Desde hace un año, el ministro y el viceministro de Hacienda cobran más del doble del sueldo que les corresponde por Ley de Salarios. Una maniobra aprobada desde Casa Presidencial simula desde abril y mayo de 2018 que el ministro Nelson Fuentes y el viceministro Óscar Anaya ocupan sus cargos ad honorem, pero en realidad tienen desde el mes de julio del año pasado contratos de prestación de servicios por US$7,500 cada uno, en calidad de asesores de despacho.
Tres fuentes especializadas consultadas por El Faro aseguran que este sistema de contratación es irregular porque viola la vigente Ley de Salarios. El Ministerio de Hacienda ha tratado desde octubre de 2018 de ocultar estos incrementos y contratos, poniéndolos bajo reserva con el argumento de “razones de seguridad” de los funcionarios.
En la práctica, además, fueron Fuentes y Anaya quienes aprobaron formalmente sus respectivos aumentos, según consta en sendos contratos de Hacienda firmados por ellos y por los dos últimos Directores Generales de Administración del Ministerio, Edwin Francisco Ortiz Figueroa y Carlos Roberto Alvarado Celis.
El salario que ha recibido los últimos 10 meses el ministro Nelson Fuentes es US$4,154.85 mayor que el salario que corresponde a su cargo según la ley. El viceministro Óscar Anaya, ha estado cobrando 4,847.99 por encima del salario que le corresponde. Es más de lo que le corresponde por ley al presidente de la República: US$5,181.72
En febrero de 2019, una fuente anónima advirtió a El Faro que el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda había ocultado los sueldos de los dos funcionarios, y advertía que esto obedecía a un incremento que no se correspondía con lo aprobado en la Ley de Salarios de 2018.
El denunciante tenía razón. Fue el mismo viceministro Anaya el que el 19 de octubre del año pasado firmó la declaratoria de reserva de información “OGEA-01/2018”. En el escrito se decreta una reserva de cinco años sobre su contrato y el del actual ministro. Cuando el pasado marzo El Faro solicitó acceso a los contratos, Anaya, a través de la oficina de prensa de Hacienda justificó que la reserva se hizo “en consideración a los niveles de inseguridad que se experimentaba en todos los estratos de la sociedad en ese momento, abonado a amenazas y chantajes telefónicos que recibieron empleados de esta institución, en detrimento de su seguridad personal y de su grupo familiar”.
Una alternativa a los sobresueldos
Hasta el 31 de marzo de 2018, Nelson Fuentes era uno de los principales asesores del ministro de Hacienda Carlos Cáceres, que dirigió la cartera durante nueve de los 10 años de gobierno del FMLN. Su salario, por contrato, era de US$ 5,000 al mes, 1,654.85 más de lo que la Ley de Salarios establece para el ministro del ramo. Aunque llevaba cerca de 5 años asesorando a Cáceres, su último contrato como asesor tenía firma del 3 de enero de 2018 y vigencia hasta el 31 de diciembre siguiente.
El 1 de abril, Fuentes relevó a Cáceres y se convirtió, con 39 años, en el ministro más joven del gabinete de Salvador Sánchez Cerén. El presidente lo había juramentado 11 días antes, el 20 de marzo, y su nombramiento fue oficializado en el Diario Oficial en el acuerdo ejecutivo 155.
Cuatro semanas más tarde, otro acuerdo ejecutivo, el 240, publicado en el Diario Oficial el 30 de abril, convirtió a Fuentes en ministro de Hacienda ad honorem. El término, en latín, se aplica a un cargo ejercido “sin retribución alguna, por solo la honra”.
Sin embargo, un contrato firmado el 4 de julio y registrado con el número 149/2018 le asignó un salario de US$ 7,500 y la misma plaza que había ocupado antes de ser ministro. El documento estaba firmado por él mismo y por el Director General de Administración, Edwin Francisco Ortiz Figueroa . Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, contrató a Nelson Fuentes como su propio asesor. “Empleado a prestar servicios a la secretaría de Estado con cargo funcional y nominal de asesor de despacho devengando un salario de 7 500 dólares”, dice el documento.
[excavacion tipo='Transparencia']
Jaime López, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), considera el actual ministro ha incurrido en dos irregularidades: por un lado, dice, el artículo 131, numeral 9 y 10, de la Constitución de la República indica que corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar la Ley de Salarios y cualquier cambio que se proponga. La segunda, asegura, es una violación a las Disposiciones Generales de Presupuesto en el artículo 83, inciso d, que dicen que no se pueden realizar contratos si en la ley de salarios existe una plaza vacante con iguales funciones.
El 27 de marzo, vía telefónica, El Faro preguntó al ministro Fuentes por qué habían declarado reservada la información de su salario y la del viceministro Anaya. “Sobre ese tema, en primer lugar la resolución la hizo el viceministro y me parece que lo más correcto es preguntarle a él”, respondió.
Al preguntarle cuánto ganaba, Fuentes evadió dar una cifra: “Le puedo decir por el momento que lo único que sé es que el cargo del ministro es ad honorem. Yo sigo recibiendo mi salario de asesor”.
Un mes más tarde, el 23 de abril, El Faro volvió a abordar al ministro Fuentes en una comparecencia pública suya en la Asamblea Legislativa. Al preguntarle por qué ganaba más del doble de lo asignado por la ley de salarios, Fuentes respondió: “Yo acepté el puesto de ministro de Hacienda ad honorem porque tengo un salario de asesor del despacho, un puesto de confianza”.
