Con 154 homicidios registrados por la Policía Nacional Civil (PNC), julio de 2019 pasa a ser el segundo mes menos violento en lo que va de siglo XXI. Desde el 1º de enero del año 2001 son 221 los meses transcurridos ya; pues bien, la base de datos de la PNC sólo reporta uno en el que en El Salvador hubo menos homicidios que en julio de 2019: se trata de abril de 2013, con 143.
El tercer escalón del pódium lo comparten dos meses: abril de 2012 y agosto de 2012, en los que se contabilizaron 157 homicidios. En el listado de los meses con las cifras más amables de violencia homicida del siglo XXI estarían junio de 2012 (167 homicidios), noviembre de 2003 y diciembre de 2012 (ambos con 168), septiembre de 2012 (169), julio de 2002 (171), septiembre de 2003 (también 171)…
Todos esos son los meses menos violentos del siglo. En el otro lado hay ejemplos como agosto de 2015 y enero de 2016, con 918 y 740 homicidios respectivamente registrados por la PNC. En promedio, cada mes del siglo XXI se han registrado poco más de 300 homicidios, lo que permite calificar los 154 del julio recién concluido como una anomalía positiva.
En su propio conteo, la Fiscalía General de la República –institución que no depende del Ejecutivo– cifró los homicidios ocurridos en julio en 155, una diferencia mínima.
“Para serte sincero, no pensábamos que la reducción iba a ser tan rápida y tan grande”, dice Nayib Bukele, presidente de la República desde el 1º de junio del año 2019.
La cifra de 154 homicidios de julio incluye 16 osamentas halladas en fosas clandestinas y 22 homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad (PNC y Fuerza Armada) en supuestos enfrentamientos con presuntos delincuentes. Conviene explicitarlo por la polémica generada a mediados de mes: el lunes 15 de julio, en una reunión del Gabinete de Seguridad encabezada por el propio Bukele, se difundieron datos de homicidios sin esas dos variables. Pero el Gobierno dio marcha atrás.
Otro dato relevante: ni la PNC ni la Fiscalía reportan un aumento en las denuncias de personas desaparecidas. Los números de desapariciones son un grave problema en El Salvador desde finales de los noventa. Y también lo está siendo en 2019. Sin embargo, las denuncias recibidas por la Fiscalía han bajado de 10 diarias en 2018 a 9 diarias en 2019. Ambos números están sin depurar; es decir, sin seguimiento a cada denuncia para determinar si el desaparecido terminó apareciendo, vivo o muerto.
Julio, pues, acentúa un año, el 2019, que ya estaba siendo positivo en términos generales. Los 1 729 homicidios que la PNC registra entre el 1º de enero y el 31 de julio representan los primeros siete meses menos violentos en los últimos 15 años, con una única excepción: 2013, el año más influenciado por el proceso conocido como la Tregua, cuando hasta el 31 julio se registraron 1 310 homicidios.
Abriendo un poco más el encuadre, El Salvador mantiene un descenso en sus números de violencia homicida desde marzo de 2016, cuando la Administración Sánchez Cerén implementó las llamadas ‘Medidas Extraordinarias’. 2015 había finalizado con 18 asesinatos diarios; 2016, con 14; en 2017 se bajó a 11 diarios; en 2018, a 9; y en lo que va de 2019 el promedio es 8 salvadoreños asesinados cada día.
El presidente Bukele jala agua para su molino y establece una relación directa entre el llamado Plan Control Territorial (implementado desde el 20 de junio) y las cifras de julio. Pero él mismo hace un matiz importante: “Es probable que otros factores estén incidiendo junto con el plan; es un tema que está en análisis”. No detalló a qué otros factores se refiere.
El Faro trasladó esta pregunta a Bukele: “Julio cierra con un promedio similar al que se tuvo durante la Tregua en 2012 y 2013, cuando se negoció con las pandillas. ¿Su administración mantiene algún tipo de diálogo con pandillas?”
Esta fue la respuesta del presidente: “No tenemos ninguna comunicación con las pandillas. De hecho, creo que no tendría sentido pensar algo así. Hemos decretado emergencia en los penales, hemos cortado comunicaciones, hemos desarmado estructuras, incautado armas, droga, dinero, capturado a más de 2 000 pandilleros en dos meses. Es más, se nos ha acusado de abusar de la declaratoria de emergencia, de que la Policía disfraza enfrentamientos, de que violamos derechos humanos. Evidentemente, jamás sería una política de Estado nada de esto último. Pero sería absurdo estar negociando por un lado y siendo tan drásticos por el otro”.
