Luego de las denuncias por violaciones a los derechos laborales y a la Ley del servicio civil tras los despidos de alrededor de 400 empleados de Casa Presidencial, el presidente Nayib Bukele ha lanzado una advertencia a los magistrados de las salas de lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo para que no interfieran con las decisiones del Ejecutivo que, según dijo, están respaldadas por el pueblo.
El lunes 10, en la segunda reunión pública del Consejo de Ministros, Bukele insistió en que la Casa Presidencial despidió a unos 400 empleados porque, según dijo, eran militantes del FMLN. Como ya lo ha hecho con los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes ha advertido que si no le acompañan en sus propuestas la población les pasará factura, Bukele ahora apunta contra la Corte Suprema en lugar de defender, con argumentos, que detrás de los despidos en el Ejecutivo se ha respetado el debido proceso que garantiza la Constitución.
En la primera semana de la presidencia Bukele, si algo han tenido los despidos ha sido una falta de claridad. El domingo 2 de junio, cuando el presidente anunció la disolución de cinco secretarías, dijo que esto obedecía a una reestructuración en el Estado. En su primera comparecencia, el mandatario no explicó qué ocurriría con los empleados que laboraban para esas entidades. Luego, en los días siguientes, Bukele levantó esta bandera: que estos empleados nunca hicieron ningún trabajo y que en realidad eran parte de una 'fábrica de empleos' de la militancia del FMLN.
Los empleados despedidos han denunciado actos arbitrarios y violaciones laborales. El lunes 10, ante preguntas de la prensa, Bukele dijo estar al tanto de las demandas interpuestas contra su Gobierno, pero en lugar de demostrar que los despidos se habían efectuado como ordena la ley, salió al paso y dijo que estaba dispuesto a reinstalar en su puesto a todos los que lograran ampararse judicialmente. 'Si queremos que todo continúe igual, ¡hombre!, que les den resoluciones favorables [en la Sala] y ya vamos a ver cómo los recibimos y donde los reubicamos', dijo.
El presidente dijo estar dispuesto a acatar cualquier orden de reinstalo pero al mismo tiempo enfiló contra los magistrados. Dijo que estos debían ponerse 'del lado del pueblo'. 'Si la Sala de lo Constitucional nos ordena restituir a alguien, lo vamos a hacer, nadie está diciendo que no vamos a respetar su resolución, pero creo que la Sala de lo Constitucional debería de ponerse del lado del pueblo, y la Sala de lo Contencioso Administrativo igual', añadió.
La Sala de lo Constitucional ya cuenta con jurisprudencia sobre la obligación de las instituciones del Estado de respetar los derechos laborales de sus empleados. El jueves 6 de junio, por ejemplo, la Sala resolvió que la alcaldía de San Salvador de la gestión de Bukele (2015-2018) violentó los derechos laborales de Xochilt Marchelli, síndica de la municipalidad y representante ante el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM). El nombramiento de Marchelli era hasta 2018, pero la administración de Bukele decidió terminar el nombramiento cerca de un año antes. Ahora la Sala sostiene que la alcaldía no respetó el derecho de audiencia, defensa y estabilidad laboral de Marchelli.
Las contradicciones de Bukele
El presidente anunció el domingo 2 de junio, luego de la primera sesión del primer Consejo de Ministros, una reestructuración del Gobierno y la disolución de cinco secretarías adscritas a la Casa Presidencial: la Técnica, que dirigía Roberto Lorenzana; Inclusión Social (SIS), que dirigía Vanda Pignato; Anticorrupción y Transparencia (STA), que dirigía Marcos Rogríguez; Vulnerabilidad, que dirigía Jorge Meléndez; y la Secretaría de Gobernabilidad.
