El Gobierno de El Salvador y la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaron este viernes 6 el arranque de una mesa técnica que eventualmente creará un organismo anticorrupción al que el Ejecutivo ya llama Cicies en referencia a la Cicig que operó en Guatemala la última década. El ente anunciado en El Salvador no tendrá, sin embargo, el alcance del guatemalteco y se limitará, por lo pronto, a auditar, prevenir y denunciar la corrupción en 105 oficinas adscritas a la Presidencia de la República.
En su plataforma de gobierno y durante la campaña electoral, Nayib Bukele había prometido una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (Cicíes), que emularía el trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que tendría el respaldo de la OEA, pero también de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, y pese al aplauso de voces en Washington como el congresista Eliot Engel, que este viernes celebraba la participación conjunta de la OEA y la ONU, el involucramiento de Naciones Unidas no está claro.
En los documentos que el Gobierno entrante usó para socializar su plan de Cicíes antes de la toma posesión (entre marzo y mayo) se establecía que la OEA y la ONU se repartirían áreas operativas de una eventual misión en El Salvador. Por ejemplo, según lo que señalaba un organigrama, la ONU estaría a cargo de las áreas de “prevención” y “recuperación” mientras que la OEA de las áreas de “fortalecimiento institucional” y “observación”. Encargados del diseño de ese plan dijeron a El Faro que la ONU tiene más experiencia en las investigaciones criminales y que la Cicíes debía aprovechar eso. No obstante, en la conferencia de prensa las siglas de la ONU ni se mencionaron.
Horas antes del anuncio del Gobierno y la OEA, la oficina de la ONU en El Salvador había reaccionado con una publicación en redes sociales. “Naciones Unidas saluda los esfuerzos de #ElSalvador para erradicar la corrupción. En los próximos días, el Secretario General sostendrá una reunión con el Gobierno para conocer la propuesta y los detalles de su solicitud de apoyo”, decía un tuit publicado desde @ONUElSalvador. Se refería a la carta que el Gobierno salvadoreño envió hace dos semanas a la ONU, en la que solicitaba ayuda para armar la misión internacional.
A falta de micrófono en el acto oficial, el vicepresidente Félix Ulloa, la persona a quien el presidente Bukele confió la elaboración del plan para la Cicíes, salió al encuentro de la ONU un día después del evento y de la publicación: “Agradecemos la receptividad de la ONU a nuestra solicitud. Esperamos reunirnos pronto con el Srio. Gral en New York”, escribió Ulloa.
Entre las interrogantes en este proceso está la duda de por qué El Salvador demoró casi seis meses en enviar la solicitud de apoyo a la ONU, cuando el borrador de la misma fue elaborada en febrero, según Paul Steiner, uno de los miembros a cargo del eje anticorrupción del Plan Cuscatlán y actual presidente de Conamype.
Sin tener en manos una acuerdo con la ONU, el presidente Bukele dijo este viernes que “la Cicies va y empieza a partir de hoy”, pero lo cierto es que lo anunciado es la instalación de una mesa técnica que tendrá como primer objetivo crear el nuevo organismo para auditar solo al Ejecutivo. Esa mesa, según anunció el presidente, también buscará apoyos interinstitucionales con la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas y el Órgano Judicial para convertir en investigaciones judiciales los posibles casos de corrupción que se detecten en las oficinas del Ejecutivo. En el largo plazo, se anunció que el nuevo organismo podría buscar acercamientos con otros órganos del Estado, incluida la Asamblea Legislativa, para que el alcance de la Cicíes trascienda al Ejecutivo.
Luis Porto, enviado especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y jefe de la mesa técnica para instalar la nueva entidad, ayudó a Bukele a dibujar a grandes rasgos algunos componentes que tendrá la comisión. Pero el modelo descrito dista de los proyectos similares en los que, supuestamente, se inspira: la Cicig y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). En términos de independencia y calado de sus atribuciones, las diferencias de la Cicies anunciada abren más dudas que respuestas.
Bukele explicó que la Cicíes es un ejercicio en el que el Ejecutivo -y sus 105 dependencias- será el encargado de auditarse a sí mismo, sin el carácter autónomo y las garantías de independencia que caracterizaron a la Cicig, extinguida hace menos de una semana, y que definen a la Maccih que aún opera en Honduras. Estos organismos no dependen de ningún órgano del Estado. Su personal está compuesto por personas nacidas en el país de la misión, pero mayoritariamente por personal técnico extranjero.
En el caso de la Cicíes, según explicó Porto, en algún momento llegará personal extranjero pero por ahora se trata de que las instituciones del Estado donde hay corrupción se vigilen a sí mismas. Bukele secundó esta idea: “El Estado tiene la facultad de auditar todas las instituciones y carteras que están bajo su responsabilidad, incluida la Presidencia y la partida secreta. Y todo eso puede ser auditado por nosotros sin pedirle permiso a nadie”, dijo.
