(Nota: se han mantenido las cifras en euros para evitar distorsiones producidas por el tipo de cambio. En el periodo que abarca este reportaje, un euro equivalió a 1.1 dólares, aproximadamente)
Todo ocurrió con el sigilo que suele rodear a los millonarios guatemaltecos.
Desde mediados de 2015, el fondo de inversión británico Actis había tratado de vender cinco parques eólicos, entre ellos uno de los mayores de Centroamérica, el de Cerro de Hula, en Honduras.
Inicialmente, Actis cerró un trato con la transnacional estadounidense SunEdison. El acuerdo, según anunciaron las partes a las autoridades de Estados Unidos, implicaría un pago de 350 millones de dólares. Pero la transacción no se completó.
En diciembre de 2016, se publicó que los parques eólicos tenían nuevo propietario. Las negociaciones habían ocurrido sin que su existencia trascendiera al público y una vez concluidas apenas se conoció detalle de la operación.
La Corporación Multi Inversiones (CMI), una empresa familiar guatemalteca, propietaria de los restaurantes Pollo Campero, del 40 por ciento de la telefónica Movistar en cuatro países de Centroamérica (hasta de enero de 2019) y de un sinfín de otros negocios en la industria alimentaria, la construcción y la energía por toda la región, había adquirido los parques eólicos.
Dado que no cotizan en bolsa, los Gutiérrez, la familia guatemalteca que controla CMI, no informó al público sobre cuánto costó o cómo se financió la operación, pero pronto se filtraron detalles. El órgano que regula la competencia en Honduras tuvo que dar su visto bueno a la transacción y, al hacerlo, publicó algunos datos de la misma.
CMI había utilizado para adquirir los parques eólicos una empresa cuya sede se encuentra en una tranquila calle del centro de Madrid.
Muchas de las grandes fortunas de Guatemala, desde hace décadas, controlan las acciones de sus negocios desde sociedades holding en otros países. Es una forma de agilizar transacciones internacionales, proteger el patrimonio y mantenerlo lejos de la mirada de recaudadores de impuestos, enemigos, familiares enojados, competidores o delincuentes. Eso no es novedad. Pero elegir España para domiciliarse nunca fue común.
Lo habitual había sido optar por jurisdicciones que ofrecen confidencialidad y bajos impuestos. Sin embargo, para una multinacional latinoamericana, tener hoy un holding en España puede implicar más ventajas tributarias que tenerlo en las Islas Vírgenes Británicas
Los asesores fiscales de CMI parecen haberlo entendido. Desde 2010, la familia Gutiérrez ha trasladado la gestión de una parte importante de las acciones de sus empresas en todo Centroamérica a un entramado de sociedades dirigido desde España, pero que se extiende por medio mundo.
Esto significa que, todos los años, los Gutiérrez envían grandes cantidades de dinero fuera de la región que les ha hecho millonarios. Solo entre 2015 y 2017 (últimos tres años con datos disponibles) la cifra ascendió a 403 millones de euros, según información del Registro Mercantil de Madrid.
Este río de dinero que fluye desde Centroamérica discurre por un cauce sinuoso. Primero se encamina hacia Europa. Atraviesa una decena de sociedades creadas en Madrid y otras tantas en los Paises Bajos (Holanda), todas ellas con sede en oficinas de abogados o asesorías fiscales. Después retorna al Caribe, a Curazao, una isla dependiente del gobierno holandés, desde la que el dinero puede volver libremente a Centroamérica o quedarse en un banco privado que los Gutiérrez poseen en la isla de Anguila.
Este viaje parece complejo, pero sus beneficios son simples. CMI logra protegerse frente a gobiernos o rivales y paga menos impuestos en ciertos países. Entre 2015 y 2017 se ahorraron al menos 4.1 millones de euros gracias a esta estructura (la cifra es mayor, pero esto es lo que pudo cuantificar esta investigación).
El flujo de dinero que discurre fuera de la región se nutre de dos tipos de ingresos: dividendos y regalías.
Los dividendos son la parte de los beneficios de un negocio que se reparten a sus propietarios. Digamos que son la recompensa que recibe alguien que posee acciones de una empresa.
Las regalías son pagos por el uso de marcas o patentes. En este caso, son regalías internas; es decir, pagos realizados por empresas de CMI a otra empresa del grupo dueña de sus marcas. Por ejemplo, Pollo Campero paga por usar su logotipo a una sociedad que es la propietaria del mismo y que también pertenece a los Gutiérrez.
Debido a la estructura creada en España por CMI, dividendos y regalías se benefician de reducciones o exenciones de impuestos en algunos países de la región.
Gracias a ella, los dividendos que obtienen los Gutiérrez de la compañía de telefonía celular Movistar en El Salvador y Panamá no tributan en ningún país (en 2015 y 2017 estos ascendieron a 36.6 millones de euros).
Además, la mitad de sus dividendos originados en negocios situados en Costa Rica obtienen un descuento fiscal de casi el 70 % (5.5 millones de euros en el mismo periodo).
Las regalías que sus empresas de Costa Rica y República Dominicana pagan por usar marcas y patentes del grupo también se benefician de un ahorro impositivo del 50 %.
Además, una vez que su proyecto de energía solar Bósforo, ubicado en el Salvador, comience a generar dividendos, estos también estarían exentos de tributación en país alguno.
