Durante casi cinco años, las discusiones en torno a la seguridad pública en El Salvador tuvieron dos anclas: el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) y el Plan El Salvador Seguro (PESS). La Administración Sánchez Cerén y los actores sociales que respaldaron esas iniciativas lograron que durante un quinquenio esas siglas estuvieran en el centro de cualquier debate serio sobre la violencia que afecta al país. Parecía que el Plan era la hoja de ruta definitiva, y que el padre de la criatura, el Consejo, un organismo llamado poco menos que a la perpetuidad.
Pero no. Fue llegar el 1.º de junio, asumir el nuevo Gabinete de Seguridad de la Administración Bukele, y esas anclas comenzaron a desvanecerse del discurso público y parece que también de la conciencia colectiva nacional, a tenor de las escasas y ya casi inaudibles voces que piden su reactivación.
José Antonio Morales Carbonell (1958, 17 de diciembre) fue el funcionario público más involucrado en el Consejo; al inicio, como mano derecha del comisionado presidencial Hato Hasbún; y luego, tras el fallecimiento de Hasbún en agosto de 2017, como la persona que tomó las riendas. “Las cosas buenas que se hicieron van a tener que ser progresivamente reconocidas”, dice.
Morales Carbonell no es un hombre de medios, pero El Faro quiso sentarse con él para conocer sus valoraciones sobre por qué apenas nadie habla ya del CNSCC ni del PESS.
El Consejo desapareció de un plumazo. ¿Qué explicación tiene?
Es una decisión del gobierno actual.
Pero ustedes, las personas que lo integraban, ¿contaban con que eso ocurriera, siquiera como posibilidad?
No, nosotros no sabíamos... Antes de las elecciones de 3 de febrero, nos reunimos con los diferentes partidos políticos para hablar sobre este tema, y prácticamente todos nos expresaron su voluntad de continuar con este ejercicio de diálogo, porque valoraban que este tipo de políticas públicas pudiesen construirse con la participación de la ciudadanía. Yo esperaba una continuidad en el Consejo y también en la aplicación de los planes que habían resultado de estos espacios de diálogo, como el Plan El Salvador Seguro.
¿Puede decirse que el Consejo murió el 31 de mayo?
El 31 de mayo yo terminé mis funciones como subsecretario de Gobernabilidad, y sabía que hasta ahí llegaba yo, pero sí esperaba que Nayib Bukele dijera que lo iba a retomar, aunque la decisión hasta ahora ha sido no continuarlo. No sé si más adelante...
¿La Administración Bukele lo ha buscado a usted para alguna consulta?
¿Sobre este tema? No.
El Consejo se crea en septiembre de 2014, y el entonces presidente dijo que sería una institución “permanente”.
El Consejo se creó por decreto ejecutivo y, por eso mismo, el nuevo presidente de la República puede continuar o no con la iniciativa. En mi opinión, lo ideal hubiese sido que los actores de la sociedad civil integrados en el Consejo hubieran continuado reuniéndose en junio, junto con los organismos internacionales, y tal vez haberle solicitado formalmente al Gobierno la continuidad, pero eso no ha sucedido. Tal vez se quedaron esperando la convocatoria de parte de las nuevas autoridades, y eso no se dio. Esa es la realidad.
Usted cree que el Consejo debía continuar, lo que representaba al menos. ¿Cuáles identificaría como sus principales logros?
En primer lugar, haber construido el Plan El Salvador Seguro, con una participación amplia de diferentes sectores. En el Consejo había representantes del sector privado, de las iglesias, de la academia, de la organizaciones sociales, de organismos de cooperación... y entre todos consensuamos un plan que reconoce las causas estructurales de la violencia y que no apuesta sólo por la represión. Ese fue un gran logro.
El Plan El Salvador Seguro también es hoy papel mojado, ¿no?
Ese plan se territorializó, se llevó a los municipios a través de los planes municipales, que fue un trabajo muy intenso con los alcaldes. Ese quizá sea el segundo gran logro: haber priorizado el liderazgo en los gobiernos locales, sin distinción partidaria. Eran las mesas de trabajo en los municipios, lideradas por alcaldes de todos los partidos, las que identificaban las necesidades más urgentes.
¿Alguna otra razón por la que crea que se debería retomar la idea de involucrar a la sociedad civil en temas de seguridad?
Tener un plan integral y consensuado permitió que la cooperación internacional se alineara. Todos los organismos apoyaron, comenzando por el PNUD, que puso al Sistema de Naciones Unidas en función de las prioridades del Plan; luego USAID, que enfocó su cooperación en torno a eso; la Unión Europea, que financió con millones de euros las acciones de prevención contempladas...
Pero...
