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Cancillería: “El programa de reparación a víctimas de la guerra desapareció”

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación se desentienden del programa de reparación para víctimas de la guerra, creado en 2013. Cancillería dice que el programa “desapareció” y Gobernación que atenderá solo a las víctimas de El Mozote. De fondo: cerca de cinco mil víctimas reclaman la continuidad de un programa que lleva cuatro meses suspendido. 

 
 

Desde el domingo 2 de junio, cuando el Consejo de Ministros eliminó la Secretaría de Inclusión Social (SIS), el programa de reparación para las víctimas de la guerra creado por el Ejecutivo en 2013 quedó en suspenso. A cuatro meses de gestión del nuevo Gobierno, y mientras cerca de 5 mil víctimas beneficiarias buscan respuestas por la paralización del programa, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que este “desapareció” tras la reorganización ordenada por el presidente Nayib Bukele. 

Junto a la SIS, que coordinaba el programa de reparación, dos delegados civiles y un representante de Cancillería formaban parten de una mesa de evaluación del cumplimiento de las medidas planteadas en el decreto ejecutivo 204, firmado por la administración de Mauricio Funes en 2013 y reformado, en 2016, por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. 

El 10 de septiembre, Cancillería respondió a El Faro una solicitud de información en la que se pidió una aclaración sobre el funcionamiento de dicho programa y si ha sido Cancillería la entidad delegada para retomarlo. La respuesta de Cancillería, a través de la oficina de comunicaciones, cita a la “Dirección General de Derechos Humanos (DGDH)” para responder que dada la eliminación de la SIS, "el Programa de Reparación a Víctimas desapareció con la supresión de la Secretaría de Inclusión Social”.

Tras la eliminación de la SIS, y luego del reclamo de las víctimas de la guerra por la suspensión de los programas de reparación, la Presidencia informó que el ministerio de Gobernación sería la instancia que coordinaría los programas que antes estaban bajo la vigilancia de la Secretaría Técnica de la Presidencia y la SIS. La primera miraba las reparaciones para las víctimas de El Mozote; la segunda, para el resto de víctimas de la guerra. Ahora, según Gobernación, esta cartera solo se ocupará de las víctimas de la masacre de El Mozote y nada más. 

El 16 de agosto, a través de una solicitud de información pública, El Faro pidió a Gobernación que explicara el nombre de la unidad o funcionarios que retomarían los programas de reparación para las víctimas. 10 días después, la dirección ejecutiva del ministerio respondió que “la persona encargada en el Ministerio de estos temas es la licenciada Kimberling Hernández, directora de Desarrollo Territorial”. 

Nueve días más tarde, Gobernación se desligó del programa que coordinaba la SIS. El 4 de septiembre, a través de la Oficina de Información y Respuesta, el ministerio envió una nueva nota aclarando que dicha institución no estará a cargo de las funciones que antes realizaba la SIS.  Gobernación argumentó que en el decreto 204, “no se atribuye competencias al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial”. En la aclaración, la institución mencionó que la consulta debía realizarse al ministerio de Relaciones Exteriores, pues este sí era mencionado en el decreto. 

Tampoco Relaciones Exteriores le dará seguimiento al programa. Además de responder que el programa “desapareció” con la eliminación de la SIS, Cancillería también respondió que su relación con las víctimas se limitaba a la cooperación internacional para crear un banco genético y el establecimiento de un equipo de antropología forense. Además, agregó que dicha labor “queda abierta en caso de ser requerida por la institución que dé seguimiento a estos temas a futuro”. En la práctica, ninguna institución pública se ha hecho cargo de ese seguimiento.

Miles de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos se encuentran registradas en un censo y son protegidas por el Decreto Presidencial 204. Este decreto establece un programa gubernamental de reparaciones morales, un mecanismo de compensación económica básico y un registro de víctimas. El censo fue realizado en conjunto por las organizaciones históricas de víctimas, la SIS y la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). A inicios de 2016, el número de víctimas censadas ascendía a 4,707.

