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Arena, FMLN y PCN dejan plantadas a las víctimas y aceleran nueva amnistía

La subcomisión política que estudia una nueva ley de amnistía acelera una votación que dejaría impunes a los criminales de guerra. El martes 21, el diputado Roberto Angulo, uno de los impulsores de la amnistía de 1993, desestimó una contrapropuesta de las víctimas. Ningún diputado de Arena, FMLN, PCN o PDC respaldó ese proyecto. Naciones Unidas y la CIDH condenan el proyecto que cuece la Asamblea Legislativa. 

 
 

Los diputados de la subcomisión política que construyen una nueva amnistía, incluidos los del partido de izquierdas, el FMLN, dejaron plantados a los representantes de 15 organizaciones sociales que el martes 21 llegaron a presentar un anteproyecto de ley que busca garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra civil salvadoreña.

La propuesta “ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado”, elaborada durante tres meses y apoyada por Naciones Unidas, busca bloquear una nueva amnistía que pretende perdonar a criminales de guerra e invalidar el informe y los archivos de la Comisión de la Verdad.

En el diseño de la ley que trabaja la subcomisión, presidida por el diputado Roberto Angulo, uno de los nueve diputados que promovió la ley de amnistía de 1993, la Asamblea buscar garantizar impunidad para los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos con la excusa de cumplir con un fallo ordenado por la Sala de lo Constitucional en 2016.

En una alianza entre Arena y el FMLN, la Asamblea busca aprobar esta amnistía antes del 31 de mayo, fecha en que la exguerrilla dejará la presidencia de la República. Pese a los llamados de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y de Naciones Unidas, los diputados insisten en su proyecto, que ya comenzó a ponerle artículos al borrador presentado por una comisión especial, que fue conformada por exmilitares que combatieron en la guerra, una excomandante guerrillera y un abogado que fue cuestionado por la Comisión de la Verdad por entorpecer las investigaciones judiciales en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido en noviembre de 1989.

En la sesión del martes 21, además de Roberto Ángulo participaron Julio Fabián de Arena, Damián Alegría del FMLN, Jorge Mazariego del PDC y Juan José Martel de Cambio Democrático.

En un intento por frenar esta discusión, a las 9:45 a.m., los representantes de las organizaciones llegaron a exponer su proyecto, que para ese momento no contaba con iniciativa de ley. Las organizaciones expusieron, durante dos horas, los beneficios de una ley más integral, que garantice justicia, reparación y verdad a las víctimas.

A diferencia de la ley que quiere aprobar la Asamblea, la propuesta de las víctimas no deja los crímenes impunes y prohíbe la continuación de homenajes a violadores de derechos humanos.

Terminada la exposición, los diputados dijeron que ya tenían un largo camino con el trabajo que la comisión ad hoc había realizado, y que se basarían en el documento presentado por el diputado Mauricio Ernesto Vargas, de Arena, un general que participó en el equipo negociador del Gobierno para la firma de la paz, y protagonizó el cabildeo para la aprobación de la amnistía de 1993.

Tras este primer revés, y luego de entregar una copia del documento elaborado por las víctimas, Óscar Antonio Pérez,  presidente y director de la Fundación Comunicándonos, invitó a los diputados para que les acompañaran hasta la ventanilla legislativa y respaldara que esa iniciativa inicie el proceso de formación de ley. Según el reglamento interno de la Asamblea, una propuesta de ley solo puede cobrar vida si es introducida de manera oficial por uno o varios de los diputados de la República.

Tras entregar copias del proyecto y reiterar la invitación, solo el diputado de Cambio Democrático acompañó a los representantes de las víctimas. Terminada la sesión de la subcomisión, los diputados de Arena, FMLN, PCN y PCD se marcharon y decidieron no acompañar la propuesta.

Sobrevivientes del cantón La Joya, del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, entierran a seis víctimas de la masacre de El Mozote en 2017. El juicio por esta masacre, que persigue a los autores intelectuales por la matanza de un millar de campesinos, se vería afectado con una nueva amnistía. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Sobrevivientes del cantón La Joya, del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, entierran a seis víctimas de la masacre de El Mozote en 2017. El juicio por esta masacre, que persigue a los autores intelectuales por la matanza de un millar de campesinos, se vería afectado con una nueva amnistía. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

“Veremos si analizamos su propuesta”

La subcomisión política de la Asamblea es liderada por Roberto Angulo, un veterano dirigente pecenista, ex diputado de Arena y ex presidente de la Asamblea Legislativa. En 1993, fue uno de los nueve diputados que dieron iniciativa a la Ley de Amnistía General,  una ley que garantizó impunidad durante 23 años, hasta que fue declarada inconstitucional en 2016. Angulo presidió una sesión extraordinaria realizada un sábado para aprobar esa ley, y dio dispensa de trámite a un proyecto de decreto que no pasó por ninguna comisión para ser estudiado, analizado y discutido, como ordena el proceso de formación de ley.

