Un acuerdo que Guatemala intentó mantener oculto por casi dos semanas fue firmado finalmente con Estados Unidos, en una decisión que implicará que miles de personas que huyen de sus países y que buscan asilo en Estados Unidos permanezcan en suelo guatemalteco mientras su solicitud es procesada por el saturado sistema estadounidense.
Autoridades en Estados Unidos y Guatemala ya confirmaron el acuerdo. El gobierno de Jimmy Morales emitió un comunicado intentando mostrar lo que su país había ganado del acuerdo, pero no explicó por qué había negado explícitamente toda posibilidad de acuerdo en los días anteriores.
La negociación entre Estados Unidos y Guatemala culminó este viernes 25 de julio, un día después de que Donald Trump evaluara la posibilidad de prohibir la entrada a todos los guatemaltecos que viajasen incluso legalmente. Días antes, Trump ya había amenazado con tomar medidas económicas contra exportaciones guatemaltecas e incluso contra las remesas de connacionales que según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) representan el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, 9 mil millones de dólares.
La decisión ha sido ampliamente cuestionada por analistas y políticos en Guatemala pues aseguran que el país no tiene los recursos necesarios para brindar la atención requerida a todos los solicitantes de asilo. En un año, podrían ser 100 mil las personas refugiadas en Guatemala a espera de que Estados Unidos estudie su solicitud de asilo, según explicó a El Faro el diputado Jean Paul Briere. Guatemala tiene un albergue en la ciudad, ubicado en la zona 5, pero los expertos aseguran que no es infraeestructura suficiente para atender a más migrantes .
El principio de ser un “país seguro” entró en vigor en 1954 después de que en 1951 las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre el Estatuto de Refugiado . Cuando alguien abandona su país para solicitar asilo en otro, esta segunda nación puede remitir a la persona a un tercer país que considere que puede darle las mismas atenciones. Un principio básico es la no devolución de las personas a los países de los que huyen.
La Convención y el Protocolo del Estatuto (en vigor desde 1967) establecen que los solicitantes de asilo tienen derecho a la vivienda, a la seguridad social, a servicios médicos, empleo y educación. También tendrán derecho a la reunificación familiar.
Pero si Guatemala no es capaz de cumplir con estos estándares, estará violando derechos humanos contenidos en la Corte y la Comisión Interamericana en esa materia, según explica el exembajador guatemalteco ante la ONU Francisco Villagrán. Recordó el caso de Australia que ha suscrito un acuerdo similar con las islas Manus, Nauru y Papúa Nueva Guinea para que sirvan como centros de detención para las personas que solicitan asilo en Australia. Bajo este esquema, Australia fue encontrada responsable de detención arbitraria de migrantes, en 2018, por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Obviamente el primer gran reto será lo económico, no hay infraestructura”, opinó Jean Paul Briere, diputado guatemalteco experto en migración.
Un acuerdo cuestionado
El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, anunció que está evaluando acciones legales contra el acuerdo. El ministro de Gobernación Enrique Degenhart, dice el procurador, no tiene facultades constitucionales para firmar el acuerdo.
Trump dio a conocer el acuerdo al filo de las dos de la tarde de este viernes. Dijo que había sido firmado en el Salón Oval de la Casa Blanca y, minutos después, circularon fotografías del ministro Degenhart, sentado frente a un escritorio, firmando un documento, ante la atenta mirada de Trump.
Norma Torres, congresista demócrata por el estado de California, en la Cámara de Representantes, criticó la decisión. “Una vez más, el gobierno guatemalteco ha optado por desafiar la voluntad de su propia gente para congraciarse y buscar el favor de la administración Trump. Este es un insulto al sentido común”, reaccionó Torres, quien ya había antes pedido a Morales que no firmara el acuerdo.
Para el director ejecutivo de Alianza Américas, Óscar Chacón, el convenio se trata de una extorsión. 'Más que un acuerdo es un acto de extorsión, contrario al Estado de derecho en las dos naciones firmantes'. Alianza Américas es una red de 50 organizaciones para la defensa de inmigrantes y con experiencia en cabildeo en el Congreso y en el Ejecutivo estadounidense.
Chacón justificó su calificativo de extorsión porque 'el acuerdo desconoce las decisiones judiciales de ambos países y es el resultado de amenazas arancelarias a un país altamente dependiente de los Estados Unidos de América en el plano comercial'.
Chacón agregó que el entendimiento 'ignora la capacidad institucional para procesar solicitudes de asilo y las condiciones de inseguridad de Guatemala, que ciertamente no es un país seguro'. En el análisis del experto, el pacto contradice la Constitución de Guatemala, la legislación sobre migración y asilo de Estados Unidos, y tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre refugiados, ratificados por los dos países.
