No hay nadie capturado por el ataque a un bus en El Congo (Santa Ana), donde unos 40 pasajeros fueron asaltados y dos mujeres fueron violadas el 29 de junio. Aunque el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, se congratuló en Twitter por tres capturas; aunque el presidente, Nayib Bukele, ordenó en un tuit enviar a los detenidos a aislamiento total en una prisión de máxima seguridad, aunque el director de Centros Penales, Osiris Luna, prometió también por tuit cumplir esa orden; y aunque varios medios de comunicación lo dieron por cierto, todo fue falso. Fue un montaje en la red social que además sirvió al presidente para pedir a la Asamblea Legislativa que aprobara financiamiento para su plan de seguridad. 12 días después, el sistema judicial salvadoreño no procesa a nadie por ese caso.
El director de la zona occidental de la Fiscalía General de la República (FGR), Román Navarro, confirmó a El Faro que tienen una investigación abierta por los hechos del bus de la ruta 202 en El Congo. Pero “en ese expediente no tenemos a ningún capturado, hasta ahora”, dijo Navarro en declaraciones del 11 de julio.
Sin embargo, tres jóvenes acusados de pertenecer a pandillas fueron presentados por la Policía como responsables del hecho, y esa versión fue avalada por el presidente y su ministro de Seguridad. ¿Quiénes son ellos? Los documentos judiciales de los casos revelan que ni siquiera pertenecen a la misma pandilla, que solo están acusados por un delito menor y que, contrario a lo que ordenó Bukele y prometió Luna, nunca pusieron un pie en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. De hecho, uno de ellos ya está libre.
El ataque al bus se convirtió en el caso emblemático con que Bukele justificó la primera fase de su plan de seguridad, la fase represiva. Desde que empezó su gobierno, el Gobierno ha ocultado las estadísticas de homicidios, pero ha promocionado el número de capturas realizadas por la Policía. Sin embargo, ese no es un indicador muy relativo para medir avances en materia de seguridad. Estadísticas de la Fiscalía obtenidas por El Faro revelan que siete de cada diez detenidos en los primeros 15 días de junio ya salieron libres.
Un operativo narrado por Twitter
El ataque al bus sucedió el viernes 28 de junio, unos minutos después de las siete de la noche. Según la versión gubernamental, un grupo de pandilleros atacaron un bus de la ruta 202, que hace un recorrido entre Ahuachapán y San Salvador, en El Congo, Santa Ana.
Según el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, los pandilleros obligaron al conductor a desviarse hacia unos cafetales sobre el kilómetro 48 de la carretera Panamericana. Ahí asaltaron a unos 40 pasajeros. Luego, obligaron a dos mujeres a bajar, según contó a periodistas una mujer que iba a bordo del bus. Algunos pasajeros escaparon y los atacantes les dispararon, sin puntería. Fue uno de ellos, según la Policía, quien alertó al sistema 911.
Los primeros reportes periodísticos del hecho circularon en Twitter a las 8:55 de la noche del viernes. Casi una hora después, se difundió la noticia de que dos mujeres habían sido víctimas de violación tras el asalto. El presidente Bukele tuiteó a las 9:53 de la noche un video que reportaba el asalto y dijo: “luego los diputados dicen por qué tenemos prisa”. Para la noche del viernes, el Gobierno de Bukele llevaba dos días buscando financiamiento de $31 millones para policías y militares. Al recibir la petición del ministro de Hacienda, el diputado Donato Vaquerano, de Arena, dijo a periodistas que el Gobierno debía hacer las solicitudes con tiempo si tenía prisa. A eso hacía referencia el presidente Bukele en su tuit. La crisis de seguridad se activó en un momento en que Bukele buscaba fondos para su plan de seguridad.
A las 10:05 de la noche del 28 de junio, Bukele subió la apuesta. “Hasta el momento no se reportan homicidios, pero si dos mujeres violadas”, informó en un tuit. “Malditos, vamos tras ellos, no se van a escapar. Y no me salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley”, dijo después. Ocho minutos más tarde, siempre en Twitter, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, le contestó: “En estos momentos hemos desplegado un dispositivo de búsqueda y daremos con los delincuentes que realizaron este acto repudiable”.