Otra cosa que también fue un logro es el hecho de que la Policía Nacional Civil dejó de sentirse sola. Es importante destacarlo porque vieron por primera vez que otras instituciones y ministerios se involucraban en resolver los problemas de seguridad.
Pero...
Y otro logro es que desde el 2015 se han venido reduciendo los homicidios en El Salvador. En algunos municipios, hasta el 50 por ciento.
Pero resulta contradictorio que, ante esos logros que comenta, relevantes en apariencia, se haya eliminado el Consejo. Parece además que nadie lo echa en falta.
Yo he escuchado a personas que integraban el Consejo pedir en programas de televisión que se reabra algún espacio para discutir estos temas. Por supuesto, haría falta un mayor deseo de continuidad, pero habría que preguntarle a ellos.
Ni el PNUD ni la OEA ni las embajadas han dicho ‘Esta boca es mía’.
Hay que entender que los organismos internacionales siempre esperan un poco las decisiones que toma el nuevo Gobierno, y en función de eso trabajan y actúan. Yo puedo garantizarte que la Unión Europea y España no sólo apoyaron los planes, sino que destinaron una suma para el funcionamiento del Consejo. Querían que siguiera.
[En efecto, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) aprobó un convenio por el que se comprometió a aportar entre los años 2019-2022 la suma de 670,000 dólares bajo este título: ‘Fortalecimiento institucional del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) para la implementación del Plan El Salvador Seguro (PESS)’.]
La violencia homicida ha bajado desde el 1.º de junio a mínimos históricos. Justo cuando desapareció el Consejo...
En materia de seguridad, los resultados tiene que ser sostenibles, y aún hay que ver si los números de estos primeros meses pueden mantenerse en el tiempo. Yo creo que si no se atacan las razones estructurales de la violencia y no se fortalece la prevención, es muy difícil que el descenso pueda mantenerse. De hecho, la Fase 2 del Plan Control Territorial es bastante parecida a lo que planteaba el Plan El Salvador Seguro: oportunidades de empleo para los jóvenes, remodelación de espacios públicos... La principal diferencia que le veo es que el Plan El Salvador Seguro era mucho más enfático en depositar el liderazgo en los alcaldes, y ahora se enfatiza más el trabajo con las comunidades.
¿Cómo explica usted la reducción tan pronunciada en la violencia homicida?
Puede ser que las medidas que se han tomado en materia de seguridad hayan tenido algún efecto, pero yo insisto: si se quiere que sea sostenible, lo fundamental es desarrollar las estrategias de prevención.
Parece que si usted fuera diputado, ‘apretaría el botón’ para aprobar los préstamos que financiarían la Fase 2.
Uno de los problemas que tuvo el Plan El Salvador Seguro fue que no logró desarrollar todos sus componentes. La contribución especial [por servicios de telefonía, cable e internet] se pensó para financiar los diferentes ejes del plan, y el 70 % se dijo que sería para prevención, pero al final los recursos se destinaron prioritariamente para la represión.
De la contribución especial salía el bono para policías y soldados.
Casi la mitad de lo recaudado se iba para los bonos y otras acciones más vinculadas a la represión que a la prevención. Y se hacía así porque la Asamblea así lo pedía.
¿Le ve sentido a la solicitud de $91 millones que el presidente Bukele está pidiendo al Legislativo?
Es que si no se apoya con acciones de esa naturaleza, lo que se puede lograr temporalmente en el ámbito de la persecución del delito no va a ser sostenible. Por eso el Consejo cuestionaba tanto que se pagaran los bonos a policías y soldados con la contribución especial. La posición del Consejo era que el bono saliera del presupuesto general de la República, porque al final es un gasto fijo, que no puede depender de un impuesto específico que cualquier día puede derogarse.
Usted está diciendo que la prevención no fue la prioridad en las inversiones que hizo el gobierno anterior.
Un ejemplo: el caso de la educación. Yo no sé cómo se puede resolver el tema de la violencia en este país cuando tenemos a cientos de miles de jóvenes fuera de las escuelas, jóvenes que ni estudian ni trabajan, sin acceso a la educación, y no simplemente porque hayan abandonado sus estudios, sino porque no hay oferta educativa para ellos. El Plan El Salvador Seguro plantea que en los primeros dos años, en los 10 municipios priorizados debería hacerse un esfuerzo por incorporar a todos esos jóvenes en la escuela. Tal vez era un meta un poco soñadora, pero era porque estábamos conscientes de que, con tal cantidad de jóvenes en las calles, es imposible resolver el problema, porque son presa fácil de las pandillas. Esa era la preocupación que tenía el Consejo: que si no se resolvía el tema de la educación, iba a ser muy difícil resolver el tema de la violencia, y por eso se proyectaron recursos para incorporar a esos jóvenes.
