La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá investiga por lavado de dinero a dos empresas offshores, una de las cuales recibió sumas millonarias de Alba Petróleos, según documentos y fuentes oficiales de ese país. Las empresas investigadas son: Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A, una compañía que recibió millonarios créditos para montar un proyecto de generación de energía eléctrica en Acajutla; y la segunda es Apalsa Marítima S.A, que no reporta actividad económica ni en El Salvador ni en Panamá.
Las offshores investigadas son parte de un grupo de empresas creadas en paraísos fiscales que recibieron millonarios créditos desde El Salvador. Las offshores recibieron financiamiento de Alba Petróleos, la empresa que compra combustible subsidiado a Venezuela, gracias a un acuerdo de cooperación que firmaron 18 alcaldías gobernadas por el FMLN y el gobierno del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. Venezuela es dueña del 60% y los alcaldes del 40% de las acciones de Alba Petróleos.
Dos años después de iniciar operaciones, en el 2008, los dirigentes de Alba Petróleos crearon en Panamá Apes Inc, una offshore que recibió $144.2 millones, dinero que utilizó para prestar a otras empresas panameñas como Inversiones para el Desarrollo Internacional S,A., ahora investigada por lavado de dinero. A su vez, las compañías panameñas reenviaron el dinero a El Salvador y lo usaron para financiar proyectos de generación de energía eléctrica, de transporte público, proyectos inmobiliarios, entre otros. El dinero que retornó a El Salvador ya no tenía el sello de Alba Petróleos, sino de compañías privadas domiciliadas en paraísos fiscales y dirigidas por dirigentes del FMLN, como el diputado Carlos 'El Diablito' Ruiz; el exalcalde de San Pedro Perulapán, Miguel Hernández; o de Sigfredo Merino Cabrera, el hermano de José Luis Merino, miembro de la comisión política del FMLN. Ellos manejaban las offshores. Generalmente, las offshores son compañías que no tienen actividad económica, donde los verdaderos propietarios no se conocen sino que son dirigidas por firmas de abogados. En Panamá, las empresas offshores, por el dinero que reciben del extranjero y el dinero que mueven por cuentas bancarias, no pagan ningún impuesto.
El fiscal adjunto de la fiscalía anticorrupción de Panamá, Manuel Barríos, pidió el 7 de noviembre de 2018 una serie de documentos al Registro Público para iniciar la investigación (fecha de registro, capital, suscriptores, duración, historial de dignatarios, directores, poderes otorgados, domicilio, historial de todas las escrituras públicas, bienes o propiedades inscritas, entre otros documentos). En su solicitud, el fiscal justifica así su petición: “Lo anterior para que obre como elemento de convicción dentro de la noticia criminal N201800053798, seguida por supuesto delito contra el orden económico en perjuicio del estado panameño”. En otras palabras, la Fiscalía investiga si el dinero que recibió esa empresa es lícito.
Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A. fue creada en Panamá el 29 de julio de 2011 para dedicarse a invertir en bancos o en otras actividades financieras, así como en “establecer, operar y explotar” cualquier establecimiento comercial, industrial o agrícola. En la práctica, según los documentos y testimonios obtenidos por El Faro, la offshore fue creada para recibir dinero de Alba Petróleo y reinvertirlo en un proyecto de generación de energía eléctrica en Acajutla, Sonsonate.
Esta operación financiera se puede resumir así: hace más de una década, la empresa guatemalteca Termopuerto Limitada de Capital Variable, dirigida por Louis Richard Zimeri, estaba aquejada por las deudas. Debía más de 50 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al Banco G&T Continental y, por tanto, su proyecto para generar energía eléctrica estaba varado. Entonces, apareció en escena Alba Petróleos para cerrar un trato que parecía jugoso: un pacto de “venta a descuento”; es decir, que se comprometía a pagar 35 de los 50 millones de la deuda a cambio de Termopuerto.
En los documentos públicos, sin embargo, nunca apareció Alba Petróleos. La empresa manejada por políticos del FMLN decidió hacer el financiamiento a través de un paraíso fiscal. No era la primera vez que aplicaban este modelo de inversión que no dejaba rastro de los verdaderos dueños de los proyectos. Alba Petróleos también financió una fallida empresa de vuelos a través de una offshore en Curazao.