A las 10:24 de la noche, el presidente delineó el operativo para buscar a los responsables. Mandó al ministro de Defensa que usara fuerzas especiales, helicópteros y patrullas PRAL (patrullas de reconocimiento de alcance largo). También ordenó al director de la Policía que desplegara las Secciones Tácticas Operativas (STO). Además, ordenó al director de Centros Penales, Osiris Luna, “endurecer las medidas” y ampliar el estado de emergencia “indefinidamente”.
Todos contestaron en los siguientes seis minutos. El artículo 23 de la Ley Penitenciaria establece que el estado de emergencia en prisiones puede decretarse por un plazo no mayor de quince días. Sin embargo, Luna contestó a Bukele que cumpliría la orden.
El operativo se llevó a cabo en un perímetro amplio alrededor de donde ocurrió el ataque al bus. A las 11 de la noche, el ministro de Defensa notificó a Bukele que ya había helicópteros colaborando en la búsqueda. Una hora y media más tarde, Bukele dijo que en el operativo buscaban a cuatro personas y volvió a la carga con el tema del financiamiento. “Nuestros policías y soldados necesitan lentes de visión nocturna y drones que detecten señales térmicas”, escribió a las 12:31 de la noche. Ocho minutos después, se acordó de los diputados: “Espero que la Asamblea no dé más largas y autorice la alimentación para nuestras tropas; si no autorizan están del lado del crimen”, sentenció. Cinco días más tarde, el 4 de julio, los 84 diputados que componen la Asamblea, votaron a favor de la reorientación de fondos.
La secuencia de mentiras del gabinete de Seguridad
Para el sábado 29 de junio, varios medios daban por hecho que el amplio operativo policial y militar tras el ataque al bus había sido un éxito. “Policía captura a tres pandilleros por robar en la ruta 202 y violar a dos pasajeras en El Congo, Santa Ana” fue el titular de El Diario de Hoy. Última Hora, un portal controlado por Porfirio Chica, asesor del presidente Bukele, aseguró incluso que uno de los detenidos había sido reconocido por algunas de las víctimas.
A la 1:20 de la tarde del 29 junio, el ministro de Seguridad compartió la nota de Última Hora sobre las capturas y se felicitó. “Este Gobierno tiene la valentía y el compromiso de velar por la seguridad de los Salvadoreños. Seremos contundentes con las estructuras criminales”, escribió. 12 minutos más tarde, el presidente Bukele hizo eco de que había capturados por el asalto al bus y ordenó que se colocara a los detenidos en “aislamiento total en el penal de máxima seguridad, hasta que sean llevados a juicio”. Cuatro minutos después, el viceministro Luna contestó: “cumpliremos esa orden”.
Pero esa era una secuencia de mentiras. Ninguna víctima reconoció a los detenidos, nunca estuvieron arrestados por el ataque al bus y, por tanto, no había nadie a quien confinar a Zacatecoluca, como ordenó Bukele y prometió Luna.
“Tenemos un sospechoso que posiblemente lo estén identificando las víctimas”, dijo Arriaza Chicas en un video que publicó La Prensa Gráfica. A las 11 de la noche, la Policía arrestó a Marco Antonio Flores, de 39 años, en el cantón La Joya, del municipio de Coatepeque, según el acta de detención. Una hora más tarde, ya había capturado a otros dos hombres jóvenes, esta vez en el caserío Delgado, cantón El Guineo, del municipio El Congo: Wilber Vladimir Vanegas Mazariego y Melvin Alexander Martínez Melara. Supuestamente, los tres eran pandilleros sospechosos de asaltar a pasajeros del bus, privarlos de libertad, y violar a dos mujeres. Pero esas sospechas no llevaron a ningún lugar.
