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¿Adónde vamos?

Rubén Zamora

 
 

Estamos en plenos 100 días de la toma de posesión del presidente Bukele, una evaluación es, por un lado, arbitraria, pues el número 100 perfectamente podría cambiarse a 200 o reducirse a 50. Pero, además, es a todas luces injusto e imposible tratar de “evaluar” el desempeño de una nueva administración que solo ha ocupado 100 de los casi 2 000 días que tiene para desarrollar su labor; es como tratar de evaluar a un atleta por un paso que ha dado. Por ello, mi reflexión estará centrada no tanto en lo que el nuevo gobierno ha hecho, sino en tratar de señalar las tendencias políticas que se pueden detectar en su labor durante este período.

I. El escenario

Lo primero que hay que tomar en cuenta es el contexto político que nos encontramos tratando de evaluar y este es peculiar; no de este momento, sino desde el período electoral recién pasado y su prolongación hasta hoy.

Tanto la campaña electoral como el comportamiento del electorado en marzo de este año demostraron, con toda claridad, que la crisis de legitimidad de los instrumentos políticos más importantes, gobierno y partidos, se había profundizado y estallado. Entramos a la elección con las valoraciones más bajas del desempeño de órgano Ejecutivo y Legislativo en casi 30 años de posguerra, con una alta pérdida de confianza de la ciudadanía y ya con niveles apreciables de rechazo.

En este escenario aparece un candidato que ofrece borrón y cuenta nueva, universalizando el borrón sin definir la nueva cuenta, y  desarrollando nuevos instrumentos de comunicación electoral en su campaña, frente a la cual los partidos tradicionales se mostraron incapaces, dado su triste estado, de presentar una respuesta medianamente consistente. Si bien la campaña del nuevo candidato se centró en un mensaje de negatividad, los partidos contendientes contribuyeron a potenciarla aún más por su pobre e inconsistente desempeño.

Todo esto se refleja en el comportamiento de la ciudadanía el día de la votación, y aunque recurrió a las urnas en menor medida, lo hizo con un sentimiento de castigo a los instrumentos que la han defraudado. No hay duda de que el triunfo de Bukele en primera vuelta se explica no solo por el brillo carismático que lució durante la campaña, sino, en igual o mayor medida, por un voto de castigo a los partidos tradicionales. 

En el período poselectoral esta tendencia no ha hecho más que acentuarse, los partidos no dan muestra alguna de haber entendido el mensaje de los votantes y continúan en su letargo o en sus conflictos domésticos, sin dar muestras de verdadero cambio. De igual manera, la Asamblea Legislativa continúa con sus veteranas malas prácticas, aislándose aún más de la ciudadanía y refugiándose en la burbuja burocrática que se ha labrado. Esto genera la impresión de que aquí el único que actúa es el nuevo presidente.

II. Lo hecho

A todas luces, la tarea central que el gobierno ha asumido en estos tres meses, más allá de tratar de organizar su personal de gobierno –que no ha sido muy exitoso, dados los huecos de nombramiento y el récord de ministros y viceministros renunciados o renunciando que ha tenido–, es su accionar en el campo de la seguridad. Este destaca, por un lado, por la revisión del funcionamiento de los penales donde ha logrado reorganizar más efectivamente la distribución de los pandilleros condenados y una mayor efectividad en el aislamiento telefónico, que en anteriores administraciones había sido pobremente implementada. Menos mal que antes del cierre de los 100 días el presidente anunció el fin de las medidas extraordinarias de aislamiento a los presos, pues eso, probablemente, reducirá las críticas de los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos por la violación de los tratados respectivos.

Es evidente que el gobierno se ha centrado en estos tres meses en enfrentar el problema de los territorios en los que las maras ejercen dominio, cometen asesinatos, extorsiones y venta de drogas lanzando operativos policiales-militares de gran envergadura. Se trata de lo que se conoce como “Recuperación de territorios”, iniciado en escala más modesta en gobiernos anteriores. Y es que no hay duda, ha obligado a las maras a replegarse” a otros territorios. Sin embargo, esta táctica de combate delincuencial no ha estado acompañada de la recuperación de habitantes, que es la parte fundamental de una estrategia que produzca resultados duraderos.

