Existe un dicho que se le adjudica a diferentes personas en el que se plantea que cuando Estados Unidos tiene gripe Guatemala estornuda. Esta premisa se ha demostrado en el transcurso de la historia y cuando algo cambia en el país norteamericano afecta la realidad política de Guatemala.
El consenso en Washington desde hace más de diez años, sobre todo con acuerdos en el Capitolio, ha sido respaldar los procesos democráticos en la región en aras de cuidar sus intereses, por lo que la cooperación se ha enfocado en los temas de migración, narcotráfico, trata de personas. Esto ha implicado acuerpar los esfuerzos anticorrupción y los casos en contra de violadores de derechos humanos, así como el fortalecimiento de la sociedad civil organizada. Sin embargo, en la última administración estos acuerdos han tambaleado, provocando el debilitamiento del sistema de justicia.
La labor de la CICIG desde 2015 fue tan contundente que logró llevar al banquillo de los acusados a cientos de personajes de cuello blanco, incluidos a dos presidentes, políticos y empresarios, por lo que la reacción condujo a la contratación de importantes cabildeos para desacreditar el trabajo de la CICIG y construir un relato a la medida de los miedos de Trump y de algunos senadores y congresistas republicanos, la mayoría muy conservadores y protestantes, quienes fácilmente creyeron una narración que se adecuaba a sus propios prejuicios.
Lo primero fue el traslado de la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalem el día de Navidad de 2017. Al principio se vio como una inocentada del gobierno y sufrió críticas notables al interior de Guatemala y en los países europeos, pero al Gobierno le valió la lealtad de Nikky Haley, entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU, quien emprendió la tarea del traslado de la Embajada Israelí como una cuestión personal y donde el planeta entero la dejó sola. Agradeció a la misión guatemalteca, luego a la de Honduras (Estados Unidos sigue protegiendo a Juan Orlando Hernández a pesar de la represión y los señalamientos de fraude) con lealtad de vuelta. Y el único propósito de la política tanto interior como exterior del gobierno de Jimmy Morales ha sido expulsar a la CICIG, pues lo acusaron a él y a su familia así como a muchos de sus allegados de actos de corrupción.
Luego vino el caso Bitkov, en donde gracias al lobby se contactó a Bill Browder, un millonario cuyo amigo Sergei Magnitksy (de ahí la Ley Global Magnistky para sancionar a violadores de derechos humanos), fue asesinado por Putin.
Esto provocó que Browder se dedicara al activismo antiruso. Le presentaron el caso de una familia rusa que fue condenada por falsificación de pasaportes (en una investigación en la que la CICIG entró cuando el proceso ya había arrancado) y se convenció, sin mayor evidencia, de que la CICIG era un brazo de Putin para perjudicarlos, pues habían huido de Rusia para escaparse de la justicia rusa. Esto hizo que Browder se encendiera como uno de los voceros más fuertes antiCICIG.
Paralelamente, el lobby influyó en la articulista del Wall Street Journal Mary Anastasia O´Grady -ligada desde hace varios años a los sectores más conservadores del país-, quien se ha hecho famosa por sus escritos tendenciosos y en favor de Álvaro Uribe (enemigo del comisionado de la CICIG Iván Velásquez, pues este procesó a su hermano en Colombia), a tal punto de dedicarle varias columnas a atacar a la CICIG y de replicar en redes sociales las opiniones de furibundos adversarios de la lucha contra la corrupción.
Esto logró una audiencia en la Comisión Helsinki del Congreso estadounidense para que se tocara el tema de la CICIG. Esta comisión no maneja presupuesto y no tiene control del dinero, por lo que la sesión únicamente les sirvió para hacer ruidos sobre los supuestos nexos con Rusia. Esta sesión fue montada para atacar a la CICIG en donde no permitieron que nadie más allá de la gente de Browder y sus abogados dieran testimonios.
Otro gran aliado del lobby ha sido Marco Rubio, el senador de origen cubano, quien desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió que se congelaran $6 millones en lo que se investigaba la relación con Putin.
La comisión, en una audiencia pública posterior, determinó que no había un solo indicio de la relación de la CICIG con Rusia. El embajador Kenneth Merten, subsecretario interino para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, dijo que no encontraron ninguna prueba de la relación señalada por Browder. Ante esto, Rubio no tuvo de otra que dejar de retener los fondos.
Así se fue contaminando el ambiente en Washington por “el tema CICIG”, sobre todo en los conservadores más radicales. El embajador guatemalteco Manuel Espina, quien goza de contactos de alto nivel en el mundo protestante, ha sido un eje fundamental en esta trama, pues se dedicó a invitar a reuniones y participar en desayunos de oración junto a personajes de influencia y por ahí se fueron fortaleciendo las redes que se usaron para ganar apoyos.
Otro argumento del relato de la alianza cabildeadora gobierno-empresarios es el ataque a la “agenda globalista” de Naciones Unidas, razón por la que, según ellos, la CICIG persigue “selectivamente” a los empresarios como parte del maquiavélico plan de la izquierda mundial. Esto tomando en cuenta que la administración actual en Estados Unidos se ha caracterizado por defenestrar a la ONU y, siendo la CICIG respaldada por Naciones Unidas, con mayor razón habría posibilidades para demonizarla.
Este arduo trabajo de varios años cuajó finalmente en los miedos de ciertos círculos del Departamento de Estado pues los funcionarios de carrera mantienen la claridad sobre la necesidad del apoyo a la CICIG. Sin embargo, los funcionarios con mayor peso consideran que según sus planes geopolíticos, les conviene mantener la amistad con Jimmy Morales (como con Hernández en Honduras), ya que su fin último es el tema migratorio, sobre todo en un momento de campaña política para buscar la reelección. Mantener la amistad implicaba principalmente cortar el apoyo político (o sencillamente no dárselo) a la CICIG.
Como el tema migratorio es la prioridad, el lobby también impulsó la idea de que la forma de paliar este fenómeno es por medio de la alianza entre el Gobierno y el sector privado para impulsar la economía y, por lo tanto, generar más trabajo, y que los asuntos de seguridad (CICIG) podrían ser prescindibles. Esta narrativa no toma en cuenta que los juzgados, fiscales, policías se verán debilitados con la salida de la CICIG el 3 de septiembre, pues la comisión había fijado un parámetro de incorruptibilidad que ahora se deshace en las manos de los acusados de corrupción.
Para complejizar aún más las relaciones y como parte de esta misma estrategia, Guatemala firmó con Estados Unidos el pasado 26 de julio el acuerdo para convertirse en un Tercer País Seguro, lo que implica recibir a personas que soliciten asilo en el país del norte mientras se decide su futuro legal. El país claramente no tiene condiciones para un acuerdo de esta naturaleza, por lo que se prevé una mayor crisis social debido a la retención de migrantes en el territorio guatemalteco cuando no se pueden ni siquiera solventar las necesidades de los nacionales.
La intentona de firmar este acuerdo había sido detenida momentáneamente, como muchas otras ilegalidades de la política exterior de Jimmy Morales, por la Corte de Constitucionalidad, aduciendo que el Congreso debe ratificar cualquier acuerdo internacional, pero la idea de quedar bien con Estados Unidos se intensifico mientras avanza el proceso electoral -11 de agosto será la segunda vuelta- en gran medida por la búsqueda de impunidad, ya que el presidente y muchos de sus aliados pierden inmunidad el próximo 14 de enero y de cualquier manera -con o sin CICIG- deberán enfrentar la justicia.
