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Juan contra la jueza que sirvió a ICE

Patricia Montes

 
 

La primera vez que lo vi, apenas podía caminar; sus pasos eran cortos e incómodos. Las esposas que ataban sus manos y pies le impedían moverse bien. Su mirada, casi infantil e indefensa, reflejaba mucha tristeza. Allí estaba Juan, mi sobrino, deambulando a paso lento, resguardado por oficiales de inmigración en el imponente edificio federal John F. Kennedy, donde se ubica la corte de inmigración en Boston, Massachusetts. Ese lugar donde se esconden muchas historias como la suya.

Juan cruzó la frontera sur de los EE.UU. en febrero de 2019 y en marzo fue trasladado a Plymouth County Correctional Facility. Ahí pasó nueve meses de su vida, acompañado de cientos de inmigrantes centroamericanos que, al igual que él, huyen de Centroamérica: un infierno para la mayoría de gente pobre, excluida y oprimida por los sistemas corruptos imperantes en esa región. 

En Honduras, de donde huyó Juan para salvar su vida, hay una emergencia. Es una de las naciones más pobres y violentas de América Latina. De acuerdo con un reciente informe del International Crisis Group, en 2018 fue uno de los tres países más letales de la región, con una tasa anual de 40 homicidios por cada 100 000 habitantes. El país sufre de niveles extremadamente elevados de desigualdad, y más del 60 % de sus 9.1 millones de habitantes vive en situación de pobreza. Todo eso crea las condiciones para que sea casi imposible que los jóvenes de clase obrera puedan prosperar. 

En el año 2011, cuando Juan tenía 10 años, su hermano fue asesinado por una pandilla. Años después, la historia se repitió. Juan fue atacado por grupos criminales. Logró escapar y pensó que en Estados Unidos podía encontrar la seguridad que su país le niega. Esta es una realidad cotidiana en Honduras. Según el mismo informe, entre octubre de 2018 y agosto de 2019 las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 240 000 hondureños (el 2.5 % de la población del país) que intentaban ingresar a EE.UU.; de estos, 19 696 eran niños hondureños no acompañados, y 182 449 eran familias. 

Juan narró su historia, por medio de una intérprete, a la recién juramentada, pero temida, jueza de inmigración Jennifer A. Mulcahy. Él, al igual que miles de inmigrantes centroamericanos que no tiene representación legal, se enfrentó solo al monstruo del sistema de inmigración de EE.UU. Desde su estrado, con el enorme rótulo del Departamento de Justicia de fondo, la jueza le negó el asilo. Mulcahy es de las nuevas contrataciones de la administración Trump (los jueces de inmigración dependen de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, no hacen parte de la carrera judicial). Previamente, esta jueza fue asistente del abogado principal de la Oficina del Departamento de Seguridad Nacional en Boston y trabajó durante 17 años como abogada de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) antes de convertirse en jueza de inmigración. Es decir, viene de servir a la maquinaria antiinmigrante de los EE. UU.

Al escuchar la decisión de la jueza, las lágrimas bañaron el rostro de Juan. Como pudo, con sus manos esposadas, se las limpió. La siguiente vez que lo vi fue en Plymouth, en el centro de detención, donde pudimos ver decenas de hombres jóvenes en uniforme. A mi sobrino le hacía ilusión que mi esposo y yo lo visitáramos. Nos contó que cruzó la frontera con otro hombre y su hijo pequeño y que, al ser detenido, no supo más de ellos. Su rostro siempre expresaba esperanza. Días después de nuestra última visita, Juan fue deportado a Honduras, el país que le niega a él y a miles de jóvenes el goce fundamental de sus derechos. Pocos días después de ser deportado me llamó y me dijo: “mientras hay vida, hay esperanza”.

Los centroamericanos seguirán huyendo en masa en busca de protección internacional, impulsados por la pobreza, violencia, inseguridad y corrupción endémica que impera en sus países de origen. Estados Unidos seguirá promoviendo sus políticas de odio y discriminación, violatorias de derechos humanos, como ‘Permanecer en México’, el programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar sus audiencias en la corte de inmigración en EE.UU. en territorio mexicano. A este se suman los aberrantes acuerdos bilaterales que convierten a Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres países más letales de la región, en países “seguros” y de asilo para los migrantes que el Gobierno de Donald Trump no quiere en tierra estadounidense. 

Ante esta situación, es urgente que las organizaciones de sociedad civil en la región luchemos aún más fuerte para abogar por políticas migratorias más justas y humanas, educar a tomadores de decisiones y más sectores de la población estadounidense, para que comprendan las raíces profundas que obligan a los centroamericanos a huir y la responsabilidad histórica de EE.UU. en la crisis que la región enfrenta.

Patricia Montes es periodista y directora ejecutiva de Centro Presente, una organización comunitaria que aboga por los derechos humanos de migrantes centroamericanos en Boston, Massachusetts. Junto con la organización Lawyers for Civil Rights, Centro Presente lidera una demanda contra la administración Trump por la cancelación del TPS. Forma parte de Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes en los EE.UU.
 
Patricia Montes es periodista y directora ejecutiva de Centro Presente, una organización comunitaria que aboga por los derechos humanos de migrantes centroamericanos en Boston, Massachusetts. Junto con la organización Lawyers for Civil Rights, Centro Presente lidera una demanda contra la administración Trump por la cancelación del TPS. Forma parte de Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes en los EE.UU.

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