“En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile. Nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable”. Con estas palabras, el presidente Sebastián Piñera se vanagloriaba el 8 de octubre en un programa de televisión de gobernar un país que, a diferencia del resto de la región, no tenía gente protestando en las calles.
Solo dos semanas después, sus declaraciones se convirtieron en su peor karma. El viernes 18 de octubre, en Chile comenzó a generarse el movimiento social más importante desde que se tiene recuerdo, al menos, desde el retorno a la democracia en 1990.
Todo comenzó a principios de este mes, cuando el Gobierno, por recomendación de un panel de expertos, decidió subir el precio del pasaje del metro de Santiago en 30 pesos, llegando a un valor de 830 (US$1.17, aproximadamente) por viaje. A ello se sumaron los desafortunados dichos de varios ministros que ironizaban y se reían con el descontento del pueblo.
“Alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. Ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue pueda ser ayudado con una tarifa más baja”, era la solución ofrecida por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, sin considerar que ya en los sectores más pobres de la capital chilena, comúnmente a los trabajadores les puede tomar hasta dos horas llegar a su lugar de trabajo.
Los primeros en reaccionar fueron los estudiantes de secundaria que, en señal de protesta, comenzaron a evadir el pago del servicio para mostrar su negativa al alza. El Gobierno los acusó de “delincuentes”, sin pensar que, en los siguientes días, más y más estudiantes se irían sumando en señal de apoyo, y que se haría cada vez más viral en las redes sociales la etiqueta #evasiónmasiva. Para el viernes 18, de manera espontánea, la protesta ya no era solo de ellos, sino que también de miles de santiaguinos que se negaron a pagar.
El descontento de los chilenos, que por años se ha ido acumulando, ya no dio para más. De a poco las calles se comenzaron a llenar de personas que exigían una explicación, en un panorama que sumaba la quema de estaciones de metro y a las Fuerzas Especiales de Carabineros que buscaban dispersar la manifestación.
Pocas horas después, Piñera decretó estado de emergencia, permitiendo el despliegue de los militares a la calle, misma medida utilizada en la dictadura durante el tiempo en que Augusto Pinochet se encontraba en el poder.
Mientras la gente protestaba y daba a conocer su frustración, casi en paralelo a la medida que anunciaba el Ejecutivo, Piñera era visto en un restaurante del barrio alto comiendo una pizza junto a su familia. Para muchos, esa fue la “guinda de la torta” que encendió los ánimos para lo que vendría después.
Lo que arrancó en Santiago se extendió luego a las regiones del país que también se quisieron hacer sentir, sin miedo, para levantar la voz. Desde pequeños pueblos rurales hasta grandes ciudades del país, la gente se empezó a desplegar para demostrar su molestia con un sistema que mantiene a Chile entre los 10 países con mayor índice de desigualdad de ingresos de todo el mundo, según la OCDE.
A ello se suman un sinfín de privatizaciones que han perjudicado directamente el diario vivir de los chilenos, partiendo por la privatización de servicios básicos, como el agua y la luz, alcanzando cifras impensadas para la realidad chilena. Todas estas medidas, cabe aclarar, fueron respaldadas en su momento por los otros tres presidentes desde el retorno de la democracia y vinculados al mundo de la centroizquierda: Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet.
El panorama de la llamada “Suiza de América Latina” no es tan maravilloso si se toma en cuenta que en Chile las pensiones de la tercera edad son mínimas e insuficientes para sobrevivir, la salud pública no cuenta con recursos suficientes y existe precariedad de especialistas e insumos en los hospitales. Según datos de la CEPAL, el 10 % de la población concentra el 67 % de toda la riqueza en un país donde la educación escolar pública se caracteriza por ser inmensamente desigual, sin contar el alto nivel de endeudamiento -por cerca de 20 años- para quienes quieran estudiar en la universidad.
Todo esto alimentó el descontento generalizado de la gente se armó de valor y comenzó a marchar cada día en los principales puntos en distintas ciudades chilenas, muchos de ellos pidiendo la renuncia de Piñera. Sus gritos iban acompañados con ollas y cucharas de palos –conocidos como “cacerolazos”- para demostrar su frustración, igual como se hacía con Pinochet. La sociedad chilena se cansó. Y si en algún momento había miedo por la represión de las Fuerzas Armadas, hoy ese miedo se acabó y se transformó en un sentimiento de lucha y de unidad entre los chilenos.
El Gobierno aún se niega a aceptarlo. En lugar de buscar soluciones reales se ha encargado de desprestigiar las protestas, calificando a sus manifestantes de “vándalos” e insistiendo en el concepto de “delincuentes”. Ha cerrado líneas de metro que no se han visto afectadas por los ataques, ha generado caos intentando crear un ambiente de desabastecimiento en supermercados y gasolineras, y ha decretado un toque de queda en más de la mitad de las regiones del país, desviando el foco de las demandas de la ciudadanía.
Y a pesar de todo eso, Piñera quiso ir más allá. Desde un recinto militar y acompañado de su ministro de Defensa, Alberto Espina, declaró la guerra al país: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Pero una guerra con quién, ¿contra el pueblo de Chile?, ¿contra las demandas sociales?, ¿contra el chileno que busca una mejor educación para su familia? Nunca lo sabremos.
Para muchos fue evidente el giro político de Piñera respecto a su anterior gobierno. Algunos creen que se debe al respaldo que obtuvo en las elecciones de 2017, cuando en segunda vuelta obtuvo un 54.5 % de votos; un respaldo que le permitiría actuar de la manera que siempre quiso.
Durante su primera administración, en el marco de los 30 años desde el golpe militar, pidió disculpas al pueblo chileno y acusó de la existencia de “cómplices pasivos” durante la dictadura. Hoy, sus palabras y reacciones son totalmente distintas, y su Gobierno tiene en su historial haberse negado a firmar convenios internacionales en beneficio de la inmigración y optar por afianzar relaciones con el presidente de ultraderecha de Brasil, Jair Bolsonaro.
Aunque al cabo de dos días de hablar de “guerra” el presidente pidió perdón, su mensaje ya tenía duras repercusiones a lo largo del país. Para entonces ya estaba desatada una dura acción por parte de los militares que, tras escuchar su mensaje, decidieron llegar hasta las últimas consecuencias. Según el último informe del Instituto de Derechos Humanos en Chile, en los seis días que ha durado la movilización, se han registrado 584 heridos y 2 686 detenidos. De ellos, 1 032 solo en la capital y 1 654 en el resto del país.
Al día de hoy se cuentan al menos 19 fallecidos en lo que va de protesta. Son números oficiales que generan dudas, por la inmensa cantidad de videos e información que ha copado las redes sociales y que dan cuenta de una seguidilla de violaciones a los Derechos Humanos. Pese a todo esto, el Gobierno no ha conseguido que el miedo apague el ímpetu de la movilización y, por el contrario, cada vez se van sumando más adherentes.
Las propuestas de Piñera tampoco satisfacen; muchas de sus iniciativas apuntan, en su mayoría, a subsidios que eventualmente serán pagadas por el Estado, sin afectar en lo más mínimo al mundo empresarial. La gente tiene claro lo que exige: cambios estructurales para frenar un modelo lleno de injusticias.
En el futuro, la historia de Chile recordará estos días de movilización que, de seguro, no se detendrán pronto. Se recordarán como los días en que todo un país se unió para terminar con los privilegios de una élite y para hacer un país más justo y solidario. Uno que todos los chilenos nos merecemos.