A grandes rasgos, y a falta de mayor información sobre el diseño final de la Cicíes, el organismo del que hablan Bukele y la OEA tiene semejanzas con el trabajo que desempeñaba la desaparecida Secretaría de Transparencia de las dos administraciones del FMLN, con la diferencia de que esta nueva entidad tendrá asesoría y acompañamiento de la OEA.
Aquella entidad, desde que nació como subsecretaría en el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), entre otras tareas coordinó la búsqueda de irregularidades cometidas durante los gobiernos de Arena (1989-2009), la documentación de casos y la presentación de denuncias ante la Fiscalía.
Sin embargo, en los 10 años de gestión del FMLN hizo muy poco para investigar las actuaciones de los funcionarios de turno y de la misma Presidencia en contrataciones irregulares en servicios de publicidad y seguridad, por poner solo dos ejemplos. Tampoco logró detectar ni denunciar los desvíos de fondos de la partida de gastos reservados del gobierno de Antonio Saca, condenado por corrupción precisamente por el desvío de 300 millones de dólares de dicha partida. Mauricio Funes, el primer presidente de izquierdas, también está acusado por el desvío de 351 millones de esa billetera secreta.
Según Bukele, la futura comisión sí podrá auditar “la partida secreta”, pero en la conferencia y en los comunicados posteriores del Gobierno y la OEA no queda claro, por ejemplo, como sortearía la Cicíes un obstáculo que la misma Presidencia le ha puesto: el 2 de junio, Bukele convirtió en secreto de Estado los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Los últimos tres gobiernos se ampararon en ese mismo argumento para esconder el uso discrecional de fondos públicos.
Una Policía con poderes de Fiscalía
Ni Bukele ni la OEA han precisado aspectos claves como quién dirigirá la Cicíes, su financiamiento o cuál será el mecanismo de trabajo con la Fiscalía, institución que ha sido clave en los modelos de comisiones similares en Guatemala y Honduras.
En Guatemala, la comisión era tutelada por un comisionado nombrado por el secretario general de la ONU. La Cicig podía hacer diligencias iniciales de investigación de casos de corrupción y en algún momento presentaba el caso a la Fiscalía guatemalteca para que esta ejerciera la acción penal ante los juzgados. La Cicig y la Fiscalía, más adelante, robustecían la investigación y la defendían en conjunto en las diversas etapas del proceso judicial. “La Cicig es como una coraza que ha podido proteger a la Fiscalía de Guatemala”, opinaba en 2015 el último comisionado que tuvo la comisión guatemalteca, el exjuez colombiano Iván Velásquez .
En El Salvador, es a la Fiscalía a quien le corresponde, por mandato constitucional, dirigir la investigación del delito, pero el presidente apenas pronunció su nombre. Porto, el delegado de la OEA, se limitó a explicar que el papel de la futura comisión será fortalecer a instituciones debilitadas y que el éxito sería medido en un plazo no mayor de 10 años. “El éxito es que esta Cicíes dentro de 10 años no exista más en El Salvador”, dijo.
La Fiscalía fue la gran ausente en este anuncio del Gobierno. El fiscal general Raúl Melara ha dicho en reiteradas ocasiones que a su institución le toca perseguir el delito “con o sin Cicíes”. Bukele, en cambio, fue enfático en anunciar la creación de una “Policía especial anticorrupción” en las filas de la Policía Nacional Civil.
“Si la Policía puede investigar quién se robó una gallina puede investigar delitos de cuello blanco”, dijo el mandatario, en alusión a una institución cuyos diagnósticos más optimistas la dibujan como una organización desbordada y sin los recursos suficientes para prevenir y combatir todas las expresiones del crimen, en especial las extorsiones, la violencia pandilleril y los homicidios.
Además, la Policía de El Salvador responde en línea directa de la Presidencia de la República, lo cual podría poner en tela de juicio la independencia de sus investigaciones. Según Bukele, la garantía de que el trabajo de esta nueva unidad no será utilizado para realizar una persecución política es su propia palabra.
Junto a la nueva unidad en la PNC, Bukele también anunció que el Ministerio de Hacienda jugará un papel determinante no solo para auditar al resto de oficinas del Ejecutivo, sino que además para investigar delitos relativos a la elusión, evasión, lavado de dinero y operaciones sospechas de empresas y personas naturales. El presidente también destacó el papel de la Dirección de Aduanas para prevenir y denunciar el contrabando y el narcotráfico. Ni Bukele ni la OEA han dado más detalles de cuál es la novedad con estas dos instancias, que ya por ley están obligadas a detectar y denunciar a la Fiscalía las irregularidades detectadas en sus ámbitos de competencia.
