La ex primera dama que según la Fiscalía ayudó a blanquear 17 millones desviados de la Presidencia de Antonio Saca ha conseguido un trato con el cual se librará de una pena de prisión a cambio de confesar que participó en la estructura criminal que desvió fondos desde Casa Presidencial.
Ana Ligia Mixco Sol está acusada de haber ayudado a ocultar el origen ilícito de una parte de los 301 millones de dólares que fueron sustraídos entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de mayo de 2009. A ella se le acusa del delito de lavado de dinero, que según la ley tiene una pena de 5 a 10 años de cárcel.
En un giro respecto a la apuesta que tenía la FGR administrada por Douglas Meléndez (y que inició este caso), la nueva Fiscalía de Raúl Melara ha aceptado un trato con la acusada, para que, a cambio de su confesión, la Fiscalía suavice la petición de la pena. Meléndez ya había negado esta solicitud en 2018.
Los fiscales del caso explicaron este lunes que ella recibirá una condena de tres años de cárcel, que al ser de esa cuantía, puede ser sustituída por tareas de utilidad pública. La ley establece que las penas de más de tres años no son excarcelables.
El Faro preguntó a los fiscales del caso por qué ahora la institución había aceptado el acuerdo si antes lo había rechazado. “Hasta ahora se hizo la solicitud por escrito”, dijo una de las fiscales, al parecer, sin percatarse de que la ex primera dama ya había hecho la solicitud por escrito desde el año pasado y se le había denegado.
Al ser consultada sobre si este trato es justo, dado que Mixco Sol es acusada de haber lavado 17 millones de dólares, la fiscal respondió: 'Justo, no le podría decir, pero sí está dentro de los parámetros que la ley establece para los procedimientos abreviados'.
El lunes 1, al detectar este cambio en la FGR, otros cinco de 16 acusados de haber lavado 25 millones de dólares de la trama de corrupción del expresidente Saca también anunciaron que buscarían un trato con la FGR a cambio de confesar su participación.
Los fiscales explicaron que en las próximas semanas, antes de la celebración de la audiencia preliminar -programada para mayo- afinarán los detalles y acuerdos con el resto de implicados. El Faro consultó con dos abogados que han decidido buscar el procedimiento abreviado y sostienen que, por lógica, si la ex primera dama (siendo la que más dinero lavó en este caso, según la acusación) recibirá un beneficio, lo mismo podría aplicarse a sus defendidos
En la mañana del lunes 1, el juez séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel Árguello, pospuso la audiencia preliminar cuando el abogado de Mixco Sol anunció que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Según el acuerdo, ella rendiría una confesión y recibiría beneficios procesales.
Por la tarde, cuando estaba previsto que aceptara los cargos ante el juzgado, más abogados defensores anunciaron que habían alcanzado un acuerdo similar con la Fiscalía. A las 2:45 p.m., el abogado Ricardo Martínez, interrumpió la instalación de la audiencia y dijo que quería anunciar que su cliente, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, había alcanzado otro acuerdo. El abogado dijo que sabía que había otros procesados en la misma situación. El juez, entonces, pidió a todos los abogados que si tenían un acuerdo con la Fiscalía que dijeran su nombre y el de su defendido.
Los siguientes en anunciar que tendrían un proceso abreviado fueron Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo Canjura, Ángel José Montoya González, Julio Roberto Zamora Bolaños y César Daniel Funes Cruz. Todos, a excepción del último, fueron empleados de la Presidencia Saca. Funes Cruz es accionista fundador de la agencia Funes Asociados Publicidad, una de las empresas que participaron en la triangulación de fondos a las cuentas personales del expresidente y su familia.
El proceso abreviado está contemplado como un beneficio para el acusado, según el artículo 417 del Código Procesal Penal. El procedimiento conlleva una disminución de la pena que, en este caso, será menor a un tercera parte de lo que pudieron haber recibido los implicados si recibían la condena máxima, que es de 15 años.
Abogados y fiscales entonces pidieron al juez que aplazara la audiencia y este la reprogramó para la semana entre el 13 y el 17 de mayo próximo.
Lo que Meléndez rechazó, Melara lo aprueba
Mixco Sol había intentado que se le concediera un proceso abreviado en 2018, pero la Fiscalía dirigida entonces por Douglas Meléndez se opuso a los términos propuestos por la defensa. Ana Ligia Mixco ofrecía declararse culpable de lavado, pero a cambio pedía librarse de la cárcel. La Fiscalía, por el contrario, buscaba para ella una pena de cinco años, que es la cantidad mínima que estipula la Ley especial de lavado de dinero y activos, y por eso negó el acuerdo mediante una resolución.
