“Soy una chica trans que cree en Dios y en sí misma”. Así, orgullosa de sí misma y confiada, se presentaba Anahy Rivas en sus redes sociales. Tenía 25 años y en la madrugada del 27 de octubre de 2019 fue asesinada. Estaba en el bulevar Los Héroes cuando la hirieron con un arma blanca. Luego, arrastraron su cuerpo durante cinco kilómetros en un automóvil. Tras arrastrarla, la dejaron moribunda en la vía pública. Anahy se convirtió en una de las 20 mujeres trans asesinadas que han documentado organizaciones de derechos humanos en los últimos tres años.
Cuatro días después, el 31 de octubre, la Federación LGBTI, una entidad que aglutina a doce organizaciones, se pronunció ante la impunidad que caracteriza a crímenes como este. Se quejaban del silencio estatal. Un día después, en una coferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele fue cuestionado sobre políticas para proteger a la población trans. Él aceptó que dichos casos deben ser investigados de manera especial. El mandatario aseguró que “el gobierno está diseñando planes contra la discriminación y ni queremos llegar a un crimen de odio”. En contraste, la Federación denuncia la desidia del mismo gobierno ante las prioridades de la población LGBTI.
En la administración anterior, existía la Dirección de Diversidad Sexual. Esta se encontraba adscrita a la extinta Secretaría de Inclusión Social y tenía el objetivo de “erradicar toda forma de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género” en la administración pública. Desde esa dirección se evaluaba la creación de oportunidades y no discriminación de población LGBTI en cada ministerio del gobierno.
Desde junio hasta finales de agosto, no hubo formalmente un funcionario con la misión explícita de velar por la población LGBTI ante el gobierno. Fue hasta el 28 de agosto que el Consejo de Ministros modificó las responsabilidades del Ministerio de Cultura y lo responsabilizó de atender a esta comunidad. Con las nuevas atribuciones, el ministerio de cultura ahora debe “propiciar la atención al segmento de la población LGBTI, generando condiciones que permitan su desarrollo y protección”.
La medida ha sido ampliamente criticada. “Consideramos que esa ha sido una movida errónea de parte del gobierno”, expresó Roberto Zapata, secretario de la asociación Amate. “Esto debe verse con un enfoque mucho más integral que incluye todos los ramos del Estado y no solamente cultura”, agregó.
Para cumplir con su nuevo rol, el cinco de septiembre el Ministerio de Cultura cambió el nombre de su unidad de género y le agregó la palabra “diversidad”. La ahora “Unidad de género y diversidad” será la encargada de velar por la inclusión y prevención de violencia hacia la población LGBTI. Sin embargo, no queda claro cómo un ala de una dependencia dentro de un ministerio podrá sustituir el trabajo que realizaba la dirección anterior.
La Dirección de Diversidad Sexual tenía potestad para solicitar información de otros ministerios y verificar la contratación y no discriminación de personas LGBTI. También contaba con una línea telefónica de ayuda que brindaba apoyo psicológico, información sobre derechos y orientación en casos de discriminación. Esa dirección estaba conformada por un director y otras cinco personas a su cargo, exclusivamente dedicadas a temas de diversidad sexual. En cambio, la ahora unidad de género y diversidad del ministerio de Cultura, “será dirigido por un jefe o jefa de unidad y contará con el apoyo de un o una asistente”, de acuerdo con documentos oficiales.
“Se han hecho algunas modificaciones para que la Unidad de Género, además de todos los temas de reivindicación de la mujer, lleve los temas LGBTI. Eso es recargar una unidad que es pequeña, en un ministerio de de por sí es pequeño... para que tengamos un panorama de cómo va a estar la situación”, dijo el representante de Amate ante los medios de comunicación.
En El Salvador, la población trans ha vivido y muerto históricamente invisibilizada. “Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Díaz y el más reciente de Anahy Miranda Rivas”, señaló la Federación LGBTI a través de un comunicado. Consultado por una periodista de la revista Gatoencerrado sobre planes concretos para detener la violencia hacia esta población, el presidente Bukele dijo que “hay que ponerle atención especial a este tipo de crímenes porque deben de tratarse de manera distinta para poder resolverlos”.
En medio de la desinformación sobre planes específicos, la organización Amate solicitó al ministerio de Cultura que revelara las acciones concretas que han hecho para retomar el trabajo de la extinta Dirección de Diversidad Sexual. La oficina de Información y Respuesta les respondió que, hasta la fecha, el trabajo del Ministerio en ese aspecto se traduce a tres cosas:
La primera es la creación de la unidad de género y diversidad. La segunda es nombrar a una jefa para dicha unidad y, la tercera acción que ha hecho el ministerio en cinco meses es recibir 15 cajas con documentación del trabajo realizado en la administración anterior.
De acuerdo con información brindada por el ministerio de Cultura a Amate, Keny Rodríguez es la nueva jefa de la unidad de género y diversidad. Para conocer su respuesta ante los señalamientos de la Federación LGBTI, se le contactó el 31 de octubre vía telefónica y por correo electrónico, pero su asistente dijo que por su agenda, no podía contestar. Además, se solicitó información sobre la reestructuración al encargado de Comunicaciones de Cultura, pero él respondió que no tenía información porque se encontraba de viaje fuera del país.
La forma en que se organice la unidad que atenderá a la población LGBTI es primordial para articular programas de prevención de violencia. También es útil para saber qué cartera de Estado será la que tomará como suya la causa contra la impunidad de los asesinatos trans.
La Federación LGBTI asegura que tuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Justicia y de Cultura en octubre. De acuerdo con Roberto Zapata, en la reunión no se habló de planes concretos sino que se puso sobre la mesa las buenas intenciones de la nueva administración.
“Ojalá el gobierno hubiera tenido otra postura respecto de hacer consultas previas en el periodo de transición y no hasta que tuvimos que presionar para que se dieran las reuniones”, dijo Zapata. Por su parte, Mónica Linares señaló la pared con la que se han encontrado: “Si el gobierno es de izquierda, de derecha, centro o lo que sea… el reto para nosotros es siempre empezar de cero. Empezar de cero con la sensibilización, con la gestión y con que se garanticen los derechos humanos de las poblaciones”.
