El cambio político llegó acompañado de dos descalabros y una sorpresa. Los grandes partidos que hegemonizaron la posguerra sucumbieron ante el empuje arrollador de la candidatura que salió de uno de ellos y entró a la competencia electoral con la bandera de una agrupación con origen y trayectoria tradicionales. Además quedó un misterio, todavía: las fuentes de donde salieron los millones de la campaña.
El presidente Bukele dio la sorpresa con una fórmula inédita integrada por GANA, procedente en línea directa de los mismos de siempre, y Nuevas Ideas, con la bandera nueva de la golondrina captando el rechazo hacia los primeros. Así se ha perfilado una situación nueva por el cambio presidencial y, además, por la derrota de las hegemonías de posguerra.
Los descalabros fueron sísmicos y ocurrieron en las mayores agrupaciones que dominaron la política desde los Acuerdos de Paz. En realidad, fueron bloques, más que agrupaciones, porque integraron fuerzas políticas, corrientes sociales y conglomerados empresariales. También hubo ahí medios de comunicación, líderes (más hombres que mujeres) de las opiniones dominantes y los financistas que aportaron los billetes.
Ahora asistimos a un viraje. A los episodios dramáticos y turbulentos que hemos vivido en los últimos períodos se suma el resultado electoral de febrero. La decisión de una mayoría abrumadora canceló las poderosas hegemonías de Arena el FMLN. Si solo nos quedamos con eso podríamos afirmar que estamos en el final de la posguerra.
Al tener presente las tendencias y las coyunturas del siglo XX se pueden encontrar indicios para esclarecer este tiempo. Desde la larga duración de los años y las décadas se ve un cambio político notable; mientras que en la coyuntura actual aparece otro cambio, aunque de menor alcance y de resultado incierto. En el centro de las dos perspectivas se encuentra la democracia, nuestra democracia, ante el autoritarismo, también nuestro, patriarcal y violento.
Desde la perspectiva larga, en la posguerra hubo un milagro y varias perversidades. Nuestra República tiene doscientos años de edad (en realidad, un par de años menos) y, en ese tiempo, nunca había tenido controles sobre el poder del Ejecutivo. Eso se dice fácil, pero es tan difícil como encontrar estacionamiento en San Salvador, constructores responsables en los grandes proyectos o distribuidores de “lapapalapapa” que no rompan el tímpano.
El control constitucional sobre los actos de los órganos de gobierno parece un milagro, pues nunca en la historia de la República había imperado con vigor, más allá de un par de sentencias. Ahora, durante la posguerra, hemos tenido nueve años de sentencias constitucionales sin desacatos exitosos de las agrupaciones hegemónicas, a pesar de sus intereses contrariados. Por eso pareció un milagro, aunque fue, más bien, el resultado de una correlación política singular causada por la alternancia, en 2009.
Otros acontecimientos extraordinarios se produjeron en forma simultánea, como el acceso a la información pública, la independencia de los órganos de gobierno y el control público de la competencia empresarial. Todo eso sucedió durante el tiempo de las mayores libertades ciudadanas. Nunca tuvieron tanta vigencia los controles del poder público ni nunca hubo, al mismo tiempo, tanta libertad ciudadana junto al resplandor reivindicativo de las mujeres. Así se configuró un Estado democrático y constitucional, aunque todavía sin raíces firmes.
Estamos, entonces, en ese mundo nuevo. Durante la posguerra, con la excepción de un par de coyunturas críticas, ha imperado la gobernabilidad fluida y estable. Sin embargo, la fuente de esa condición fue el manejo perverso, corrupto, de los fondos reservados de la presidencia. Así se forjó una gobernabilidad nueva después de la guerra. No; no era nueva, procedía del autoritarismo y pasó a los gobiernos de la guerra. La venta de las acciones de la privatización bancaria operó bajo esa fórmula, con una diferencia: los fondos públicos sanearon las cuentas de los bancos que pasaron a conglomerados seleccionados previamente y financiaron la concentración accionaria. En los años siguientes, y hasta hace poco, la gobernabilidad se basó en la chequera presidencial. A la par del control constitucional hemos tenido, entonces, una gobernabilidad forjada con los cheques de la presidencia. ¿Cómo será la gobernabilidad ahora con el cambio político de la coyuntura?
Esta última pregunta resume el dilema de la actualidad. Vivimos una coyuntura en la que se encuentran la configuración incipiente de la democracia constitucional y la dura consistencia del autoritarismo histórico. Si en nuestra convivencia aflora la matonería, en la cultura política irradia el autoritarismo. Por eso, precisamente, ha sido una especie de milagro que la correlación entre las fuerzas políticas –en 2009–2011– favoreciera el control constitucional, a pesar de los enojos partidistas. Cualquier lectura de las tendencias dominantes en los dos siglos republicanos muestra la constante del atropello a los derechos de la ciudadanía y la excepción del control de los poderes públicos.
Una mirada a los debates políticos recientes encuentra en el primer plano el tránsito hacia otra coyuntura, con el inicio de un liderazgo presidencial que enfrentará factores críticos, como la guerra de las pandillas, debiendo definir si pone los procedimientos democráticos y constitucionales en el primer lugar o los manda al quinto. En esa materia no parece haber lugar para el centaveo, porque requiere compromisos con la mayoría, por supuesto, pero sobre todo con las minorías. En el siglo XX, los supuestos depositarios de la mayoría –hubo uno emblemático en la primera mitad– han tendido al atropello de las minorías, ignorando que los cambios son inexorables y aquellas, a la vuelta de los años, se convierten en la nueva mayoría.
En este tiempo contamos con la experiencia del control constitucional y del acceso a la información pública, con acciones de las mujeres y los hombres jóvenes que ejercitan su libertad, con el despliegue de corrientes intelectuales y prácticas periodísticas que han mostrado un vigor crítico incomparable. Ahí hay una irreverencia ante los poderes que no tiene parecidos en los dos siglos de la República. Ese caudal parece contar con vigor suficiente para ordenar los desarreglos que podrían tener los controles de la democracia en medio de la reestructuración de los poderes que está en marcha. Esa ya es una realidad, sin que podamos saber cuánto tiempo llevará el forcejeo entre el Estado democrático constitucional y el autoritarismo. Conocer de quiénes son las chequeras que pagaron las facturas de las campañas electorales podría ser uno de los indicadores de la salida lenta o rápida de la posguerra.
