Entre el 27 de junio y el 3 de septiembre de 2019, funcionarios de las secretarías Jurídica y de Innovación de la Presidencia de la República presionaron a técnicos del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) para obtener información confidencial de solicitantes de información pública, así como el contenido de las solicitudes de información relativas al Órgano Ejecutivo, un ente que por ley es vigilado por el IAIP.
El Faro tuvo acceso a correos, informes y minutas de reuniones de personeros del IAIP y funcionarios de Casa Presidencial que muestran la manera en cómo la administración de Nayib Bukele quería seguir recibiendo información sobre el contenido de las solicitudes de información de los usuarios y otras categorías que el IAIP ha señalado como información confidencial relativa a los usuarios del sistema.
En noviembre, la Revista Factum hizo público que el IAIP entregó información confidencial a la Presidencia durante dos semanas, a principios de junio, a través de reportes diarios. Después de que el IAIP cortó esos envíos, el 16 de junio, Capres insistió durante casi 3 meses en que quería seguir recibiendo los reportes, según 200 folios de correos, informes, memos y otros documentos que fueron obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información realizada al mismo IAIP.
Los correos también muestran las coordinaciones entre el IAIP y Capres para llevar a cabo tres reuniones: una ocurrida el 25 de julio, otra el 21 de agosto y, la última, el 3 de septiembre. En esas reuniones, Capres aprovechaba para insistir en que querían los reportes con información confidencial incluida. Estas reuniones ocurrieron a raíz de una solicitud que el comisionado Cárcamo envió al Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, quien luego envió delegados a todas las reuniones.
En los documentos internos del IAIP se observa que la Secretaría Jurídica de la Presidencia exigía al Instituto que le entregara no solo un reporte diario de las peticiones que se hacían a instituciones del Ejecutivo, sino que además incluyera un campo de información en el que se detallara cuál era la solicitud del ciudadano. Ese campo de información (según consideraciones de los mismos comisionados del IAIP) es donde los ciudadanos suelen incluir datos confidenciales como el nombre, dirección, correos electrónicos, entre otros.
Por confidencial se entienden datos privados en poder de las instituciones del Estado y que la ley prohíbe divulgar. Este tipo de información, según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), sólo la pueden obtener las personas dueñas de la información o su representante legal. En específico, la información confidencial es la relacionada a la intimidad personal, al honor y a la propia imagen, así como a archivos médicos o aquellos vinculados al secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario y fiduciario. Dentro de la información confidencial se incluyen datos personales.
En los correos entre Capres y el IAIP queda claro el protagonismo de la Secretaría Jurídica, que delegaba en los asesores Olga Villeda y Guillermo Escobar, y en el Gerente de Arquitectura de Soluciones de la Secretaría de Innovación, Raúl Hasbún, las coordinaciones con los técnicos del IAIP. Estos y otros funcionarios de Capres participaron en tres reuniones con miembros del IAIP entre julio y septiembre.
Los envíos de datos sensibles a Capres eran posibles gracias al Sistema de Gestión de Solicitudes (SGS), una herramienta que acumulaba datos -tanto públicos como confidenciales- de los ciudadanos que pedían información al Estado. El SGS fue creado en 2012 en tiempos de la Subsecretaría de Transparencia que, a partir de 2014, pasó a ser Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) de la administración Sánchez Cerén. El 24 de abril, la Secretaría transfirió al Instituto el SGS.
El código de desarrollo del SGS incluía no solo una orden para recopilar la información de quién hacía las solicitudes sino también un comando para enviar un reporte con esa data a la Presidencia. Estos envíos fueron detectados y suspendidos por la Unidad de Tecnologías de Información del IAIP el 16 de junio de 2019, un mes y 23 días después de transferida la herramienta por parte del gobierno de Sánchez Cerén. El miércoles 27 de noviembre, Marcos Rodríguez, exsecretario de Transparencia, dijo en República 33 que él desconocía que el código tenía este componente. “Un secretario de Presidencia no revisa el código de cada sistema, creo que eso es algo bastante obvio”, dijo.
Cuando Capres dejó de recibir los reportes tocó las puertas del IAIP para pedirle que le continuara enviando la información. El IAIP consideró que ceder a la exigencia tenía implicaciones legales y por eso suspendió el envío. Ahora la Fiscalía investiga si hubo algún delito de por medio.
