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Una Cicíes a la medida del presidente

Leonor Arteaga

 
 

Desde su campaña electoral, el ahora presidente, Nayib Bukele, echó mano de viejos trucos del populismo, al tiempo que dominaba las redes sociales con una destreza hasta ahora ajena a funcionarios que han estado al frente del país. Y fue, desde esa inventiva mediática, que anunció la inminente llegada de una Comisión Internacional que lucharía contra la corrupción en El Salvador (Cicíes), y que se vendió como una necesidad hecha realidad, cuando el mismo Gobierno aún no tenía clara su pertinencia, mandato o alcances.

A inicios de septiembre, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente divulgaron, sin entrar en detalles, la instalación de la prometida Comisión y su operación inmediata, y recién esta semana se ha hecho público el convenio respectivo, que es un paso adelante, aún por analizar.

La noticia de la Cicíes gustó a sectores cansados de la corrupción e impunidad histórica, pero, a diferencia de Guatemala y Honduras, la instauración de una institución de esta naturaleza no estuvo precedida de amplias movilizaciones ciudadanas exigiendo intervención internacional. Por su atípica génesis, la sociedad civil organizada, la academia y potenciales donantes, recibieron la iniciativa con cautela. Las dudas han girado en torno al diseño institucional de este impulso externo, pues, hasta el día de hoy, la Comisión parece adscrita al poder Ejecutivo y la experiencia nos dice que es una mala apuesta confiar en la autodepuración de los sectores políticos. Aún no se sabe si la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dará algún tipo de apoyo a este proyecto, y el Gobierno no parece tan entusiasmado con la idea de involucrarla. Es claro que, si la Cicíes opera bajo estos supuestos, enfrentará numerosos retos. En esta columna enumero cinco de ellos.

1. El pasado y su impacto en el presente
La Cicig fue creada en 2007 para apoyar de manera independiente la persecución de casos graves para la estabilidad institucional, que evidenciaban la cooptación del Estado por redes ilícitas en favor de intereses privados. La preocupación inicial que llevó a su conformación sostuvo que gran parte de los problemas de impunidad y corrupción tenían su explicación en que, al finalizar la guerra, no se desmontaron las estructuras criminales forjadas durante el conflicto y, por el contrario, se transformaron para enriquecerse a costa del Estado y blindarse de la justicia. En ese sentido, algunas investigaciones clave de la Cicig tuvieron que ver con la transformación de sectores militares en “poderes ocultos” que integraban la nómina de la delincuencia organizada y facilitaron la corrupción a gran escala del presente.

En el caso salvadoreño, la existencia de esta preocupación no está tan clara. Tampoco si parte de la labor de la Cicíes será ocuparse de los vínculos entre el pasado y el presente. En 1993, la Comisión de la Verdad fue la primera en plantear cuestionamientos sobre los vínculos entre las antiguas estructuras estatales de seguridad y actividades del crimen organizado. En su informe, describió cómo los miembros del aparato estatal de seguridad toleraron, estimularon o participaron en los perversos actos de estos grupos. Además, mostró cómo la ineficacia del sistema judicial y los lazos de los escuadrones con gente poderosa les permitió a los grupos operar tras una cortina de impunidad, a resguardo de acciones legales o de la interferencia gubernamental.

Tras ese informe y una ola de asesinatos políticos en los primeros meses de la posguerra, el gobierno salvadoreño accedió, bajo presión internacional, a trabajar con la ONU para establecer un cuerpo investigativo. Fue así como, a finales de 1993, se creó el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador. Su informe final fue presentado en julio de 1994.

Analizando casos de asesinatos políticos y amenazas, el Grupo Conjunto encontró que los grupos armados ilícitos comprendidos por exmiembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios estatales, así como por excombatientes del FMLN, se habían integrado con redes delincuenciales organizadas, utilizando la violencia para intimidar y eliminar a quienes amenazaban sus intereses políticos o económicos. ¿Seguirán vigentes estas redes? ¿Se habrán transformado? Son interrogantes que la Cicíes no debe obviar.

2. La autonomía y las capacidades de investigación de la Fiscalía
Si la métrica de éxito en el combate a la corrupción e impunidad fuesen los juicios contra expresidentes y fiscales, la Fiscalía salvadoreña no saldría reprobada, ya que promovió las investigaciones contra Antonio Saca, Mauricio Funes y Luis Martínez. Pero ello no necesariamente ha sucedido por méritos propios de la Fiscalía. En El Salvador existe un andamiaje institucional bastante complejo dedicado a identificar, investigar y procesar prácticas de corrupción: la Sección de Probidad de la Corte Suprema, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética y el Instituto de Acceso a la Información Pública han hecho su parte en investigar este tipo de delitos y, en términos coloquiales, han dado improvisados pero contundentes pases a gol a la Fiscalía.

La metáfora sirve para evidenciar dos grandes problemas. El primero es que las instituciones anticorrupción no son propiamente un sistema ni funcionan articuladamente. El segundo es que la jugada rara vez se origina dentro de la Fiscalía, en gran parte porque los titulares casi siempre han obedecido a los intereses de los más poderosos. 