Según el Gobierno, la futura Cicíes ayudará a que se obtengan condenas de cárcel contra corruptos y corruptores, pero no ahondó en los procedimientos. Bukele se limitó a decir que la Cicíes “robustecerá” las querellas particulares que impulsen las carteras del Estado. La querella adhesiva es una figura contemplada en la ley salvadoreña (artículo 107 del Código Procesal Penal) que permite que personas naturales u organizaciones trabajen conjuntamente con la Fiscalía en la presentación de casos ante un juez. “Las instituciones del Estado no son buenas para querellar. Una de las cosas que buscará la Cicíes es conseguir condenas”, dijo Bukele.
En Guatemala, la Cicig –que terminó su mandato el 3 de septiembre- fue financiada cooperación internacional, al igual que actualmente ocurre con la MACCIH. No obstante, Bukele sostiene que son las distintas instituciones del Estado las que podrían ayudar a financiar la Cicíes mediante acuerdos de cooperación interinstitucional.
En esos acuerdos, también se buscará fortalecer los funcionamientos propios de las instituciones. “No solo vamos tras los corruptos sino que la Cicíes también va a modificar los sistemas y las formas de trabajo para que esos hechos de corrupción no se vuelvan a repetir”, dijo.
Una Cicíes sin fecha de parto
“La Cicíes va”, celebró Bukele, pero Luis Porto se encargó de aclarar que en realidad la comisión entrará a funcionar a cabalidad de manera gradual.
En la semana del 9 de septiembre, según dijo Porto, vendrá a El Salvador una misión de avanzada para resolver temas administrativos como la infraestructura, el equipamiento, y aspectos de seguridad. A partir de mediados de septiembre comenzarán a buscarse las firmas de convenios específicos con las instituciones del Estado para combatir la corrupción. También dijo que vendrá un especialista para montar campañas de socialización dirigidas a la sociedad. “Gradualmente se irá avanzando hasta llegar con investigadores que trabajen con las instituciones”, dijo Porto.
No está claro cuándo vendrán al país esos investigadores. Documentos preliminares que el equipo del nuevo Gobierno utilizó para socializar el plan entre marzo y junio de 2019 daban cuenta que la investigación de casos y la querella comenzaría en la fase III, que arrancaría en septiembre del 2021. En la conferencia de este viernes no hubo ninguna alusión a este tema.
Antes de la llegada de investigadores, según los documentos a los que tuvo acceso El Faro, hay una etapa preliminar (que consiste en la suscripción de acuerdos con la OEA y ONU) y otras dos fases iniciales.
Paul Steiner, quien fuera asesor del vicepresidente Félix Ulloa durante la campaña electoral y uno de los principales articuladores del plan anticorrupción del Plan Cuscatlán, dijo que la fase inicial se había pensado para la etapa de transición, es decir, entre febrero y junio. Steiner dijo a El Faro que él redactó la solicitud a la ONU en febrero, pero aclaró que no sabía por qué Bukele envió la carta hasta hace dos semanas.
La primera fase, en los documentos que elaboró Steiner junto a Ulloa, se establecía que entre junio de 2019 y junio de 2020 se debían suscribir acuerdos marco y convenios de cooperación entre la Cicíes y las distintas instituciones del Estado “para asegurar un trabajo efectivo de la comisión”. También se estipulaba el fortalecimiento del sistema de justicia y las distintas instituciones del Ministerio Público (FGR, PDDH, PGR).
La segunda fase, que llegaría hasta abril de 2021, según esos documentos, consistía en establecer mecanismos de observación y vigilancia ciudadana al trabajo de la Cicíes, así como una infraestructura de apoyo para informantes y testigos.
La información en esos documentos preliminares parece haber quedado desfasada, puesto que también se hablaba de entablar acuerdos de cooperación internacional con los otros dos países del Triángulo Norte. No obstante, la Cicig ya no funciona en Guatemala, y la MACCIH parece haber caído en una etapa de estancamiento. “Eso ya no se va a dar”, dijo Steiner, ahora convertido en presidente de Conamype. Steiner fue separado del proyecto de la Cicíes cuando asumió como presidente de esa autónoma que vela por el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Unos días antes de la conferencia en Casa Presidencial, dijo que no sabía si el diseño original de la Cicíes se mantenía.
A juzgar por los documentos en los que trabajaron Steiner y Ulloa, y lo anunciado por Bukele y la OEA, queda la duda de si realmente el proyecto presentado es el que estaba liderando el vicepresidente Ulloa desde octubre de 2018. En la conferencia, sin embargo, Bukele reconoció el aporte del vicepresidente y dijo que seguirá relacionado al proyecto, aunque no precisó cuál será su rol una vez que quede instalada la comisión.
