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¿Qué ha pasado con las protestas en Guatemala?

 
 

Escribo esto para tratar de encontrar algunas respuestas al estado de la movilización de la ciudadanía en Guatemala, cuatro años después de aquellas manifestaciones de abril de 2015, en el parque central, que provocaron las dimisiones de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina bajo la consigna #RenunciaYa. Desde aquella fecha, se sucedieron al menos veinte más, sábado tras sábado, en varios puntos del territorio y también frente a embajadas guatemaltecas en una decena de países. Cada protesta conllevaba tiempo de organización, diseño, convocatorias, enlace con medios y más asuntos que ahora se me escapan.

Algo que hemos aprendido es que la gente sale a manifestar de manera emotiva, con virulencia, usualmente con rabia y de manera muy focalizada, contra alguien que personifica un mal que provoca un agravio directo a la ciudadanía. Esa fue la fórmula que funcionó con Baldetti y Pérez Molina.

Luego de ese mítico 2015, cuando-todos-éramos-amigos y no existía una fuerza “anti” reforma (es decir: antiCICIG o antiMP o antiPlaza), vino 2016 y el arranque de Jimmy Morales en la Presidencia. Si bien de manera amplia se le dio el beneficio de la duda, en enero de ese año se destaparon dos casos contra exmilitares cercanos al presidente y a sus amigos, que generaron esta ola que podría llamarse “anti” (la oposición al cambio).

Una vez que fueron identificados los errores del sistema (financiamiento ilegal de campañas y componendas en el órgano judicial), con la fuerza de la “plaza” se intentó lograr modificaciones de ley. La reforma electoral para hacer menos opaco el financiamiento fue aprobada aunque de forma parcial. Luego, al emprenderse un intento de modificaciones constitucionales al sector justicia (convertido en el corazón de la impunidad tras conocerse casos contra altos magistrados en los que se evidenciaban componendas para elegir cortes), el statu quo se alineó poco a poco. Invocaron un entrampado entramado kafkiano que favorece a la dilación de procesos para que la justicia sea únicamente un brazo del poder corrupto.

Con casos destapados contra grandes empresarios, ya que por primera vez se perseguía el delito de financiamiento electoral ilícito, las fuerzas “anti” actuaron: gestionaron lobbys importantes en Washington que tuvieron algunos resultados al lograr que ciertos republicanos se creyeran los argumentos del gobierno y sus aliados; y aceleraron una estrategia de alianzas con todos los actores afectados por los casos. Buscaron ideologizar el discurso replicando las técnicas narrativas contrainsurgentes, calificando de izquierdistas o comunistas a quienes salieran a manifestar a apoyar al MP y a la CICIG e, incluso, grupos promilitares lanzaron un panfleto: que las reformas convertirían a Guatemala en una Venezuela.

Todas estas discusiones nos llevaron a acudir a sesiones legislativas que permitieron observar la gestación de cierta hermandad entre jóvenes manifestantes con autoridades indígenas, sociedad civil y grupos académicos. Sin embargo, la consigna proreformas no ha sido del todo asimilada por toda la gente como para convocar a masivas manifestaciones. Que no se comprendan de manera clara los efectos de las reformas es un obstáculo; otro es que clamar por un beneficio que ocurrirá a futuro no mueve la emoción ni la rabia que motivó, con anterioridad, a aquellos que escogieron la plaza por un sábado familiar. Todo indica que la aprobación de una ley no es percibida como un efecto directo en la vida de la gente, mientras que una renuncia sí, pues implica “sacar a los ladrones”.

A pesar de este impasse, después de 2015 se han logrado levantar protestas interesantes. El 20 de septiembre de 2017 se dio la protesta más grande de todo el oleaje de movilizaciones en estos cuatro años. Siete días antes, los diputados buscaron dar una amnistía a los políticos y financistas señalados por presuntos ilícitos, y dos días después (en el aniversario independendista) la población los encerró en el Congreso exigiendo la abolición de esas medidas. El 20, entonces, hubo movilizaciones en todos los departamentos y lo relevante fue que se planteó en la mesa la consigna de la demanda de una nueva Ley Electoral como un asunto sistémico y transversal, así como el pedido de renuncia de los diputados y el presidente, porque también habían intentado expulsar al comisionado de la CICIG Iván Velásquez.

