En el artículo anterior se abordó el conflicto; aunque este fue muy breve, provocó más de cuatro mil muertes, incluyendo civiles. El manejo que gobierno y prensa hicieron del tema fue obviamente interesado. En El Salvador, se trató de presentar el cese al fuego como la salvación para el Ejército hondureño, que ya se mostraba incapaz de resistir. Honduras alegó que la acción de la OEA confirmaba que El Salvador era el país agresor. Poco se dijo sobre los miles de salvadoreños expulsados, cuyo futuro se mostraba sombrío. En todo caso, la intervención de la OEA, paró el enfrentamiento militar, y provocó el repliegue de las tropas.
Tradicionalmente, el seis de agosto se celebra al “Salvador del mundo”; en 1969, ese día se celebró en San Salvador el “desfile de la victoria” y la imagen del patrono presidió los actos. Miles de salvadoreños se volcaron al estadio Flor Blanca para recibir a las tropas que regresaban del frente de batalla. En ese desfile también participaron civiles que se habían movilizado para apoyar al Ejército, estos provenían de diferentes sectores sociales, desde miembros de familias adineradas hasta campesinos. En el estadio, Monseñor Luis Chávez y González ofició una misa por los caídos, mientras aviones de combate surcaban los aires (Pérez Pineda, 2012: 372). Vale decir que actos similares se realizaron en el interior del país.
Por un tiempo, el país vivió la ilusión de que había triunfado y que los “héroes” de la guerra encarnaban la unidad y el futuro de la patria. Pero el fervor nacionalista se diluyó rápidamente. En realidad, el desenlace del conflicto militar no era el tema que debía preocupar a los salvadoreños. Y eso quedó claro una semana después del “Desfile de la victoria”, cuando el Consejo de ministros acordó crear un “Programa democrático de reforma agraria”, que respondía al creciente problema de la concentración de la propiedad de la tierra, pero, sobre todo, a la expulsión de miles de campesinos desde Honduras. Unos días después se creó la Comisión de Reforma Agraria y en enero del año siguiente se realizó el “Primer Congreso de Reforma Agraria”, el cual fue prácticamente fue boicoteado por el retiro de los representantes del sector privado (Aguiluz, 2014: 142).
De ahí en adelante, el problema agrario generaría cada vez más conflictividad social; ya había quedado clara la oposición del capital a discutir el tema. En los siguientes años, las organizaciones campesinas mostrarían hasta qué punto estaban dispuestas a luchar por la búsqueda de cambios.
Honduras era y es el socio comercial del país más importante en la región. La guerra interrumpió el comercio bilateral y afectó seriamente al comercio regional. El cierre de la frontera hondureña encareció el transporte de mercadería salvadoreña hacia el sur de Centroamérica. La guerra prácticamente marcó el fin del MERCOMUN, del cual El Salvador se beneficiaba mucho. Absurdo final de un visionario proyecto que pretendía superar las seculares divisiones de la región y que fue visto como modelo por los países europeos que aún vivían las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.
El conflicto con Honduras también complicó el panorama político. El país cayó en una espiral de problemas que las élites dirigentes no fueron capaces de entender y enfrentar adecuadamente. Por primera vez en décadas, el bloque dominante mostró fisuras imposibles de disimular. Por ejemplo, el manejo del conflicto dividió a los militares, al punto que el general Carlos Alberto Medrano, “héroe” de la guerra, fue destituido. Más grave aún, las insinuaciones del Partido de Conciliación Nacional (PCN), entonces en el poder, de impulsar una reforma agraria afectaron negativamente sus relaciones con los terratenientes y la empresa privada. Las consecuencias se vieron en las elecciones presidenciales de 1972. La derecha apareció dividida en tres partidos (Partido de Conciliación Nacional, Frente Unido Democrático Independiente y Partido Popular Salvadoreño), mientras que la oposición se unificó en la Unión Nacional Opositora (UNO). La evidencia disponible sugiere que la oposición ganó las elecciones presidenciales de 1972, pero el partido oficial retuvo el poder mediante fraude, lo cual se repitió en 1977 (Walter Franklin, 2001).
Pero la guerra con Honduras también fracturó a la izquierda, entonces representada en el Partido Comunista de El Salvador (PCS). La coyuntura de la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969 reavivó los debates en el PCS. La dirección del partido suscribió pronunciamientos en los que apoyaba al gobierno en el conflicto con Honduras, los cuales fueron rechazados por Cayetano Carpio, éste criticó fuertemente el apoyo del partido a una guerra que él consideraba era una disputa entre oligarquías y que nada tenía que ver con los intereses nacionales, y menos con los de las clases trabajadoras. Carpio renunció al PCS en marzo de 1970; un mes después fundó las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL) que desde su fundación manifestaron su opción por la lucha armada como vía a la revolución.
En las décadas de 1950 y 60, El Salvador presentaba un panorama prometedor, parecía que el país había encontrado el rumbo hacia un mayor crecimiento económico, basado en la industria, la integración económica regional y la diversificación de la agricultura de exportación. Incluso exploraba una ampliación de la democracia, tutelada por los militares. Las debilidades del modelo ya eran visibles a mediados de los sesenta, pero de ningún modo apuntaban a una crisis nacional.
La guerra contra Honduras trastocó el panorama. Un conflicto militar de apenas cuatro días reveló lo vulnerable de ese modelo construido sobre la base del autoritarismo y la exclusión. El rechazo a la reforma agraria y el recurso al fraude para mantener al PCN en el poder (lo cual se repetiría en 1977) convencieron a muchos de que la vía electoral, como mecanismo de toma del poder, estaba agotada. Otros vieron en cualquier demanda de derechos políticos y sociales el fantasma del comunismo que amenazaba, no tanto sus derechos, sino sus privilegios.
Las nefastas consecuencias de la guerra del 69 han dado lugar a considerarla un parteaguas en la historia del siglo XX, al punto que Roberto Turcios afirma que marcó el inicio de la crisis histórica que desembocaría en la guerra civil (Turcios, 2003). Este planteamiento tiene sentido en tanto que los problemas del país se agudizaron sin que los grupos con capacidad de decisión pudieran dar propuestas de solución racionales, consistentes y viables. De ahí en adelante, la conflictividad política y social fueron en aumento, hasta desembocar en otro conflicto, no de cuatro, sino de doce años. No es que una guerra provocara otra, pero es claro que 1969 marcó el límite del modelo de desarrollo iniciado con la “revolución de 1948”. Para mantenerlo a flote eran necesarias reformas en el ámbito político y económico, y estas no se realizaron, con lo cual se reforzó la tesis de que los cambios solo podía lograrse por la vía armada (López Bernal, 2017).