El sitio web que almacenó el SGS desde 2012 fue cambiando de nombre y dominio. Al principio se llamó Gobierno Transparente, luego Gobierno Abierto y, por último, Portal de Transparencia ( www.transparencia.gob.sv). En ese portal, el usuario podía hacer solicitudes a cualquier institución del Estado y, en teoría, se ahorraba el tener que navegar distintos sitios web para tramitar sus peticiones. Desde 2012, el SGS almacenó los datos de más de 40 mil solicitudes de información, en un servidor ubicado en las oficinas de la Presidencia.
Esto significa que la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén recogió datos confidenciales y personales de miles de salvadoreños y que la nueva administración quiso seguir con la práctica, aun cuando el SGS ya no estaba en sus manos.
“Ellos dijeron que querían el reporte así”
Las peticiones de Casapres al IAIP fueron remitidas, principalmente, por los asesores de la secretaría Jurídica (Villeda Kattán y Escobar), por Raúl Hasbún, el gerente de arquitectura de soluciones de la unidad de tecnología de Información de la Secretaría de Innovación; y por Gabriela Gámez, oficial de Información y Respuesta de la Presidencia.
Un recuento de ese cruce de correo quedó plasmado en un informe elaborado por Jorge Martínez, el ingeniero informático jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información del IAIP. Él y el Gerente Jurídico del IAIP Carlos Calderón también detallaron en los informes las reuniones con funcionarios de Capres, ocurridas entre el 25 de julio y el 3 de septiembre.
La primera reunión entre el IAIP y la Presidencia se celebró el 25 de julio en Capres. Por parte del Ejecutivo estaban Hasbún, Villeda Kattán y Sigfredo Mancía, Gerente de Soporte de la Secretaría de Innovación.
A pesar de que había tres puntos en la agenda, el interés principal del Ejecutivo era claro, según los técnicos del IAIP. “En esta reunión, el tema de interés del equipo técnico de CAPRES(sic) fue la generación del reporte del sistema, la reunión estaba destinada únicamente a definir el mecanismo de cómo se llevaría a cabo dicha solicitud y se mostraban con propiedad en lo que solicitaban como si ya se les hubiese confirmado el apoyo”, escribió el encargado de tecnología del IAIP, Jorge Martínez, en un informe remitido a los comisionados del Instituto.
El encargado de tecnología del IAIP, en resumen, dijo en esa reunión con Capres que el informe que ellos pedían “no se puede realizar” y ofreció diseñar y enviar un reporte alternativo sin datos sensibles o confidenciales.
“Ellos nos dijeron que querían el reporte, 'lo queremos así' y nosotros respondimos que no se podía. 'Entonces -nos dijeron- dénnos acceso al sistema', y nosotros respondimos que tampoco se podía. Ellos venían con esta postura: 'nos van a enviar el reporte pero necesitamos que sea así'. Si ya venían con esta postura, yo les decía que podíamos encontrar una solución, pero no les prometo porque es muy complicado por el sistema…”, recapituló Martínez ante el pleno. El lunes 23 de septiembre, los comisionados lo interpelaron a él, al presidente del IAIP y al Gerente Juridico porque Martínez los había notificado, el viernes anterior, de que iba a comenzar a enviar reportes a Capres.
Horas después de terminada la reunión en Casa Presidencial, a las 3:51 de la tarde de ese mismo 25 de julio, la asesora jurídica Villeda envió un correo electrónico a Martínez en el que mandaba una lista de instituciones del Ejecutivo para las que pedía 'acceso a las solicitudes de manera diaria'. Villeda reiteraba: “que no solicitamos el acceso a datos personales por razones obvias, únicamente solicitamos informe diario sobre el número de solicitudes recibidas por entidad y un detalle de las mismas para poder tener coordinación para responder'.
Para Villeda la única información confidencial contenida en el reporte eran los datos personales que ella pedía que se eliminaran. Sin embargo, lo que pedía Villeda también incluía el detalle de cada petición. Este campo de información, según el IAIP, suele incluir información confidencial de terceros y de los mismos usuarios. Es decir que aunque Villeda comentara que no pedian acceso a datos personales, la información requerida incluía información confidencial bajo custodia del IAIP y el mismo IAIP se percató de ese campo de información no se podía seguir entregando.
En los primeros días de agosto, el IAIP y Capres estuvieron trabajando en un nuevo diseño de reporte. El IAIP trataba de no violar las reglas de la confidencialidad de la información mientras que Capres quería los reportes con la mayor cantidad de datos posibles, incluyendo los confidenciales.
