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Las protestas contra las reformas en salud y educación reviven a la Honduras del "¡Fuera JOH!"

Gremios de maestros, médicos y estudiantes han protagonizado masivas protestas en las que exigen la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los manifestantes incluso quemaron llantas en la fachada de la Embajada de los Estados Unidos. El jueves 30, la Agencia Antidrogas (DEA) reveló que en 2013 abrió una investigación por tráfico de drogas y lavado de dinero en la que incluyó a Juan Orlando Hernández.

 

AFP | El Faro

 
 

El 31 de mayo de 2019, la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa arde en llamas tras una demostración de un grupo de manifestantes que salieron a las calles a protestar en contra de la privatización de los servicios de educación y salud. El gobierno impulsó un decreto. Miles de profesores, doctores y estudiantes se sumaron a las protestas en contra de las medidas impulsadas por el presidente Juan Orlando Hernández.Foto, Orlando Sierra, AFP.
 
El 31 de mayo de 2019, la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa arde en llamas tras una demostración de un grupo de manifestantes que salieron a las calles a protestar en contra de la privatización de los servicios de educación y salud. El gobierno impulsó un decreto. Miles de profesores, doctores y estudiantes se sumaron a las protestas en contra de las medidas impulsadas por el presidente Juan Orlando Hernández.Foto, Orlando Sierra, AFP.

TEGUCIGALPA, Honduras. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Tegucigalpa el viernes 31 de mayo de 2019 para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, en el segundo día de protestas masivas en contra de unas reformas a los servicios de salud y educación del país.

Las marchas fueron lideradas por movimientos de docentes, médicos y estudiantes hondureños. La capital del país fue el principal escenario, pero medios locales reportaron concentraciones en la segunda ciudad más importante del país, San Pedro Sula; en Comayagua y otras regiones del país.

Los manifestantes aseguran que la aprobación de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación busca privatizar esos servicios y abre las puertas a despidos masivos de maestros y médicos. 

Como si se tratara de una imagen repetida, la Honduras que ahora sale a protestar a las calles se parece mucho a la Honduras que en enero de 2018 protestó contra la juramentación del presidente Juan Orlando Hernández, reelecto en unas elecciones cuestionadas porque su candidatura violaba la Constitución. Como en aquellas proclamas, ahora los manifestantes también buscan un mismo objetivo: que el mandatario dimita. "¡Fuera JOH!", se gritaba en enero de 2018. "¡Fuera JOH!", gritan ahora los manifestantes autoconvocados. En la calle, la Policía reprime y grupos de manifestantes responden con piedras, bloqueos de carreteras y llantas quemadas.

En diferentes regiones del país, los manifestantes convocados por la Plataforma de la Educación y la Salud a un "paro nacional" salieron a las calles a colocar piedras y palos. Medios locales hondureños reportan que se trata de una de las mayores movilizaciones contra el mandatario desde las iniciadas tras las elecciones fraudulentas de 2017, en las que Hernández se proclamó presidente de Honduras. 

Las marchas multitudinarias del jueves 30, que bloquearon el acceso al aeropuerto Toncontín y fueron reprimidas con gases lacrimógenos (que alcanzaron las salas del aeropuerto y afectaron a decenas de pasajeros) coincidieron con la revelación de una investigacón que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) abrió en 2013 contra Juan Orlando Hernández por narcotráfico y lavado de dinero, según reportaron la cadena de noticias Univisión y otros medios internacionales. En noviembre de 2018, el hermano del presidente hondureño, Tony Hernández, fue detenido y acusado de conspirar para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El Gobierno de Honduras emitió un comunicado el jueves 29 por la noche en el que sostiene que nunca se encontraron evidencias de que el presidente Hernández estuviera involucrado en narcotráfico. Por esa razón, según el comunicado, nunca se presentaron pruebas contra el mandatario.

Un total de 24 hondureños han sido extraditados por el gobierno de Hernández desde 2014 y más de una docena se ha entregado voluntariamente acusados por narcotráfico. El gobierno asegura que esto ha sido posible gracias a la cooperación de la administración Hernández, aunque también reconoce que Estados Unidos ha logrado obtener testimonios de diversos narcotraficantes que señalan a otros participantes de la red criminal.

La quema de la entrada de Embajada de Estados Unidos

El viernes 31 de mayo, la embajada de Estados Unidos en Honduras emitió un comunicado llamando a la calma a la población. "Hace un llamado a todos los hondureños a que se abstengan de actos de violencia. Enfatizamos la necesidad de resolver sus diferencias de forma pacífica con respeto al orden público", dijo Chargé Heide Fulton, encargada de negocios. Durante las manifestaciones de la tarde del 31 de mayo, manifestantes quemaron llantas frente a la fachada de esa embajada, cuestionada por su apoyo al régimen de Hernández. 

