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La política de seguridad de Bukele: ¿el lado regresivo del presidente milenial?

Leonor Arteaga

 
 

Nayib Bukele, con apenas 38 años, reclama el título del presidente más joven de Latinoamérica tras tomar posesión el pasado 1 de junio. Desde el inicio de su carrera política, ha sido un torbellino para el sistema electoral de El Salvador. Sin un título universitario, pero con una crianza privilegiada, se probó talentoso en el sector empresarial antes de virar su atención a los problemas públicos. Con dos gestiones como alcalde en su currículum y armado con una chamarra de cuero y lentes de sol, el ahora presidente se definió como un candidato sin ideología ni partido político, con capacidad de atraer inversión extranjera y desterrar la corrupción. 

Bukele entendió pronto que la mejor forma de sumar adeptos era a través de mensajes antisistema, como “el dinero alcanza cuando nadie roba”. La fórmula fue prometer cambio, sin detallar cómo. Mientras le observaban ascender, el país se preguntaba sobre su apuesta para atajar uno de los problemas más graves de El Salvador: las pandillas. 

Fue hasta los últimos días de su campaña que, sin mayor aspaviento, hizo pública su estrategia de gobierno, el Plan Cuscatlán. Respecto de la seguridad pública, este plan delineaba ideas progresistas en materia de oportunidades para jóvenes en riesgo, combate al crimen y reinserción de quienes pertenecieron a pandillas. Aunque ambiguo, su planteamiento parecía apuntar hacia un enfoque de seguridad pública democrático y respetuoso de derechos humanos. 

Sus primeras acciones dejan entrever que debajo de esa imagen fresca, quizás se encuentre un político con viejas ideas. Primero, Bukele nombró a un controversial personaje para asumir el cargo de Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas. Arriaza, un exmilitar de la guerra, tiene una larga carrera en la corporación, entre acusaciones por abusos de poder y vínculos con el crimen organizado. En su cargo inmediato anterior, estaba al mando de grupos de operaciones especializadas de la PNC, cuyos miembros están implicados en una estremecedora serie de casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo el feminicidio de Carla Ayala, una mujer policía. 

De hecho, el asunto ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 11 de junio, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de una víctima que fue privada de libertad y torturada por miembros de la PNC; una vez inconsciente, le prendieron fuego. Los abogados de la víctima sostienen que lejos de ser un caso aislado, se trata de una tendencia de abuso policial que se consolida en El Salvador. 

El nombramiento de Arriaza fue el primero de varios bocados con sabor a desencanto. El nuevo presidente también nombró al joven exdiputado Osiris Luna Meza, del partido Gana, como Director de Centros Penales y más tarde, a su vez, lo designó como viceministro de Seguridad adhonorem. Durante su tiempo como diputado de Gana –el partido que llevó a Bukele al poder-, se mostró a favor de la pena de muerte como medida para disminuir el crimen. Por eso no sorprende que presuma en redes sociales el endurecimiento de las condiciones penitenciarias como su estrategia, en un país con el peor índice de hacinamiento, sólo superado por Estados Unidos. La idea de nuevas oportunidades en las cárceles se ha perdido en el fondo de un cajón. 

A Bukele también parece que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública le resulta oportuna. Si hay algo que le sobra a El Salvador son llamadas de atención de organismos internacionales de derechos humanos sobre los efectos perniciosos del involucramiento militar en problemas que, como señala el propio plan de gobernanza, sólo desaparecen mediante estrategias complejas con un abordaje holístico. A poco más de un mes de haber asumido la presidencia, esa idea se ha diluido hasta desaparecer: los diez mil militares que patrullan las calles no se irán a ninguna parte. 

Después vino el nombramiento de Ennio Elvidio Rivera como viceministro de Defensa. Rivera fue uno de los abogados defensores de 18 militares señalados como perpetradores de la masacre de El Mozote, que, como se sabe, es el episodio violento más cruel de la historia moderna de América Latina, en la cual el ejército salvadoreño -entrenado en Estados Unidos- asesinó y torturó, a punto de exterminio, a cerca de mil personas en el cantón de El Mozote y las zonas rurales circundantes. Los acusados en el caso tienen derecho a la defensa, no está en cuestión, pero los altos cargos de defensa de hoy deben distanciarse del pasado de atrocidades y comprometerse con el nunca más. 

El enfoque militar de Bukele en materia de seguridad pública, que replica lo ya hecho por al menos los últimos dos gobiernos, ha generado expectativa sobre si este joven presidente seguirá los pasos de su admirada contraparte en México, es decir, la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador; una nueva corporación policial, de despliegue nacional, comandada por un militar en activo. México y El Salvador, además de ser una vecindad regional, se intercambian lugares entre los más violentos e impunes del mundo, y aquellos con la mayor proporción de su población migrando hacia los Estados Unidos. Será por eso que dos presidentes con posiciones radicales contra el sistema de partidos y la corrupción lograron ganar la voluntad de sus votantes. 

Bukele, cuenta con una aprobación de 80 % en el ranking mundial de mandatarios que realiza Mitofsky. Esta clase de respaldo, logrado a través de una promesa de cambio, se transformará, tarde o temprano, en una exigencia ciudadana de resultados. Puede ser aún pronto para formarnos conclusiones, pero sí es tiempo para corregir el rumbo. Ojalá sea Bukele la punta de lanza para encontrar soluciones duraderas a la crisis de seguridad de la región.

Leonor Arteaga Rubio es Oficial Sénior de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), especialista en temas de justicia transicional.
 
Leonor Arteaga Rubio es Oficial Sénior de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), especialista en temas de justicia transicional.

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