Mientras Capres pedía información a los técnicos, el presidente del IAIP, René Cárcamo, también presionaba internamente para que se satisfacieran las demandas de la Presidencia. A mediados de agosto, Capres comenzó a presionar para que se le enviara un reporte de prueba. “Unas dos o tres veces [el comisionado Cárcamo] me preguntó ‘¿Cómo va el avance?’ Porque están preguntando que cuándo vamos a enviar la prueba”, dijo el técnico Martínez al pleno del IAIP, en la sesión de interpelación del 23 de septiembre.
El asesor jurídico de Capres, Guillermo Escobar, envió un correo a Martínez el 14 de agosto a las 5:45 de la tarde. “Quisiera consultarte cuándo podríamos iniciar con las pruebas de envío y recepción de informes?(sic). Quedo atento a los comentarios”.
Cinco días más tarde, cerca de las 11 de la mañana, el encargado de tecnologías envío la prueba a los asesores Villeda y Escobar de la Secretaría Jurídica y Gabriela Gámez, oficial de información.
Pero para el Ejecutivo, esta información resultó insuficiente y a las 11:45 a.m. la oficial Gámez respondió un correo en el que dejaba ver su descontento. “Ingeniero, comentarle que adicional a estos datos y en las reuniones sostenidas por mis compañeros con su persona también se le solicitó que se agregara otra columna en la que se especificara qué información había sido requerida a la entidad en comento por solicitud de información. Sin embargo, esa columna no fue agregada a la presente prueba por lo que solicitamos sus buenos oficios para que se agregue y se nos pueda remitir a partir de esta semana...”.
El Faro llamó y dejó un mensaje al teléfono móvil del secretario Castro para pedirle una versión de por qué habían pedido información confidencial al IAIP, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. También se envió un correo a los asesores jurídicos Olga Villeda y Guillermo Escobar, y a la oficial de información Gabriela Gámez para pedirles ampliar en información pero tampoco hubo respuesta.
Trato preferencial a la Presidencia
El informe que había enviado el IAIP a Capres, aunque no cumplía con las exigencias y solo tenía información estadística de carácter pública, sí denotaba un trato preferencial del árbitro en materia de acceso a la información pública con uno de los entes obligados, Casa Presidencial. Esta fue una de las razones por las cuales el pleno de comisionados se molestó con el expresidente del IAIP, René Cárcamo, pues al parecer era el único enterado de que Martínez estaba trabajando para enviar reportes con seis campos de información a Casa Presidencial.
Al recibir los reclamos de Capres, el técnico Martínez pidió una reunión con el presidente del IAIP. En la reunión, según informó Martínez al pleno del Instituto, él le dijo a Cárcamo que 'Capres no me tiene que decir qué hacer, ellos no me mandan a mí, dígales que eso no se va a poder'. Martínez no agregó la columna con el detalle de lo que estaban solicitando los ciudadanos no solo porque era ilegal sino también porque, técnicamente, se volvía difícil hacerlo. Detectar en cada una de las solicitudes la información confidencial y sensible y luego separarla era una operación compleja.
Cárcamo, en su defensa, asegura que él coincidió con Martínez de que separar la información sensible de la pública requería demasiado tiempo y recursos que el IAIP no podía darse el lujo de invertir. Cárcamo dijo que coordinaría una segunda reunión con Capres.
El 21 de agosto ocurrió la segunda reunión entre el IAIP y Capres y, en ella, nuevamente, a pesar de que la agenda tenía dos puntos, la prioridad de la administración Bukele era el reporte. “Del tema de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) hablamos rápido, y el segundo tema fue el del requerimiento [de Capres]: que por qué no se les había entregado como ellos querían”, relató Martínez al pleno del IAIP, en la interpelación del 23 de septiembre.
“Capres nos compartió la necesidad de que se agregará dicha información. Se les brindó de forma verbal los detalles técnicos que dificultan la entrega de dicha información”, escribió Martínez en su informe con su versión de los hechos. Por parte del IAIP estuvieron presentes el comisionado Cárcamo, el comisionado Grégori Rodríguez, y el encargado de tecnologías. Y por parte de Capres asistieron Villeda Kattán, Gamez y Hasbún. Y fue este último quien, según Martínez, estuvo de acuerdo con la conclusión expuesta por Martínez sobre la dificultad técnica de aislar la información confidencial. Al finalizar la sesión, se acordó una tercera reunión solamente entre miembros técnicos del IAIP y de Capres para diseñar una solución.