El papel de la Fiscalía General en el funcionamiento de la Cicíes se encuentra muy lejos de ser trivial. Dada su vocación temporal, el objetivo vertebral de los mecanismos internacionales —como la Cicig de Guatemala o la MACCIH de Honduras— ha sido enfocar su asistencia técnica en construir capacidades para evitar que la criminalidad y la corrupción permanezcan incluso después de que estas instituciones transitorias terminen sus mandatos. Las intervenciones internacionales siempre son finitas y, más allá de resolver casos concretos, si no logran el propósito de transmitir habilidades investigativas y movilizar voluntades, los recursos financieros y el capital político que permitieron su operación se pierden.

3. Los casos y el revanchismo político
A pesar del consenso que existe sobre la urgencia de combatir la impunidad sistémica y sancionar con firmeza el abuso del poder público, emerge una discusión muy pertinente sobre el uso político de esta bandera para neutralizar opositores, especialmente cuando un presidente, como Bukele abiertamente afirma, en nombre propio, que por medio de la Cicíes investigará a tal o cual exfuncionario de gobiernos pasados. Sancionar a unos cuantos políticos incómodos para el poder de turno, sin desmantelar las amplias redes que alimentan y viabilizan esa actividad ilícita, no sólo es un despropósito, sino un elaborado engaño demagógico.

Por eso es que preocupa que la OEA haya accedido a instalar una Cicíes sin el apoyo decidido de todas las instituciones que deberían estar involucradas, y, más importante, que haya pasado por alto las señales abiertamente contradictorias que manda el gobierno de Bukele. Vale la pena abordar, por lo menos, tres.

En primer lugar, Nayib Bukele estaba obligado, por ley, a presentar declaración patrimonial en dos momentos, cuando terminó la gestión municipal en la alcaldía de San Salvador y cuando tomó posesión como presidente de la República, las cuales tardó en presentar, luego de que se le cuestionara reiteradamente. No se trataba de un gesto de buena voluntad, sino de una obligación legal de primer orden que requiere la Sección de Probidad de la Corte Suprema para verificar si existió —o existirá al término de su mandato presidencial— algún indicio de enriquecimiento ilícito.

Segundo, Bukele insiste en que tiene amplio terreno para combatir la corrupción desde el Ejecutivo y, sin embargo, si bien ha eliminado la figura de gastos reservados de la presidencia de la República para el presupuesto 2020, subsisten partidas secretas que no están sujetas a ningún control.

Por último, Nayib ha tenido la audacia de incluir en su gabinete a personas vinculadas a Herbert Saca, quien, además de ser primo del ahora sentenciado expresidente Saca por una amplia gama de delitos de corrupción, fungió como operador político para los expresidentes Funes, investigado por delitos de la misma naturaleza. 

En ese contexto, la participación de la ONU, la ratificación de la Asamblea y una cooperación activa de la Fiscalía y la Corte Suprema no pueden entenderse sino como garantías de que la Cicíes actuará con independencia y autonomía. De otra forma, las acciones que de esta deriven estarán siempre impregnadas de revanchismo político.

 4. El apoyo ciudadano
Para bien o para mal, no hay forma de alcanzar un correcto funcionamiento de las instituciones sin un cuidadoso escrutinio de la ciudadanía sobre los compromisos de sus representantes y la administración de recursos. No cabe duda de que hay un creciente despabilo social, pero la correcta conformación de una Cicíes sigue siendo un debate relevante para un círculo muy reducido. Sobran ejemplos sobre cómo la comunidad periodística salvadoreña ha obligado a las instituciones a activar los mecanismos legales necesarios para impulsar acciones civiles o penales en contra de quienes se han beneficiado ampliamente del desvío de recursos públicos. Sin embargo, existe aún poca conciencia social sobre la conexión entre la cooptación del Estado y la elección de altos funcionarios y funcionarias, o sobre cómo las prácticas corruptas han creado un prolífero caldo de cultivo para cometer y mantener impunes las más graves y sistémicas violaciones a los derechos humanos.

Quienes han estudiado el éxito o fracaso de los movimientos sociales coinciden en que el mejor móvil para provocar un cambio profundo es la indignación. No obstante, el hartazgo colectivo es un arma de doble filo: es igualmente capaz de arar el camino hacia instituciones más democráticas como de surcar el rumbo hacia la instalación de regímenes autocráticos. En cualquier caso, es indiscutible que la Cicíes requiere tanto de un amplio apoyo social como de una condición indispensable para su subsistencia.

5. El respaldo internacional
En El Salvador es urgente conocer las dimensiones de la gran corrupción, las redes de poder y la criminalidad conexa, ponerle nombre y rostro a la cooptación del aparato oficial para luego determinar responsabilidades. Si la Cicíes supera los retos antes delineados y se constituye en un intento serio para hacer frente a los grandes esquemas de criminalidad que operan con impunidad, deben anticiparse resistencias y, sobre todo, una reacción proporcional a los intereses afectados. De nuevo, el trayecto recorrido de los organismos análogos en Guatemala y Honduras dejan varias lecciones valiosas para este proyecto que apenas comienza a tomar forma en El Salvador.

En conclusión, la operación de la Cicíes sin el respaldo y la observación constante de la comunidad internacional, equivale a lanzar un garrotazo al avispero sin ninguna clase de protección. No sabemos cuándo se abrirá por completo el telón, pero en las semanas por venir habrá que seguir articulando amplias coaliciones ciudadanas y respaldos internacionales para transformar esta iniciativa presidencial en un fruto de verdad y de justicia.

Leonor Arteaga Rubio es Oficial Sénior de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), especialista en temas de justicia transicional.
 
Leonor Arteaga Rubio es Oficial Sénior de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), especialista en temas de justicia transicional.

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