó a una niña con la parte de atrás del carro”, se lee en la investigación de la Fiscalía.
El 4 de marzo, en la sesión extraordinaria en la que se le quitó el fuero a Escalante, la diputada Patricia Valdivieso amplió la versión narrada por ese testigo. Según ese relato, Escalante le habló el miércoles por la tarde para explicarle qué es lo que había pasado. Le dijo que andaba en esa zona haciendo una diligencia familiar, que no conocía muy bien el lugar y estacionó su vehículo. No se percató que había niños cerca y fue en ese momento que atropelló a una niña; que se bajó de su carro para asegurarse que la menor de edad se encontrara bien, pero un grupo de personas comenzaron a rodear el vehículo porque aseguraban que había agredido sexualmente a la niña. Esas personas, alguno de ellos con tatuajes, no querían que escapara, pero decidió hacerlo porque su vida corría peligro. Huyó a pie. Dejó su carro sin seguro, con la billetera adentro, y tomó un taxi que lo llevó hasta Santa Tecla, donde reside.
Al testigo, Escalante le contó que se retiró del lugar luego de que una desconocida le recomendó que huyera. “Quedó el carro abierto, quedó el teléfono y que se lo robaron; quedó el DUI en el carro y que por eso ellos tenían su nombre y su número de DUI”, se lee el testimonio que está anexo a la acusación fiscal.
En las pruebas de Fiscalía, sin embargo, no figura ningún documento que establezca que la menor de edad sufrió lesiones producto de un accidente vial. Pero la Fiscalía sí cuenta con el reporte del Instituto de Medicina Legal (IML) que sirve como prueba. Este informe resume: “al momento la paciente presenta lesiones consistentes con ataque sexual” y “la paciente muestra tendencia con gran debilidad emocional al contar lo sucedido. Con temor que el agresor llegue nuevamente al lugar y pueda secuestrarla a ella o a otras niñas ya que se han desaparecido otros niños del lugar”.
El miércoles 20, en una entrevista televisiva en Canal 12, Howard Cotto, director de la PNC, dijo que el magistrado estaba bajo los efectos del alcohol la tarde que ocurrió el hecho. “El caso del Magistrado, Jaime Escalante tiene su inicio en una llamada a la PNC y se logra establecer en flagrancia que este persona en estado de ebriedad abusa de una menor de edad y es por eso que damos seguimiento y terminamos con la detención”. La FGR, sin embargo, no ha presentado ninguna prueba de Medicina Legal que comprueba la afirmación del director de la institución policial. De hecho, los policías que se encontraban en el procedimiento del día lunes 18, aseguraron que desconocen esa información porque el funcionario escapó. Lo capturaron 24 horas después y en su oficina.
Julia contradice todas esas versiones: “Ja, ja, ja. ¿Él dice que la golpeó? ¿De verdad? La niña no tiene ningún solo golpe”, dice. La madre de la niña desconoce si el funcionario estaba alcoholizado. “Yo lo tuve de frente y no sentí ningún olor. Nada. No le sabría decir. Quizá fue la aflicción, no sé”. Algunos vecinos que presenciaron la agresión aseguran que no se trató de un accidente. Ellos también desmienten al magistrado y aseguran que lo que ocurrió en Altavista fue una agresión sexual.
A la espera de la apertura del caso, Julia responde que tiene miedo, pero que está convencida en continuar. Ella teme que algo más grave pudo haber pasado, hoy que sabe que el magistrado andaba armado. “Pues tantas niñas que han sido abusadas… Imagínese no hubiera sido mi hija, y se hubiera llevado a otra niña…”
Julia no supo sino hasta la madrugada del martes 19, cuando la Policía le tomó por fin la denuncia formal seis horas después de la agresión, que aquel hombre extraño era un funcionario del Órgano Judicial. Ahora que sabe su nombre, su identidad y su posición, Julia tiene miedo. “Mi miedo es de que él por su dinero, por su influencia… mi miedo es que puede mandar a cualquier persona y hacerle daño a mis hijos”. La madre de la niña responsabiliza al funcionario si algo les pasa. “Y pues sí, si a nosotros, a mis hijos, familia, les pasa algo es él. Lo responsabilizo a él”.
A la fecha, la Fiscalía no ha llevado el sistema de protección de testigos hasta Julia y su familia porque “no se observó riesgo dentro del contexto del caso”.
*Con reportes de Carmen Valeria Escobar y María Luz Nóchez
