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La receta con la que Trump busca la reelección

Óscar Chacón

 
 

Hace un par de semanas, el presidente Donald Trump lanzó una amenaza en Twitter -como lo hace desde que buscaba la Presidencia de los Estados Unidos de América- que generó miedo en la comunidad inmigrante. Amenazó con deportar a un millón de personas que residen en el país sin autorización migratoria, para, unos días después, posponer el inicio de tales “redadas”, como un gesto de buena voluntad ante una petición de la jefa de los Demócratas en la Casa de Representantes, Nancy Pelosi. El presidente anadió que la reversión plena de la amenaza dependería de si el Congreso aprobaba cambios legislativos encaminados a frenar el ingreso a los EE. UU. de personas centroamericanas que buscan solicitar asilo.

¿Qué debemos tener presente para entender el por qué de estos anuncios? Este artículo explorará algunos puntos que hay que tener muy claros para no dejarnos engañar por las trampas mediáticas de Trump en tiempos de campaña electoral.

De momento, hay que tener claro un elemento contextual: el mismo día en que Trump fue juramentado como presidente, el 20 de enero de 2017, anunció a las autoridades electorales que planeaba buscar la reelección en 2020; su presidencia se ha basado en hacer campaña desde el primer día de su gestión. En ese sentido, los mensajes con los que ahora busca mantenerse en el poder son, esencialmente, los mismos que utilizó para alcanzar lo que en opinión de la vasta mayoría de expertos electorales, e incluso las encuestas de opinión pública, era imposible: la elección de Donald Trump como presidente de los EE. UU.

Hay que destacar que dentro de estos mensajes clave en su campaña de reelección están otra vez los mensajes antimexicanos, anticentroamericanos y antinmigrantes en general. Por eso, anunciar las redadas, para pocos días después anunciar que las postergaba, es algo de lo que no debemos sorprendernos. No hay duda de que el equipo de Trump sabe muy bien cómo mantener en primera plana el nombre del presidente, así como la campaña de reelección que oficialmente ha iniciado.

Un segundo punto que hay que destacar es que el anuncio de las redadas es absolutamente Trumpista, lleno de exageraciones, por lo que es necesario ponerlo a la luz de la evidencia. Según una reciente investigación de Vice News, en 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 40 066 personas sin autorización migratoria; la cifra asciende a 143 470 cuando se suman los arrestos realizados por los 80 cuerpos de Policía locales con quienes tienen acuerdos de colaboración.

Es importante contrastar el anuncio de que se va a arrestar “un millón” de personas a la luz de la capacidad de ICE, incluyendo la capacidad incrementada con los acuerdos de cooperación con cuerpos locales de Policía. También es importante vincular la capacidad actual de arrestos de ICE, a la luz del anuncio de la postergación de las redadas, para dar tiempo a alcanzar acuerdos legislativos que le permitan a Trump solucionar la infame crisis fronteriza ante el éxodo centroamericano. Infame, porque esta es una crisis creada. Si revisamos datos de los años 80s y 90s, nos damos cuenta de que los números de personas llegando a la frontera sur de EE. UU. no son los más altos en la historia reciente del país.

En este punto, debemos relacionar lo que sucede en el Congreso. El pasado jueves 27 de junio, el Congreso aprobó una solicitud de presupuesto suplementario de cerca de $4 500 millones para reforzar la maquinaria de muerte de la administración Trump. La propuesta que recibirá el presidente en su despacho es, en esencia, la que había aprobado el Senado un día antes, y que no incluye fondos para fortalecer áreas de salud y seguridad de personas en detención -como sí lo hacía la propuesta de la Cámara de Representantes-, aprobada el 25 de junio. De esta forma, tanto el Senado, de mayoría Republicana, como la Cámara de Representantes, de mayoría Demócrata, han dado su beneplácito para las acciones de la administración Trump.

En un caso irónico de la conducta del gobierno de los EE. UU., el reciente fallecimiento de un joven padre de familia salvadoreño y su pequeña hija al tratar de cruzar el río Bravo, así como las imágenes que dan cuenta de la continuidad en la práctica de, literalmente, enjaular a menores de edad centroamericanos, han sido manipuladas para justificar la necesidad de reforzar las acciones de la administracion Trump. Tanto las tragedias antes mencionadas, como también los constantes ataques al derecho de asilo, se verán reforzados a partir de la nueva partida presupuestaria aprobada por el Congreso Federal.

Un tercer punto a tomar en cuenta es que el espectro de incrementar la capacidad de arrestos que ha prometido esta administración tiene que ver con un aspecto fundamental: el negocio redondo en el que se ha convertido la detención de extranjeros. A mediados de mayo se dio a conocer que el país alcanzó por primera vez la capacidad de tener más de 52 mil personas detenidas por noche. El costo de cada cama por noche es de aproximadamente 150 dólares. Esto significa más ganancias para las compañías privadas dedicadas a esta función, que venden sus servicios al Gobierno Federal y que se distinguieron en 2016 por apoyar la campaña presidencial de Trump.