Esa lista incluye a personas que fueron torturadas durante la guerra, víctimas de violencia sexual y sobrevivientes de masacres como la del río Sumpul, El Calabozo, Las Canoas, Guinda de Mayo, La Conacastada, etc. Al pertenecer a este registro, tienen derecho a becas, atención a salud, programas de seguridad alimentaria y una indemnización económica. Todas estas actividades, por decreto Ejecutivo, deben ser supervisadas por la SIS. Pero, después de que esta fue eliminada en los primeros días de la presidencia de Bukele, el Ejecutivo no ha reasignado a ninguna instancia ni ha reformulado ese decreto para que exista una nueva entidad responsable.

Para David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y querellante por la masacre de El Calabozo y El Mozote, la falta de este programa es otra afrenta contra las victimas: “Al no preveer la cotinuidad está no solo violando el principio de progresivad de Derechos Humanos, sino que están violando derechos de las víctimas en medio de una opacidad muy grande”.

Cuatro meses sin diálogo con las víctimas 

“El presidente, sin duda, se ha pronunciado en tema de crímenes pero se ha centrado exclusivamente en temas de El Mozote. La pregunta es si se va a encargar de la atención a todas las víctimas del conflicto”, dijo hace unas semanas el sub director del IDHUCA, Manuel Escalante. La misma pregunta se han hecho las demás organizaciones de derechos humanos en los últimos meses. Se quejan de la falta de claridad ante los programas diseñados para proteger a los más golpeados por la guerra.

El avance de las medidas de reparación hacia estas personas se evaluaba mensualmente a través del Consejo Directivo de Reparación a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (CODREVIDH). El Consejo tenía dos representantes de víctimas ante el Estado, José Lazo de Pro Búsqueda y Carolina Constanza del Centro para la Promoción de Derechos Humanos, Madeleine Lagadec. Ninguno de los dos ha sido contactado por el nuevo gobierno para retomar el trabajo del Consejo o para explicar que el programa ha desaparecido.

“Ojalá que el presidente cumpla los compromisos que asumió con las víctimas de El Mozote, pero también es importante recordarle que hay miles de víctimas que tienen el mismo derecho”, dice el representante de Pro Búsqueda. 

El decreto 204 también permite un programa de transferencia monetaria que va de $15 a $50 mensuales. Los desembolsos son administrados por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Esos pagos se encuentran presupuestados hasta  diciembre de este 2019. No se sabe si seguirán el próximo año. Hasta el mes pasado, las organizaciones denunciaban retrasos pues sus representados no recibieron el desembolso desde abril. A finales de agosto, personal del FISDL les comunicó que este septiembre recibirán lo correspondiente a mayo y junio.  

En teoría, el FISDL, al convertirse en el futuro en el Ministerio de Desarrollo Local, sería quien retome las funciones antes desarrolladas por la Secretaría de Inclusión Social, de acuerdo con el decreto 1 publicado en el Diario Oficial del 2 de junio. Sin embargo, un funcionario de alto rango del FISDL confirma que no han recibido ninguna orden superior para reactivar la coordinación general del programa de víctimas. 

El 23 de septiembre El Faro pidió al Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, una respuesta oficial del estado del programa de reparación a las víctimas de la guerra. También se consultó sobre el programa al gerente de prensa del Ministerio de Cultura. En el nuevo Gobierno, este ministerio ha acompañado a Gobernación en labores de memoria histórica. Además, se envió preguntas a la ministra María Chichilco a través de su oficina de comunicaciones y a su correo oficial. Hasta el cierre de esta nota, no respondieron a las solicitudes de información de este medio. La DIGESTYC se limitó a contestar, vía correo electrónico, que están “sujetos a que las instancias correspondientes encargadas de la coordinación convoquen a reunión”. Por último, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos dijo que no podía posicionarse ante el tema debido a que la institución se encuentra acéfala.

Hace dos meses, las víctimas enviaron una carta al presidente Nayib Bukele en la que le solicitaron claridad para saber quién atenderá los programas de reparación que se iniciaron en la administración anterior. Bukele sigue sin dar respuesta. 

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