“Inicialmente, contactamos a algunas víctimas para que vieran las fotografías (de los capturados) que circularon en redes sociales, para descartar sospechas. Se descartó: no hubo víctimas que los reconocieran”, dijo a El Faro el jefe fiscal Román Navarro. “Nos atenemos a lo que dan las pruebas”, dijo. “Ellos están acusados por resistencia. La investigación del bus la empezamos de cero, con las denuncias de las víctimas. Nosotros manejamos las investigaciones sobre el asalto al bus como otra cosa, independiente de este tema de la resistencia”, agregó.
Vanegas, Martínez y Flores ni siquiera son acusados de pertenecer a la misma pandilla. La Policía perfila a Flores como integrante de la MS-13, clica AMLS, en grado de colaborador. El Faro identificó dos clicas que coinciden con esas siglas: la Armenia Locos (más cerca de la zona de los hechos) y la Malditos Arce Locos. Por otra parte, la Policía señala a Vanegas y Martínez de formar parte de la facción Sureños del Barrio 18, también en grado de colaboradores, pertenecientes a la clica WLS: Western Locos Sureños.
Que sean de distintas pandillas plantea dos posibilidades. Una es absurda: que miembros de pandillas enemigas se unieran para atacar un bus. La otra: que estos tres detenidos en dos municipios distintos no tengan que ver entre sí y no tengan relación con el hecho. A esta última versión se adhiere el jefe fiscal Navarro. 'Lo manejamos como investigaciones independientes', reiteró.
Ninguno de los detenidos ha estado, hasta ahora, en el penal de máxima seguridad. En el caso de Flores, el juzgado de Paz de Coatepeque le permitió continuar el proceso en libertad, el pasado 4 de julio. En el expediente de Vanegas y Martínez hay tres documentos que comprueban que, desde su captura, han estado detenidos en la bartolina del sistema 911 de Santa Ana. Todos se emitieron el 1° de julio de 2019.
El primer documento es el auto de recibimiento del requerimiento. El Juzgado de Paz de El Congo recibió el expediente fiscal y ordenó: 'continúen los detenidos en las bartolinas de la Subdelegación de Santa Ana'. El segundo documento es el oficio 845 de la jueza de El Congo. El mismo día que recibió la acusación fiscal, la jueza de El Congo, Marta Lidia Elías Menjívar mandó el oficio 845 a la Policía: 'Solicito proporcionar custodio y transporte para hacer efectivo el traslado de las bartolinas de la subdelegación de la PNC Santa Ana para el juzgado'. El tercer documento es el acta de notificación a los imputados: 'A las 02:45 de la tarde del primero de julio de 2019, el juzgado notifica a los imputados del caso de resistencia en las bartolinas de la PNC, Santa Ana...'
El Faro preguntó al fiscal por qué habían sido presentados los detenidos como relacionados a este crimen. Navarro dijo que esa pregunta deberían contestarla otras autoridades.
El Faro pidió una entrevista para hablar de este caso con el jefe de la Policía en Santa Ana, Douglas García Funes; o con el director general, Mauricio Arriaza Chicas. Desde que empezó la gestión Bukele, todas las solicitudes de entrevistas con funcionarios realizadas por este medio son redirigidas a Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de la Presidencia. La encargada de comunicaciones de la PNC repitió esa instrucción y no dio respuesta hasta esta publicación. Sanabria no contestó llamadas ni mensajes de este periódico, aunque sí leyó los mensajes enviados a través de Whatsapp. El Faro también envió preguntas por mensaje de Twitter al comisionado García Funes, muy activo en esa red social, pero no contestó.
La mano dura de Bukele
En su audiencia inicial, Flores, supuesto emeese, dijo que la noche que lo capturaron los policías tocaron la puerta de su casa. Su esposa abrió. Los agentes le dijeron que lo llevarían, pero que no se afligiera y que lo llevarían al bus donde había sucedido el hecho. Cuando estaba en el lugar, nadie lo reconoció. Los policías, según declaró Flores ante el juzgado, le dijeron que solo estaría cuatro días detenido y 'le harían el favor'.
