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Impunidad del pasado, tradición del presente: el caso jesuitas como evidencia

José María Tojeira

 
 

Mural ubicado en la Capilla de la Universidad Centroamericana, con los rostros de seis sacerdotes jesuitas españoles y dos de sus colaboradoras, asesinados por el Éjército salvadoreño en 1989, en San Salvador. Foto: AFP PHOTO/Yuri Cortez.
 
Mural ubicado en la Capilla de la Universidad Centroamericana, con los rostros de seis sacerdotes jesuitas españoles y dos de sus colaboradoras, asesinados por el Éjército salvadoreño en 1989, en San Salvador. Foto: AFP PHOTO/Yuri Cortez.

1.- El contexto

Dicen que los vicios se heredan. Y ciertamente, en las sociedades complejas, cuando los errores se bendicen y presentan como positivos, automáticamente se prolongan en la historia. La secuela de dictadorzuelos autoritarios y militares que hemos tenido en el poder, decididos a eliminar al enemigo por cualquier razón o sinrazón, y quedar después engrandecidos por la propaganda, ha dejado como herencia una tradición autoritaria que hasta hoy se sufre en el país. La racionalidad y los sentimientos de humanidad desaparecen cuando el autoritarismo se apodera de las armas. Y, por supuesto, la impunidad florece. Hoy nos sentimos orgullosos porque algunos expresidentes y ministros han sido condenados o investigados por corrupción. Pero de la plaga de violaciones a mujeres pobres solo el 10 % de los acusados llegan a sentencia condenatoria en nuestros juzgados. Y algo parecido habría que decir de los homicidios. Es en este contexto de impunidad que hay que analizar la masacre de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras.

Ellacuría y sus compañeros estaban empeñados, desde 1981, en que la guerra terminara a través del diálogo. Su defensa de los derechos humanos era su estrategia para salvar vidas mientras no llegara la paz. E insistían en que los intereses de los empobrecidos estuvieran presentes en el diálogo. Un par de meses antes de la ofensiva, Ellacuría había criticado en Managua, reunido con ellos, la voluntad de los comandantes del FMLN que hablaban más de insurrección que de diálogo. A Cristiani le advirtió de ello para que insistiera con mayor fuerza en la negociación. ¿Era eso motivo para matar a ocho personas?

A sabiendas de quiénes eran los asesinos, el poder político-militar permaneció acusando al FMLN de haber ejecutado a los jesuitas durante los 45 días posteriores al asesinato. Y cuando la presión internacional forzó a mostrar una parte de la verdad, los técnicos en la impunidad y el encubrimiento desarrollaron su especialidad. Todavía hoy uno de los encubridores del crimen, mencionado en 1993 por la Comisión de la Verdad, continúa trabajando como diputado en la Asamblea Legislativa en favor de los victimarios y su impunidad.

2.- Los tres juicios
El primer juicio en el así llamado caso jesuitas tuvo como resultado la absolución de lo autores materiales, la condena de los intermediarios de la orden de matar y el encubrimiento de los autores intelectuales, léase Alto Mando de la Fuerza Armada. El diseño de la sentencia, amañado entre un jurado controlado externamente y un sistema judicial corrupto, fue la respuesta a una intensa presión internacional. No se quería condenar a los efectivos del batallón Atlacatl porque eso, en aquel momento, hubiera sido dar la razón a quienes consideraban que este batallón de élite había sido creado y entrenado para asesinar indiscriminadamente a quien fuera señalado por el poder como enemigo, o futuro enemigo, en el caso de niños y niñas. El Mozote, la masacre de Copapayo-San Nicolás, la de El Calabozo y otras plagaban la historia de esta cuadrilla militar de violentos.

El Alto Mando, por otra parte, era intocable. Imputarlos no solo implicaba perder la guerra, sino romper esa reserva de impunidad que el poder se atribuía a sí mismo desde el tiempo de Pedro de Alvarado y su conquista. El juicio se desarrolló en la planta alta del edificio de la Corte Suprema. El jurado se reunía, dormía y descansaba en el despacho del presidente de la Corte. El Presidente de la misma entraba y salía de su despacho cuando quería y, por supuesto, conversaba con los jurados. Un miembro del jurado trabajaba en la Corte Suprema. Los dos únicos condenados salieron pronto con la Ley de Amnistía. La Compañía de Jesús y la UCA, previamente, habían pedido el indulto para ellos. Cuando posteriormente se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, uno de los dos condenados, el coronel Benavides, volvió a prisión. Se solicitó entonces la conmutación de la pena; pero la Corte Suprema, lenta para la justicia y rápida para sacar pecho con injusticias comparativas, negó el ocurso de gracia.