Desde el equipo del nuevo gobierno, uno de los principales anuncios divulgados la semana previa a la toma de posesión giraba en torno a la reducción de ministerios o secretarías. En el camino, sin embargo, nunca se mencionaron explicaciones que justifiquen los despidos y, horas después de realizados, el mismo Bukele tuvo que salir a dar contraórdenes en lo que más pareciera un ejercicio de prueba y error, sino es que desconocimiento de las labores que realizaban las oficinas adscritas a las secretarías diezmadas. En un tuit del 4 de junio por la tarde, Bukele no solo 'revivió' unidades que ya estaban disueltas sino que las trasladó a que dependieran de otros ministerios.
Estos cambios parecieron una respuesta a las fuertes críticas de organismos de derechos humanos que cuestionaron la disolución de unidades clave de la Presidencia para la población LGBTI y para el cumplimiento de las reparaciones para las víctimas de El Mozote ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primer caso, entre los despedidos anunciados por la Presidencia se encontraban los empleados de la Dirección de Diversidad Sexual de la SIS. Esa unidad, creada en 2010, ha promovido la creación de políticas públicas que prevengan la discriminación contra población vulnerable en la administración estatal, o ha intervenido en casos concretos de violaciones de derechos humanos. También estaban aquellos empleados la Secretaría Técnica y de la SIS que coordinaban procesos relacionados al cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH y al seguimiento de medidas de reparación para las víctimas de la masacre de El Mozote, como el registro único de víctimas, o la casa del Adulto Mayor en el caserío El Mozote.
El 4 de junio, dos días después de anunciar la disminución de la SIS, Bukele aclaró que la Dirección de Diversidad pasaría a formar parte del Ministerio de Cultura; y también informó que todos los empleados de Ciudad Mujer, el programa de la extinta SIS, pasarían a formar parte del nuevo Ministerio de Desarrollo Local.
En el mismo tuit, Bukele habló de una 'Dirección de reparación a víctimas' y dijo que pasaría al ministerio de Seguridad, al parecer, sin percatarse que una unidad denominada de esa manera no existe en las oficinas del Estado. Lo que sí existe es una 'Dirección de atención a víctimas' que, en todo caso, ya es una dependencia de Seguridad creada en 2011 y que tiene como objetivo la atención integral a víctimas de la delincuencia. Dos horas después, a las 4 de la tarde, Bukele escribió otro tuit con el que pretendía deshacer aquella orden de que desaparecían los coordinadores de los programas de reparación para víctimas de El Mozote. En su tuit, el presidente hacía referencia al reclamo que la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y los familiares de las comunidades afectadas por la masacre hacían al respecto de la disolución de las unidades que los atendían desde El Estado. 'Puede decirle a las víctimas del Mozote que [...] la reorganización del Estado jamás los afectará negativamente, sino todo lo contrario. Y que los recibiré el lunes a las 3 pm', escribió Bukele.
La reunión, sin embargo, fue reprogramada para el 18 de junio, y los empleados de las secretarías no tienen claridad sobre sus futuro laboral. Bukele solo ha dicho que los empleados de Ciudad Mujer serán reinstalados con sus mismas prestaciones al ministerio de Desarrollo Local y al Ministerio de Cultura (los que estaban en la Dirección de Diversidad Sexual).
Despidos sin proceso
A partir del lunes 3 de junio, alrededor de 220 empleados fueron notificados de que ya no eran requeridos en sus puestos de trabajo sin ninguna justificación. Cinco empleados despedidos de las secretarías de Inclusión Social (SIS), de Gobernabilidad y de Transparencia y Anticorrupción (STA) hablaron con El Faro y demostraron que al menos sus contratos con la Presidencia eran por la Ley de Salarios aprobada cada año por la Asamblea Legislativa. Estos empleados se perfilan como voceros de decenas de compañeros y señalan que en el caso de la SIS se han afectado a 120 empleados; en Gobernabilidad, 47; y en la STA, 60.
