Son las cuatro de la tarde y pocas cosas han cambiado en el pasaje de la colonia Altavista donde, hace nueve meses, un magistrado de la República tocó las partes genitales de una niña de diez años. En las cercanías pululan los mismos vendedores de verduras y de ropa, aunque esta vez en el pasaje no hay niños jugando a la sombra de un árbol. En la entrada del pasaje reina el silencio. A pocos metros de donde ocurrió el tocamiento está la casa de la víctima. En la puerta de metal, dibujados con plumón negro, hay dibujos de niños y niñas y una dedicatoria de “feliz cumpleaños”. También hay dos nombres, que corresponden a los de la niña y a su hermano adolescente. Esta tarde, ni los hermanos ni su madre están en casa. Todos huyeron de la colonia, y del país, porque los amenazaron. Huyeron, también, convencidos de que no tendrán justicia.
“Ya se fueron, tienen ratos de no estar aquí”, responde una vecina que observó cuando toqué la puerta. Hoy es 8 de noviembre. Hace dos días, la Cámara Primero de lo Penal concluyó que el magistrado Eduardo Jaime Escalante cometió, al tocar a la niña, una falta y no un delito porque este tocamiento fue breve, no fue invasivo y ocurrió en un lugar público.
El Faro logró contactar con un familiar de la víctima y este confirmó la huída de sus parientes. Con su ayuda, este periódico contactó por videollamada a la madre de la niña, a quien llamaremos Julia. Ella cuenta, desde otro país, que se fueron porque una noche de junio dos hombres llegaron a la casa a golpear la puerta. Ella preguntó quién tocaba, pero nadie respondió. Los hombres volvieron a insistir y Julia, sin medir peligros, abrió. Ella dice que no alcanzó a ver los rostros de los agresores, porque estaba muy oscuro, pero sí recuerda sus amenazas. Uno de ellos le dijo que ya no siguieran el proceso contra el magistrado Escalante porque, de lo contrario, la amenaza “iba a pasar a más”. Al terminar esa frase el hombre cerró su puño y lo dirigió con fuerza hacía su rostro.
Hace nueve meses, cuando hablé por primera vez con Julia, ella temía por la seguridad de su familia, luego de que el caso Escalante se hiciera público, porque el acusado era un hombre poderoso y temía una represalia. Para Julia, ese miedo se materializó frente a su puerta aquella noche. Julia no recuerda la fecha exacta de la amenaza y la agresión que asegura haber recibido, pero haciendo cuentas la ubica en los primeros días de junio. Julia dice que no denunció el hecho antes de huir con sus hijos porque tuvo miedo.
La familia tampoco recuerda la fecha exacta cuando dejaron el país por primera vez, pero esto solo pudo haber ocurrido entre el 31 de mayo y mediados de junio. Uno de los familiares asegura que la amenaza ocurrió después de que la niña asistiera a una convocatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir su declaración en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, como parte de las diligencias de investigación. “La última vez que se presentó Julia con la niña fue porque se iba a ver con él (magistrado Escalante) frente a frente. Esa vez fue con la niña, pero también llevaron a los testigos. Después de todo eso es cuando a ella le sucedió (que la golpearon)”, contó el familiar.
Fuentes fiscales con conocimiento del caso confirman que el 30 de mayo la niña declaró en Cámara Gesell, es decir que contó para registro judicial su versión de los hechos ocurridos en la tarde del 18 de febrero. Sin embargo, a diferencia de lo que cuentan los familiares, ellos aseguran que el magistrado Escalante no estuvo presente en esa diligencia, porque esa declaración la hicieron en un lugar privado en donde solo estaba la niña.
Dos semanas más tarde, el 15 de junio, la Fiscalía llamó a Julia, pero la madre no respondió. La Fiscalía insistió en los días siguientes, pero ya no supieron más de ella. “Yo le llamé para explicarle del anticipo. Normalmente le hablaba un par de veces al mes para saludarla y ver cómo estaba. De ahí ya no contestó”, dijo una de las fuentes fiscales. Los notificadores llegaron hasta la puerta de los dibujitos, dejaron las citaciones por debajo, pero nadie las recibió. Al ver que no respondía, la Fiscalía pidió los registros migratorios de la familia, y confirmaron que estos habían tenido una salida del país en junio.
En esa primera huída, la familia cuenta que se llevaron poca ropa, además de la documentación del caso porque creyeron que con eso evitarían ser deportados. La información, sin embargo, no les sirvió de mucho, ya que al ser detectadas, autoridades migratorias de otro país ordenaron su deportación. “A ella le deportaron aunque llevaba esa documentación. Aún así la mandaron de nuevo (a El Salvador)”, dijo uno de los parientes.
Una niña abandonada por el Estado
Julia y sus hijos fueron deportados hacia El Salvador el 24 de junio. Los llevaron al Centro de Atención Integral al Migrante, donde un funcionario entrevistó a Julia para conocer las razones por las que decidió emigrar. Según la familia, luego de que las autoridades salvadoreñas entendieron que la huída de Julia y su familia tenía que ver con un caso contra la niñez, los remitieron al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA). El detalle de su primera huida y de su entrevista con migración aparece relatado en un documento con fecha de 2 de julio firmado y sellado por la Junta de Protección de la Niñez y de la Adolescencia del Conna al que El Faro tuvo acceso a través de imágenes proporcionadas por la familia.