Desde el principio, la Compañía de Jesús había dicho que quería verdad, justicia y perdón, y trató siempre de ser coherente con sus principios. Pero la verdad y la justicia chocaban directamente con el perdón y olvido impuesto por el poder para proteger a sus propios delincuentes. No se podía perdonar, entonces, al único que servía para decir que había habido justicia.

El segundo juicio abierto en El Salvador, contra los autores intelectuales, volvió a ser una farsa. Ante las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1999, que pedían reabrir el juicio por los graves defectos del primer enjuiciamiento, el presidente del país, hoy fallecido, dijo enfáticamente que el juicio no se abriría. El fiscal Belisario Artiga fue más lejos: afirmó que no había leído la recomendación de la CIDH, pero que el juicio no se abriría. Ante la prepotencia del poder, la reacción de la Compañía de Jesús y de la UCA fue acusar del múltiple asesinato a los cinco militares mencionados por la Comisión de la Verdad como autores intelectuales y añadir a la lista al presidente de 1989, junto con su ministro de Defensa. El juicio terminó con jueces acusando a las víctimas de haber sido lentas en pedir justicia, reconociendo que los asesinatos no podía ser objeto de amnistía y sobreseyendo a los acusados por haber pasado el tiempo de prescripción cuando se presentó la denuncia.

Tras la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, los abogados del Idhuca solicitaron la reapertura del caso, que se maneja con una enorme lentitud, entre las apelaciones de los defensores de los acusados y la casi parálisis del sistema judicial para resolverlas. ¿Están los jueces esperando una nueva Ley de Amnistía que les ahorre el miedo a esa versión judicial de Escila y Caribdis de emitir condenas peligrosas contra el poder o hacer el ridículo consagrando la impunidad? El trabajo de la Asamblea Legislativa en favor de la impunidad de los crímenes del pasado hace que la pregunta tenga su razón de ser.

El tercer juicio, abierto en España, acusa del crimen a un alto número de miembros de la Fuerza Armada, apoyándose en lo dicho por la CIDH sobre el primer juicio. Fue la reacción de los parientes de los jesuitas ante la impunidad manifestada en el primer juicio y ratificada en el segundo. Tras la protección estatal salvadoreña a los imputados, solamente un coronel deportado desde Estados Unidos está esperando sentencia en España. En ese momento, la UCA afirmó en un comunicado que la apertura en España se debía a la negación del Estado salvadoreño a hacer justicia, y que su mayor deseo era que el caso en España ayudara a la reflexión en El Salvador y llevara a superar la impunidad y hacer justicia en el propio territorio. No sólo para los jesuitas y sus colaboradoras, sino para todas la víctimas de una guerra civil marcada por la locura.

Hasta el año 2016 comenzó a contemplarse la esperanza de una justicia de transición salvadoreña que respetara la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en coherencia con nuestra Constitución y con los tratados internacionales firmados y ratificados por el Salvador. Pero han pasado ya tres años y la alianza entre los antiguos protagonistas del conflicto sigue trabajando para frenar la justicia y consagrar la impunidad. Su situación de privilegio y la costumbre de sentirse superiores frente a los débiles no les deja escuchar ni el gemido ni la esperanza de las víctimas.

3.- Reflexión final
Primo Levi, un judío sobreviviente de los campos nazis de concentración, decía que “los monstruos existen pero son demasiado poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos; los que son verdaderamente peligrosos son los hombres comunes”.  Vasili Grossman, el primer periodista en describir los campos de concentración nazis y cuyo testimonio fue utilizado en los juicios de Nüremberg, decía hablando del Estado nazi, que este “no tenía necesidad de hacer apóstoles santos, constructores frenéticos y posesos, discípulos de la fe... Sólo eran necesarios empleados”. Los constructores de impunidad confían siempre en su capacidad de manipular a los “hombres comunes”, muchas veces sus propios empleados. Pero se olvidan siempre del valor de ese patrimonio universal que es la conciencia y que permanece y aflora con más frecuencia de lo previsto en los hombres comunes. Y, sobre todo, no caen en la cuenta de la capacidad de la conciencia para revertir toda política y diseño social que trate, desde diferentes formas de violencia, de mantener la opresión de los poderosos sobre las víctimas de una historia injusta.

José María Tojeira es un religioso español, naturalizado salvadoreño, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien se desempeñó como Rector de la Universidad Centroamericana
 
José María Tojeira es un religioso español, naturalizado salvadoreño, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien se desempeñó como Rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador desde 1997 hasta 2010. Actualmente es el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

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