El Estado entonces no cumplió la hoja de ruta planteada en el Plan El Salvador Seguro.
Por eso digo que juzgar el Plan así, en seco, es complicado, porque no se le dieron todos los recursos que requería. Ahora, eso no dependía sólo del Gobierno, sino también de la Asamblea, y pasó que los diputados cuestionaban que se destinaran recursos a educación, por ejemplo. Una de las grandes deficiencias es que faltó coordinación entre los tres órganos del Estado, porque hay temas que el Gobierno solo no los puede resolver.
Como el hacinamiento en las cárceles.
Exacto. El Ejecutivo por sí solo no puede resolver ese problema, a menos que se dedique a construir cárceles y más cárceles. Entran temas como el abuso que se hace de la detención provisional o la poca aplicación de medidas sustitutivas al encierro, que están en el ámbito del órgano judicial. Y también faltó que el sector privado se implicara más en el proceso.
Ha mencionado logros y puntos negros, ¿pero cuál sería su balance general de los casi cinco años del Consejo?
Fue una experiencia positiva, sin duda. Era un espacio de diálogo abierto en el que los actores no tenían ningún temor de expresar sus opiniones, incluso opiniones muy críticas con el Gobierno. ¿Un ejemplo? El tema de las Medidas Extraordinarias, que fueron criticadas con dureza al interior del Consejo. Algunos dicen que éramos un comité de aplausos al Gobierno, pero era todo lo contrario; en todo lo relacionado con las violaciones a los derechos humanos el Consejo fue crítico con el Gobierno.
Pero las Medidas Extraordinarias no sólo se aprobaron, sino que se prorrogaron dos veces y terminaron incorporadas mediante reformas de ley.
La voz del Consejo no se fue siempre efectiva, pero creo que de alguna manera se hacía pensar. Yo te puedo contar una reunión del consejo de ministros en la que el presidente, después de oír la opinión crítica del Consejo, trasladó esas críticas al gabinete de seguridad y les pidió que estudiaran un informe que habíamos elaborado y que tomaran en cuenta nuestras opiniones. Tal vez no se tuvo una efectividad total, pero no fuimos un comité de aplausos, para nada.
Ya salió en la plática, pero tengo alguna pregunta más sobre el sistema penitenciario.
Quizá sea el área en la que más se avanzó. El modelo ‘Yo Cambio’ fue un éxito. La transformación en Mariona fue rotunda.
Hubo cambios en los penales de civiles, sin duda, pero la Administración Bukele como que ha querido poner un cordón sanitario y hasta distanciarse del ‘Yo Cambio’.
Se hizo un buen trabajo en el sistema penitenciario. Yo creo que no hacía falta desconocer ni descalificar lo que se había hecho antes. Hay un dicho que dice que cuando uno le cierra la puerta a la realidad, esta le entra por las ventanas. Las cosas buenas que se hicieron van a tener que ser progresivamente reconocidas.
Un ejemplo: este Gobierno se ha esforzado en promover la idea de que antes del 1.º de junio de las cárceles salían llamadas telefónicas sin control alguno.
Pueden preguntar a los alcaldes de las ciudades en las que había centros penales los problemas que generaban entre los vecinos los aparatos inhibidores de señal, porque tenían mucha potencia. Las comunicaciones de los privados de libertad con el exterior ya se habían reducido enormemente; no digo que al 100 por ciento, pero la reducción era una realidad, como también son una realidad los avances del ‘Yo Cambio’.
¿Cree que la desaparición del Consejo sea para evitar voces críticas sobre la gestión en temas de seguridad?
Eso habría que preguntárselo a ellos. Yo sí invitaría al Gobierno a retomar la iniciativa, porque realmente considero que para que un plan de seguridad pueda prosperar tiene que avanzar unos 10, 15 o 20 años; o sea, en la medida en que con el Plan El Salvador Seguro se involucró a la sociedad y se le permitió participar, opinar y jugar un rol en el monitoreo, es mucho más fácil que el plan sobreviva a los cambios de gobierno. En los temas de seguridad no se puede comenzar cada cinco años desde cero. Lo que hicimos tal vez no fue perfecto pero sí un buen ejercicio. Y la prueba de que no fue perfecto está en que la gente no se apropió del Plan y se paralizó cuando la Secretaría de Gobernabilidad dejó de convocar.
¿Tiene la sensación de que el Consejo es un capítulo cerrado?
Yo no descarto que, en un futuro y quizá con otro nombre, la iniciativa sea rescatada por el Gobierno, porque el tema de seguridad requiere del concurso de todos, y eso era justamente lo que buscó el Consejo.