A diferencia de aquella ley que Angulo impulsó y aprobó en una votación fuera de tiempo y fuera del manual, la nueva propuesta de las víctimas no merece su atención. En la subcomisión que dirige, Angulo dejó entrever que poco podrán hacer con esta iniciativa, dado que la Comisión Política les delegó una sola tarea: darle continuidad al trabajo que hizo la comisión ad hoc. Es decir, convertir en anteproyecto de ley el borrador que promueve una nueva amnistía.

Según el diputado Juan José Martel, la Subcomisión tiene como objetivo ponerle artículos al borrador que se presentó el lunes 13 de mayo, y que fue de conocimiento público gracias a una filtración y no por el interés de los diputados de someter a consenso la propuesta de ley.  

“Es imperdonable que nosotras, las víctimas, no sepamos de qué va esa ley. Dennos el espacio a las víctimas de hablar”, dijo María Hernández, del Comité de Madres (COMADRES).

 “No vean el trabajo con ojos de prejuicio, estamos en la misma ruta, pero veremos si analizamos su propuesta”, dijo Roberto Angulo.

Durante la sesión, el único diputado que habló con los representantes de las víctimas fue el efemelenista Damián Alegría. Habló no para defender sus posturas sino para comentar una obviedad: “Sé que no se ha hecho una consulta amplia, pero no es fácil ponerse de acuerdo en estos puntos”, dijo.

El FMLN, un partido de izquierdas que mientras fue oposición abanderó la causa de las víctimas y proclamaba la abolición de la amnistía, desde que esta fue declarada inconstitucional en 2016 dio un giro radical a sus posturas.

La propuesta presentada por las organizaciones el martes 21 es el segundo proyecto emanado desde las víctimas; y el segunda en ser ignorado por los diputados de la Asamblea.

En 31 de agosto de 2017, asociaciones como Probúsqueda y Co-Madres, agrupadas en un grupo gestor, presentaron la propuesta de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Esa primera propuesta de organizaciones de víctimas fue respaldada, para iniciar el proceso de ley, por la diputada y ex comandante guerrillera, Nidia Díaz. Esta diputada formó parte de la comisión ad hoc que elaboró la propuesta que busca una nueva amnistía. Díaz, pese al discurso, nunca metió a consideración de la comisión aquella primera ley presentada por las víctimas. Esa otra ley duerme, a la fecha, en los archivos legislativos.

Una ley que busca justicia

La “ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado” está compuesta por 98 artículos; y su principal diferencia a la amnistía que promueven Arena, FMLN, PCN y PDC es que sí propone la prisión para los criminales de guerra.

Otra diferencia es que la ley de las víctimas exige que se procese tanto a los autores materiales de las violaciones como a los autores intelectuales. Es  decir, los comandantes militares o guerrilleros a cargo de tropas que participaron de las masacres, asesinatos u otras crímenes de guerra.

Al contrario, la propuesta de amnistía que discute la subcomisión política exonera a los autores intelectuales y propone ordenar que los juicios que ya están en proceso, como el de la masacre de El Mozote (en el que se procesa al exministro de Defensa, José Guillermo García y otros 16 oficiales) apliquen exoneraciones a los altos mandos a tono con una amnistía total.

Otra diferencia destacable entre ambos documentos es el uso de los archivos relacionados con el conflicto: por un lado, los diputados proponen que los archivos y el informe de la Comisión de la Verdad no tendrán valor probatorio para los mecanismos de justicia transicional. Por otro lado, la ley especial planear abrir los archivos para toda la ciudadanía para que tengan libre acceso y consulta, además se pretende que sean medio de prueba en procesos judiciales.

De las denuncias que recoge el informe de la Comisión de la Verdad, el 63.5 % es contra el ejército y los otros cuerpos de seguridad de la época, el 32.8 % es contra paramilitares y escuadrones de la muerte, mientras que solo un 3.66 % de las denuncias son contra la guerrilla.

ONU: “Es un amnistía de facto”  

La Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reiterado su preocupación por los efectos de impunidad que podría generar la aprobación de una nueva amnistía en El Salvador..

El martes 21, la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH, afirmó que el Estado salvadoreño debe abstenerse la tramitación de una iniciativa de ley que no cumple con los estándares internacionales en materia de memoria, verdad y justicia.

Fabián Salvioli, experto de derechos humanos de Naciones Unidas en justicia transicional, instó a los diputados a no aprobar un proyecto de ley que permita perdones por graves violaciones de derechos humanos y expresó su malestar por “el intento de abrir la puerta a una amnistía de facto y eliminar la aplicación de sanciones penales por violaciones graves de los derechos humanos”, dijo el 16 de mayo.

Un día después de la sesión de la subcomisión, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que el borrador que está en discusión por los diputados “contiene una serie de disposiciones que podrían traducirse en una amnistía de facto”.

 

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