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El Salvador

Cámara penal atribuye a Arena el delito de lavado de dinero por los cheques de Taiwán

Nadie irá a la cárcel. El expresidente Antonio Saca y otros cuatro procesados fueron absueltos porque el delito penal ha prescrito. Pero representantes legales de Arena tendrán que comparecer a una audiencia donde se determinará su responsabilidad civil por el desvío de fondos del gobierno de Taiwán en 2003. Es la primera vez que una instancia judicial confirma que el partido Arena recibió el dinero de los cheques a nombre del entonces presidente Francisco Flores.

 
 

Un tribunal de apelaciones resolvió este viernes 5 de julio que ya es muy tarde para investigar penalmente a los responsables del desvío de 10 millones de dólares donados por la República de Taiwán al expresidente Francisco Flores en 2003, aunque dejó abierta la posibilidad para que se recupere el dinero malversado. Las dos magistradas encargadas del caso resolvieron también que se estableció que el partido Arena fue destinatario de los fondos desviados. 

La Cámara segundo de lo penal de San Salvador resolvió que cuatro de los cinco personajes que estaban implicados hasta el momento deben ser sobreseídos definitivamente del delito de lavado de dinero: el expresidente Elías Antonio Saca; el extesorero de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Juan Wright Castro; el presidente de la fundación que sirvió para canalizar los fondos de Taiwán hacia Arena, Gerardo Balzaretti Kriete; y el presidente del Banco Cuscatlán al momento de la triangulación de los fondos, Ricardo Felipe Samayoa Rivas.

La Cámara también declaró la nulidad que la fiscalía había formulado contra el expresidente de la República Francisco Flores Pérez, fallecido en enero de 2014, y quien ya había enfrentado un proceso por los mismos hechos, aunque bajo otro delito, denominado peculado. La cámara dijo que esta nueva acusación contra Flores nunca debió haberse realizado debido a que se trataría de un “doble juzgamiento”, algo que está prohibido por la Constitución salvadoreña.

La razón del sobreseimiento para Saca, Balzaretti, Wright y Samayoa que otorgó la Cámara es que el plazo para investigar penalmente los hechos, que es de 10 años, venció a finales de abril de 2014. Según la Fiscalía, el delito de lavado de dinero y activos se terminó de consumar el 30 de abril de 2004 y desde ese momento ninguno de los fiscales generales salvadoreños investigó nada. Ni Belisario Artiga, ni Félix Garrid Safie, ni Astor Escalante, ni Romeo Barahona, ni Luis Martínez. Esta resolución no altera en nada la condena de 12 años de cárcel que pesa sobre el expresidente Saca por los delitos de lavado de dinero, cohecho y peculado, y por su aceptación de haber intentado sobornar a una funcionaría judicial.

Cuando la Fiscalía salvadoreña decidió presentar una acusación formal ante los juzgados por este caso fue bajo la administración de Douglas Meléndez. Es decir 14 años y once meses después de que se consumara el delito.

Pese a la imposibilidad de procesar penalmente a los cinco personajes, las magistradas de la cámara, Rosa María Fortín Huezo y Ana Victoria Martínez, determinaron que aún subsiste la posibilidad de que se les procese civilmente, es decir, que se investigue si estos tienen responsabilidad económica.

En esto, la Cámara también decidió incluir al partido Arena, que ocupaba la presidencia de la República en el momento en que se consumaron los delitos. Esta es la primera vez que esta organización política es señalada dentro del entramado de corrupción de este caso. 

“Ha quedado establecido que el partido político en cuestión fue utilizado para llevar a cabo las conductas delictivas que se les atribuyen a los procesados, y además se benefició económicamente de las sumas de dinero que se introdujeron en sus cuentas; por lo que es posible constituir en el mismo la calidad de responsable civil, pues se trata de una persona jurídica cuyos encargados llevaron a cabo conductas delictivas para favorecerse personalmente y que resultó en el beneficio de la persona jurídica”, se lee en la resolución brindada por el tribunal.

La Cámara ordenó al juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador que instale una audiencia especial, para que “se discuta sobre la subsistencia y declaratoria de la responsabilidad civil”, tanto de los cinco personajes vinculados a Arena y al partido mismo. La resolución ordena que se cite a los representantes del partido a dicha audiencia especial, para lo cual aun no hay fecha definida. En el caso del expresidente del antiguo Banco Cuscatlán, Ricardo Samayoa, los procesados son sus herederos.

