Una delegación de cinco legisladoras estadounidenses hizo una breve visita a El Salvador para hacer de nuestra jurisprudencia un marco legal de referencia para cada uno de sus Estados. Un ejemplo de las consecuencias que algunas leyes restrictivas en materia de aborto pueden tener en la vidas de las mujeres. Merika Coleman, representante estatal de Alabama; Stephanie Howse, representante estatal de Ohio; Cindy Polo, representante estatal de tal Florida; Raquel Teran, representante estatal de Arizona, y Nikema Williams, senadora estatal de Georgia. Las cinco legisladoras visitaron El Salvador entre el 13 y 14 de noviembre para conocer la situación de la criminalización del aborto en el país centroamericano.
Además de ser miembros del partido Demócrata, las cinco representan a los Estados en donde, en el último año, se han debatido o aprobado leyes que prohíben el aborto o que lo restringe de forma muy dura: Ohio, Georgia, Arizona, Florida y Alabama, siendo este último el que aprobó la reforma más restrictiva en ese país en mayo 2019 (que posteriormente fue vetada), que ha dejaba como únicas excepciones para practicarse un aborto cuando la vida de la madre esté en peligro o cuando la vida del feto sea inviable.
Lo que para estas legisladoras es drástico en un país en donde el aborto es legal, en El Salvador es por ahora impensable y apenas un anhelo. En 1973, la Corte Suprema decretó que el acceso a un aborto seguro y legal es un derecho constitucional. El Salvador, en cambio, decidió en 1997 dar un revés a su legislación, que para entonces admitía tres causales para interrumpir un embarazo, misma que coronó con una reforma constitucional, ratificada en 1999, que reconoce la vida desde el momento de la concepción.
“Me voy a asegurar de que lo que está pasando en El Salvador no suceda en mi Estado”, sentenció Nikema Williams, senadora estatal por Georgia, en donde en mayo de este año se aprobó una ley que prohíbe el aborto después de que el médico haya detectado un latido fetal, alrededor de las seis semanas de embarazo, versus las 20 semanas de límite que establece la ley. En octubre, un juez federal bloqueó temporalmente esa acción.
Durante su visita, la delegación conoció el Hospital Nacional de la Mujer, el penal de Izalco, en donde están recluidas algunas de las mujeres que, habiendo tenido una emergencia obstétrica, fueron condenadas por el homicidio de sus hijos. También aprovecharon para reunirse con figuras políticas que han hecho lobby para la despenalización del aborto en dos causales, como Johnny Wright y Alexandra Araujo de Sola, y con Teodora Vásquez, quien luego de recuperar su libertad, lidera un programa de reinserción para mujeres que, como ella, enfrentaron procesos judiciales y condenas de hasta 30 años por delitos que no cometieron. 'Queríamos ver de primera mano cuáles son las consecuencias y, lamentablemente, nos vamos con parte el corazón partido de ver cómo esto impacta a las familias, las mujeres', agregó Raquel Teran, de Arizona.
El Salvador es mundialmente reconocido por ser uno de los cinco países con las leyes más restrictivas sobre el aborto: uno donde el mismo Ministerio de Salud ha declarado epidemia de embarazos adolescentes, donde cada año se registran muertes maternas que podrían haberse prevenido si existiera la causal que permite interrumpir embarazos cuando llevarlos a término pone la vida de la madre en peligro.
Tras su visita, estas mujeres se han comprometido, además de usarnos como ejemplo de cómo no se debe legislar en derechos sexuales y reproductivos, a usar el micrófono que tienen como personas de incidencia política para hacer eco de lo que aquí sucede: “Creo que lo más importante es hablar de las historias para que nadie pueda negar que no sabían lo que estaba sucediendo. [...] A veces el primer paso es halar la cortina, para que el problema se hable y no se esconda”, dijo Cindy Polo, representante estatal de Florida. En noviembre 2018, la relatora especial de la ONU, Dubravka Šimonović, manifestó su preocupación por las “claras limitaciones legales” existentes en El Salvador respecto al tratamiento de las mujeres con complicaciones obstétricas en sus embarazos, quienes, además de ser criminalizadas por parte del Estado, sufren violencia institucional y obstétrica en los centros de salud que las atienden.
Además de la injusticia que todo esto supone en la vida de las mujeres, las legisladoras también enfatizaron en el impacto que esto tiene en la vida económica del país: “Tenemos que hablar del impacto económico y cómo al cambiar la ley y poner a más gente a trabajar en lugar de meterlas a la cárcel, ellas pueden contribuir a la economía de este país”, concluyó Merika Coleman, representante estatal de Alabama.
Para lograr que las leyes cambien, las legisladoras insistieron en la importancia de la organización ciudadana y del movimiento feminista: 'Hay que entender el poder de las mujeres uniéndose para apoyarse entre ellas, así como confiar en que las mujeres pueden tomar las decisiones necesarias para ellas mismas y sus familias', recalcó Stephanie Howse, de Ohio. El apoyo de la Agrupación Ciudadana para la despenalización del aborto ha sido importante en El Salvador para la liberación de las mujeres como Teodora y Evelyn Hernández, encarceladas por haber tenido una emergencia obstétrica.
