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Transparencia en los primeros 100 días: del discurso a los hechos

Wilson Sandoval

 
 

Hablar sobre el tema de transparencia y corrupción en El Salvador se ha vuelto complejo. La voz de expertos, organizaciones o académicos se ha vuelto descartable y blanco de críticas ante el posicionamiento del tema en la arena de los sentimientos –al igual que el tema de la seguridad pública– en lugar de tratarse desde la arena de la racionalidad y los hechos. Son los efectos de un discurso populista y carente de ética que el Ejecutivo se ha encargado de instalar en la población desde el primer día de su administración. Sin embargo, no cabe duda de que los hechos siempre prevalecerán, sobre todo cuando se pueden fundamentar con las pruebas pertinentes.

A casi 100 días de la presidencia de Bukele, es fácil desmontar el discurso anticorrupción desde la racionalidad. De hecho, la administración actual ha perseverado en algunas de las prácticas antiéticas, ilegales y discrecionales de los gobiernos de derecha e izquierda. Como primer ejemplo está el incumplimiento de la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, por parte del presidente de la República y su gabinete. En su artículo 3, la citada ley obliga a todos los funcionarios y empleados públicos de rendir, en los 60 días siguientes a que tomen posesión de sus cargos, declaración jurada del estado de su patrimonio ante la Sección de Probidad. Sin embargo, fue hasta el día 22 de agosto (excediendo el corte del 29 de julio, en clara contravención de la ley), que parte de los funcionarios del Ejecutivo presentaron sus declaraciones, incluyendo el presidente.

Incluso, en un acto que atenta contra la inteligencia de cualquier ciudadano racional, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, manifestó que por “carga laboral” no ha podido presentar su declaración, tal y como recogió El Diario de Hoy en una nota el 7 de agosto del presente año. Además, por si fuera poco, en una entrevista televisiva del día 27 de agosto, Mario Durán, ministro de Gobernación, confesó no haber presentado su declaración porque “su contador” se encuentra fuera del país, como si se tratara de un funcionario que se encuentra sobre la ley. No sólo son cuestionables las actuaciones contra la Constitución y la leyes secundarías por parte del presidente y la mayoría de su gabinete, sino que el discurso que apela a una CICIES para combatir la corrupción se queda sin fundamento cuando los gobernantes no cumplen ni siquiera con las obligaciones que la legislación nacional les impone.

Sobre la CICIES, al menos con la información presentada hasta la fecha, el Ejecutivo ante la incapacidad o la “no intención” de generar un consenso transparente e inclusivo con los otros órganos de poder y partidos políticos que favorezca el interés general, prefirió implementar una comisión limitada, en principio, a sus propias dependencias, realizando una jugada comunicacional que permite ante los ojos del electorado “cumplir la promesa”, aunque esta ni se acerque en lo mínimo a lo expuesto en la campaña y lo indicado en el Plan Cuscatlán. Lo irónico del acto de lanzamiento de la Comisión es que, aun ante la presencia de la OEA, se decidió dejar fuera a medios de comunicación como Revista Factum y El Faro, como sí se pretendiera evitar ser escudriñado por aquella prensa que resulta incómoda, poniendo en práctica acciones que atentan contra el derecho a la libertad de expresión y a la información, demostrando que la transparencia no parece ser un valor compartido por la administración en turno.

Otro hecho es la continuidad de la partida secreta, un mecanismo que durante la campaña el presidente Bukele prometió que eliminaría. La promesa tiene lógica, puesto que las investigaciones fiscales contra los expresidentes acusados de corrupción han encontrado vinculaciones entre la partida de gastos reservados de la presidencia y delitos como el lavado de dinero. Sin embargo, el Ejecutivo maniobró para declarar secreto de Estado toda la información administrativa y presupuestaria que atañe al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), retomando las prácticas de las administraciones anteriores de utilizar la ley del OIE para disponer en secreto de fondos públicos, pretendiendo así implícitamente limitar el derecho de la ciudadanía de conocer el destino de dichos fondos provenientes de impuestos.