Entre lunes 3 y el miércoles 5, Recursos Humanos los convocó a reuniones en Casa Presidencial para anunciarles sus despidos. La jefa del departamento, Norma Vásquez, entregó cartas con el título “notificación de cesación de plazas” y, según dijo, lo hacía por “órdenes superiores”. Recursos Humanos depende de la Secretaría Privada, que ahora está en manos de una de las personas más cercanas del presidente Bukele, Ernesto Castro Aldana.
Las cartas entregadas a los empledaos hacían referencia a que las SIS, la STA y la Secretaría de Gobernabilidad habían sido derogadas por unas reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, contenidas en el Decreto 1 del Consejo de Ministros de Bukele, que tuvo lugar el domingo 2 de junio. “Por tanto, conforme a lo establecido en el mismo artículo 21 del mencionado Decreto de Reformas al Reglamento autónomo mencionado, su persona cesa en las funciones que desempeñaba en la plaza indicada, estando sujeto al beneficio establecido en el mismo artículo”, reza la carta.
Los exempleados plantean que los despidos están violentando los procedimientos legales establecidos para despedir a un empleado público, como la Ley de Servicio Civil, y en todo caso, están amparados en una reforma del Órgano Ejecutivo que aun no ha entrado en vigor.
Hubo quienes pidieron ver, en la reunión del 3 de junio, el texto del decreto, pero se les dijo que aun lo estaban afinando. Hasta la mañana del martes 11 de junio, el Diario Oficial no había recibido copia del Decreto 1 según confirmaron dos fuentes de la institución. Una ley o sus reformas no existen sino hasta después de que se publique en El Diario Oficial, por lo que la disolución de las secretarías de Presidencia no estarán en regla sino hasta que sean avaladas por el Diario Oficial.
El Diario Oficial tiene siete jefaturas y una de ellas confirmó que Casa Presidencial aun no les había enviado copia del Decreto 1. Otra persona, con acceso al sistema informático, revisó si ya había ingresado copia del decreto pero confirmó que no. “Solo han entrado decretos con renuncias de funcionarios”, dijo la fuente.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia solo había llamado telefónicamente, el lunes 3, para pedir que se apartara un espacio en el Diario Oficial correspondiente al 1 y 2 de junio. Esto es necesario porque el Diario Oficial no va al día. Por ejemplo, este 5 de junio, El Diario Oficial imprimió el ejemplar correspondiente al 26 de marzo de 2019. La publicación del ejemplar del diario, correspondiente a junio, comenzará en unos dos meses, confirmaron las fuentes a El Faro.
Las fuentes explican que para evitar atrasos en el Diario Oficial que perjudiquen el funcionamiento del Estado, esta dependencia recibe una copia del texto a publicar y emite una certificación que se convierte en el respaldo legal que las instituciones públicas necesitan para implementar lo establecido en los decretos, sin esperar que se publique la versión en papel. Para el martes 11, el Diario Oficial no había emitido ninguna certificación para el primer decreto de la presidencia Bukele.
A la fecha, el presidente ha dicho que han sido despedidos alrededor de 400 empleados. El nuevo secretario jurídico, Conan Castro, incluso ha dicho que la cantidad de plazas nuevas y las suprimidas depende de la Ley de Salarios que apruebe la Asamblea Legislativa. “Es la Asamblea Legislativa de donde dependen las plazas suprimidas”, dijo Castro, en un intento de desligar a la Presidencia de los despidos. “Esto es una reorganización del Estado”, dijo.
En las cinco secretarías en que han ocurrido despidos hay 274 plazas, según dice la Ley de Salarios para el 2019. La STA tenía aprobadas 53 plazas, la secretaría de Gobernabilidad, 33; y la SIS, 132; 53 la Técnica y 3 la de Vulnerabilidad. A la fecha se desconoce de dónde salen el resto de empleados despedidos que le permite al Gobierno decir que han dejado sin cargos a 400 empleados.