Para entonces, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) ya era un actor relevante. Las protestas catalizaron un cambio y el poder de convocatoria y de presión de esta asociación. El oleaje también ayudó a aceitar las fuerzas internas en la Universidad de San Carlos (la única universidad estatal) para que, después de 17 años, se convocara a elecciones y se le quitará el control de esa asociación a grupos ligados a los políticos corruptos y señalados por cometer abusos y delitos dentro de la universidad.

Esta protesta intentó ser boicoteada por el sector empresarial, quienes abiertamente (al igual que hicieron en la primera protesta del 25 de abril de 2015) llamaron a no asistir. Esta vez, además de eso, acuerparon al presidente y eso en buena medida afianzó la alianza entre el gobierno y los empresarios. El presidente tambaleó, pero sobrevivió en su puesto, gracias al sector privado. Luego de eso, como se mantuvo en la silla, dirigió la contra ofensiva.

Para 2018 el tablero ya estaba definido. Cada recambio institucional se volvió una batalla, por lo que el gobierno sacó a los pocos cuadros transparentes que quedaban. El objetivo era expulsar a la Cicig, estigmatizar a activistas, calificar el movimiento de izquierdista, romper apoyos internacionales y a alejar funcionarios aliados de la lucha contra la corrupción. Esto hacía que la gente que antes saliera a manifestar ya se la pensara dos veces, porque había un clima de conflictividad. Mientras, en paralelo, se llevaba a cabo una militarización de la policía.

En toda esta dinámica, los medios de comunicación también sufrieron un desgaste, ya que empezaron a cortarle pauta a periódicos y a canales de televisión por cable que gozaban de mayor independencia. Varios medios bajaron de tono y otros sufrieron asfixias descaradas. Despidieron gente. Este cerco publicitario se mantiene en buena medida.

De igual forma, los empresarios que acuerpaban a la Cicig empezaron a ser atacados por sus pares que estaban siendo sindicados: les quitaron negocios, los trataron de quebrar, los bancos les subieron las tasas de interés, les pidieron que los retiren de directorios o simplemente los dejaron de invitar a sus fiestas. Los ven, pues, como traidores por alejarse del manejo del poder desde las élites. A medida que las investigaciones de la Cicig revelaron conexiones y casos entre grandes empresarios y políticos, Guatemala fue desnudada.

Que el poder quedara expuesto era demasiado. La suma de estos componentes puso otro obstáculo a las movilizaciones. ¿Contra quién se protestaba ahora? Ya no había un enemigo claro, pues Jimmy se sabía no era “el verdadero mal” detrás de todo, sino que el tráfico de influencias y la impunidad tenía más cabezas. Hubo incluso personas que no querían que Jimmy renunciara porque Jafeth Cabrera, el vicepresidente señalado de recibir $500 mil del narcotráfico, sería aún peor. Canalizar la rabia hacia un punto específico no fue tan sencillo como en 2015.

Otra cuestión relevante se dio en septiembre de 2018, cuando tras varios intentos por expulsar a Iván Velásquez y cortar el apoyo a la Cicig, finalmente Jimmy prohibió el retorno del Comisionado. Eso agravó aún más la crisis y abrió un nuevo conflicto: los “anti” contra la Corte de Constitucionalidad, que revirtió las decisiones del Ejecutivo.

En ese nuevofrente, desde la misma presidencia se denunció a tres magistrados por una serie de resoluciones que frenaron las arbitrariedades del presidente y del Congreso. Aquí se activaron de nuevo las redes de las movilizaciones s y se generaron algunas protestas dirigidas por la AEU y la Universidad de San Carlos.

El 12 de enero de 2019 ocurrió una marcha urbana, sabatina, como las de 2015, pero con un contenido político más fuerte, ya que se respaldó a la Corte de Constitucionalidad. Un punto interesante de estas nuevas marchas es que las clases medias han asimilado que grandes empresarios están detrás de la cooptación de las instituciones. Fue por eso que la caminata se detuvo frente a la sede de la patronal empresarial a realizar reclamos respecto a su apoyo irrestricto al presidente y a sus decisiones corruptas.

En retrospectiva hay que decir que la plaza de 2015 era ingenua, en algún sentido, al creer que una estructura podría crujirse en tan poco tiempo o que con manifestaciones pacíficas se iba a revertir una dinámica de siglos. Estos cuatro años han sido aleccionadores y han sacado esa ingenuidad del tablero. Ahora se buscan nuevos aliados, así como propuestas y rutas para mejorar a este país que pareciera no querer salir de charcos inamovibles.