Bósforo, cuando esté terminado, será uno de los principales productores privados de electricidad en El Salvador.
Este tipo de beneficios fiscales ocurren por la superposición de las leyes de diferentes Estados. Todo es legal, aunque este tipo de prácticas han sido calificadas en informes de la OCDE, el club que agrupa a las mayorías economías del mundo, como “abusivas” o “inapropiadas”.
El papel clave en este caso lo juega España. Como los Gutiérrez son considerados inversores españoles en El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana obtienen, en ciertos casos, los beneficios fiscales que esos países otorgan al capital español. Cuando el dinero llega a Madrid, sin embargo, España lo considera generado en el extranjero y no lo grava. La ruta termina en Curazao, una pequeña isla caribeña donde algunas entidades no pagan impuestos. Así, es posible que ciertos ingresos de la familia, simplemente, escapen a tributar en país alguno.
Para el exviceministro de Finanzas de Guatemala durante el gobierno de Álvaro Colom, Ricardo Barrientos, si bien este tipo de esquemas son legales, remiten a un debate sobre la desigualdad entre quienes pagan impuestos. “Yo considero que dado que las arquitecturas de la elusión fiscal son sumamente complejas, en realidad pueden eludir impuestos quienes tienen recursos para pagarse a los técnicos especializados. Es una ventaja de los contribuyentes ricos por encima de la gran mayoría”, expuso el economista.
Los Gutiérrez aseguran que son “grandes contribuyentes” en todos los países donde operan. Reconocen que establecerse en España les reporta ventajas tributarias, pero no las consideran significativas e insisten en que lo que les atrajo a Madrid fue, exclusivamente, su seguridad jurídica, su buena reputación y sus requisitos de transparencia.
Sin embargo, hay evidencias de que si los Gutiérrez dejaron de utilizar territorios como Panamá, que durante décadas resguardó su patrimonio, no fue solo por la seguridad que ofrece España.
CMI, de hecho, no ha sido la única gran corporación de la región en establecerse en Madrid. Tres de los mayores grupos empresariales de Guatemala: la embotelladora Cabcorp, Cementos Progreso o la inmobiliaria Spectrum crearon holdings en España en los últimos años. Las familias Poma y Kriete, dos de las mayores fortunas de El Salvador, hicieron lo mismo.
“Este tipo de esquemas buscan siempre un doble beneficio: proteger un patrimonio valioso y obtener un beneficio fiscal”, expuso un auditor de grandes empresas en Guatemala con el que se compartieron los detalles de esta estructura.
1. Una caja fuerte en Curazao
Curazao es una isla de 160 mil habitantes situada cerca de la costa de Venezuela. Es un territorio conocido por los servicios que ofrece a los barcos que atraviesan el Canal de Panamá y a los millonarios que desean anonimato y bajos impuestos.
Allí, en febrero de 2010, miembros de las dos ramas familiares que controlan CMI: los Gutiérrez Mayorga y los Bosch Gutiérrez se propusieron cambiar la estructura corporativa del grupo. Dejarían Panamá y se establecerían en Curazao.
Todo comenzó con la creación de cinco fundaciones privadas.
Este tipo de entidades se llaman así, pero nada tienen que ver con la filantropía. Son un lugar en el que guardar algo valioso: con frecuencia acciones de empresas.
Las dos ramas de los Gutiérrez crearon las fundaciones privadas para eso precisamente. Curazao se convertiría en la base de su nuevo holding.
A partir de mediados de 2010 y hasta a la actualidad, a las fundaciones de la familia en Curazao le fueron transferidas las acciones de unas 180 empresas situadas en Centroamérica y República Dominicana: desde Pollo Campero a Avícola Salvadoreña pasando por su participación del 40 por ciento en Movistar. También terminaron en Curazao las acciones de una sociedad titular de las marcas, logotipos y patentes del grupo, uno de los bienes más valiosos de la familia.
A medida que CMI ha adquirido más empresas, como los parques eólicos de Actis, o ha emprendido nuevos negocios, como las centrales solares Bósforo, estas acciones también han sido transferidas a fundaciones en Curazao.
No está aquí todo CMI. Quedaron fuera algunos grandes negocios, como los restaurantes Pollo Campero en Estados Unidos o Renace, el mayor complejo hidroeléctrico privado de Guatemala.
Pero una parte importante de CMI sí fue transferida a fundaciones en la isla. En total, estas participaciones tenían en 2017 un valor de 2,100 millones de euros, según información publicada en el Registro Mercantil de Madrid. Con seguridad, una de las mayores fortunas de Centroamérica.
Las fundaciones privadas están exentas de impuestos en Curazao. Pueden recibir y distribuir dinero sin tributar, de acuerdo con la legislación local.
Pero tienen más ventajas.
Como técnicamente no son empresas, no se rigen por códigos de comercio, si no por las normas que la fundación se fija a sí misma. Esto es muy atractivo para las corporaciones familiares. Les permite gobernar su fortuna con sus propias reglas.
Como no son empresas, tampoco tienen lo que normalmente entendemos como propietarios. Esto implica que cualquier bien resguardado en una fundación, está blindado.