El dinero de Alba Petróleos llegó a Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A por medio de un préstamo que le concedió otra offshore panameña llamada Apes Inc, cuyo accionista principal también es Alba Petróleos. En ese momento, Apes Inc era presidida por Carlos “El Diablito” Ruiz, exalcalde de Soyapango y actual diputado del FMLN; y uno de los apoderados, con amplias facultades para disponer de la sociedad, era Sigfredo Merino, hermano de José Luis Merino, uno de los principales dirigentes del FMLN. El Faro intentó contactar al diputado Ruiz por medio de la oficina de prensa del FMLN en la Asamblea Legislativa y a Merino por medio de su abogado. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta a las peticiones.
El 26 de julio de 2012, la panameña Inversiones para el Desarrollo Internacional montó una empresa con el mismo nombre en El Salvador. Las compañías crearon un fideicomiso para administrar el proyecto energético de Termopuerto. Según el Consejo Nacional de Energía (CNE), la planta eléctrica, con capacidad para generar 70 megavatios (MW) a base de hidrocarburos, comenzó a operar en junio de 2013. En su último balance ante el Registro de Comercio, en 2018, Termopuerto reportó activos por 18.7 millones de dólares.
Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A. está acéfala en Panamá desde el 7 de febrero de 2018. Ese día, renunció quien durante los últimos siete años se desempeñó como su presidente: el abogado salvadoreño José Mauricio Cortez Avelar. Su renuncia, nueve meses antes de la petición de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, está inscrita en el Registro Público y también fue confirmada por el abogado: “renuncié a mi trabajo en esa y otras empresas”, dijo. El Faro buscó también a Carlos Alberto Ulloa Castro y Edwin Oswaldo García Morales, los otros dos directivos de la offshore panameña, que tiene una oficina en El Salvador, en la colonia San Francisco. Una mujer, que atendió la puerta en esa dirección, ofrecida a las autoridades panameñas como domicilio oficial de la empresa, dijo que no los conocía.
Además de recibir financiamiento de Alba Petróleos, Termopuerto también ha tenido una relación directa con el FMLN. Tras el fracaso electoral de 2019, el presidente Nayib Bukele reclamó al FMLN el pago de deuda política por 2.6 millones de dólares. La deuda del partido de izquierda fue pagada por Seguros del Pacífico, aseguradora que tenía como contragarantía a Termopuerto, la compañía capitalizada, principalmente, desde Panamá.
“Si es dinero de ALBA, entonces el FMLN violó la ley, ya que el Gobierno Venezolano no puede financiar partidos políticos de El Salvador. Que no les quede duda que vamos a buscar la trazabilidad de cada centavo que 'paguen' a la aseguradora por ese dinero. Una cosa es deber dinero. Que gracias a que golpeé la mesa ayer, hoy ya no deben. Otra es el lavado de dinero. Que esa son varios años de cárcel”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter, el 20 de agosto de 2019.
Un mes después de las críticas de Bukele contra el FMLN y Alba Petróleos, la revista Factum, publicó que, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, el mandatario recibió 1.9 millones de dólares de Inversiones Valiosas, empresa financiada por Alba Petróleos e investigada en El Salvador por lavado de dinero.
La otra investigada
El 7 de noviembre de 2018, Panamá también abrió una investigación por lavado de dinero contra la agencia naviera Apalsa marítima S.A., dedicada al fletamiento o alquiler de buques tanqueros, así como al mercadeo y la comercialización de petróleo y sus derivados. La empresa fue creada por la firma de abogados Delvalle & Delvalle. Los directivos son salvadoreños: Mauricio Cortez, presidente; Obdulio Pérez, secretario; y Marco Martínez, tesorero.
“Le solicito nos remita certificación de la sociedad Apalsa marítima SA”, dice el oficio que el fiscal Barrías envió al Registro Público. La solicitud de información forma parte de la misma “noticia criminal”, la N° 201800053798, por la que se investiga a Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A. Hasta el momento, este periódico no ha encontrado documentos de alguna actividad comercial o financiera realizada por esta empresa en El Salvador o Panamá.
El Faro contactó a los encargados de relaciones públicas de la Procuraduría de Panamá para obtener más detalles del caso. Hasta el cierre de esta nota, los encargados de esa oficina no habían respondido una serie de preguntas que se les mandó por vía electrónica. “(El fiscal) ha estado en audiencia y aún no ha visto la petición”, justificó uno de los encargados.
