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Reconciliación sin justicia: la herida que aún sangra en El Salvador

Gisela De León

 
 

El Salvador enfrentó las más graves violaciones de derechos humanos durante los 80, en el marco de un conflicto armado en el que el Ejército atacó sin tregua a la población civil. La justificación: eliminar a un enemigo interno que merecía enfrentar tortura, desapariciones forzadas, masacres, y otras atrocidades que quedaron en la historia del país.

Sin embargo, la memoria es débil y el olvido se transforma en enemigo para quienes llevan más de 30 años exigiendo justicia por lo ocurrido. El intento más fuerte por procurar impunidad vino de la misma Asamblea Legislativa, que promovió un proyecto de ley en tiempos difusos, con artimañas para acelerar la discusión y promulgar una amnistía.

La discusión del anteproyecto de “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional” tenía el objeto de obedecer lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en su sentencia del 13 de julio de 2016. En dicha resolución, se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la consolidación de la Paz, aún en vigencia, y se ordenó una serie de medidas para transitar hacia una norma respetuosa de las obligaciones internacionales del Estado.

Como representante de miles de víctimas de las violaciones ocurridas en El Mozote y lugares aledaños, junto con Tutela Legal y María Julia Hernández, solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que otorgara medidas provisionales para proteger el derecho al acceso a la justicia de nuestros representados.

Mientras, en la Asamblea, la discusión se veía inminente, hasta que este Tribunal resolvió que El Salvador debía respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos –que asumió de manera voluntaria– y debía ponerle freno a la discusión. Al resolver, la Corte Interamericana consideró que se trataba de un caso extremadamente grave y urgente, en el que existía un riesgo inminente de daño irreparable al derecho al acceso a la justicia de las víctimas.

La resolución de la Corte IDH, emitida el 28 de mayo de este año, tuvo reacciones preocupantes de parte del mismo poder legislativo. Éstas apuntaban a que esta respuesta del más alto tribunal interamericano constituía un oprobio a la soberanía nacional. En sus declaraciones públicas, algunos diputados insistieron en que una corte extranjera les obligaba a no ejercer su rol, argumentando que no podían cumplir lo ordenado.

Quienes apuntan a convertir a un tribunal, que es el último recurso para quienes se les ha negado la justicia en sus países, en el enemigo de la autonomía nacional, desconocen que el proyecto contenía disposiciones graves que pretendían dejar en la más severa impunidad a los responsables de todas las atrocidades cometidas. Estas violaciones a los derechos fundamentales son hoy la cicatriz que aún no cierra en El Salvador.

En la práctica, el proyecto en discusión limitaba la cantidad de casos que podrían ser discutidos, prohibía la prisión preventiva como mecanismo para asegurar que el proceso se diera con las garantías para sus demandantes y eliminaba la posibilidad de que quienes incurrieron en tortura, asesinatos, violaciones, entre otros crímenes de lesa humanidad, pudieran pagar con pena de cárcel los daños ocasionados.

Asimismo, la manera en que se había dado la discusión hasta ese momento había excluido a las protagonistas ─sobrevivientes de estas violaciones y que se han mantenido en resistencia frente a la impunidad─ de aportar en las disposiciones de la llamada Ley de Reconciliación Nacional.

Aún más grave: según los diputados la intención era acatar lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en 2016. Sin embargo, el proyecto de Ley preparado desconocía lo establecido en la referida sentencia, en el sentido de que la norma que debía ser adoptada por el legislativo debía respetar “la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas, en especial, los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial, el derecho a la reparación integral, el derecho a la verdad y la garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH […]”.

Como representante, hago hincapié en que el freno de esta iniciativa no es un atropello a la soberanía, sino más bien una oportunidad histórica de llevar a cabo un proceso amplio, participativo y respetuoso de los derechos de todos y todas.

Esta pausa le permitirá a la Asamblea Legislativa ejercer su rol en sintonía con los valores democráticos, que permitirán avances sustanciales para un país donde, hasta ahora, la muerte ha llegado antes que la justicia.
En su resolución, la Corte Interamericana le da al Estado de El Salvador el plazo de un mes para presentar un informe sobre sobre los temas abordados en ella para que, posteriormente, el pleno del Tribunal conozca el asunto en su próximo período de sesiones que se llevará a cabo en el mes de septiembre.

Esperamos que la Asamblea Legislativa no solo escuche el llamado de la Corte Interamericana, sino de la comunidad internacional que se pronunció en contra del proyecto de Ley que se pretendía aprobar, y adopte una legislación en los términos ordenados por la Sala de lo Constitucional. Si la Asamblea Legislativa quiere ejercer su rol de la manera correcta, debe garantizar que la normativa respete y reconozca los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Mientras, los y las sobrevivientes del El Mozote siguen reconstruyendo su memoria para que no se olvide y para que El Salvador, en su conjunto, la acoja como parte de esa historia que no se ha contado. Así, esa cicatriz incesante podrá repararse, poco a poco, rehabilitando el tejido social roto y dando pie a un Estado más justo y más democrático.

Gisela De León es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, y especialista en derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente es la directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Twitter:  https://twitter.com/gis25776
 
Gisela De León es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, y especialista en derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente es la directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Twitter:  https://twitter.com/gis25776

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