En el caso de Flores, al declararse nula la nueva acusación por tratarse de un doble juzgamiento, no puede exigirse ninguna responsabilidad civil a sus herederos.

Actualmente, Arena está conducida por un presidente interino, Rolando Alvarenga, quien también se desempeñó como secretario jurídico de la administración Flores entre 1999 y 2003. A principios de junio pasado, Mauricio Interiano, quien fue presidente de Arena desde septiembre de 2016 dimitió al cargo aduciendo que el partido entraba a una etapa de transición.

Alvarenga, como representante legal, y Jorge Santacruz, como director de asuntos jurídicos y electorales del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), serán los encargados de asistir a la audiencia especial, como representantes del partido de derecha.

La Cámara señala que queda establecido que Arena recibió los fondos de Taiwán que iban dirigidos para nueve proyectos: construcción de carreteras de la zona este del país; proyectos de botes salvavidas del Ministerio de Defensa; proyecto de nuevo edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores; un parque conmemorativo de terremoto en la colonia Las Colinas de Santa Tecla; un proyecto de reconstrucción después de desastres naturales; un proyecto de mitigación de áreas de alto riesgo; un proyecto de infraestructura básica y combate a la pobreza; pequeños proyectos para el desarrollo económico y social; y un proyecto de viviendas permanentes para afectados de terremotos.

La Cámara no se pronunció sobre el error de la Fiscalía de haber presentado la acusación de manera extemporánea. El secretario de actuaciones del tribunal, Rodrigo Hernández, dijo no era competencia de las magistradas pronunciarse al respecto.

La Cámara, sin embargo, certificó que la Fiscalía de Luis Martínez (2014 - 2016) fue la que estuvo más cerca de indagar los hechos pero que omitió hacerlo pese a haber tenido de conocimiento del caso en fecha del 21 de enero de 2014.

Un testigo con régimen de protección de la Fiscalía asegura que el expresidente coordinó con agencias de publicidad para lavar alrededor de 11 millones de dólares. El dinero salía de la cuenta de gastos reservados de Casa Presidencial, pasaba a las agencias de publicidad y luego entraba a las empresas de Saca. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Un testigo con régimen de protección de la Fiscalía asegura que el expresidente coordinó con agencias de publicidad para lavar alrededor de 11 millones de dólares. El dinero salía de la cuenta de gastos reservados de Casa Presidencial, pasaba a las agencias de publicidad y luego entraba a las empresas de Saca. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

Martínez está en prisión por varios casos de corrupción, entre los cuales se encuentra, precisamente, haber omitido sus funciones como fiscal general. Su sucesor en el cargo, Douglas Meléndez (2017-2019) lo acusó por no haber investigado en tiempo el desvío de los 10 millones de Taiwán, entre otros casos.

Por tanto, las personas que quedan sujetas a la determinación de la responsabilidad civil, son los señores Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Elias Antonio Saca González, Juan Tennant Wright Castro y José Mauricio Felipe Samayoa. En el caso de Samayoa, fallecido en junio de 2015, serán sus herederos quienes afrontarían las consecuencias civiles. 

Otro error de la FGR beneficia a Saca

La Cámara Segunda de lo Penal emitió otra resolución favorable para el expresidente Saca, relacionada al caso en el que se le acusa de haber malversado 300 millones de dólares de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República.

Saca fue condenado a 10 años de cárcel en septiembre de 2018 (la sentencia quedó firme en noviembre) y en ella se ordenó a Saca devolver 260 millones de dólares al Estado, casi el 87% del monto total malversado por una estructura en la que también participaron altos funcionarios de su confianza y empleados de la Presidencia.

Los abogados apelaron dicha resolución y este viernes obtuvieron una resolución favorable por parte de la Cámara.

La Cámara encontró que la Fiscalía no presentó pruebas que permitan concluir cómo Saca desvió y lavó los 260 millones de dólares. Y por eso modificó la condena civil que en septiembre había hecho el tribunal de sentencia. Ahora, la Cámara dice que la condena civil queda “en abstracto” a espera de que pueda determinarse de manera pormenorizada la responsabilidad del expresidente en un juzgado civil, según el artículo 399 del Código Penal.

Es la Fiscalía la que tiene que “iniciar acciones” en el juzgado civil, dice un comunicado del centro judicial Isidro Menédez.

Este es el segundo revés que recibió este viernes la Fiscalía, con el agravante de que otros seis procesados en el denominado “Saqueo Público” también se vieron beneficiados con este argumento de la Cámara.