Otro asunto relevante es que se han creado varios espacios de diálogo con diferentes sectores: académicos, campesinos, colectivos urbanos, empresariales reformistas, grupos indígenas. Estos puntos de encuentro se han mantenido y formulado propuestas de agendas concertadas, aunque siempre hay discusiones interminables. Estas redes de manifestaciones, denuncias e intercambios en momentos álgidos han logrado contener en alguna medida la fuerza avasalladora del crimen organizado coludido con el Estado y plantear una serie de puntos de no retorno para que sean adoptados por los candidatos a puestos de elección.

La Plaza, como dije alguna vez, fue una erupción volcánica cuyas piedras lanzadas aún están moldeándose. Muchos de quienes salieron en 2015 han configurado movimientos sociales, publican en medios, son analistas, se han integrado a partidos políticos y ahora van a correr por cargos públicos o ya ejercieron algún puesto. Otros trabajan organizando a personas, trasladando ideas; mientras que otros escriben libros de poesía o están reinventando el movimiento universitario, luchan por los derechos ambientales, de las mujeres o se volvieron fiscales. Otros siguen en la universidad y otros se fueron a sacar maestrías a diferentes países. Hay, sin duda, un núcleo variado y activo que se sigue coordinando para hacer muchas cosas.

Las protestas son un ideario que ya nunca le van a quitar al pueblo de Guatemala. Estas jornadas marcaron la existencia de una posibilidad. Es decir, en momentos necesarios, volverá la plaza a explotar y a reactivarse. Para este final de mes se planean algunas movilizaciones ante un proceso electoral en el que los grupos de corrupción buscar rearticularse para desbaratar los pocos avances logrados estos años.

Uno de los objetivos de las mafias es impedir la candidatura presidencial de Thelma Aldana, la exfiscal que con apoyo de la Cicig protagonizó este destape de las alcantarillas de la política guatemalteca. Le han planteado dos demandas por asuntos administrativos que generaron una orden de captura en su contra con tal de que no corra en las elecciones de junio. Su caso está en manos de la Corte de Constitucionalidad, así como el caso de las candidatas Sandra Torres (acusada de financiamiento electoral y asociación ilícita) y Zury Ríos (a quien se debe decidir si tiene impedimento constitucional por ser hija de Efraín Ríos Montt). Los posibles fallos de la Corte generan muchas expectativas, ya que se percibe el bloqueo de Aldana como un deseo de cerrar los espacios de una potencial lucha contra la corrupción, añadiéndose a esto que la Cicig dejará el país en septiembre próximo y entre las candidatas favoritas, Aldana ha sido la única que decididamente ha dicho que buscará la continuidad de la Comisión, que goza con más del 70 % de apoyo de la población.

Una de las lecciones para Guatemala es que un pueblo no puede pasar manifestándose toda la vida; existe el cansancio y el agotamiento, la apatía provocada por la frustración de la falta de resultados concretos. Las protestas y los casos comandados por la Cicig lograron develar e implosionar las estructuras de corrupción, pero esos cambios son insostenibles si no hay gente nueva que ingrese al sistema a darle continuidad a la depuración y así limpiar el pus que destila de la mayoría de las instituciones. Si esto no ocurre, el chance de que se cierren los espacios, como está sucediendo en estos momentos, está más que asegurado pues todos los poderes afectados se unen para detener los cambios.

Estos años se ha ganado mucha esperanza y mucha consciencia colectiva, mucha articulación entre sectores que no se conocían, contactos con los pueblos indígenas desde los jóvenes, se ha señalado de manera directa a quienes han empobrecido a este país. No han podido salirse enteramente con la suya y ha sido gracias a que mucha gente ha puesto el pecho y la voz.

El 2015 no se ha terminado de escribir. Si me permiten decirlo, esa plaza sigue viva en muchos aspectos. La situación tampoco es como antes, cuando se creía que eran solamente los políticos quienes ejercían la corrupción. Hay personas más poderosas que los políticos. En realidad, si lo vemos, ha pasado poco tiempo y ha corrido mucha agua. Los procesos sociales no son tan rápidos como se quisieran, por lo que existen altibajos y formas distintas de acumular influencia para promover transformaciones duraderas. Ha quedado una generación o varias generaciones permeadas por estas protestas y por ese poder de la plaza y estas personas rotundamente no piensan desistir.


 

Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
 
Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.

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