Cuando una persona deposita acciones en una fundación, estas pasan a ser propiedad de la entidad. A ojos de la ley, la persona que las transfirió, deja de considerarse dueña y ya no puede ser despojada de las mismas por un tribunal. Ya no son suyas. Pero eso no significa que no se beneficie de ellas. La misma persona que cedió las acciones a la fundación es nombrada beneficiaria de la misma y esto le permite seguir recibiendo los dividendos que esas acciones generan.
Las acciones son, por tanto, de la fundación, pero esta ¿a quién pertenece?
La respuesta no es sencilla.
Estas entidades cuentan con junta directiva y beneficiarios. La directiva gobierna la entidad y tiene que registrarse: suele componerse de abogados u otras empresas offshore. Los beneficiarios son las personas autorizadas para percibir ingresos de la fundación y estos, en Curazao, no figuran en documento público alguno.
Si la autoridad fiscal de Guatemala se propusiera averiguar quiénes son los accionistas de Pollo Campero, se encontraría con un muro en Curazao. La empresa pertenece a fundaciones, pero estas no tienen propietarios. Tienen directivos, pero estos solo administran. Tienen beneficiarios, pero estos son solo conocidos por los directivos y tampoco son los dueños.
“Son vehículos jurídicos opacos que pueden ser explotados para cualquier actividad ilegal”, comentó, Andrés Knobel, analista de la Tax Justice Network, una oenegé con sede en el Reino Unido que lucha contra los paraísos fiscales.
Para este reportaje, se realizaron tres entrevistas con CMI. En la primera, participaron Juan José Gutiérrez Mayorga (uno de los dos copresidentes de la corporación junto a Juan Luis Bosch) y tres altos gerentes: Augusto Quiñones, Jorge Martínez Sanche y José González Campo. En la segunda y en la tercera, sólo los tres altos cargos.
Durante la primera reunión, CMI señaló que crearon las fundaciones, principalmente, por dos motivos.
Uno: por seguridad. Estas entidades protegen el patrimonio de la familia de pugnas internas. Esto es importante para los Gutiérrez, dado que vivieron un largo conflicto con un pariente, el tío Arturo Gutiérrez, que desde mediados de la década de 1990 y hasta la actualidad, les ha demandado decenas de veces en varios países por desacuerdos sobre la gestión del grupo. Además, Gutiérrez Mayorga citó otras amenazas como el “terrorismo fiscal” del que, en su opinión, fueron víctimas en Guatemala o los ataques respaldados por sus enemigos, como el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), durante cuyo mandato sufrieron intimidaciones. El copresidente de CMI recordó los momentos de pánico que vivió la familia el día de julio de 2003 en el que “hordas de encapuchados” rodearon sus oficinas “dispuestos a prender fuego a todo”.
Dos: para una mejor gestión de una empresa familiar. Las fundaciones facilitan el traspaso de las acciones a las siguientes generaciones, según mencionaron.
Esto explicaría por qué crearon las fundaciones, pero ¿por qué hacerlo en Curazao? ¿Por qué irse de Panamá?
Antes de 2010, los Gutiérrez ya tenían, al menos una parte de su patrimonio en dos fundaciones privadas en Panamá; es decir, su fortuna ya contaba con la protección y otras ventajas que ofrecen estas entidades. ¿Por qué crear otras fundaciones en Curazao?
“Antes de tomar la decisión, estudiamos decenas de jurisdicciones, cada una con sus características y nos inclinamos por Curazao, entre otros motivos, porque no está en esas listas de los famosos paraísos fiscales. Por las exigencias de nuestros accionistas y nuestros ‘partners’, queríamos alejarnos de jurisdicciones que cargan con esa etiqueta”, dijo Martínez Sanche, uno de los gerentes de CMI. Sin embargo, CMI mantiene presencia en Panamá (sus fundaciones siguen activas allí) y otros países de reputación similar, como Anguila, Barbados o las Islas Vírgenes Británicas. Curazao, de hecho, reúne algunas características de los paraísos fiscales. Está en la “lista gris” de la Unión Europea y podría caer en la “negra” si no realiza ciertas reformas. Además, algunos países, como El Salvador, lo catalogan como país de “nula tributación” y penalizan a quienes se establecen allí.
Todo apunta a que había una razón de más peso por la que la familia eligió Curazao. En noviembre de 2009, solo unos meses antes de que comenzaran a transferir sus acciones a la isla, España había dejado de considerar a Curazao paraíso fiscal. Los motivos para escoger Curazao estaban, en realidad, en Madrid.
2. Una oficina discreta en Madrid
El bufete Cuatrecasas ocupa un edificio de acero y cristal que hace esquina y domina la encrucijada de cuatro calles en una zona céntrica de la capital de España. El edificio destaca por su modernidad en un barrio en el que abundan las construcciones decimonónicas; elegantes bloques de apartamentos y palacetes ocupados por embajadas y los despachos de algunos de los mejores abogados de Madrid.
A pocos metros de Cuatrecasas, en la calle Zurbarán, hay otro edificio más discreto. En él, en un local comercial, hay una oficina. Allí, está situada Gestdocument, una asesoría dependiente de Cuatrecasas que ofrece servicios contables y fiscales a empresas.
Por ello, en Gestdocument tienen su sede decenas de sociedades de clientes de Cuatracasas. Una de ellas se llama CMI Hispania. Se trata de una empresa que sólo existe sobre el papel. No reporta trabajadores ante las autoridades españolas y todos sus directivos son ciudadanos guatemaltecos que solo pasan por allí de vez en cuando.