Un grupo de encapuchados provocó un incendio que causó severos daños a la embajada. Bomberos llegaron a sofocar el fuego cuando había sido prácticamente destruido el portón de hierro de la fachada, localizada en el noreste de Tegucigalpa, sin causar daños a la estructura de concreto sólido de las paredes del edificio.

Dirigentes gremiales se desmarcaron de los incidentes de violencia. "Nosotros estamos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUDH) para denunciar que los infiltrados del gobierno son los que están haciendo los destrozos en la embajada americana y otros lugares", dijo a la AFP la presidenta del Colegio Médico Hondureño, Suyapa Figueroa.

"Tenemos evidencias como videos de los infiltrados del gobierno para criminalizar las protestas", añadió la dirigente. Figueroa reclamó también del "excesivo uso de fuerza de los organismos represivos del Estado".

Unos 10.000 manifestantes salieron de Instituto Jesús Milla Selva de la colonia Kennedy, este de Tegucigalpa, y habían avanzado medio kilómetro cuando fueron atacados violentamente con bombas lacrimógenas por policías.

Los manifestantes se reagruparon y avanzaron hacia el bulevar Morazán hacia el edificio de la OANUDH.

El jueves pasado, los manifestantes se dirigieron al aeropuerto capitalino, donde fueron atacados con gases, lo que obligó a suspender por horas los vuelos internacionales.

Al igual que el jueves, este viernes se registraron protestas y bloqueos de vías en diferentes zonas del país. También enfrentamientos con piedras entre manifestantes y policías

La investigación de la DEA incluyó a JOH

El detalle de la investigación por narcotráfico contra el mandatario consta en un documento revelado este jueves 30 de mayo por una corte de Nueva York. La investigación duró al menos dos años pero no está claro si se mantiene en curso.

El documento en el que se consigna que el presidente hondureño era investigado fue revelado por la Fiscalía estadounidense el martes 28 de mayo. El fiscal Emil J. Bove III incorporó el documento como prueba en la causa que se dirime en una corte distrital del Estado de Nueva York.

La Fiscalía estadounidense adjuntó dicho documento, de 11 páginas, a otro escrito que sirve de respuesta a ciertas peticiones que ha hecho el hermano del presidente para su propio caso. Está fechado en julio de 2015 y es una petición de la Fiscalía para que la corte ordene a empresas como Google, Apple, Microsoft, Aol y Yahoo que comparta información relacionada a las cuentas de correo de algunas personas investigadas. La Fiscalía sostiene que dos de las cuentas electrónicas son del presidente Juan Orlando Hernández. Su hermano “Tony” Hernández fue detenido en Miami en noviembre de 2018 y está siendo procesado por delitos de narcotráfico.

En el documento, el presidente Hernández aparece mencionado como uno de los sujetos de la investigación junto a su ministro de Seguridad Julián Pacheco, el asesor presidencial Ebal Díaz, y cinco miembros de la familia Rosenthal, propietarios del Banco Continental y de la empresa Empacadora Continental. Todos ellos, según la Fiscalía, están entre los investigados por sus negocios con la banda de narcotraficantes conocida como Los Cachiros, sancionada por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, en septiembre de 2013.

Sin embargo, el documento no entra en detalles de los cargos contra el presidente Hernández, tampoco dice si se ha presentado una acusación contra él. En cambio, el documento sí menciona un episodio en el que el presidente admitió haber financiado su primera campaña presidencial con fondos provenientes del saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

En 2015, Hernández aceptó públicamente que el Partido Nacional había recibido 10 cheques, por un total de 150 mil dólares, de empresas que habían pagado sobornos para recibir contratos de suministro de medicamentos del IHSS y por los cuales la institución había pagado sobreprecios. Ese caso de corrupción provocó la captura del exdirector del IHSS en septiembre de 2014.

La hermana del presidente Hernández, Hilda Hernández, estuvo encargada de las finanzas del Partido Nacional durante la campaña con la que ganaron la elección en 2013. Hilda Hernández también es investigada por la DEA.

El actual ministro de Seguridad de Hernández, Julián Pacheco, también es investigado por su vinculación a narcotraficantes. Según el documento, al que El Faro tuvo acceso, cuando Julián Pacheco era el director nacional de inteligencia en 2014, tuvo reuniones con una persona que pretendía ser nacotraficante pero que en realidad trabajaba para la DEA.

La reunión, que había sido arreglada por el hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo, fue grabada en video por la DEA. En la reunión, Fabio Lobo presentó a Pacheco con alguien que se hacía pasar por narcotraficante pero que en realidad era un agente encubierto de la DEA. El supuesto criminal dijo en esa reunión que necesitaba la colaboración de las autoridades hondureñas para atravesar el territorio con un cargamento de droga.

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