A la salida de la reunión en Capres, algo inquietante ocurrió, según reportó Martínez en su informe. Cuando abordó el vehículo que los llevaría a todos de regreso al Instituto, el comisionado Grégori Rodríguez le consultó cuál era su posición frente a la petición de Capres de seguir buscando maneras para entregar el detalle de las solicitudes de información hechas por ciudadanos. Martínez volvió a repetir, según consignó en su informe, que no debían privilegiar en el trato a Capres y que el daño a la imagen del IAIP sería grande si la entrega del informe se hacía del conocimiento público. “Caeríamos en lo mismo que cayó la Secretaría de Transparencia”, dijo Martínez. Cuando Cárcamo y el Gerente Jurídico subieron al vehículo, se integraron a la discusión. “lngeniero, estamos claros, pero recuerde que también existe el tema político y en este momento necesitamos presupuesto para movernos de instalaciones y otros proyectos. Si no lo hacemos, no tenemos presupuesto adicional', fueron las palabras de Cárcamo, según el informe que entregó Martínez.
Cinco días más tarde, el 26 de agosto, Hasbún envió un correo a Martínez para coordinar la tercera reunión entre personal técnico. “...Dando seguimiento a lo conversado (...), respecto al apoyo que nos solicitan para poder entregar la información requerida por la secretaria jurídica(sic), nos gustaría reunirnos el día de mañana martes 27 de Agosto, a las 10:00 a.m.”, rezaba el correo. Hasbún, según escribió, quería que la reunión sirviera para terminar de comprender “los problemas técnicos” del IAIP para entregar la información solicitada.
Martínez contestó que no podía reunirse al día siguiente y propuso la siguiente semana. Gámez, la oficial de información de Capres, envió otro correo para presionar para que la reunión no demorara: “Estimado Jorge, en atención al anterior correo solicitarle que la reunión pueda realizarse como muy tarde el miércoles por la mañana pues nos interesa avanzar lo más pronto posible (...) Espero recibir noticias mañana de su parte para poder solventar cuanto antes esta situación”.
Capres da marcha atrás
Finalmente, el 3 de septiembre, la tercera y última reunión ocurrió en Capres. Esta vez, dos gerentes de la Secretaría de Innovación, Raúl Hasbún y Sigfredo Mancía, creyeron conveniente contar con el apoyo de tres “especialistas de tecnología”. Entre ellos, Andrés Ortiz, especialista en tecnología, quien resultó absuelto junto a la actual Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia por un caso en el que se les acusaba de haber clonado la página de un periódico. Por parte del IAIP, asistieron Martínez y un asistente técnico, Ricardo Fortis.
Martínez expuso un documento titulado 'Identificación de variables afectadas para informe Capres', con el que describió los datos que se ingresan en cada campo de información en el formulario del SGS. Ambos equipos discutieron alternativas de cómo podría aislarse la información no confidencial, pero la reunión terminó con la convicción de que no había manera de diseñar, no en el corto plazo, una “solución automatizada definitiva” debido a la complejidad de la misma. Casa Presidencial parecía, por fin, percatarse de que el campo de información vinculado a la solicitud en sí contiene datos sensibles que no pueden aislarse con facilidad.
La reunión terminó con varios acuerdos tomados y algunas tareas repartidas. Entre los acuerdos, según la minuta de la reunión, estaba “Continuar con el análisis de opciones eficientes para la generación del informe”, y además, informar a los oficiales de información que en el formulario de las solicitudes habría un campo en el que ellos iban a tener que comenzar a ingresar solo la información depurada y de carácter público. La discusión incluso pasó por la idea de colocar, en cada formulario, una leyenda, una especie de advertencia que invitara al ciudadano a evitar compartir información sensible cuando describiera la información que pedía.
Entre el 19 de agosto y el 18 de septiembre, si bien la Presidencia no recibió informes con datos sensibles o confidenciales, sí gozó del trato preferencial del IAIP, pues este le envió diariamente un reporte con datos de referencia de cada petición que se había hecho a instituciones del gobierno central. Institución, referencia, tipo (datos personales o información pública), fecha de ingreso, estado y fecha de vencimiento. Durante 34 días ininterrumpidos el IAIP envió ese informe a las cuentas de correo institucional de la oficial de información Gámez, y los asesores jurídicos Olga Villeda y Guillermo Escobar. (Aquí puede descargar el archivo PDF que compila los 34 reportes remitidos por el IAIP a Capres.)
