'¡Veámonos en el espejo de nuestros hermanos en Guatemala!', dice el coronel retirado José Luis Alvarado ante unas 50 personas y otro medio centenar de sillas vacías. Es sábado, rondan las 11:30 de la mañana y es evidente que los organizadores de la conferencia “Consecuencias de la CICIG. La amenaza para El Salvador” esperaban más público en este salón del Hotel Sheraton.
El evento casi termina, y después de una mañana de discursos encendidos Alvarado trata de insistir en la alarma con un tono algo más preocupado. Culpa a las organizaciones que piden justicia en la región de emprender cacerías de brujas: “Primero van por los militares; luego por los empresarios; luego por los políticos; y luego por los particulares. No existe fidelidad”.
El coronel habla en representación del Instituto de Derecho Militar, una organización creada en marzo pasado para, según sus fundadores, responder a la 'vulneración de derechos' y a la 'persecución a los militares' en El Salvador. Copian nombre de su contraparte en Guatemala, donde la beligerancia de la élite militar en alianza con las cúpulas económicas logró en 2018 la expulsión del comisionado Iván Velásquez y más tarde el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), que en la última década había impulsado múltiples casos judiciales por corrupción contra políticos, empresarios y militares, y el 3 de septiembre terminó sus operaciones.
Alvarado pide literalmente a los asistentes que pongan “las barbas en remojo”. Le preocupa la anulación de la Ley de Amnistía en 2016, el avance del juicio contra más de una docena de viejos oficiales por la masacre de El Mozote y la reapertura de casos como el asesinato de Monseñor Romero o el de cuatro periodistas holandeses en 1982. Todos casos contra el viejo ejército que en la guerra civil violó sistemáticamente los derechos humanos. A Alvarado le preocupa el fin de la impunidad. Teme que el Gobierno de Nayib Bukele les golpee aún más. Sentencia que todavía es posible detener en El Salvador la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, la esperada CICIES, que según él es una “promesa populista”.
Entre quienes han acudido a escuchar sus advertencias están el general Otto Romero, ministro de Defensa durante la administración de Antonio Saca (2004-2009); el general Juan Orlando Zepeda, con orden de captura internacional y acusado en España por el asesinato de los jesuitas; Wilfredo Salgado, exalcalde de San Miguel y también exmilitar; y la presidenta de la Fundación Sí a la Vida, Julia Regina de Cardenal, esposa del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. No hay en el auditorio nadie que aparente menos de 50 años.
La conspiración internacional
Los invitados de honor al evento vienen de Guatemala, modelo de éxito para los organizadores. La mañana ha comenzado con la lobista anti-Cicig Betty Marroquín, que fue presidenta de la gremial de Telecomunicaciones y cabildeó ante el Congreso y el Senado estadounidenses para minar el apoyo norteamericano a la Comisión. Con tono apasionado, Marroquín celebra el apoyo que el senador de Florida Marco Rubio dio a su causa. “Gracias a Dios, Marco Rubio es un fuerte aliado de nuestra libertad y de que nosotros arreglemos nuestra casa con nuestros propios medios”, dice.
Marroquín compitió este año como candidata a la vicepresidencia de Gustemala con el partido FCN, del presidente Jimmy Morales. Quedó en octavo lugar. El FCN está en proceso de investigación y puede desaparecer si llega a probarse que recibió financiamiento electoral ilícito en 2015. La investigación contra el partido la dirigió el Ministerio Público de Guatemala con ayuda de la CICIG.
“A ustedes les quieren imponer una CICIES con la Organización de Estados Americanos. Hace años, a nosotros nos impuso la CICIG el ente más corrupto y asqueroso sobre la tierra, la Organización de las Naciones Unidas”, clama Marroquín.
La CICIG nació en 2006, producto de un acuerdo firmado entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, para investigar delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad y grupos clandestinos de seguridad. En 2007, el Congreso aprobó el mandato de la misión para apoyar al Ministerio Público en la investigación penal. Esta Comisión ayudó a la justicia guatemalteca a desmantelar a la Línea, una estructura criminal liderada por el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, que operó en aduanas y que cometió una defraudación millonaria. Ambos funcionarios renunciaron a su cargos y están en prisión.