Al igual que el ministro, el viceministro Óscar Anaya tuvo, uno en mayo y otro en julio, dos nombramientos autorizados por Casa Presidencial. Por el acuerdo 311 publicado por el Diario Oficial el 30 de mayo de 2018, el presidente Sánchez Cerén le nombró Viceministro de Hacienda. Solo seis días después, a través del Acuerdo 327, Sánchez Cerén lo convirtió en viceministro ad honorem.
Al igual que pasó con Fuentes, Anaya terminó firmando un mes después su propio contrato, el 48/2019, como “asesor del despacho” con un salario de US$ 7,500.
El artículo 164 de la Constitución indica que todos los acuerdos que los funcionarios del Ejecutivo emitan “excediendo las facultades que la Constitución establece” serán nulos a menos que tengan la aprobación de la Asamblea Legislativa. Para Jaime López “el ministro de Hacienda no puede, aunque haga uso de intermediarios, asignarse el sueldo a sí mismo porque ese es una facultad de la Asamblea Legislativa”. “Habría que plantear una demanda o amparo ante la Sala de lo Constitucional”, dice.
Según documentos de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de Hacienda, Nelson Fuentes ingresó a la Cartera en julio de 2010 como asesor del despacho, cargo que, según un nuevo contrato firmado este año, el 47/2019, aún mantiene. Desde 2014, Fuentes ha tenido un constante ascenso salarial bajo el mismo cargo nominal: en 2014 cobraba 3,000 dólares, un año después recibió un aumento de 1,500 dólares, y entre 2016 y 2018 devengó 5,000 dólares al mes.
El Faro planteó este caso a dos auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) con más de 15 años de experiencia. Uno de ellos trabaja en el área de auditoría de la institución; el otro en el área jurisdiccional. Ambos aceptaron hablar bajo condición de anonimato, debido a que el Reglamento Interno de la CCR les prohíbe dar declaraciones a medios de comunicación sin autorización del Órgano de Dirección. Los dos coincidieron en que la práctica usada con el ministro y el viceministro es irregular porque no está amparado en ninguna ley utilizar el cargo funcional para cobrar más de lo que corresponde al cargo nominal.
'Está mal hecho. Al parecer están buscando un mecanismo formal para compensar los bajos salarios que reciben los ministros”, explica uno de los auditores. “Creo que es un indicio para establecer en un informe de auditoría un hallazgo que puede pasar a juicio de cuentas'. Esta fuente añadió que a la hora de individualizar responsabilidades debería revisarse quién firmó el acuerdo que autorizó la creación de la plaza funcional que permite el pago mayor al cargo nominal.
'La responsabilidad patrimonial recaería en el funcionario que firmó el acuerdo para crear la plaza y autorizar los pagos. Si el Presidente de la República lo firmó, sobre él recaería la responsabilidad. El funcionario que recibe los pagos estaría exento', dice el funcionario del área jurisdiccional. Para establecer el reparo, la fuente explica que basta respaldarse en la Ley de Salarios, que ya establece cuánto pueden cobrar los titulares de un ministerio.
Desde el 10 de abril, El Faro intentó obtener una reacción de las diputadas efemelenistas Yanci Urbina y Anabel Belloso. La primera es presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa; la segunda integra esa comisión. A las dos diputadas se les consultó vía telefónica y en la Asamblea sobre la irregularidad en la que estaban los altos funcionarios de Hacienda, pero no quisieron emitir comentarios.
Este periódico también buscó al Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, y al Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, para que dieran declaraciones en representación del actual Gobierno sobre el doble nombramiento en menos de seis semanas a dos titulares del Ministerio de Hacienda. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En 2013, El Faro reveló la existencia del pago de sobresueldos a funcionarios de los gobiernos de Arena y el primer gobierno del FMLN. Seis años más tarde, este periódico tuvo acceso a los recibos originales que quedaron como constancia del pago de sobresueldos en el gobierno de Mauricio Funes. Los fondos provenían de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial. En los últimos años, numerosos funcionarios han justificado recibir sobresueldos por la disparidad entre los pagos establecidos por Ley de Salarios para los ministros o cargos similares, y el pago que estos mismos profesionales recibirían en el sector privado.
Un secreto mal guardado
Declarar como información reservada los salarios de funcionarios viola la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). El artículo 10, numeral siete, dice que las instituciones están obligadas a poner a disposición, como información oficiosa, las remuneraciones por cargo presupuestario, incluyendo las categorías salariales y los montos aprobados para dietas y gastos de representación.
Consultada antes de hacer la solicitud de acceso a los contratos, la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Claudia Liduvina Escobar dijo a El Faro que la reserva es “inadecuada, inapropiada e ilegal”, y señaló que no debía mantenerse. Al hacerle ver a Anaya lo dicho por la comisionada, el viceministro respondió que evaluarían liberar la información. “El despacho del Ministerio de Hacienda, dentro de un contexto de apertura, en el manejo de información como la declarada reservada, está evaluando con carácter positivo y de forma responsable dejar sin efecto dicha resolución, previo a tomar medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los empleados que laboran para este Ministerio”, dijo el viceministro.
Tras la negativa recibida a través de la oficina de Prensa, el 11 de abril El Faro pidió vía Ley de Acceso los contratos del ministro, viceministro y asesores del despacho. Ese mismo día, la institución actualizó su portal de transparencia y publicó los montos salariales del ministro y viceministro. Tres semanas más tarde, el 2 de mayo, Hacienda entregó 43 contratos a este periódico, entre ellos los de Fuentes y Anaya.
Cuatro días más tarde, el 6 de mayo, el Ministerio de Hacienda volvió a retirar los salarios del ministro y viceministro de su portal de Transparencia. Al cierre de esta nota, esa información se mantiene oculta y no aparece en una base de datos descargable que detalla las remuneraciones del personal de esa cartera de Estado.