Valoraciones de expertos
La española Sofía Martínez (1991, 19 de mayo) es una consultora independiente que desde hace tres años analiza temas de seguridad en el Triángulo Norte. Tras constatar que las cifras oficiales de violencia homicida en julio son “buenas noticias”, Martínez cree que “no hay elementos suficientes para relacionar esta reducción con las estrategias de seguridad del nuevo Gobierno”.
La analista cree que, en esencia, la Administración Bukele también le ha apostado a la represión. “Le han cambiado el nombre, pero la receta sigue siendo la misma”, dice. El manodurismo históricamente ha generado reducciones en la violencia homicida en las semanas e incluso meses posteriores al lanzamiento de los distintos planes.
Dice Martínez: “La razón por la que todos los gobiernos de los últimos 20 años han apostado por esta fórmula es porque efectivamente baja los homicidios en el corto plazo; sin embargo, a la vez que bajan las cifras de muertes violentas, una serie de efectos colaterales gravísimos quiebran este país: el miedo y la estigmatización hace que las comunidades más vulnerables se atrincheren; se genera un suelo fértil para las violaciones de derechos humanos; se rompe la relación entre el Estado y la sociedad; y la migración forzada se convierte en la mejor opción para las víctimas”.
Para la analista, las apuestas deberían ser a medio o largo plazo, con políticas de prevención de la violencia, de atención a víctimas, de rehabilitación y de fortalecimiento del sistema de justicia y seguridad. “Es reconfortante escuchar al presidente Bukele hablar de políticas integrales para reconstruir el tejido social, pero me gustaría escuchar cómo piensa plasmarlas en estrategias concretas”, dice.
El salvadoreño José Miguel Cruz (1966, 6 de marzo) lleva desde la década de los noventa investigando la violencia en El Salvador; desde hace algunos años ya lo hace desde una tribuna privilegiada: como director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami (Estados Unidos).
Cruz también cree que los datos positivos de junio y julio podrían resultar un espejismo. Aparte de que dos meses es un plazo demasiado corto para sacar conclusiones sonoras, “no contamos con toda la información necesaria”, dice. “Está claro que una caída en las cifras de homicidios como la registrada no se da por azar, y que debe haber factores exógenos a la dinámica regular de violencia homicida en El Salvador”, agrega.
Cruz coincide con Martínez a la hora de señalar que el grueso de las acciones más publicitadas hasta la fecha del Plan Control Territorial se basan en la represión, y que son, en esencia, similares a otros planes de corte manodurista implementados en gobiernos tanto de ARENA como del FMLN. También establece paralelismos con iniciativas implementadas en otros países, como el programa ‘Libertad Azul’, en Honduras: o las ‘Unidades de Policía Pacificadora’, en Brasil.
“Dichos programas lograron reducir la violencia temporalmente para luego dar paso a estallidos de violencia homicida que superaron los niveles previos a los programas”, advierte Cruz.
La clave, agrega, no es la represión. “En una sociedad como la salvadoreña, donde las normas de convivencia ciudadana jamás se desarrollaron, la ocupación territorial del Estado es efectiva solo efímeramente, porque a) las fuerzas gubernamentales no pueden permanecer eternamente en todo el territorio sin una infraestructural social y económica que las sostenga; y b) porque a la vuelta de un tiempo las fuerzas gubernamentales no pueden dirimir todos los conflictos que surgen sin que ellas mismas sean parte de la dinámica de la violencia”.
Lo cierto es que la implementación de estrategias de corte represivo como el Plan Mano Dura (2003), el Plan Mano Súper Dura (2004), la Ley de Proscripción de Pandillas (2010) o las Medidas Extraordinarias (2016) provocaron descensos en la violencia homicida en las semanas e incluso meses inmediatamente posteriores a la implementación.
El Plan Control Territorial contiene la llamada Fase 2, vendida como una apuesta inequívoca por la prevención en las comunidades empobrecidas más afectadas por la violencia en general, y por las pandillas en particular. Pero ni su implementación (en caso de que se implemente) ni los resultados pueden medirse a tan corto plazo.
Un dato final para valorar el reto que tiene por delante la sociedad salvadoreña: julio de 2019 cerró con 154 homicidios, una cifra inusualmente baja; pero para que El Salvador dejara de ser etiquetado por el Sistema de Naciones Unidas como un país que sufre epidemia de violencia, el número de homicidios que se cometen cada mes debería ser inferior a 60.