Siete meses antes del inicio de la investigación por lavado de dinero, el 23 de abril de 2019, el bufete Delvalle & Delvalle presentó su renuncia como agente residente de Apalsa marítima, y de Alba Refining Company Latin América, empresa entre cuyos directivos figuran Carlos Alberto Carpio y Mauricio Cortez Avelar, personas que también aparecen en documentos de otras compañías beneficiadas con préstamos de Alba Petróleos. “(La compañía) es algo que quedó en papel. Nunca hizo nada”, dice Cortez Avelar, quien figura como presidente, quien asegura que es una práctica común de los bufetes panameños tener una especie de archivo de empresas para futuros negocios. Apalsa marítima no hizo ningún negocio, dice.
Cuentas y empresas suspendidas
Panamá cerró dos cuentas bancarias a Apes Inc, una offshore panameña que, entre el 2008 y 2014, recibió préstamos de Alba Petróleos por $144,287,971. La compañía fue presidida durante ocho años (2008-2016) por el diputado del FMLN, Carlos “El Diablito” Ruiz. La presidenta actual de esa sociedad es la salvadoreña Sonia Carolina Rosales Beltrán.
El 11 de octubre de 2019, el Registro Público de Panamá ordenó la suspensión de Apes Inc por incumplir con un trámite administrativo: la sociedad pasó más de 90 días sin agente residente (abogado o firma de abogados que representa a la sociedad). La suspensión estuvo vigente durante más de un año. Ahora, en la consulta en línea del Registro Público, el estatus de Apes Inc aparece como vigente, pero sus cuentas bancarias continúan canceladas.
La suspensión se suma a otros problemas legales. Tres fuentes consultadas por El Faro, una con acceso a documentos de la Fiscalía de El Salvador y otras relacionadas con los negocios de Alba Petróleos, confirmaron que el sistema bancario panameño suspendió, en 2016, una cuenta bancaria de Apes Inc en el banco G&T Continental, la 00637. Las fuentes de El Faro aseguraron que el cierre de la cuenta tiene dos motivos: el primero, son las peticiones de información de la Fiscalía salvadoreña, que investiga a Apes Inc por una denuncia de estafa y otra por lavado de dinero. La segunda razón es por las sanciones económicas que Estados Unidos promueve contra Venezuela. El accionista de Apes Inc es la empresa salvadoreña Alba Petróleos.
Las mismas fuentes aseguran que Panamá ordenó cerrar también una cuenta de Apes Inc en el St. Georges Bank del mismo país. Un alto ejecutivo del grupo financiero al que pertenece el St. Georges Bank, Luis Rivas, lo niega y asegura que Apes Inc no tiene ni ha tenido cuenta bancaria en esa institución. “Al respecto y en mi carácter de Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Grupo Promerica, le confirmo que nuestra subsidiaria St. Georges Bank en Panamá nunca le ha abierto cuentas a Apes Inc. Más importante aún es señalar que no ha habido ninguna comunicación de nuestros reguladores en Panamá, ni de ninguna otra autoridad competente en ese país, solicitándonos el cierre de cuenta de Apes, Inc, en virtud de que efectivamente no existe ni ha existido cuenta alguna de ese sujeto en nuestra subsidiaria St. Georges Bank”.
Además de Apes Inc, Panamá ha suspendido temporalmente a Conemite Internacional Corp, Alba Refining Company Latin América y Atlantic Pacific Logistic, la empresa que se promocionaba como la entidad exclusiva de comercio internacional de Alba Petróleos, socia comercial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que tenía negocios con grandes compañías como las suizas Vitol y Trafigura, así como la estadounidense Glencore.
La suspensión de una compañía implica lo siguiente: “Imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos”. Apes Inc no puede realizar ninguna acción corporativa y la ley panameña le da un plazo máximo de dos años para resolver su situación. Apes Inc nombró un agente residente cuatro días después de la suspensión, el 15 de octubre de 2019, pero sigue suspendida.
Atlantic Pacific Logistic, la empresa que hasta 2014 había recibido préstamos de Alba Petróleos por $146,330,073, ahora tiene la “Imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos”. Las empresas suspendidas tienen un plazo máximo de dos años para nombrar agente residente, abogados panameños, de lo contrario serán disueltas completamente, según la ley de ese país.
*Aclaración:
Esta nota fue modificada el martes 17 de diciembre de 2019 a las 14:33 para incorporar la versión de Luis Rivas, vicepresidente ejecutivo de operaciones del Grupo Promérica.
