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Política social: de la institucionalidad a la incertidumbre

Lorena Valle Cuéllar

 
 

Una de las primeras acciones de la nueva administración dirigida por el presidente Bukele ha sido la eliminación de cinco secretarías de la presidencia: la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Gobernabilidad, la Secretaría de Vulnerabilidad, la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción; y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Si bien los programas ejecutados por algunas de ellas ya han sido reasignados a otros ministerios, se desconoce el enfoque y alcance que esta nueva administración pretende darles.

El argumento en el que basa esta medida es el de hacer más eficiente al Estado. Esta idea no tiene nada de nuevo, y sus orígenes datan del siglo pasado. Pero más allá de exponer el sustrato teórico e ideológico en el que se basa esta medida, me interesa plantear qué implica la eliminación de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (Seteplan) en particular.

Concebida inicialmente como Secretaría Técnica de la Presidencia, fue creada por decreto ejecutivo en la gestión de Francisco Flores (Decreto Ejecutivo No. 1, del 1 de junio de 1999), y convertida en Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia con la reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo el 11 de junio 2014, al inicio de la gestión de Sánchez Cerén.

En resumen, la Seteplan servía para tres cosas: garantizar la coordinación interinstitucional del órgano Ejecutivo, y específicamente en los gabinetes de gestión económica y social; coordinar el proceso de diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, para garantizar la viabilidad técnica de las acciones del gobierno y la coherencia de los esfuerzos realizados desde las distintas instituciones; y liderar la planificación de las políticas, programas e intervenciones del gobierno durante el quinquenio, empezando por la elaboración de un Plan Quinquenal, que representa el instrumento de política pública de más alto nivel, donde se establecen de manera explícita las prioridades de planificación y la hoja de ruta para el quinquenio.

Una de las tareas más importantes que lideró la institución en los últimos 10 años fue la coordinación de la política social nacional, a través del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), el cual aglutina los programas sociales dirigidos a los grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Entre estos se encuentran la Pensión Básica Universal, el Programa de Dotación de Uniformes y Útiles Escolares, Jóvenes con todo, la estrategia “Familias sostenibles” (antes Comunidades Solidarias), Ciudad Mujer, entre otros. Y albergaba, también, herramientas y fuentes de información fundamentales para la toma de decisiones, la planificación y la orientación de la política social, como el Registro Único de Participantes.

Las implicaciones directas de la eliminación de esta institución en la vida de los salvadoreños y salvadoreñas tienen que ver con la incertidumbre sobre la implementación efectiva e incluso la continuidad de programas sociales enfocados en combatir la pobreza y la exclusión; la aprobación de políticas trascendentales para visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres, como la Política de Cuidados y Corresponsabilidad; y la existencia de una institucionalidad especializada en velar por la inclusión y la atención de grupos poblacionales tradicionalmente excluidos del quehacer de la política pública, como la comunidad LGBTI+, las personas con discapacidad, y las personas adultas mayores.

El funcionamiento y la estructura de la Seteplan tenían debilidades y enfrentaban retos importantes en materia de coordinación interinstitucional, sistemas de información, y diseño e implementación de los programas sociales. Pero los pocos logros que se pueden atribuir a las gestiones anteriores en materia de política social surgen de la labor realizada desde esta institución, por personal con capacidades técnicas y conocimientos valiosos. Eliminarla, en lugar de reforzarla, significa atacar el corazón de la política social en el país.

Han pasado pocos días desde el inicio de la nueva administración y solo el tiempo dirá si esta medida representa un avance, un estancamiento o un retroceso en materia de institucionalidad y política social. Pero el tiempo apremia. En los próximos meses, la nueva gestión debe elaborar y presentar públicamente el Plan Quinquenal de Desarrollo (o un documento equivalente), el Plan Social (cuya obligatoriedad está indicada en la Ley de Desarrollo y Protección Social), y otros instrumentos que sirven para explicitar cuál será la hoja de ruta para el nuevo quinquenio. Es decir: qué va a hacer, a quién le corresponde hacerlo y cómo lo va a hacer.

Para ello, se deben reasignar de manera transparente y técnicamente viable las funciones de las Secretarías eliminadas a otras instituciones del Órgano Ejecutivo. Esto es fundamental, no solo para efectos de organización institucional, sino para garantizar que la política social siga siendo prioridad y no muera por falta de visión estratégica y planificación.

Lorena Valle Cuéllar es licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se ha desempeñado como ayudante en cátedras como Género y Economía e Introducción a la Economía Política. Actualmente se desempeña como investigadora en temas vinculados con Políticas Públicas.
 
Lorena Valle Cuéllar es licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se ha desempeñado como ayudante en cátedras como Género y Economía e Introducción a la Economía Política. Actualmente se desempeña como investigadora en temas vinculados con Políticas Públicas.

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Lorena Valle Cuéllar

 

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