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Una selfie versus el acceso al agua y otros retos medioambientales

Sandra Gutiérrez Poizat

 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Climate Action Summit que le precedió, estuvieron en esta ocasión marcadas por dos elementos singulares: por un lado, el activismo juvenil que denuncia la crisis climática, cuyo rostro más famoso es el de Greta Thunberg, la activista sueca que nos recuerda que “los ojos de las futuras generaciones están sobre todos nosotros”; y, por otro, el llamado de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, a que las intervenciones de los diferentes países no fueran más de lo mismo, sino que indiquen concretamente a qué se comprometen para afrontar esta crisis global.

Fueron, sin duda, escenarios desafiantes.

¿Qué hubiéramos esperado de los tres minutos de intervención de un país como El Salvador? Nada más y nada menos que el presidente elevara el tema medioambiental a un tema serio de seguridad nacional. La seguridad no se reduce a disminuir homicidios (sin querer restar importancia al tema), asegurar los recursos básicos para nuestra propia existencia es también un tema de seguridad; no dimensionar adecuadamente el factor medioambiental en el escenario de la seguridad nacional y regional, es un error muy grave. Estamos hablando aquí de los recursos vitales del planeta, recursos que sustentan la vida en todas sus formas, incluyendo la de políticos y criminales.

El Salvador debería haber hecho propuestas concretas en temas como agua, seguridad alimentaria y protección de la biodiversidad (no olvidemos que habitamos una de las regiones más biodiversas del planeta). Deberíamos incluir una visión regional sobre el Corredor Seco Centroamericano y la protección de los Ecosistemas Marinos. Deberíamos tomar una posición clara ante el financiamiento climático y por qué necesita nuestra región acceder a fondos climáticos justos, no solo para mitigar, sino, sobre todo, para adaptarnos adecuadamente frente a eventos severos como lluvias cada vez más intensas y concentradas o sequías cada vez más prolongadas, en una de las regiones más frágiles ante el cambio climático. De acuerdo a datos del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), la temperatura promedio anual de El Salvador ha incrementado en 1.3 grados centígrados en las últimas seis décadas; en el mismo período el nivel del mar ha subido 8 centímetros. Los impactos más severos esperados se verán en la franja costero-marina y en la región oriental del país, afectando fuertemente valiosos recursos naturales y territorios de alto potencial turístico. Proyectos estratégicos como el Tren del Pacífico o los desarrollos en la franja costero marina, deberían tomar en cuenta estos escenarios.

Al mismo tiempo, deberíamos comprometernos a actualizar adecuadamente nuestras Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas a nivel nacional (o NDCs, por sus siglas en inglés), es decir aquellas contribuciones a las que nos comprometimos como país luego del Acuerdo de París en 2015, y que deben actualizarse al 2020. Estas reflejan nuestros compromisos para reducir las emisiones nacionales y adaptarnos a los efectos del cambio climático. Las NDCs aún vigentes indican, entre otros, que debemos fortalecer el marco legal e institucional a través de una Ley Marco de Cambio Climático que debería entrar en vigencia este año. Nos comprometimos, además, a implementar un marco normativo para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico al 2017. Asimismo, hemos propuesto diversificar la agricultura para lograr la seguridad alimentaria fortaleciendo sobre todo la agricultura familiar, al mismo tiempo que erradicamos las malas prácticas que monocultivos como la caña de azúcar aún utilizan, como las quemas, mientras se transita hacia su cultivo sostenible.

Los jóvenes de América Latina están vigilantes y activos, acá en Centroamérica tenemos en Honduras a Berta Zúñiga Cáceres, quien sigue los pasos de su madre Berta Cáceres, asesinada en 2016 por denunciar el daño ambiental de mega-proyectos hidroeléctricos en el río Gualcarque. En nuestra región destacó el liderazgo del Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, comprometiéndose a la descarbonización del país al 2050, que incluye, entre otros, lograr un 60 % de cobertura forestal en el país al 2030 e introducir un 50 % de transporte público eléctrico, incluyendo dos trenes. Pero lo más significativo de su discurso fue la vinculación clara de la crisis climática, la desigualdad y la violencia con los procesos migratorios de nuestros países, que afectan especialmente a las zonas rurales, y para ello promueve el impulso de la agricultura familiar y llama a la creación conjunta de mercados justos para los productos de los pequeños y medianos agricultores. El medio ambiente es para Costa Rica un tema de seguridad.

En nuestros valiosos minutos ante el Climate Action Summit, El Salvador presentó compromisos claros hacia los monocultivos de exportación, entre los que destaca la caña de azúcar, distanciándose de las propuestas hechas por Costa Rica. Y ante la Asamblea General de Naciones Unidas, no hubo ni siquiera mención al tema medioambiental. Mientras que Costa Rica ganó el premio al UN Champion of the Earth, por sus acciones concretas para enfrentar el cambio climático, nosotros ganamos un selfie.

Sandra Gutiérrez Poizat es arquitecta por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posee una Maestría en Diseño Urbano, con especialidad en Espacios públicos, por la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda. Ha sido becaria Fulbright-Humphrey, desempeñándose como Research Fellow en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Su trabajo combina la práctica urbana con la docencia e investigación, especializándose en temáticas relacionadas con agua y ciudad, ciudades sostenibles y espacios públicos.
 
Sandra Gutiérrez Poizat es arquitecta por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posee una Maestría en Diseño Urbano, con especialidad en Espacios públicos, por la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda. Ha sido becaria Fulbright-Humphrey, desempeñándose como Research Fellow en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Su trabajo combina la práctica urbana con la docencia e investigación, especializándose en temáticas relacionadas con agua y ciudad, ciudades sostenibles y espacios públicos.

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