Por ahora ninguno de los procesados del caso debe devolver un centavo, mientras la Fiscalía no precise las pruebas para determinar cómo participó cada uno en el desvío de los 300 millones de dólares.

En septiembre, el exsecretario privado de Saca, Élmer Charlaix, fue condenado a devolver 15 millones de dólares; el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank, 8.3 millones de dólares; y el exsecretario de Juventud y expresidente de ANDA César Funes, a 886 mil dólares. Tres empleados de la presidencia también habían sido condenados a resarcir al Estado grandes sumas de dinero: Francisco Rodríguez Artega, exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la presidencia, había sido condenado a pagar 7 millones de dólares, mientras que Jorge Herrera, el tesorero de la UFI, a devolver 3 millones de dólares. El empleado de menor nivel en la cadena que administró la partida de gastos reservados durante la gestión Saca es el bachiller contador Pablo Gómez, quien había sido condenado a pagar 5 millones de dólares.

Ahora todos ellos quedan a la espera de que la Fiscalía proceda ante una instancia civil y precise de mejor manera los montos. La Fiscalía de Raúl Melara, quien tomó las riendas de la institución en enero, aun puede recurrir todas las decisiones tomadas este viernes por la Cámara, a través de un recurso de casación presentado ante la Sala de lo Pena de la Corte Suprema de Justicia. 

Abogados defensores de Saca sostienen que como su cliente ya está siendo procesado por la ley de extinción de dominio el Estado no puede pedirle, otra vez, que devuelva dinero por los mismos hechos. 

Saca fue condenado a 10 años en septiembre después de confesar que administró mal la partida de gastos reservados durante su período presidencial 2004 - 2009. Posteriormente se le agregador 2 años a su condena, cuando confesó que había sobornado a una empleada judicial.

Ordenan liberar al “último eslabón”

El asistente contable de la UFI de la presidencia Saca, Pablo Gómez, fue el más beneficiado de la resolución emitida por la Cámara Segunda de lo Penal.

Gómez había sido condenado, en septiembre, a 16 años de cárcel: 8 años por el delito de peculado y ocho años por el delito de lavado de dinero después de que no quiso admitir responsabilidad sobre los hechos. Por el contrario, sus compañeros de la UFI y el expresidente Saca y los tres exsecretarios Charlaix, Funes y Rank negociaron con la Fiscalía un acuerdo según el cual admitirían la autoría de los hechos acusados a cambio de una reducción de pena.

Por este acuerdo fue que Saca obtuvo una pena de cárcel de solo 10 años, seis años menor que la de Gómez, el asistente administrativo que fue descrito como el último eslabón de la cadena que administró los fondos de la partida de gastos reservados. Charlaix, igual que Saca, recibió una pena de 5 años por peculado y 5 años por lavado.

Rank y Funes recibieron cinco años únicamente por el delito de lavado. Mientras que los tres empleados de Casa Presidencial, Gómez, el jefe de la UFI Rodríguez Arteaga y el tesorero Jorge Herrera fueron condenados a seis años, los dos primeros, y a tres años, el último.

La Cámara dijo que la responsabilidad de los tres empleados no fue la de “autor” del desvío de fondos, sino que solo habían sido “cómplices necesarios”.

La Cámara les rebajó la pena porque consideró que no podía ser ni igual ni mayor a la que habían recibido los autores intelectuales de la estructura de desvío de fondos, es decir, el expresidente Saca y Charlaix.

La pena carcelaria para Gómez y Rodríguez, según la resolución de la Cámara, bajó a 3 años y cuatro meses. En el caso de Jorge Herrera, el tesorero, se mantuvo igual.

Pero en el caso de Gómez, la pena carcelaria bajó a un año, un mes y 10 días, porque la Cámara detectó que él era el último eslabón en la cadena de manipulación de fondos reservados y que solo obedecía órdenes. Según la cámara, el contador confió que cuando manipulaba dinero de la partida secreta solo cumplía con su trabajo. “Gómez acataba órdenes de sus superiores basándose en el “Reglamento interno [para el manejo de gastos reservados…] y como colaborador técnico era el último eslabón en la cadena de mando”, dice la cámara. Además, agregó que Gómez solo actuó con descuido.

De no ser porque Gómez está siendo procesado por un caso similar bajo la administración presidencial de Mauricio Funes (2009-2014), podría haber salido libre libre de inmediato.

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