Los operativos punitivos son necesarios pero incompletos, además de ser altamente costosos para el erario público. Lo que pone un límite al tiempo de ocupación, tiende a generar respuestas de adaptación en las maras que les permite continuar extorsionado pese a la presencia policial-militar en esos territorios, esto es observable hoy, por ejemplo, en el centro de la capital.

No hay duda de que la fase de recuperación de la población por parte del Estado, con una presencia positiva de servicios públicos y oportunidades de trabajo que restaure la confianza en los ciudadanos, es la fase más importante de todo el proceso; no obstante, esta no es  realmente visible en estos 100 días. Se han improvisado algunas iniciativas, que no solo son insuficientes, sino que pueden terminar bajo el control de las maras. Esta fue la debilidad estratégica de todos los programas de gobiernos anteriores y mientras no cuente el actual gobierno con un plan seriamente estructurado y ejecutado, no se resolverá el problema y continuará sujeto a las angustias y desengaños de las bajadas y subidas del número de asesinatos, de un día a otro, como lo acabamos de experimentar.

Por lo demás, la actividad del gobierno en estos 100 días se ha caracterizado más por anuncios y gestos que por realidades: se anuncian planes de salud y al mismo tiempo se piden los datos para hacerlos; se pone la primera piedra de obras importantes, pero en las que la licitación de ley aún no es una realidad; se hacen cambios aparatosos de funcionarios y empleados públicos, argumentando el favoritismo y el nepotismo del anterior gobierno, para llenarlas con los mismos vicios.

II. Tendencias

Si bien la evaluación de realizaciones gubernamentales en 100 días no puede ir muy lejos, hay otras avenidas para evaluarlo centrándose en el cómo se está gobernando que nos puede ofrecer pistas más seguras acerca de la naturaleza y desempeño del nuevo gobierno. Ofreceré tres de ellas.

La primera es examinar la coherencia entre la propuesta electoral programática del candidato y su actuación como gobernante. Esto es importante porque el programa electoral es lo que el candidato ofrece a los votantes y se compromete a cumplir si ellos le dan el voto; este es el centro de la democracia electoral, el compromiso de gobernante con los gobernados. Pero lo que podemos observar es que el nuevo gobierno está actuando como si su programa electoral “Cuscatlán” no existiera. Está haciendo de este programa un simple papel de propaganda electoral y no la guía de su gobierno; no es que el documento presentado fuera perfecto, no existe eso, pero tenía propuestas útiles y viables. Lo correcto es que cada ministro lo tome, lo estudie, lo ajuste a las realidades que está encontrando y lo tome como una guía de su desempeño; sin embargo, no hemos oído al presidente ni a ningún ministro referirse al plan y más bien pareciera ser que los ministros lo que en primer lugar esperan es el tuiter del presidente sobre qué y cómo deben actuar.

Esto está generando, por una parte, ministros abrumados en acciones puntuales, contestando demandas inmediatas de la gente, sin metas claras estratégicas y tácticas que les permitan organizar el gobierno. El peligro de todo esto es que de un gobierno pasivo e incomunicativo, como el que acaba de terminar, pasemos a un gobierno improvisador y cortoplacista que no sea capaz de enfrentar los problemas estructurales de la nación.

La segunda pista es analizar la manera en que el nuevo gobierno asume la lucha politica democrática. Hay dos caminos para hacerlo. Uno es el conocido como amigo-enemigo; es decir, enfrentar la lucha política dividiendo claramente en dos bandos, los que me apoyan son mis amigos, los que se me oponen o me critican son mis enemigos, a quienes tengo que liquidar o inutilizar políticamente. La otra vía es la búsqueda del diálogo-concertación para resolver los problemas que la política nacional enfrenta. En la práctica, todos los gobiernos combinan ambas vías, pero lo importante es determinar cuál es la que el gobierno prioriza en sus prácticas; no hay duda de que la democracia representativa tiende a privilegiar este último.

La experiencia de estos 100 días muestra claramente que la prioridad del accionar gubernamental es por la vía del amigo-enemigo. Los hechos son contundentes desde la primera acción del presidente ordenando despidos de funcionarios y empleados sobre el “pecado” que eran militantes del anterior partido en el gobierno o familiares de los dirigentes del mismo (ambas causales son inconstitucionales); pasando a los ataques a periodistas, que han hecho retroceder al país en 15 puntos en el barómetro de libertad de prensa; sin dejar a un lado la mantra gubernamental de que todo lo hecho en el pasado está mal y todo esto sustentado en un discurso presidencial agresivo contra la Asamblea Legislativa y particularizado en ataques al FMLN. Estos hechos son muestra clara de una práctica política que conduce a incrementar la polarización  enfermiza de la que padece nuestra vida politica.