Marroquín acusa a la Comisión de violar la soberanía de Guatemala y atacar los valores tradicionales de la sociedad guatemalteca. “La comisión pintó al ejército como genocida. Demoniza al empresariado, al ejército, a la iglesia”. Dice se trata de una conspiración internacional dirigida por el filántropo multimillonario George Soros, el gran villano de la historia: “Pero por primera vez, George Soros tiene un enemigo Donald Trump. Él representa a los patriotas, a la libertada individual, la protección de la familia, el respeto y orgullo a la familia militar”, se consuela Marroquín. Cierra su ponencia con tímidos aplausos.
La sucede en el estrado Giovanni Fratti, un bloguero que ha dedicado su canal de youtube a despotricar en contra de la CICIG y defender al ejército. “Hay fiscales que persiguen militares, pero no hay fiscales competentes para delitos de la izquierda que mataba niños, embajadores y que secuestraba empresarios”, dice. “Nos vendieron a la Comisión como la segunda venida de Cristo y ahora tenemos lucha de clases y empresarios que tienen miedo de invertir en Guatemala. Naciones Unidas despedazó a mi país. Es la cooperación que promueve el aborto, el matrimonio del mismo sexo y como cristiano guatemalteco me opongo a su ideología. Los invito a oponerse a la CICIES”, insiste. Fratti tiene más de 40 años. Dice que en Guatemala, antes de la CICIG no había conflicto de clases.
En realidad la Cicig nunca dijo una palabra sobre matrimonio igualitario o aborto. Su mandato la limitaba a los problemas estructurales del país relacionados al combate de la corrupción y la impunidad. Jimmy Morales y su entorno usaron, sin embargo, estos temas para debilitarla y aglutinar el respaldo de la Guatemala más conservadora. En la Conferencia de prensa en que anunció en enero de 2019 que no renovaría el mandato de la Comisión, Morales, cuyo hermano y sobrino estaban investigados por corrupción en ese momento, se presentó rodeado de decenas de militares con uniforme, y repitió que su gobierno defendía los valores de la familia. Su maniobra, articulada durante meses en discursos, artículos de opinión y reuniones de lobby, funcionó.
Los miedos en El Salvador
El general Otto Romero aprovecha el receso para saludar a uno de los organizadores del foro y luego explica por qué asistió al evento: “Hay que defender nuestra democracia de la izquierda internacionalista”, dice, “Los organismos fueron infiltrados durante la guerra fría”. Romero acusa a la ONU y a su Comité contra la Tortura de estar manipulados por la izquierda, aunque luego matiza que no es que esté en contra de una CICIES, aunque prefiere que no dependa solo del Ejecutivo y la apruebe la Asamblea Legislativa.
El exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado asegura que asistió al evento por invitación de sus excompañeros de la Fuerza Armada. “Yo vine a escuchar a las dos partes. Estoy a favor de una comisión siempre y cuando no haya persecución política. En Guatemala solo redescubrieron lo que ya se sabía. Lo único nuevo que hicieron fue judicializar. Si la crean, debe investigar todo”, dice Salgado.
En su turno de discurso un coronel guatemalteco, Juan José Recinos, hace su particular balance del trabajo de la CICIG y asusta a los asistentes: “Tenemos a 71 militares en la cárcel y a más de 10,000 que enfrentan procesos judiciales en Guatemala. Los que defendimos a Guatemala de la amenaza comunista estamos siendo perseguidos y los terroristas están protegidos por los derechos humanos”, se lamenta. No menciona que las estructuras de corrupción que miembros del Ejército crearon durante la guerra civil del país vecino (finalizada en 1996) nunca desaparecieron por completo y mantienen cooptado el Estado hasta hoy. La persecución contra militares es real, pero es falso que haya sido por los crímenes de guerra que pudieron haber cometido. La Cicig los procesó por su participación en estructuras de corrupción que desviaron del Estado guatemalteco millones de dólares en fondos públicos.
Como si no supiera eso, el general Zepeda pide la palabra para complementar lo dicho por Recinos: “En El Salvador tenemos cinco casos abiertos: el caso El Mozote, el de los Jesuitas... y quieren reabrir el caso de las hermanitas Serrano. Estamos luchando contra monstruos: contra la UCA, contra el Idhuca y la Cejil (Centro por la Justicia y la Ley Internacional)”.
Zepeda hace énfasis en que no hay Ley de Amnistía y cuestiona la legalidad de la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que abolieron dicha ley en julio de 2016, con una sentencia de inconstitucionalidad. Marca una hoja de ruta: “Podemos meter amparos para cuestionar la forma que usaron para abolir la amnistía. Y ahí ya no importa que venga la Cicies”, dice.
