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El fracaso del estado de sitio

 
 

En este mes de septiembre se cumple un año de la imposición del estado de sitio de facto, que ha suspendido por las vías de hecho los derechos constitucionales, sin que la Asamblea Nacional haya decretado a través de una ley el Estado de Emergencia

Durante doce meses, la dictadura Ortega Murillo ha intentado imponer el orden y la “normalidad”, violando los derechos constitucionales de los nicaragüenses. Después de la matanza de abril y la “operación limpieza”, Ortega ha criminalizado las libertades de prensa y expresión, y el derecho de reunión y movilización pacífica, impidiendo la celebración de marchas cívicas, como la que fue reprimida este sábado por centenares de policías y paramilitares en Managua.

Las fuerzas represivas del régimen también han cometido nuevos crímenes, como el del preso político Eddy Montes en la cárcel; o el del autoconvocado Bryan Murillo en su propia casa en León; o los asesinatos contra varios miembros de la familia Montenegro en Jinotega, y decenas de campesinos en el norte del país. Todos estos crímenes, igual que los que perpetrados durante la represión de abril y la “operación limpieza”, siguen en la impunidad.

Sin embargo, el estado de excepción ha fracasado de forma rotunda, porque la dictadura no ha podido doblegar la resistencia ciudadana ni las demandas de cambio democrático y justicia. Nadie se ha rendido ni ha pactado con Ortega, ni los ciudadanos, ni los empresarios, a pesar de las represalias, la cooptación y la persecución fiscal.

El estado de sitio fue derrotado primero en las cárceles, donde a pesar de la tortura y los tratos inhumanos, Ortega nunca pudo quebrar la moral de los presos políticos ni someterlos. También ha sido derrotado en las calles, donde se mantiene viva la protesta cívica que nació en la Rebelión de abril, ahora de forma más organizada y menos espontánea. A contrapelo de la censura, la confiscación de medios, y la persecución contra los periodistas, Ortega ha perdido la batalla por la verdad, ante la resistencia de la prensa independiente. Mientras que el ámbito internacional, el régimen se encuentra más aislado en la OEA y en la ONU, donde la narrativa oficial del “fallido intento de golpe de estado” no le ha permitido justificar el cercenamiento de las libertades públicas.

Con la derrota del estado de sitio también ha fracasado el último intento del proyecto autoritario de Ortega, que apostó a reconstruir su alianza económica con el gran capital, a costa de democracia y transparencia. Un año después, Ortega no ha logrado sumar un solo aliado económico para brindarle legitimidad a su dictadura sangrienta, porque de manera unánime los grandes empresarios han reiterado que no es posible aceptar una negociación económica con el Gobierno, si no se resuelve antes la causa del problema que reside en la crisis política. Una enfermedad terminal que demanda reformas electorales y elecciones anticipadas.

La consecuencia de esta masiva crisis de derechos humanos ha sido la paralización de la inversión nacional y extranjera, la crisis económica y la emigración forzada de más de 70 mil nicaragüenses al exilio. Y lo único que ha logrado Ortega al cancelar la negociación política con la Alianza Cívica, ha sido agravar la recesión  económica, con más desempleo, más pobreza, y más aislamiento internacional, con la advertencia de que se impondrán sanciones económicas más severas, que inevitablemente afectarán también a los partidarios del régimen y a los empresarios sandinistas.

Al cumplirse un año del fracaso del estado de sitio, el país necesita más presión nacional e internacional para lograr la suspensión del estado de excepción. No se puede ir a una elección libre bajo estado de sitio. Es imperativo, por lo tanto, despejar el camino hacia una reforma electoral, para que el “pueblo-presidente”, como proclama Ortega, decida en unas elecciones libres si quiere que siga la dictadura, o apoya un cambio democrático profundo. A final de cuentas, el dilema nacional se asemeja a una elección plesbicitaria que se resume en dos opciones: De un lado, el proyecto dinástico de Ortega y Murillo, y del otro, la oferta del cambio democrático del movimiento Azul y Blanco, para empezar a resolver la crisis económico-social y sentar las bases de la justicia sin impunidad.

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