Esa versión contrasta radicalmente con la del requerimiento fiscal. Esa va así: los policías observaron caminando a un sujeto en la calle principal de la colonia Las Lupitas Uno. Le mandaron comandos policiales, pero no los acató. Él respondió que no era delincuente, que se fueran a fregar a otro lado. Luego de eso, intentó fugarse 'oponiéndose a un registro corporal de forma violenta'. Lo sometieron para revisarlo, pero no le encontraron nada ilícito. Lo detuvieron por resistencia.
La historia es muy similar para Vanegas y Martínez, los supuestos dieciocheros. Según los policías, 'observaron a dos sujetos, quienes al observar la presencia policial y mandarle los comandos verbales 'alto, policía', intentaron darse a la fuga, procediendo a darle alcances, oponiéndose a registro corporal de forma violenta. Los registraron y no encontraron objetos ilícitos'. Sin embargo, la jueza Elías Menjívar decidió dejarlos detenidos por 30 días, basada en que los detenidos 'no han demostrado arraigos para mantenerse en el proceso y dado el momento coyuntural que se encuentra viviendo nuestro país, los imputados pueden interferir en el proceso'.
El delito de resistencia —oponerse con violencia a que una autoridad ejecute un acto legal— es el delito por el que más salvadoreños fueron arrestados en la primera quincena de junio. La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a 193 personas por resistencia entre el 1 y el 15 de junio de 2019, según datos estadísticos proporcionados por la Fiscalía. Sin embargo, solo diez de esos detenidos, un 5 %, había sido procesado hasta el 26 de junio, según estadísticas de la Fiscalía obtenidas por Ley de Acceso a la Información.
Ese porcentaje bajísimo habla de un fenómeno mucho más grande. El presidente Bukele promociona sus datos de capturas como logros de seguridad. 'Director Arriaza, lo felicitó por las 1,416 capturas que la PNC ha realizado en estos 15 días, incluyendo cabecillas y homicidas. Continúe e intensifique estas capturas, pero recuerde que la delincuencia no se detendrá hasta que tengamos a los financistas tras las rejas', escribió Bukele el 15 de junio en un tuit. Para ser exactos, ha habido 4,500 capturas desde que asumió el gobierno hasta el 11 de julio. Sin embargo, un porcentaje pequeño queda detenido o enfrenta un proceso judicial.
En la primera quincena de junio, la Fiscalía reportó 1,350 capturas en flagrancia, por diferentes delitos. La flagrancia es el periodo de 72 horas después de la comisión de un crimen. De esas capturas, solo 381 personas llegaron a tribunales, es decir el 28.2 %. Dicho de otra manera, siete de cada diez personas que la PNC capturó salieron libres en un máximo de 72 horas, sin enfrentar ningún proceso en juzgados.
La táctica de hacer grandes operativos que culminan en capturas masivas se usa en El Salvador desde hace 16 años, por gobiernos de Arena, FMLN y ahora, de Gana. Se trata de operaciones conjuntas entre policías y soldados, montados muchos de ellos para las cámaras de televisión, y que dan como resultado una gran cantidad de capturas de personas que están algunas horas en una delegación antes de salir libres porque nunca hubo evidencia de ningún crimen.
Francisco Flores (1999- 2004), de Arena, fue el pionero de esto. Entre el 23 de julio de 2003 y el 30 de agosto de 2004, la PNC reportó la captura de 19,275 supuestos pandilleros, en el marco del Plan Mano Dura. El 91 % de esos detenidos (17,540) fue liberado casi de inmediato. Solo el 5 % de todas esas capturas pasó a juicio.
Los números cambian cuando el arresto no es producto de la flagrancia, sino de una orden fiscal. Entre el 1 y el 15 de junio, la Fiscalía giró 190 órdenes de captura administrativa, después de realizar un proceso de investigación. De esas, 180 personas fueron judicializadas. Es decir, la Fiscalía ya llevó a tribunales al 95 % de sus objetivos de la primera quincena de junio.