Por otra parte, el discurso de la búsqueda de un acuerdo nacional para resolver los problemas estructurales (educación, pensiones, agua, reconciliación, situación fiscal, solo para citar algunos) y preparar al país ante la amenaza de recesión mundial que pareciera perfilarse, se encuentra totalmente ausente del discurso y de los hechos del nuevo gobierno. Todo parece indicar que el único consenso que hasta hace unos meses existía en la política, la necesidad de un acuerdo nacional para enfrentar estos problemas, está siendo borrado por el nuevo Gobierno.

Una tercera vía es examinar la orientación de la gobernabilidad actual, la relación del gobernante con la ciudadanía. Esto se vuelve mucho más importante aún por la debilidad y falencia de los partidos, que son el vehículo de relación entre la ciudadanía y el gobierno. Lo que hemos observado en estos 100 días es, por una parte, un gobierno que busca resolver problemas inmediatos y específicos de la ciudadanía, lo cual no es reprochable. El problema es que si se queda en ello, va a terminar abrumado por las miríadas de acciones que tendrían que tomar y muy pronto se vería en problemas, pues no alcanzaría a resolverlos de inmediato y generará frustración.

Este es el punto débil de asumir una actitud paternalista en el ejercicio del gobierno, partiendo de la forma en que actúa el presidente tuiteando órdenes inmediatas a sus ministros y estos al igual que altos funcionarios corriendo de arriba para abajo atendiendo casos. Soy enemigo del ministro que no sale de su despacho, pero, aunque no le guste, tiene que pasar horas en él, planificando, dirigiendo, pues esta es parte esencial de su trabajo, así como el contacto directo con la población.

Creo que el fondo de esta forma de gobernabilidad estriba en la concepción que el presidente Bukele tiene de su misión. Su discurso transparenta que él se considera la encarnación del pueblo, que lo que él dice y quiere es lo que el pueblo quiere, y se olvida que el presidente no encarna al pueblo, sino que es, según nuestra Constitución, el representante y no el dueño del pueblo. Es un funcionario sometido a la ley y cuyas atribuciones son únicamente las que la Constitución y las leyes le establecen, ni más ni menos.

Insisto en esto porque es precisamente esta concepción la que puede empujar a una ruptura de la institucionalidad democrática, o más precisamente del grado de institucionalidad democrática al que hemos avanzado desde la firma de los Acuerdos de paz. Esto es algo en lo que no podemos retroceder y el nuevo Gobierno ha dado muestras de poco respeto a la institucionalidad democrática. Los ejemplos son muchos, cito algunos: contrataciones incorrectas de funcionarios públicos, inauguración de obras públicas sin licitación previa, la orden de poner un retrato del presidente, cuyo costo es de $254 y que debe de ser comprado a una sola empresa, y luego la orden a todo el Ejecutivo de añadir igual imagen de la primera dama, con lo que el costo se dobla; ambos sin licitación.

Vivimos por 60 años un régimen de arbitrariedad, de violaciones de derechos humanos, de una institucionalidad democrática que solo existía en el papel de la Constitución y eso nos llevó a una guerra civil, no tiene sentido que lo repitamos.

Rubén Zamora (1942) en la biblioteca de su casa, en los Planes de Renderos. Zamora es un político de izquierdas que fue embajador de El Salvador en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas. Miembro fundador del Frente Democrático Revolucionario y de Convergencia Democrática, fue parte del equipo negociador de la guerrilla para los Acuerdos de Paz. En 1994 fue candidato a la presidencia por la coalición CD-FMLN-MNR. /Foto El Faro: Víctor Peña
 
Rubén Zamora (1942) en la biblioteca de su casa, en los Planes de Renderos. Zamora es un político de izquierdas que fue embajador de El Salvador en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas. Miembro fundador del Frente Democrático Revolucionario y de Convergencia Democrática, fue parte del equipo negociador de la guerrilla para los Acuerdos de Paz. En 1994 fue candidato a la presidencia por la coalición CD-FMLN-MNR. /Foto El Faro: Víctor Peña

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