A las 11:15 de la noche del jueves 13 de diciembre del año pasado, la Policía Nacional tomó por asalto la redacción de Confidencial y Esta Semana, los medios de comunicación independientes que dirijo desde hace más de veinte años. Sin exhibir una orden judicial o el mandato de alguna autoridad, los oficiales armados detuvieron a los guardas de seguridad privada, derribaron las puertas con violencia y durante más de cuatro horas saquearon nuestra redacción. Cuando logré entrar a la oficina en la madrugada del día siguiente, constaté que se habían robado todas las computadoras, equipos de edición y filmación de televisión, así como nuestros documentos institucionales, contables y privados.
Mi primera reacción fue responsabilizar al presidente Daniel Ortega por haber convertido a la Policía en una banda delincuencial, pues de acuerdo a la ley, él es el Jefe Supremo de la institución y el último responsable de una orden de esa naturaleza. Denuncié, además, que se estaba realizando una triple violación: contra la libertad de prensa, la libertad de empresa y la propiedad privada, pues el inmueble allanado y los bienes incautados no tenían relación con alguna de las organizaciones no gubernamentales a las que se despojó de su personería jurídica el doce de diciembre y que fueron allanadas la noche del trece, sino que pertenecían a tres empresas debidamente inscritas en el Registro Mercantil de la Propiedad: Invermedia (productora de Confidencial), Promedia (productora de Esta Semana) y Cabal (empresa consultora de servicios ambientales). Por último, emplacé al presidente Ortega, a la ministra de Gobernación y a la Fiscal General para que presentaran algún soporte legal para justificar la conducta delictiva de la Policía, pero nunca brindaron una respuesta oficial, excepto nuevos actos de agresión, intimidación y graves amenazas, que me obligaron a buscar refugio con mi esposa en Costa Rica, en enero de este año.
Unas horas después del asalto, en la noche del viernes 14, la Policía regresó a ocupar nuestra redacción y la mantiene tomada manu militari hasta hoy, seis meses después, ejecutando una confiscación de facto que está prohibida por la Constitución. Sin embargo, a pesar del robo masivo y la ocupación ilegal de nuestra redacción, jamás pudieron callarnos ni desviarnos de nuestro sagrado compromiso de informar la verdad. Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, se han mantenido en línea desde el mismo día del asalto, desafiando la persecución y la censura televisiva a través de las redes sociales, en Nicaragua y desde el exilio, haciendo el periodismo de calidad que se merecen los ciudadanos para fiscalizar el poder y promover el debate público, aun en medio de un estado de excepción de facto.
Desde entonces, hemos agotado todos los recursos legales y administrativos para demandar al Estado la devolución de los bienes confiscados y la indemnización por los daños económicos y morales provocados a las empresas y a los trabajadores de estos colectivos: el quince de diciembre fuimos a las oficinas del director general de la Policía a demandar la desocupación del inmueble, y la única respuesta que recibimos fue la violenta agresión de una brigada de antimotines. El 17 de diciembre introdujimos, ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, dos recursos de Amparo en nombre de las empresas Promedia e Invermedia, respectivamente, y un tercero el once de enero de 2019 en nombre de la empresa Cabal, propiedad de mi esposa Desirée Elizondo, demandándole a la Corte Suprema de Justicia que ordene “la suspensión del acto de apropiación y tenencia ilícita perpetrados por la Policía Nacional”. Los tres Recursos de Amparo fueron debidamente tramitados y admitidos por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, después de transcurridos los 120 días que manda la Ley, no se ha producido ningún fallo ordenando la suspensión del acto. El 19 de diciembre presentamos ante el Ministerio Público una denuncia para que investigue a la Policía Nacional por la comisión de los delitos de “robo con fuerza, daños a la propiedad, violación de domicilio, y usurpación de dominio privado”. Casi seis meses después, el Ministerio Público no ha ordenado investigar estos delitos que permanecen en la impunidad.
La única versión que se conoce hasta hoy, en un intento por justificar la confiscación, es el informe que presentó ante el Tribunal de Apelaciones el director general de la Policía, Francisco Díaz, alegando que al asaltar y ocupar Esta Semana y Confidencial estaba “cumpliendo órdenes” del Ministerio de Gobernación de tomar posesión de los activos y bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), de la cual soy miembro de su Junta Directiva, cuya personería jurídica fue despojada de forma arbitraria por la Asamblea Nacional el 12 de diciembre.
Sin perjuicio del recurso por inconstitucionalidad que Cinco presentó ante la Corte Suprema de Justicia por el despojo de su personería jurídica, la agresión del Estado contra Confidencial y Esta Semana no puede justificarse al amparo de la cancelación arbitraria de la personería a dicha oenegé, porque no existe una relación jurídica o económica vinculante entre ambas instituciones. Así como tampoco existe alguna relación entre la oenegé Cinco, cuyo domicilio desde enero del año 2018 se encuentra ubicado en Plaza España, y el inmueble allanado, ubicado en Planes de Altamira, del que soy su propietario como persona natural.
La única explicación plausible sobre el asalto a Confidencial es que la Policía Nacional recibió de su Jefe Supremo en El Carmen una orden política punitiva, con la intención de aplastar la libertad de prensa. De la misma manera, una semana después, el 21 de diciembre, asaltaron el canal 100% Noticias, capturando a sus periodistas y criminalizando el ejercicio del periodismo con el aberrante juicio político que impusieron contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.
La liberación de Miguel y Lucía, después de permanecer 172 días en la cárcel, representa el primer paso para restituir el derecho a la libertad de prensa en Nicaragua, pero aún faltan garantías plenas para ejercer el periodismo en libertad. Ortega debe cesar la persecución contra los periodistas y la campaña de intimidación y amenazas contra los medios, y ordenar al Estado la suspensión de los actos confiscatorios contra Confidencial y 100% Noticias, devolver lo robado, e indemnizar a los afectados por daños morales y económicos. Mientras tanto, la prensa independiente seguirá derrotando el monólogo oficial y la censura del régimen, que desde la matanza de abril perdió para siempre la batalla por la verdad.