CMI Hispania, sin embargo, es el centro de uno de los mayores grupos empresariales de Centroamérica.
CMI Hispania fue creada en julio de 2010 por dos de las fundaciones privadas de Curazao de la familia Gutiérrez. A continuación, fue inscrita en un régimen fiscal especial español que exime de impuestos sobre la renta, llamado Empresas Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE). Desde entonces, se convirtió en la cabeza del nuevo holding que la familia Gutiérrez tejió en Europa.
CMI Hispania comenzó a fundar y administrar una maraña de otras sociedades intermedias que fueron creadas en España y Holanda. A estas se le encomendó la gestión directa de las acciones de los negocios de la familia depositadas en Curazao.
Las sociedades intermedias que se crearon en Madrid, fueron domiciliadas en las oficinas de Gestdocument, en la calle Zurbarán, y se inscribieron en el régimen exento ETVE. Este tipo de empresas no pagan impuestos en España si son propiedad de extranjeros y sus ingresos también provienen de otro país, como ocurre en este caso.
Las fundadas en Holanda se registraron también en oficinas de una asesoría fiscal de Amsterdam. Para resguardar las acciones administradas allí se recurrió a un tipo de empresa llamada Commanditaire Vennootschap (CV) que se presta a ciertas técnicas fiscales utilizadas por transnacionales como Nike.
En la práctica, son como las ETVE españolas, pero sin pertenecer a un régimen fiscal especial. Por ellas puede fluir el dinero entre un país y otro sin que Holanda les cobre impuestos.
El nuevo holding de familia se creó, por tanto, con dos características principales.
Uno: está compuesto de entidades en España, Holanda y Curazao, ninguna de la cuales tributa. Dos: su base está en Curazao, pero su centro está en Madrid, el lugar desde el que se administra todo.
Lo primero es habitual. Muchos empresarios centroamericanos desean resguardar su patrimonio fuera de la región, pero no quieren que esto implique pagar impuestos en otros lugares.
Lo segundo tiene menos precedentes.
¿Por qué eligieron España?
3. “El bocadillo español”
En los últimos años, en el alto mundo de negocios de Europa y Estados Unidos se han popularizado conceptos como el “sándwich holandés” o el “doble irlandés”. Son técnicas de “planificación fiscal” populares, que han permitido a algunas empresas pagar menos impuestos y han convertido a lugares, como Amsterdam o Dublín, en la sede preferida de grandes transnacionales.
España nunca ha sido famosa por atraer a grupos extranjeros. Pero eso no significa que algunas de sus políticas no sean similares a las de los países que sí lo han logrado.
Dos figuras juegan un papel clave en esto: los Convenios de Doble Imposición (CDI) y las ya mencionadas Empresas Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
Los CDI son tratados suscritos entre dos Estados que regulan los impuestos a los que se pueden someter a los inversores de un país en el otro.
Por ejemplo: la empresa de productos de pescado Calvo es propiedad de españoles, pero tiene una planta en El Salvador. Esa fábrica es propiedad de una empresa local creada por la matriz española. La empresa local declara sus beneficios en El Salvador y paga impuestos sobre la renta como cualquier compañía salvadoreña.
Pero las obligaciones fiscales de la empresa no terminan aquí. Muchos países del mundo (actualmente todos los de Centroamérica) también gravan el reparto de dividendos que hace un negocio a sus accionistas. Este impuesto no lo asume exactamente la empresa, sino sus dueños.
Aquí es donde entran en juego los CDI.
Cuando los accionistas de Calvo deciden enviar de vuelta a España sus dividendos generados en El Salvador, no se les aplican las normas tributarias generales. Entra en funcionamiento el CDI que está en vigor entre España y El Salvador en 2009.
Este tratado fiscal estipula que, bajo ciertas condiciones, los dividendos de un inversor español no se pueden gravar en El Salvador. Solo España puede hacerlo. Así que los beneficios que reparte la filial de Calvo a sus accionistas salen libres de impuestos de El Salvador y se declaran en España.
El objetivo es que los dos países no graven el mismo ingreso y no se castigue la inversión extranjera.
Si los dueños de Calvo fueran, por ejemplo, guatemaltecos o de cualquier otro país sin CDI, la autoridad fiscal salvadoreña les impondría una retención del cinco por ciento a sus dividendos antes de salir del país.
El tratado, además, incluye beneficios para todo tipo de ingresos si su destino es España. Regalías o intereses que se paguen a empresas españolas tributan menos que si se dirigieran a otro país. La venta de acciones a otro inversor no puede ser gravada por El Salvador.
Los CDI tienen otra ventaja: blindan a un inversor frente a posibles subidas de impuestos en el futuro. Calvo sabe que sus dividendos y otros ingresos como regalías ya no se someten a la legislación nacional salvadoreña, si no a las condiciones fijadas en el tratado.
Por todo ello, este tipo de tratados son muy valorados por las empresas. Los países incluso compiten por ver quién suscribe más y mejores CDI.