El nuevo gobierno ha dicho que el programa Ciudad Mujer pasará a ser gestionado por el nuevo ministerio de Desarrollo Local. Sin embargo, cuando se comunicaron los despidos, los empleados no recibieron una aclaración sobre si serán reinstalados en otros ministerios, o sus funciones serán asumidas por empleados de otras dependencias.
“Ustedes ya no existen”
El proceso de los despidos que narran empleados de las secretarías es muy similar. Después de convocar a los empleados para notificarles del cese de funciones, Norma Vásquez, la jefa de Recursos Humanos de la Presidencia, abrió un espacio de preguntas y respuestas para las que la funcionaria, según dicen testigos, no estaba preparada.
Una empleada de la secretaría de Transparencia, que estaba contratada bajo ley de salarios, dijo a El Faro que Vásquez no supo responder preguntas sobre la indemnización a la que hacía alusión la carta de despido o sobre el pago del salario del mes de junio. “Hasta ahora, esa indemnización que nos mencionaron, en la práctica, solo es una promesa verbal”.
Entre el lunes 3 y miércoles 5, Vásquez también dio a entender que se presentaría en la Asamblea Legislativa un anteproyecto para suprimir las plazas en la ley de presupuesto. Sin embargo, diputados de Gana y de Arena consultados por este periódico dijeron que no había ninguna iniciativa en ese sentido.
Las plazas de empleados que están bajo ley de salarios ya están incluidas en la ley de presupuesto general de la nación de 2019. Es decir, que aunque el presidente disuelva las secretarías, los fondos ya están asignados. Por eso se necesita una reforma a la ley de presupuesto para eliminar las plazas. Como eso no ha ocurrido, es una de las violaciones que señalan los afectados.
En la SIS, las labores habían sido irregulares desde el 24 de mayo, cuando la Fiscalía General allanó las instalaciones, en una investigación por destrucción de documentos oficiales. Los empleados no pudieron ingresar desde esa fecha porque el edificio seguía en custodia policial. “Durante el fin de semana pasado las jefaturas dijeron ‘esperen instrucciones’ por el cambio de gobierno. El lunes (3 de junio) estuvimos todo el día acá. Al final de la tarde nos avisaron que el martes (4 de junio) nos presentáramos a las 7:30”, dijo Braulio Larios, empleado de soporte técnico de la SIS.
A los empleados de la Secretaría de Gobernabilidad los notificaron el lunes a las 4:30 de la tarde, y a los de la STA a las 10:30 a.m. del martes. En ninguna de las reuniones se les compartió el texto de la reforma del Reglamento del Órgano Ejecutivo que da pie a la supresión de plazas. Una de las empleadas de la secretaría de Gobernabilidad que habló con El Faro y que trabajó en dicha oficina desde 2013 recuerda una de las frases que más la afectó: “Se nos dijo que nuestra comparecencia en las oficinas ya no iban ser necesarias. ‘¿Para qué van a venir’, nos decían, “si ustedes ya no existen”, narra.
En la Secretaría de Gobernabilidad, a los exempleados se les dijo, el lunes 3 por la tarde, que debían devolver el equipo informático y sus credenciales. Al día siguiente, no pudieron entrar siquiera a las oficinas en Casa Presidencial y tuvieron que esperar toda la mañana hasta que los empleados de la unidad de activo fijo comparecieran para recibirles los equipos. Solo entregaron las computadoras porque las credenciales tenían vigencia hasta julio de 2019, un detalle que, según creen, puede ayudarles para exigir estabilidad laboral.
Al mediodía del 4 de junio, el secretario jurídico de la Presidencia dijo a periodistas frente a las oficinas de la SIS, en la colonia Escalón, que no iba a haber despidos, sino que se trataba de una reorganización. “Cuando vino Norma [Vásquez] en la tarde, vino con otra versión: que según el acuerdo de ministros, las plazas quedaban suspendidas”, explicó Orlando Silva, del Sitrasis, sindicato de la SIS.