El lunes 15 de julio, la máxima corte guatemalteca, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la presidencia de Morales que se abstuviera de firmar un acuerdo con estas características debido a que comprometía fondos públicos y debía ser aprobado por el Congreso de diputados. Un día después, Morales tenía una cita con Trump en Washington, pero la reunión se canceló, al parecer, en un intento del gobierno norteamericano de evitar el bochorno que suponía no poder firmar el acuerdo. Morales culpó a la Corte de Constitucionalidad de las amenazas posteriores del Gobierno de Trump, entre ellas, aumentar la tarifa de aranceles las exportaciones guatemaltecas a ese país y tasar las remesas.
El acuerdo, divulgado por la Presidencia, ahora intenta salvar ese escollo pues establece en su artículo 8, numeral 5, que no se podrá obligar a las partes a comprometer o erogar fondos. El numeral 1 del mismo artículo establece que el convenio entrará en vigencia hasta que cada uno de los países lo haya aprobado conforme a sus propias leyes y normativas. Esto parece una dedicatoria a que también el Congreso tendrá que dar su aval, conforme lo dictaminó la Corte de Constitucionalidad el 15 de julio.
Según el acuerdo, las disposiciones no aplican para los ciudadanos guatemaltecos que pidan asilo, es decir, que ellos podrían, por ejemplo, pedir protección y permanecer en México, como hasta ahora. Como publicó el medio Nómada, en los últimos meses ha habido un incremento en la cantidad de migrantes que piden asilo. En noviembre de 2018 había 6,200 peticiones de asilo y para mayo de 2019 había casi 19,000 , algo que además satura los juzgados.
Estados Unidos seguirá teniendo la responsabilidad física sobre solicitantes de asilo siempre que se trate de menores no acompañados o de personas que lleguen con una visa legal (no de tránsito) a Estados Unidos, o también se trate de una persona de un país a la que no le exigen visado. “Guatemala evaluará las solicitudes de protección una por una (…) de las personas que cumplan los requisitos necesarios conforme al presente Acuerdo, y que llegan a los Estados Unidos, a un puerto de entrada”, dice el artículo 4, numeral 2 del documento.
Estados Unidos tendrá la responsabilidad de las personas mientras haga el traslado de las personas hacia Guatemala, y también se compromete a “fortalecer las capacidades institucionales de Guatemala”.
Guatemala, según el numeral 3 del artículo 8, podría suspender por un período inicial de hasta tres meses la entrada en vigencia del acuerdo. Dicha suspensión puede extenderse por períodos adicionales.
La duración del convenio, dice el artículo 8, será de dos años y habrá posibilidad de renovarse antes de su vencimiento a través de un canje de notas entre ambos gobiernos.
Cualquiera de los dos países puede dar por finalizado el acuerdo media vez lo avise con tres meses de antelación. Y según el gobierno de Guatemala, que emitió un comunicado, un plan inicial de implementación se aplicará a personas de nacionalidad salvadoreña y hondureña.
El Faro solicitó una reacción a Cancillería pero la encargada de comunicaciones informó que aún se estaba a la espera de una postura oficial.
Las mentiras de Morales
Minutos después de que Trump hiciera público el acuerdo, el gobierno de Guatemala emitió un comunicado con el que pretendió minimizar el calado de ser un 'tercer país seguro' para asilados. 'Se intensificó el diálogo con la finalidad de encontrar soluciones integrales a corto, mediano y largo plazo', reza el comunicado.
El gobierno también intentó opacar la mala noticia con una aparentemente buena. Guatemala firmará un convenio para otorgar visas de trabajo en el área agrícola a guatemaltecos. A mediano y largo plazo, dice el Ejecutivo, se otorgarán visas para los sectores de construcción y servicios.
El diputado Jean Paul Briere criticó la oscuridad con la que Morales manejó el acuerdo. “Hubo mentira y engaño de parte del Presidente de Guatemala Jimmy Morales, se caracterizó por ser poco transparente y opaco en todo el proceso de negociación”, dijo a El Faro.
La revista estadounidense The New Yorker fue la que el 12 de julio reveló los movimientos del gobierno para firmar el acuerdo, justo cuando las autoridades guatemaltecas lo negaban.
El Gobierno de Guatemala mintió a la opinión pública y a la Corte de Constitucionalidad cuando dijo que no estaba buscando ningún acuerdo con Estados Unidos. Ante la Corte, la presidencia dijo, incluso, la acción constitucional presentada por la PDH ante la inminencia del acuerdo carecía de sustento porque no se podía prever el futuro. Menos de dos semanas después, el Gobierno de Morales hizo lo que dijo que no haría.
Morales también culpó a la CC de las amenazas que hizo Trump para obligar a Guatemala a firmar el acuerdo. “Recientemente, la mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo”, escribió la Presidencia en un comunicado.