España posee una amplia red de ellos y es el único país del mundo que tiene tratados con la mayoría de países de Latinoamérica. En Centroamérica, además de con El Salvador, los ha suscrito con Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Cada tratado ofrece condiciones diferentes. Depende de las negociaciones entre Estados. Pero “son siempre favorables a las empresas y no tan favorables a las administraciones tributarias”, explicó el economista salvadoreño Ricardo Castañeda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Los suscritos con El Salvador, Panamá y República Dominicana, permiten a inversores españoles evitar el impuesto sobre dividendos que, según cada país, oscila entre el cinco y el diez por ciento. El de Costa Rica no elimina la retención, pero rebaja la tasa del impuesto a una tercera parte. Todos ellos ofrecen descuentos a la tributación sobre regalías de alrededor del 50 por ciento.
Esto es una ventaja para las empresas españolas, pero no solo. Es un reclamo a nivel internacional.
Si alguien, de cualquier lugar del mundo, desea crear un negocio en El Salvador quizás reciba de sus asesores fiscales el siguiente consejo: si antes crea un holding en Madrid y desde allí controla las acciones de la empresa salvadoreña, sus dividendos procedentes del país centroamericano no tributarán en El Salvador, sus regalías pagarán la mitad y tendrá certeza sobre cuántos impuestos pagará en el futuro.
España, de hecho, promueve que esto suceda, a pesar de que implica que países como El Salvador recauden menos impuestos.
Aquí aparecen las ETVE. Estas son un tipo de sociedades que, cuando son propiedad de socios extranjeros y sus ingresos derivan también de otro país, no pagan impuestos sobre la renta en España.
Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda de España define este régimen como “la aportación española a los paraísos fiscales”.
Las ETVE no tributan en España, pero al ser sociedades residentes, se benefician de los tratados fiscales firmados por el país. O sea: se benefician de ser españolas en el extranjero y, al mismo tiempo, en España, se benefician de ser extranjeras.
La hacienda española no obtiene apenas ingresos fiscales de las ETVE, pero abogados, consultores fiscales y contadores ganan nuevos clientes de todo el mundo que se establecen en España atraídas por este régimen y la posibilidad de utilizar los CDI españoles.
Un inversor alemán, por ejemplo, puede crear una ETVE en un bufete de Madrid y controlar desde esta entidad acciones de empresas situadas en países con los que España ha firmado un tratado fiscal. Sus dividendos saldrían, por ejemplo, de El Salvador, beneficiándose de la nacionalidad española, y no serán sometidos a tributación. En España, el ingreso también estará exento por pertenecer a una ETVE. El dinero terminará en Alemania. Allí el inversor tendría que tributar.
¿Pero qué ocurriría si en vez de declarar ese ingreso en Alemania el empresario lo hace en las Islas Caimán? Los dividendos no tributarían en ninguna parte. España permite que eso suceda.
Del régimen ETVE no pueden beneficiarse países que sean considerados paraíso fiscal. Es como si España dijese: “no me importa que no paguen impuestos aquí, pero quiero que tributen en alguna parte”.
Hasta 2003, esta norma evitaba que personas y empresas de 48 territorios, entre ellos, los más notorios países fiscales, crearan ETVEs. Pero ese año, durante el gobierno de José María Aznar, se cambiaron las normas sobre a quién considera España un paraíso.
Se estableció que un país saldría de la “lista negra” si firma un acuerdo en el que se compromete a proporcionarle a España información fiscal en el caso que la demande.
“España priorizó combatir la falta de cooperación tributaria. Pero lo que hace a un paraíso fiscal no es solo esto, es que tampoco tienen impuestos sobre la renta y permiten operar sociedades que no cumplen apenas requisitos”, comentó el economista de la Universidad Complutense de Madrid, Rodolfo Rieznik.
Entre 2009 y 2015, 16 territorios aceptaron el trato y dejaron de ser consideradas paraísos fiscales, a pesar de que, en muchos casos, permiten crear sociedades opacas y carecen de impuestos sobre la renta.
Esto abrió las puertas al régimen ETVE a lugares como Bahamas, Andorra o Curazao, que fue el primer territorio en salir de la “lista negra” española, en noviembre de 2009.
Desde entonces, un inversor extranjero puede comprar una offshore en algún país que no esté en la “lista negra” española y depositar en ella las acciones de un negocio en El Salvador. A continuación, la offshore puede fundar una ETVE en un despacho de abogados de Madrid y desde ella administrar acciones de un negocio en El Salvador. Los dividendos no tributarán en ninguno de los países, y otro tipo de ingresos, como las regalías por uso de marcas, se beneficiarán de una reducción de impuestos significativa.
Los asesores fiscales no tardaron en darse cuenta de ello.
En su edición de septiembre de 2013, el Corporate Business Taxation Monthly, una publicación especializada en asuntos tributarios, publicó un artículo titulado: “Invertir en América Latina utilizando España y Curazao”. El texto está firmado por Wendell Meriaan, un asesor de KPMG, una de las big four, las cuatro consultoras más importantes del mundo.
Amicorp, una asesoría con sede en Hong Kong especializada en servicios a millonarios, también comenzó a promocionar la ruta Madrid-Curazao. En sus folletos, la empresa enfatiza que la estructura permite sacar dividendos de Colombia y Venezuela sin tributar en ningún país.
Pero este esquema puede funcionar igual en El Salvador, Panamá y República Dominicana; y permite reducir a casi un tercio el mismo tributo en Costa Rica. Al mismo tiempo, las regalías procedentes de esos países pueden beneficiarse de una rebaja fiscal del 50 por ciento.