Los despedidos también denuncian que se les ha violentado el derecho a audiencia y defensa. Un proceso de despido de una plaza por Ley de Salario requiere, según la Ley del servicio civil, que el expediente del trabajador pase a estudio de una comisión del Servicio Civil que existe en cada una de las instituciones del Estado. “Pero nunca se nos dijo nada, y cuando se nos dio información después del 1 de junio fue información a medias. Hay que decir que no conocemos a ninguna figura de las nuevas autoridades”, dijo un empleado entrevistado.
“Cuando se hace la supresión de plazas, la ley de servicio civil establece un proceso. Hay que agotar aspectos como la evaluación técnica de los puestos de trabajo y una evaluación de capacidades para ver la reubicación del personal”, dijo Maritza Melara, especialista en derechos humanos de personas con discapacidad de la SIS. Otro empleado de STA que prefirió mantener su nombre anónimo explicó que no se hizo ningún examen técnico que justificara la eliminación de las plazas. “Lo único que nos enteramos que han solicitado de nosotros es el listado de nombres de las personas que laboramos en las distintas secretarías. No pidieron ni los perfiles ni los currículums como para decir que han hecho un estudio y una valoración de la reforma”, dijo.
Diversas sentencias de la Sala de lo Constitucional citan jurisprudencia en materia de respeto al derecho a la estabilidad laboral de los empleados públicos. Estos están progetidos bajo la Ley de Salarios, y a los que no están incluidos en la carrera administrativa los protege la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa. “Dichos servidores públicos […] sólo podrían ser despedidos o destituidos de sus puestos de trabajo mediante la tramitación del proceso o procedimiento establecido en la ley correspondiente”, dice la sentencia 494-2006, del 21 de agosto de 2008.
“A un empleado público se le puede despedir ya sea porque su plaza será suprimida o por una falta, pero en todo caso hay un procedimiento legal que seguir. Si las plazas se suprimen debe demostrarse que la plaza ya no era necesaria, no es solo de decirlo”, dice el abogado experto en materia laboral Jaime Solís.
Solís señala que la Ley de Servicio Civil, que regula los contratos de las peronas comprendidas dentro de la carrera administrativa, en su artículo 61 establece que habrá nulidad del despido o la destitución cuando la administración pública no sigue el procedimiento de ley.
Otras sentencias que protegen los derechos laborales de los empleados públicos son los procesos de amparo 404-2008, 207-2005, 1113-2008 y 10-2009 que recogen un servidor público puede retener su cargo siempre y cuando a) subsista su puesto de trabajo, b) no haya perdido su capacidad física o mental para desempeñar el cargo, c) desarrolle sus labores con eficiencia, d) no haya cometido falta grave establecida en la ley como causa de despido, e) subsista la institución en la que presta sus servicios, f) el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiere de confianza personal o política.
Los empleados despedidos también señalan como un error que no hubiera un traspaso de mando ordenado. “El nuevo Gobierno no tiene ni idea de quiénes somos. No conocen de nuestras competencias, ni de nuestro desempeño. No saben nada”, agregó una empleada de la Secretaría de Gobernabilidad.
La nueva administración y la última del FMLN nunca establecieron un proceso de transición como se acostumbró en las gestiones precedentes, debido a la negativa del presidente electo, que desestimó participar en las reuniones convocadas por el gobierno saliente. Por ello la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén tomó la decisión de entregar, mediante un acto público, toda la documentación de trabajo a la Corte de Cuentas de la República cuando lo habitual es que se entregue al gobierno sucesor.
Respecto del trabajo realizado, los informes y documentos elaborados, empleados de Gobernabilidad dijeron que por directrices del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cada empleado elaboró un respaldo personal de toda la documentación y que luego lo entregaron a la Corte de Cuentas, porque nadie del nuevo Gobierno se acercó. El 28 de mayo, el Gobierno saliente hizo un acto simbólico en el que entregó cajas con información sobre la gestión 2014-2019 a la Corte de Cuentas.