Durante la administración del expresidente Antonio Saca, el monto de gastos reservados fue mayor a los 300 millones de dólares, según detalla el Informe de Ejecución de Gastos Reservados la Presidencia de la República 1989-2018, elaborado por la ahora eliminada Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción. De dicha partida el exsecretario privado de Saca, Élmer Charlaix recibió al menos 18 millones de dólares, razón por la que fue condenado a 10 años de prisión junto a Saca, por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos. Por lo tanto, no sólo es cuestionable el incumplimiento de una promesa de campaña, también lo es la continuidad del “secretismo” de manejo de fondos con alto nivel de discrecionalidad, elementos que los antecedentes indican suelen configurarse para llevar a cabo ilícitos.

La ausencia de transparencia del actual gobierno no solo se limita a temas de fondos públicos. Políticas como la de seguridad y decisiones relacionadas a la función pública se muestran opacas, limitando su fiscalización por parte de la ciudadanía. En el tema de seguridad pública, si bien los homicidios parecen haberse reducido, el Plan “Control territorial” carece de información pública -necesaria en toda democracia- que sustente la legalidad de las estrategias y tácticas utilizadas por una PNC dirigida por funcionarios vinculados a violaciones de DDHH. Su director, Mauricio Arriaza Chicas, fue responsable de las unidades especializadas de la corporación policial, entre ellas el extinto GRP, unidad señalada por la masacre de San Blas, en el año 2015 en el municipio de Zaragoza y que se terminó suprimiendo en el contexto de la muerte hasta ahora impune de la agente Carla Ayala.

En los primero 100 días también ha habido despidos dentro del Ejecutivo, que sin duda son justificables aquellos asociados a nepotismo o corrupción. Sin embargo, el procedimiento parece adolecer de una revisión perfil a perfil de los más de 400 despidos, a lo cual se agrega el hecho de no presentar información desde el Ejecutivo que transparente la situación. Después de todo, cometer exabruptos contra la estabilidad laboral es caer en el mismo saco de las administraciones anteriores que poco hicieron por mejorar la función pública con el objetivo de superar la corrupción. Con todo ello, el presidente Bukele asume una postura en redes sociales de desinformación, justificando que todos los despedidos son realizados por vinculaciones del personal con el FMLN sin ofrecer pruebas de ello, mientras paralelamente ha llevado a cabo incorporaciones de familiares en la administración pública, como su hermano Yamil Bukele frente al INDES, en clara contradicción contra la Ley de Ética Gubernamental, repitiendo así prácticas de nepotismo.

Los antecedentes de ausencia de transparencia en la administración Bukele pueden remontarse a la campaña electoral, ya que hasta la fecha no ha revelado quiénes financiaron su campaña, siguiendo la tradición de la mayoría de los partidos políticos. Se trata de un asunto crítico, considerando que fue el partido GANA quien le acuerpó como candidato, mismo en el que recaló el expresidente Saca y quien actualmente guarda prisión por diversos delitos de corrupción. Los hechos acá detallados y que en algunos casos no dan lugar a un segundo análisis o justificación que valga -puesto que la ley simplemente se cumple o no- permiten aseverar que no hay “nada nuevo bajo el sol” en lo relacionado a un interés legítimo de superar las prácticas de corrupción y de ausencia de transparencia predominantes en el Ejecutivo desde hace décadas.

Los hechos también deben estimular a la ciudadanía bajo un sentido de corresponsabilidad para que cuestionen a los gobernantes, no por sus discursos o intenciones, sino por sus acciones. Si los hechos nos muestran funcionarios públicos que evitan exponerse a la fiscalización de los medios de comunicación, omiten de forma intencional cumplir con las leyes y ocultan información vital de recursos que no les pertenecen, estamos únicamente ante la continuidad de una clase política sin valores que apela a un discurso “liberador” de la corrupción y una “ética máxima”, sin siquiera cumplir con los mínimos éticos. Es decir, cumplir con las obligaciones que la sociedad ha definido como correctas, siendo una de ellas cumplir con las leyes. Como lo expresa el aforismo en latín facta non verba, “las acciones y no las palabras”, deben ser el punto de partida para avalar o no estos primeros 100 días de supuesta transparencia.

Wilson Sandoval es actualmente becario de la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCID). estudiante de la Maestría en Dirección Pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Maestro en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y abogado por la Universidad de El Salvador. Trabajó junto a diferentes comunidades en El Salvador como director general de la organización TECHO
 
Wilson Sandoval es actualmente becario de la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo (AGCID). estudiante de la Maestría en Dirección Pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Maestro en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y abogado por la Universidad de El Salvador. Trabajó junto a diferentes comunidades en El Salvador como director general de la organización TECHO

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