Los Gutiérrez, quienes han sido clientes de Amicorp (la empresa les proveyó algunas de sus fundaciones en Curazao), tenían poderosas razones para establecerse en España.
4. La ruta Madrid-Curazao
Que la familia Gutiérrez decidiera crear un holding en España precisamente a comienzos de 2010 no parece producto del azar.
Para entonces, el CDI entre España y El Salvador acababa de entrar en vigor. El tratado suscrito con Costa Rica, aunque aún no estaba vigente había sido ya firmado y comenzaría a ser válido en solo unos meses.
Los convenios con Panamá y República Dominicana se estaban negociando y ambos se suscribirían durante el siguiente año.
En otras palabras, en 2010, varios países en los que tiene presencia CMI estaban abriendo la puerta a reducir impuestos a las empresas españolas.
Al mismo tiempo, en Centroámerica, en 2010, estaban sucediendo otros asuntos clave.
Hasta ese momento, muchos de los países de la región no gravaban los dividendos. Los más ricos simplemente no tributaban por una de sus fuentes de ingresos principal. Pero a comienzos de la nueva década, la idea de crear este impuesto (que existe en casi todos los países del mundo) comenzó a cobrar auge. De hecho, el impuesto se introdujo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana entre 2012 y 2013 (en Panamá y Costa Rica ya existía).
CMI fue de las primeras grandes corporaciones guatemaltecas en establecerse en Madrid, pero no la única. Los Gutiérrez abrieron un camino que otras familias de la región siguieron. En 2015, creó un holding en España, la embotelladora Cabcorp (Pepsi y otros refrescos); y, en 2017, lo hicieron Cementos Progreso y la inmobiliaria Spectrum, tres de las mayores corporaciones de Guatemala.
La familia Poma, de El Salvador, también trasladó a España en 2015 la propiedad de sus centros comerciales y hoteles en Costa Rica. Como muestran las cuentas de sus sociedades en Madrid, los Poma se beneficiaron de los CDI suscritos por España para tributar menos en Costa Rica que si se presentaran como inversores salvadoreños.
Miembros de la familia Kriete, accionistas de Avianca, crearon un holding en Madrid en 2017 para gestionar sus negocios de mantenimiento de aeronaves, aunque aún no existe información de las operaciones de esta empresa.
5. Las ventajas de ser español
En las reuniones celebradas con este medio, CMI negó cualquier motivación fiscal para establecerse en Madrid. La empresa enfatizó que su principal objetivo fue trasladarse a una “jurisdicción de primer mundo” y explicaron que la estructura que crearon es “cara” y no representa un ahorro importante.
“Estamos de acuerdo en utilizar los beneficios fiscales a los que tenemos derecho, pero nuestras decisiones no son tax driven (motivadas por lo fiscal). Nuestras decisiones se basan en las exigencias de nuestros accionistas y estas son “business driven” (motivadas por las necesidades de negocio)”, expuso Martínez Sanche, uno de los gerentes de la empresa.
Reconocieron que no tributan en España, Holanda o Curazao, pero aseguraron que la mayoría de sus ingresos no se benefician de las exenciones o reducciones de impuestos previstas en los CDI españoles.
Esto ocurre, según explicaron, porque gran parte de sus dividendos no cumplen con algunos de los requisitos técnicos de los tratados españoles. Además, en un caso, el de las regalías procedentes de El Salvador, aseguraron que no se han aplicado los beneficios españoles por prudencia, aunque en teoría sí tienen derecho a ellos.
Es decir, los Gutiérrez no sacan provecho de todas las exenciones de la ruta Madrid-Curazao. Sin embargo, sí admiten que gracias a su holding español pagan menos impuestos.
Sus dividendos procedentes de Movistar en Panamá y El Salvador no tributan en ningún país, y la mitad de los originados en Costa Rica se benefician de un descuento fiscal de casi el 70 %. Además, sus regalías generadas en Costa Rica y República Dominicana también pagan la mitad de impuestos de los que pagaría una empresa que no sea española.
En el caso de Movistar, esto significa que entre 2015 y 2017 los Gutiérrez sacaron de Panamá y El Salvador 36.6 millones de euros, que no tributaron en un ningún territorio.
En la primera entrevista, CMI argumentó que en Movistar son socios de Telefónica y que los beneficios de los tratados fueron reclamados por la transnacional española, no por ellos. Esto es cierto, pero los accionistas españoles de Telefónica sí están sometidos a un tributo del 19 % en España por sus dividendos generados en el extranjero. Los propietarios de CMI no pagaron impuestos por ellos en ningún país.
Además, cuando los Gutiérrez cobren por la venta de sus participaciones en Movistar en El Salvador y Panamá (vendidas recientemente a Claro y a Tigo) los beneficios también estarán exentos de tributación. La familia guatemalteca obtendrá unos 340 millones euros por la venta.
En Costa Rica, el beneficio consistió en que los Gutiérrez obtuvieron, en el mismo periodo, 5.5 millones de euros que en vez de ser sometidos a una retención del 15 por ciento, fueron gravados un cinco por ciento. Estos ingresos provinieron de la Fábrica de Harinas de Centroamérica (Fhacasa).
En total, los propietarios de CMI se ahorraron solo en El Salvador, Panamá y Costa Rica, entre 2015 y 2017, 4.1 millones de euros en impuestos sobre dividendos, según un cálculo basado en las tasas impositivas de cada país.
