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El camino hacia un retiro próspero

Jaime David Ayala

 
 

Ernesto Saldaña pasaba de los 30 años cuando lo conocí en 1993. Él es uno de los miles de salvadoreños que deberá seguir trabajando para vivir dignamente después de pensionarse. Para esa fecha, él ya había soportado incontables horas de sol y trabajo en el campo, cargando con la ilusión frustrada de no haber podido dedicarse a la que pensaba era su vocación: la administración de empresas. Sus condiciones socioeconómicas hicieron de la universidad privada algo impensable y la ocupación del campus de la universidad estatal durante la guerra convirtió en imposible la opción pública.

En ese mismo año conocí a Dalila Menéndez y a su segundo bebé. Ella ha trabajado como secretaria por casi 20 años. Junto a su hijo nacieron alrededor de 120 000 niñas y niños durante el primer año de la posguerra. Esta cantidad de nacimientos abonó a que existiesen cerca de 11 niños por cada salvadoreño en edad de retiro en ese año, un número bajo si se compara con los más de 18 niños por salvadoreño en edad de retiro en 1971. Pero es también una cifra extremadamente alta si se compara con la cifra actual: 4.3 niños por adulto mayor, versus los 1.5 niñas y niños por cada salvadoreño en edad de retiro que habrá en 2050.

Muchas cosas cambiaron durante los años, pero una pareció inmutable para Ernesto y Dalila a través del tiempo: a pesar de todo, siempre hubo trabajo ―un oficio mal pagado, un negocio por emprender o una nueva línea de productos cosméticos que vender con visitas casa por casa―, incluso aquel que garantizara varias horas de trabajo y solamente el salario mínimo. Durante más de dos décadas han regresado a sus hogares agotados, de mal humor o estresados, sabiendo que lo ganado no es suficiente para prosperar. Con el tiempo se aprende que estas situaciones no resultan sorprendentes en El Salvador. Ya lo dijo una vez el expresidente Arturo Molina en su discurso de toma de posesión en 1972: «Tenemos que enfrentarnos a la terrible paradoja de que falta el trabajo para uno de los pueblos más trabajadores del mundo».

Por más de un siglo se ha reforzado y normalizado el estereotipo del ciudadano salvadoreño como una persona que, sin importar las circunstancias de adversidad, sale siempre a trabajar. Los contrastes de la glorificación de este mito no son mínimos. El 65.8 % de hogares salvadoreños registra situación de subempleo e inestabilidad en el trabajo y en 69 de cada 100 se registra al menos una persona sin acceso a seguridad social. En El Salvador, quienes logran obtener un empleo con un salario decente y protección social son una escasa minoría que logra superar el bachillerato.

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En 1998 el país realizó uno de los cambios más grandes al sistema de pensiones: la creación del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), que sustituyó al Sistema Público de Pensiones (SPP). Este último era administrado por el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y operaba bajo un sistema de reparto; es decir que los aportes de los trabajadores de un año dado servían para financiar las pensiones de los ciudadanos jubilados en ese momento. Dada la insostenibilidad de este mecanismo, el nuevo sistema priorizó el ahorro individual que cada trabajador generaba durante su vida laboral y, con la rentabilidad que se lograra alcanzar, se financiarían las pensiones durante la etapa de vejez.

La transición entre ambos sistemas generó una deuda asumida por parte del Estado hacia los cotizantes del SPP, que no sólo es vigente, sino que durará por décadas.

Posterior a la reforma, el Estado salvadoreño se vio acorralado por los compromisos financieros del SPP. En 2006, creó el Fondo de Obligaciones Provisionales (FOP), que se alimenta a través de la venta de Certificados de Inversión Previsional (CIP), que las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a comprar con hasta el 45 % de ahorros de los trabajadores (Inicialmente, las AFP estaban obligadas a utilizar el 25 % de los ahorros, pero tras una reforma en 2012 este límite subió a 45 %).

En 1993, la cobertura del sistema de pensiones se estimaba en 22.6 % de la población económicamente activa (PEA); veinte años más tarde, en 2013, esa misma medición reveló que la misma cifra ascendía a 24.5 %. Durante años, diversas administraciones gubernamentales han prometido aumentar la rentabilidad y los beneficios a partir de estas reformas.