El IAIP que prefiere guardar silencio
En una conferencia de prensa del 14 de noviembre que duró aproximadamente una hora y media, el presidente Nayib Bukele respondió, en tres minutos, la única pregunta que los periodistas hicieron sobre el tema. Bukele admitió que su administración había intentado saber las solicitudes que hacían los ciudadanos lo cual, según él, no tenía nada de malo. “Nosotros al IAIP, y no solo a ellos sino que a otras instituciones, hemos pedido: díganos las solicitudes que han hecho para poder acelerar... Las solicitudes no van con nombre, no van con apellido, no van con número de DUI, no van con nada más como decir: se ha solicitado tal información al ministerio tal”.
Bukele dijo que pedían esa información para mejorar los tiempos de respuesta, pero evitó pronunciarse sobre si eso no es un trato preferencial por parte del árbitro que supone ser el IAIP hacia un ente obligado, en este caso, la Presidencia.
El expresidente del IAIP, René Cárcamo evadió responder si la Presidencia había insistido en obtener información confidencial.
−¿La presidencia pidió información confidencial? -le preguntó El Faro, el 12 de noviembre.
−No, insisto, lo que se trasladó fue información de carácter estadístico -respondió Cárcamo.
−Casa Presidencial pidió reuniones y como el IAIP no le daba información, pidió más reuniones para preguntar por qué la información no la entregaban como ellos la habían pedido.
−Eso los equipos técnicos, como repito, fueron los que trabajaron y, al final de cuentas, lo que se dijo es que es información estadística, es registro estadístico que debe de estar al acceso de todo ciudadano.
−¿Descarta usted tener responsabilidad en compartir o intentar compartir información confidencial a la Presidencia?
−Voy a repetir algo que ya sostuve. Cuando yo juramenté lo hice con la Constitución y las leyes y en efecto es mi compromiso el cumplimiento de las leyes, ¿ya? Es un compromiso como servidor público y de eso pueden estar seguros.
Cárcamo renunció a la presidencia del Instituto el 15 de noviembre porque dijo que prefería hacerse a un lado mientras duraran las indagaciones. Estuvo nueve meses en el cargo.
El resto de comisionados se enteró hasta el 20 de septiembre que Cárcamo había hecho coordinaciones con Casa Presidencial para que el IAIP le siguiera enviando los reportes. El 20 de septiembre, en una sesión del pleno, el encargado de tecnologías, Jorge Martínez, expuso que Capres llevaba ya varias semanas presionando para que el IAIP enviara un campo que detallara las solicitudes hechas por los ciudadanos y que Cárcamo no había opuesto mucha resistencia. 'La respuesta de Cárcamo, fue: 'solicite un punto de pleno y presente lo requerido por Capres'', escribió Martínez en su informe.
Ese 20 de septiembre, los comisionados se enteraron que Cárcamo -en una reunión previa, ocurrida en algún momento entre el 26 y 27 de junio- había pedido a Martínez que se siguieran entregando a Capres los mismos reportes que se habían suspendido tras la detección del código. En esa reunión, ocurrida en el IAIP, también participó el Gerente Jurídico Carlos Calderón. “El comisionado presidente me informó la necesidad de continuar enviando a Capres el reporte antes mencionado (…)”, escribió Martínez en su informe de su versión de los hechos. “Se comentó que ese era parte del acercamiento inicial con Capres y con el Secretario Jurídico para lograr algunos acuerdos, entre ellos el incremento del presupuesto [del IAIP]”, agregó. Según él, quien comentó lo del presupuesto fue el comisionado Cárcamo.
A partir de entonces, el IAIP quiso evitar un escándalo pero el 8 de noviembre la Revista Factum publicó que el IAIP entregó reportes con datos confidenciales durante las primeras dos semanas de junio. Fue entonces que los comisionados pusieron el aviso a la Fiscalía.
El IAIP, no obstante, no ha querido pronunciarse sobre los insistentes llamados de Capres para entregar la información. “La postura oficial está en el acta de la sesión del pleno del 23 de septiembre ”, zanjó la comisionada Liduvina Hernández cuando El Faro le preguntó, en una conferencia del 22 de noviembre.
Pero en el acta de la sesión del 23 de septiembre, el pleno nunca hizo ningún pronunciamiento sobre la insistencia de tres meses que hizo la Secretaría Jurídica.