En el caso de las regalías pagadas en Costa Rica y República Dominicana, no se pudo determinar a cuánto ascendió el flujo de dinero enviado a España y por tanto fue imposible calcular el descuento obtenido por los Gutiérrez
Pero el beneficio fiscal de esta estructura será mayor en el futuro.
Una de las grandes inversiones actuales de la corporación es su participación en las centrales solares Bósforo, en El Salvador. Cuando este negocio comience a repartir dividendos, estos también estarían exentos de tributación en país alguno. CMI asegura que quizás no utilicen el beneficio fiscal llegado el momento. “No lo hemos tenido en cuenta en nuestro plan de negocio, pero se decidirá llegado el momento”, dijo Augusto Quiñones.
Además, tres expertos en tributación internacional consultados coincidieron en que la estructura creada por CMI tiene un potencial mayor al que la corporación utiliza en la actualidad; que con facilidad podrían emplear el holding para obtener más beneficios fiscales que los que ahora admiten obtener.
Los tratados fiscales no son aplicados por las autoridades tributarias, sino que son las propias empresas las que se los aplican, como explicó el Ministerio de Hacienda de El Salvador en una solicitud de información.
Es decir, es CMI quién decide cuáles de sus ingresos se benefician de los descuentos o exenciones previstas en los CDI españoles y cuáles no. Los recaudadores de impuestos solo están al tanto en el caso de que les practiquen una inspección fiscal.
En la actualidad, el uso que hace CMI de su vehículo es moderado. A muchos de sus ingresos no se les aplican los tratados españoles. Pero eso podría cambiar en el futuro, coincidieron los expertos consultados, bastaría con que hicieran algunos cambios en la estructura del holding.
Digamos que los Gutiérrez crearon el vehículo pero este aún no funciona a pleno rendimiento.
6. El valor de las ideas
CMI se paga a sí misma regalías por el uso de su propiedad intelectual. Al hacerlo, la corporación convierte dinero generado en Centroamérica en los ingresos de una ETVE española llamada CMI IP Holding.
En 2014, los Gutiérrez transfirieron sus marcas, logotipos y patentes a esta sociedad. Después, CMI IP Holding comenzó a cobrar a las empresas de CMI por usar estos bienes.
Las regalías que ingresó esta empresa, según información presentada en el Registro Mercantil de Madrid, ascendieron a 109 millones de euros entre 2015 y 2017. De este monto, 61 millones de euros fueron después transferidos como dividendos a fundaciones privadas en Curazao.
Sea o no española, la propia existencia de una sociedad de CMI IP Holding puede utilizarse para tributar menos.
Como explicó el auditor guatemalteco de grandes empresas “la propiedad intelectual es una de las formas principales de convertir beneficios en gastos, para obtener beneficios fiscales”.
Es habitual que las transnacionales tengan una filial dedicada a la investigación o a administrar marcas y patentes, y que esta empresa cobre a las demás del grupo regalías.
Pero hacer esto también suele tener ventajas fiscales.
Si la filial salvadoreña de Pollo Campero gana 100 dólares y paga 15 a una sociedad española propietaria de su marca, sus impuestos sobre la renta en El Salvador se calcularán sobre 85 dólares, no sobre 100. Ahí, hay un primer ahorro.
El propietario de los 15 dólares de regalía, la empresa española, tendrá que pagar un impuesto sobre ese ingreso en El Salvador, pero las tasas sobre propiedad intelectual (aunque se aplican a ingresos brutos) son siempre más bajas que los impuestos sobre los beneficios y más aún si hay un tratado fiscal. En El Salvador, por ejemplo, la tasa sobre beneficios para grandes contribuyentes es del 30 %, pero las regalías pagan un impuesto del 20 % y del 10 % si la empresa española. Ahí, hay un segundo ahorro.
Por eso, las empresas tienen el incentivo de convertir sus beneficios y regalías, y en ocasiones, abusan de ello, inflando los precios que pagan por usar sus marcas y patentes.
'Podemos vender plátanos a unos precios exorbitantes, pero las empresas que se dedican a un fraude tan burdo corren un elevado riesgo de verse rectificadas por el fisco. Nada menos arriesgado, en cambio, que manipular precios de patentes, logos, marcas o algoritmos ya que el valor de estos activos es intrínsecamente difícil de fijar', escribe el economista especializado en paraísos fiscales Gabriel Zucman en su libro “La Riqueza Oculta de las Naciones”.
La OCDE cataloga las regalías pagadas dentro de un grupo de empresas como una fuente de lo que llama “erosión de la base fiscal y traslado de beneficios”. Se trata de un conjunto de prácticas que buscan “segregar el lugar donde las empresas generan sus beneficios del lugar donde los declaran a efectos fiscales”, como expone un documento de la organización.
La OCDE recomienda que el cálculo de cuánto se paga por el uso de una marca interna tiene que corresponder con las funciones y los riesgos que realmente asume la empresa que las posee.
CMI explota marcas, como Pollo Campero, en las que ha empleado mucho dinero, no hay duda. CMI IP Holding pagó por esta y otras marcas del grupo, y se endeudó para ello, en principio, asumiendo un riesgo que debe compensarse. También es cierto que CMI IP Holding, aunque no tiene sede propia y solo cuenta con dos empleados, sí tiene capacidad para, por ejemplo, contratar expertos que mantengan las marcas del grupo en registros de la propiedad intelectual o que realicen trámites similares.