“En esa entrevista la madre de la niña expuso que su hija fue víctima de un delito relacionado a su libertad sexual y que recibió amenazas de parte del presunto responsable, quien es el magistrado de la Corte, por esa razón decidió viajar de forma irregular (...). Al mismo tiempo la señora cuestionó el proceso penal iniciado en el que su hija tiene calidad de víctima, asegurado que el mismo quedó sumido en la impunidad”, se lee en el documento. Para esas fechas, el magistrado Escalante había perdido su fuero, pero gozaba de de libertad condicional. Esta le fue otorgada el 19 de marzo por la Cámara Primera de lo Penal, que pidió una fianza de $10, 000 y la orden de que firmara cada 30 días en el juzgado. La Fiscalía apeló contra estas medidas. La Fiscalía se queja, ahora, que la Cámara tampoco le prohibió que se acercara a la menor. Escalante tuvo libertad condicional por nueve meses. Apenas hasta el 9 de noviembre la Sala de lo Penal ordenó arresto domiciliario en su contra, luego de que la Fiscalía apelara el fallo de la Cámara que cambió el tocamiento de delito a falta.
Según el informe, Julia contó en su declaración que el magistrado Escalante la amenazó durante una diligencia judicial. El CONNA incluso concluyó que “es oportuno realizar el respectivo aviso ante la Fiscalía por las presuntas amenazas realizadas por el licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz, quien presuntamente en el marco de un diligencia judicial, realizada amenazó a la niña y a su grupo familiar”. Ese aviso, sin embargo, nunca fue enviado a la Fiscalía, según la FGR. Fuentes fiscales aseguran haber tenido conocimiento del documento también a través de los familiares, pero no por el CONNA.
Mario Machado, abogado del magistrado Escalante, descarta que esa amenaza sea cierta. Según Machado, en la diligencia del 30 de mayo, Escalante nunca tuvo contacto con Julia ni con su hija. “Eso no es cierto (la amenaza). No sé de dónde se lo han sacado”, dijo.
Desde que se conoció el caso, Julia se quejó de que no había recibido ofrecimiento de protección de parte de la Fiscalía. La Fiscalía asegura que sí se le ofreció una casa de seguridad, pero que la madre de la niña no aceptó.
En el documento del CONNA, la institución da por iniciado un “procedimiento administrativo de protección a favor de la niña y su hermano adolescente”. La protección, sin embargo, no era por el caso Escalante, sino para resguardar a unos niños de una madre que podría intentar, de nuevo, sacarlos del país. El CONNA incluso dice que Julia tuvo un comportamiento que “podría considerarse como negligencia en el cuido de sus hijos” por haberlos expuesto a una migración irregular. La institución también le pidió que presentara constancias de matrículas escolares como prueba de que había desistido de sus intenciones.
Según el CONNA, Julia puso en peligro a sus dos hijos al irse del país, pero también señalaron que esto fue responsabilidad del Estado porque no brindó las condiciones básicas para evitar la migración. “Que esta junta directiva considera que el comportamiento... puede considerarse como negligencia porque se llevó a sus hijos de forma ilegal. El Estado es responsable en el entendido que esta es quien debe brindar las herramientas necesarias para que los niños niñas, adolescentes hombres y mujeres puedan desarrollarse plenamente y no busquen el bienestar en otro país”, dice el documento.
Sin embargo, el CONNA se contradice en el informe. Mientras considera un hecho denunciable ante la Fiscalía la supuesta amenaza narrada por Julia, a la hora de definir si la niña necesitaba atención psicológica concluyó que no se lograba comprobar que la menor hubiese sido amenazada o que sus derechos hubiesen sido vulnerados. “Los hechos que sirven de presupuesto para la intervención de esta junta no tienen a la base una condición que responde a situaciones generadas por un entorno nocivo que ha sido generado -en parte- por la supuestas amenazas por el presunto abusador de la niña, además de la conducta de la señora de exponer a sus hijos a un viaje”, dice el informe.
Después de que el CONNA tomara el caso, Julia y sus hijos permanecieron en El Salvador solo una semana más, según sus familiares. “Por la misma cuestión nos tuvimos que venir y aquí estamos ya”, dijo Julia a través de una videollamada a El Faro.
“La ley no puede proteger a nadie en este país”
La familia de la niña de 10 años del caso Escalante se siente decepcionada. Están frustrados porque la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador concluyó que el magistrado Escalante cometió una falta por tocar a la niña. La familia que se sigue en El Salvador también tiene miedo de que su vida está en riesgo. Julia también teme que los busquen allá donde se refugian y por eso piden anonimato y que no se revele el nombre del país en el que se encuentran.
“Yo digo que ley no puede proteger a nadie en este país. Uno tiene miedo que lo maten porque tanto caso que hay que matan a testigos o, incluso, hasta a una familia entera”, dice uno de los familiares de la niña, que se queja por el resultado del fallo que aminora la acción señalada al magistrado Escalante.
“Nunca le aumentamos (al hecho) ni un poquito. Fue real lo que sucedió. Nunca dijimos que la violó o otra cosa. Fue lo que ocurrió. Si es una niña pequeña, pues, uno no va a pensar que va a llegar un hombre a tocarla”, añadió este familiar.
En Altavista, ahora la casa de Julia está vacía. La vida de esa familia cambió por completo y la decisión de la Cámara Primera reforzó la idea que Julia ya temía desde febrero. Desde otro país, Julia dice: “Me siento molesta y me da no sé qué... Recuérdese que fue una niña, no ha sido una persona mayor, pero ya qué se va a hacer...”.
La Fiscalía sostiene que a pesar que la víctima ya no se encuentran en el país seguirán con el caso, que ahora está en etapa de apelación ante la Sala de lo Penal, que puede ratificar la resolución de la Cámara para que un juzgado de paz trámite una acusación por falta, o enviar a juicio a la Cámara segunda de lo penal para que conozca del proceso. “En este caso específico contamos los anticipos de prueba que es el testimonio de la víctima, que es la niña, porque ella es la que sabe y confirma los hechos”, dice uno de los fiscales del caso.