Hace tres meses, el viernes 4 de enero, Mixco Sol pidió una revisión de la decisión a la Fiscalía y esta, bajo la nueva administración de Raúl Melara, otorgó el beneficio. Fue hasta este lunes 1 de abril que la Fiscalía y la defensa dieron a conocer el resultado de la negociación. “No surgió de la noche a la mañana, sino que responde a un proceso de varios meses. Hice tres pedidos razonados y fue hasta ahora de último que hubo respuesta [de la Fiscalía]”, explicó a El Faro Miguel Flores, abogado de la ex primera dama. Flores dice que siempre argumentó que su clienta debía quedar exenta de cárcel porque nunca tuvo el mismo nivel de responsabilidad que su esposo, el expresidente, o que los exsecretarios que, bajo el mismo tipo de acuerdo, aceptaron los delitos y fueron condenados a penas de entre cinco y 10 años, en septiembre pasado.
Según la Fiscalía, Mixco Sol estuvo recibiendo dinero desviado de las cuentas públicas durante todo el quinquenio. En su acusación, por ejemplo, la Fiscalía dice que recibió depósitos de 10 mil dólares mensuales entre el 31 de agosto de 2004 y el 14 de mayo de 2009, para un total de 600 mil 736.27 dólares. Este dinero era distinto al salario que recibía de una de sus empresas más exitosas, una de las que compartía en sociedad con su esposo el expresidente Saca, Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. Los depósitos los hacían empleados del área administrativa de Casa Presidencial.
La ex primera dama también pagó una deuda de 13 mil 366 dólares a Credomatic con dinero proveniente de Casa Presidencial, gracias a un cheque emitido desde una cuenta del exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix. Según la Fiscalía, ella tenía firma autorizada para el manejo de cuentas de las empresas del grupo radial Samix. En esas cuentas recibía el dinero que le devolvían agencias de publicidad que fueron beneficiadas durante el quinquenio Saca, es decir, América Publicidad, Anle S.A. de C.V., y Funes Asociados Publicidad. Estas agencias emitían cheques a favor de alguna de las empresas del grupo Samix y luego Ana Ligia Mixco emitía otros cheques a favor de otras empresas del emporio radiofónico y del propio expresidente Saca.
Según la Fiscalía, Mixco Sol es responsable de haber lavado 17 millones de dólares. Ella y los otros 15 procesados están acusados de haber lavado un total de 25 millones de dólares. Varias agencias de publicidad están involucradas directamente en el lavado de 11 de esos 25 millones.
Entre las personas que también aceptaron el procedimiento abreviado están exempleados del área administrativa de la Presidencia y en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Entre ellos, aunque no son identificados puntualmente por la Fiscalía como empleados de inteligencia, están Julio Robeto Zamora Bolaños, Sonia Guadalupe Morales de Reyes y María Emma Suazo Canjura. Según la Fiscalía, a nombre de Zamora Bolaños se giraron cheques por la cantidad de 8.3 millones de dólares, de los cuales 6.6 millones fueron depositados en cuentas donde él, Suazo Canjura y Morales de Reyes tenían firma autorizada para el manejo de cuentas.
Oswaldo Octavio Orantes Marengo y Ángel José Montoya González recibieron 6.5 millones de dólares en cheques, y fueron ellos los que se presentaron en una agencia bancaria para hacer diversas transacciones, según la acusación. La FGR asegura que ellos depositaron 6 millones en una cuenta bancaria donde tenían firma autorizada y cobraron en efectivo otros 143 mil dólares. Hay cerca de 340 mil dólares que en el momento de presentar su acusación, en febrero de 2017, la Fiscalía no tenía claro cuál había sido su destino, porque los bancos no habían remitido información de soporte.
La Fiscalía asegura que recibió un memorando de la Presidencia en el que consta que estas personas eran empleados del Ejecutivo, pero que no tenían la potestad de manejar los fondos denominados “Dirección de proyectos de casa presidencial”.
En el caso de los publicistas implicados, el único que está dispuesto a confesar su participación es César Daniel Funes Cruz, padre del exsecretario de juventud y expresidente de Anda, César Funes, condenado en septiembre pasado por este mismo caso. Funes y Asociados fue una de las empresas que recibió dineros de Capres sin que mediaran contratos. Dice la Fiscalía que esta agencia recibió 4 millones 924 mil dólares y retornó a las sociedades del grupo Samix la cantidad de 4.1 millones de dólares.
Entre las personas que están procesadas, pero que no han entablado un acuerdo con la Fiscalía están: el presidente de las empresas del grupo Samix cuando Saca fue presidente, Óscar Edgardo Mixco Sol (hermano de la ex primera dama); Rolando Alberto Durán Acevedo, presidente de América Publicidad; los accionistas de Lemus Simún Publicidad y Anle Publicidad, José Antonio Lemus Zelaya, Antonio Lemus Simún; Gerardo Antonio Funes Durán, accionista de Funes Asociados Publicidad (y hermano del exsecretario de Juventud).