Por tanto, CMI IP Holding sí puede cumplir funciones útiles para CMI y merece cobrar por ello. Pero la pregunta es: ¿cuánto?
¿Es razonable que una empresa como esta generase dividendos por 61 millones de euros en tres años, más que todos los restaurantes de Pollo Campero de CMI en Centroamérica juntos, casi tanto como toda su división de molinos y harineras en la región?
La empresa niega que utilizó CMI IP Holding para desviar beneficios. En la primera entrevista expusieron que “la operación es cara”, no les reporta ventajas fiscales significativas y que para crearla tuvieron que pagar impuestos por el traspaso de la propiedad intelectual a España. Según ellos, CMI IP Holding soporta una carga fiscal de alrededor del 20 % de su beneficio.
Describieron a esta compañía como una empresa real, que contrata los servicios profesionales de unas 44 personas en varios países y se ajusta a las normativas internacionales.
Sin embargo, las cuentas de CMI IP dejan claro que se trata probablemente de la empresa más rentable de los Gutiérrez. Con dos empleados y una inversión en servicios profesionales que ascendió en promedio a 360,000 euros en los últimos tres años, lograron unos dividendos tan elevados como empresas con miles de empleados y costos de operación de millones.
7. Todo legal, todo cuestionable
Se establecieron en Madrid, aunque apenas desarrollan allí una actividad económica real. Algunos de sus ingresos se benefician en Centroamérica de ser españoles y simultáneamente, en ese país, de exenciones destinadas a extranjeros. Ganan millones de euros que no tributan o que se benefician de rebajas tributarias sustanciales.
Los propietarios de CMI hacen todo eso. Y todo es legal.
Para Carlos Cruzado, el dirigente sindical del Ministerio de Hacienda español, prácticas como estas no solo están dentro de la ley, sino que España las incentiva. “Hemos querido competir con Luxemburgo u Holanda”, criticó Cruzado.
Para que una sociedad creada por extranjeros se beneficie del régimen ETVE no es necesario que opere realmente en España. Puede existir solo en el archivador de un bufete de abogados.
Saturnina Moreno, directiva del Centro Internacional de Estudios Fiscales de la Universidad de Castilla La Mancha (España), explicó que no se exige que los negocios que posee una ETVE se dirijan desde España. Lo que espera es que se gestionen desde allí sus acciones. Esto se da por cumplido, expuso Moreno, cuando un directivo de las empresas reales ocupa un cargo en la ETVE.
Tampoco hay dudas sobre si las ETVE pueden beneficiarse de los tratados fiscales suscritos por España. Sí pueden, salvo que el tratado lo impida. Pero los CDI suscritos por España solo lo hacen, y parcialmente, en ciertas ocasiones o cuando el otro país lo ha exigido.
Es el caso de Argentina, que tenía un tratado fiscal con España desde 1992 y dos décadas después forzó una renegociación del mismo cuando se dio cuenta de que inversores de todo el mundo se establecían en España principalmente para que sus dividendos y regalías tributaran menos en Argentina.
Los países de Centroamérica aceptaron el trato ofrecido por España, pero no previeron apenas salvaguardas.
Un exasesor del Ministerio de Hacienda de El Salvador que participó en las negociaciones del CDI suscrito con España, aseguró que durante las mismas fueron conscientes de que se abrían oportunidades a la elusión, sin embargo, “prevaleció la idea de que al ofrecer beneficios fiscales se hacía el país más atractivo”.
Pero que estas prácticas sean legales, no significa que no sean cuestionables. La OCDE ha señalado en sucesivos informes desde 1987 que empresas que están exentas en el país donde residen, como las ETVE, no deberían también beneficiarse de ventajas fiscales en los lugares donde invierten gracias a los tratados fiscales. La organización ha calificado estas situaciones como “abusivas” o “inapropiadas”.
El criterio de la OCDE es que los tratados funcionan bajo el principio de que si un Estado renuncia a cobrar un impuesto u ofrece una rebaja tributaria, lo hace en el entendido de que será el otro país el que gravará el ingreso. Si no no existe esa reciprocidad, se disparan las posibilidades de eludir impuestos.
En 2017, de hecho, la OCDE recomendó introducir una cláusula en todos los CDI suscritos en el mundo de manera que las ETVE y otros regímenes equivalentes, no obtengan ciertos beneficios fiscales de los tratados. Poco después, España y muchos otros países firmaron una convención en la que se comprometieron a reformar sus CDI siguiendo esta recomendación.
El tratado sin embargo, aún no ha sido ratificado totalmente por España. Fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2018 y ahora espera el visto bueno parlamentario. Aun así, no está claro si la entrada en vigor de esta convención conduciría necesariamente a que estructuras como la que creó CMI dejen de tener efecto.
“Da la sensación de que se está haciendo muy poco contra la elusión. No sé si es porque España tiene interés en ser una guarida fiscal o más bien por el miedo o las presiones de los mercados, pero muchas puertas siguen abiertas”, dijo el economista español y ex rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Juan Antonio Gimeno.
Mientras tanto, gracias a España, el dinero puede seguir fluyendo desde varios países de Centroamérica a Curazao.