Finalmente, en 2017, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva reforma al sistema de pensiones. Esta modificación incrementó la tasa de cotización que patrono y empleador debían pagar (del 13 % al 15 % en total) y creó la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que servirá para asegurar el pago de pensiones estables y vitalicias. Actualmente, la pensión mínima que recibe un ciudadano salvadoreño es de $207.80.

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El cálculo para Ernesto y Dalila está claro, recibirán la pensión mínima en un par de años. Ya mayores, se enfocarán en mantener un nivel de vida digno y atender las aflicciones que plantee el futuro. El destino, dice Ernesto, pudo haber sido diferente si hubiera estudiado Administración de Empresas, si la guerra no le hubiera golpeado, si no se hubiera endeudado… Estos ejemplos de vida no son exclusivos ni tampoco los peores.

Actualmente, el 33.3 % de hogares salvadoreños son pobres multidimensionales, es decir que carecen no solo de un ingreso suficiente para subsistir, sino que también enfrentan severas restricciones para convivir en forma pacífica, trabajar con dignidad y recibir servicios básicos de salud y educación. Solamente 6 de cada 100 de salvadoreños asisten a un centro de educación superior formal. En el futuro, esta minoría podrá acceder a un ingreso mensual promedio de poco más de $600. Cualquier persona que viva sobre esta línea puede considerarse privilegiada.

A esto hay que sumarle que las primeras etapas de la vejez salvadoreña están marcadas por un estilo de vida poco saludable. De cada 100 salvadoreños mayores de 60 años, 66 poseen prevalencia de hipertensión arterial, el 35 % padece una enfermedad renal crónica, mientras que el 14 % muere por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas antes de haber cumplido los 70 años. Únicamente 24 de cada 100 salvadoreños adultos tienen acceso a un seguro médico privado o público, y solamente el 23 % de personas contribuye al sistema de pensiones. Esta situación brinda claridad sobre la fragilidad de nuestro sistema de protección social.

Las trayectorias de vida son altamente relevantes para comprender la eficacia de los sistemas de pensiones. Durante los primeros 3 años de vida, el cerebro humano se desarrolla a un ritmo que no volverá a experimentar en la vida adulta. Justo después de nacer, el cerebro crece a una tasa de 1 % por día y desacelera con el tiempo. A los 5 años de vida, el cerebro alcanza el 90 % de su tamaño adulto y ha desarrollado la mayoría de las conexiones neuronales que sustentan las capacidades lingüísticas, emocionales, motrices y sociales.

Una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés. El empleo es importante, pero si este continúa siendo un fin ―en lugar de un medio― para alcanzar la prosperidad, cualquier modificación al sistema de pensiones continuará garantizando únicamente arreglos financieros. La transformación efectiva de los trayectos de vida requiere de intervenciones que garanticen un punto de partida equitativo, y oportunidades para alcanzar el desarrollo y la felicidad.

Invertir en los inicios de la vida es la mejor manera de asegurar las condiciones para un retiro próspero. Y para esto es necesario aprovechar los momentos de desarrollo más rentables en nuestro ciclo de vida, priorizar la implementación de una política social proactiva ―en lugar de una paliativa― y comprender que un mejor El Salvador es posible si apostamos por la más grande fuente de riqueza de este país: su gente.

*Jaime Ayala es economista graduado de la Escuela Superior de Economía y Negocios.  Posee experiencia como consultor para agencias de cooperación internacional e implementadores. Ha colaborado como asistente de investigación en temas de sustentabilidad, prevención de violencia, desarrollo humano y diseño de propuestas para una política social transformadora en El Salvador.
 
*Jaime Ayala es economista graduado de la Escuela Superior de Economía y Negocios.  Posee experiencia como consultor para agencias de cooperación internacional e implementadores. Ha colaborado como asistente de investigación en temas de sustentabilidad, prevención de violencia, desarrollo humano y diseño de propuestas para una política social transformadora en El Salvador.


Este texto fue publicado originalmente en la Revista Impúdica N° 4, publicada en marzo 2019, dedicada a reflexionar sobre el futuro.

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