Un cuarto aspecto es el grave decrecimiento general de la tasa de natalidad en el país, según datos revelados en mayo pasado. Pero, si analizamos qué grupo étnico racial tiene la tasa más baja de natalidad, curiosamente es el de las mujeres de raza blanca, mientras las mujeres de origen latinoamericano y asiático son las que tienen las tasas más altas. Este elemento debemos relacionarlo con las supuestas dificultades que dicen estar enfrentando algunos sectores de la economía para mantener su fuerza laboral y el incremento en el número de trabajadores extranjeros en todo EE. UU.

Ambas situaciones apuntan a una dirección que a simple vista parece contradictoria con el espíritu antinmigrante de Trump. Sin embargo, no es así. No sería de extrañar que en un futuro cercano presente una propuesta de ampliación significativa de los programas de visa de trabajadores temporales, como respuesta al patrón de cambio demográfico relacionado a la fuerza laboral. Es difícil imaginar el futuro a mediano y largo plazo del mercado laboral en los EE. UU., sin una inyección de mano de obra extranjera.

La pregunta clave es bajo qué contexto va a suceder tal cosa. La llegada masiva de extranjeros con visas de trabajo temporal aseguraría a sectores económicos claves contar con una fuerza laboral muy dócil, dispuesta a trabajar por muy poco, y le daría al Gobierno Federal la ventaja de no tener ninguna responsabilidad política con esa población, ya que de acuerdo a la ley actual, ningun trabajador temporal puede, a razón de sus años de trabajo en los EE. UU., solicitar una visa de residencia permanente. Como es bien sabido, la opción de solicitar ciudadanía requiere en la mayoría de los casos un mínimo de cinco años bajo la condición de residencia permanente.

Pero la crisis creada en la frontera y el ataque a las comunidades migrantes no son lo único que la administración Trump va a mantener en el centro de la atención. Hay por lo menos dos temas más que son preocupantes. Uno es la guerra comercial con China, con la que busca fomentar la idea de que EE. UU. va a castigar a China -aún cuando esto tenga repercusiones financieras adversas-. Será un tema que Trump seguirá utilizando hasta el próximo año, con potenciales sorpresas al acercarse la fecha de la reelección, para vender la idea de que el presidente pudo doblegar a China.

Un tema adicional es la amenaza de un conflicto bélico de gran escala con Irán. Incluso si tal conflicto no sucede, desde ya se están sentando bases para hacer una propuesta de incremento presupuestario de la Secretaría de Defensa. Hay intereses económicos que se nutren aun si no hay conflicto, pero la amenaza tiene el potencial elemento unificador de la sociedad estadounidense ante un enemigo extranjero que se ha venido condicionado para que todo mundo lo perciba como tal, y que se vea como una amenaza grave para los estadounidenses. Todo está calculado por Trump.

Todo esto se da en un contexto en el que la respuesta opositora del Partido Demócrata sigue siendo vergonzosamente tibia. No ha logrado configurar una estrategia bien planteada de cómo enfrentar lo que significa la administración Trump, más allá de posturas 100 % reactivas ante sus acciones. Hay un déficit de posturas genuinas de oposición que rechacen de manera contundente la manera en que esta administración ha venido actuando en temas como el éxodo centroamericano, la relación con China y una potencial guerra con Irán.

Ante este panorama, uno en el cual consideraciones éticas y morales parecen estar ausentes del debate político formal, se vuelve imperativo que las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el ideal de una sociedad llena de oportunidades para todos, respetuosa de los derechos humanos y del fortalecimiento de tales principios, asumamos un rol mucho más activo, capaz de hacer contrapeso ante la realidad política predominante. El espectro de una reelección de Donald Trump, que hoy por hoy no es imposible, sería sumamente dañino para el bienestar de personas desesperadas que buscan un lugar seguro a donde vivir, con la esperanza de ofrecer condiciones de vida dignas a sus hijos e hijas, así como también al resto de sus familias.

Debemos doblegar esfuerzos para que ya no sean falsos profetas quienes se coronen a la cabeza de roles tan influyentes, como las presidencias nacionales y las ramas legislativas de los gobiernos. Por el contrario, deberían ser personas motivadas por valores universales que unan, desde una lógica solidaria y de verdadero interés común, a los pueblos de una región tan profundamente vinculada: Centroamérica, México y los EE. UU.

*Óscar Chacón es director ejecutivo de Alianza Américas, una red de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes latinoamericanos y caribeños que representan a más de 100 000 familias en todo Estados Unidos.
 
*Óscar Chacón es director ejecutivo de Alianza Américas, una red de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes latinoamericanos y caribeños que representan a más de 100 000 familias en todo Estados Unidos.

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