En su libro El Príncipe, Nicolás Maquiavelo planteó una guía indispensable para gobernar. Fue publicado hace casi cinco siglos (específicamente en 1532), y sigue siendo un referente académico en las escuelas de ciencia política y administración pública alrededor del mundo. Y, aunque no lo parezca, las apreciaciones de Maquiavelo en el contexto de una Italia dividida, violenta y corrupta aún encuentran una aplicación en la política actual.
Sin duda quienes se privan de su lectura –sobre todo si son políticos– deberían reconsiderar su concepción de lo que implica la administración del gobierno mediante las palabras de Maquiavelo. Uno de los tantos temas esenciales en el libro, es la elección de ministros, consejeros o secretarios, una situación que se ha venido desarrollando en las últimas dos semanas en El Salvador. La elección de funcionarios como: Romeo Rodríguez (Ministro de Obras Públicas), Alejandro Muyshondt (asesor de seguridad), Rogelio Rivas (Ministro de Justicia y Seguridad Pública), Arriaza Chicas (Director de la PNC), Pablo Anliker (Ministro de Agricultura), Gustavo Villatoro (Director de Aduanas), Carlos Paredes (Banco Central de Reserva), puede analizarse ante dos principios que Bukele debió valorar de acuerdo con Maquiavelo.
El primero es el siguiente: “[...]La primera opinión que se tiene del juicio de un príncipe se funda en los hombres que lo rodean”. La controversia no se hizo esperar entre los ciudadanos después de conocer los nombres antes mencionados. Los perfiles han sido cuestionados en torno a la meritocracia y experiencia. Por ejemplo, al ministro de Obras Públicas se le ha cuestionado por su falta de técnica e inexperiencia en la administración pública, así como por su capacidad para echar a andar proyectos de envergadura que demandaría el MOP, tales como: solventar la situación caótica del tráfico o proponer solucionar la situación en la carretera de Los Chorros. La elección de los primos Anliker, por su parte, ha sido señalada como “compadrazgo”, sumado a su falta de experiencia más la vinculación de Pablo Anliker a las empresas ALBA.
Destaca también el nombramiento del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien carece de experiencia en seguridad pública junto a uno de sus principales asesores y una cúpula de la Policía Nacional Civil manchada por violación a los derechos humanos, como el caso de Carla Ayala, quien fuese asesinada a manos de elementos del Grupo de Reacción Policial (GRP) de la PNC que estaban bajo la dirección del nuevo director de la corporación. A todo ello debe agregarse la incorporación de exfuncionarios de la administración Saca, como el nuevo director de Aduanas y el presidente del BCR, este último acusado de estafa en el año 2016 cuando era director de PROESA.
El segundo de los principios es: “No podrá considerarse prudente a un príncipe que el primer error que comete lo comete en esta elección […]” Y es que si de prudencia se trata, esta queda minimizada con semejantes elecciones. Los adeptos de Bukele sugieren que debe darse el “beneficio de la duda” a todos los ministros y funcionarios. Sin embargo, olvidan que dar el beneficio de la duda podría implicar, en el peor de los casos, la pérdida de vidas humanas, como en el caso del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la PNC. ¿Acaso el Estado no debería mitigar los riesgos? Lo prudente, desde la lógica de Maquiavelo y la administración pública, debió ser la elección de funcionarios con el mínimo de margen para cometer errores de aprendizaje que repercutieran en la ciudadanía. De lo contrario, el compadrazgo y la presión política de GANA, que pareciera estar quedándose con el aparato de seguridad, pesan más que el bienestar general.
El común denominador de los nombramientos mencionados es la confianza personal de Bukele en sus elegidos, la cual pareció primar sobre la ética y la meritocracia. Para algunos, que el presidente se rodeara de estos hombres queda justificado por la confianza política. Sin embargo, hay dos elementos que funcionan para superar ese viejo paradigma: la ética y la meritocracia. Si se seleccionaran perfiles con ética, por resultado se tendría a funcionarios en quien confiar los asuntos del Estado, y, complementada con la meritocracia, se hubiese podido dar paso a una generación de ministros legitimados no por la fuerza o autoridad del Ejecutivo, sino que por sus características intrínsecas. En este sentido, el presidente se encuentra rodeado de funcionarios que no solo están lejos cumplir mínimos técnicos, sino que se ven en entredicho ante actuaciones de carácter inmoral e ilegal. En otras palabras, el ciclo de la corrupción e incapacidad en los ministerios e instituciones parece que continuará, solo que ahora a cargo de nuevos responsables.
Finalmente, Maquiavelo sugirió cómo debe considerarse a un gobernante ante la elección de sus ministros: “Cuando son de una suficiente capacidad podemos tenerle por prudente […]. Pero cuando son de otro modo, debemos formar sobre él un juicio poco favorable; porque ha comenzado con una falta grave tomándolos así”. Lo que queda esperar es que el proceso de aprendizaje no sea tan prolongado como para arrastrar por años deficiencias y retrasos que terminen por agudizar la gravedad de problemas del país, como la violencia e inseguridad, el tráfico interminable, la recuperación del agro, etc. ¿Podrán los miembros del gabinete solventar su incapacidad o buscarán continuar maquillando día con día la falta de líneas estratégicas a punta de márketing y redes sociales?
