Dos oficinas del gobierno mexicano niegan haber invitado al director de Centros Penales, Osiris Luna, a una visita para conocer proyectos de seguridad pública. El 10 de diciembre de 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respondió que “no encontraron información” sobre una visita del director de Centros Penales de El Salvador en México. Un día después, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió que “no ha realizado ninguna gestión o invitación” al funcionario salvadoreño.
Las secretarías de Seguridad y de Relaciones exteriores de México dieron esas respuestas a una petición que hizo el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE), la primera semana de diciembre. ALAC solicitó información sobre misiones oficiales de Luna a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México contestó el 11 de diciembre de 2019 y negó que haya girado invitación para conocer o intercambiar experiencias de seguridad pública. 'Esta Secretaría no ha realizado ninguna gestión o invitación para la visita del funcionario referido en su solicitud”, respondió esta oficina.
ALAC también preguntó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana si el gobierno mexicano invitó de forma oficial a Luna (en su carácter de Director General de Centros Penales de la República de El Salvador) a conocer proyectos y/o modelos de seguridad pública en territorio mexicano en el mes de octubre del año 2019. Esa secretaría respondió que no existía información sobre esos intercambios. 'En este sentido, después de realizada la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Jefatura de Oficina, no se encontró información relacionada con la solicitud de mérito'.
Las respuestas del gobierno mexicano desentonan con la versión oficial sobre el viaje de Luna que ha dado el Viceministerio de Seguridad y la propia Casa Presidencial. Refuerzan, además, las interrogantes sobre el motivo del viaje y sobre los fondos que se utilizaron para costearlo. A la fecha, el nuevo gobierno de Nayib Bukele y la Dirección de Centros Penales se han negado a revelar esa información.
Un viaje secreto
El 10 de noviembre de 2019, un usuario de Twitter publicó una fotografía del viceministro a bordo de un avión privado. Esa fotografía desencadenó una campaña en redes sociales con la etiqueta #QuienLePagoElViajeAOsirisLuna que ha durado más de un mes. A esa interrogante, el Ejecutivo aún no ha dado respuesta.
El 11 de noviembre, durante una conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele evadió responder quién pagó el viaje del director de Centros Penales. El mandatario se limitó a expresar que su gobierno no usó fondos públicos para sufragarlos. “Entiendo que él aclaró ayer que fue a un viaje a México de seguridad, fue en vuelo comercial, no fue pagado ni siquiera el vuelo comercial por el Estado salvadoreño'.
Según Bukele, 'para conocer las experiencias de los C5 y de las experiencias de seguridad de México', Luna se trasladó en vuelos privados 'ofrecidos por las mismas personas que lo invitaron al viaje, incluyendo los vuelos comerciales de Avianca, digamos”.
Los C5 son centros creados para atender emergencias, como un sistema de 911. México tiene un “Centro Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México” que es el encargado de hacer monitoreos, recibir llamadas de ciudadanos, recibir denuncias anónimas. En un informe que Luna rindió al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que había ido a conocer experiencias de eficacia policial. 'La misión fue para conocer los modelos de seguridad, de intervención policial, eficacia policial y pronta respuesta a la ciudadanía para el combate frontal de la delincuencia', escribió Luna a Rivas el 16 de octubre de 2019.
El 26 de noviembre, luego de que se conociera el caso y en redes sociales se exigieran respuestas sobre ese viaje, la oficina de acceso a la información de Centros Penales respondió, citando al funcionario, que sus viajes al exterior eran en cumplimiento de misiones oficiales. Sin embargo, a diferencia de lo expuesto en el informe presentado al ministro de Seguridad, Luna plasmó en un memorandum que viajó a Estados Unidos -con gastos pagados por un Gobierno extranjero- entre el 1 y 5 de octubre de 2019. Según Centros Penales, del 10 al 13 de octubre visitó México -con gastos pagados por una organización no gubernamental- para exponer el Plan de Control Territorial.
'El principal objetivo fue exponer uno de los puntos más importantes de la estrategia de seguridad del Gobierno en el marco del Plan de Control Territorial, que en uno de sus ejes sostiene la necesidad de bloquear la señala de telefonía en las cárceles con el fin de evitar llamadas de extorsión que se realizan desde los Centros Penitenciarios, además de sostener reuniones para conocer los diversos modelos de seguridad', escribió Luna.
El artículo 9 de la Ley de Ética Gubernamental prohíbe que los funcionarios públicos acepten como regalos viajes y estadías. Las únicas excepciones que permite la Ley son las que son pagadas “por parte de otros gobiernos, instituciones académicas, entidades internacionales o sin fines de lucro, para dictar o asistir a conferencias, cursos o eventos de naturaleza académico-cultural, así como para participar en giras de observación”. Luna ha dicho que no va a revelar quién pagó su viaje en vuelos privado. Para el 19 de diciembre está programada una audiencia pública en el Instituto de Acceso a la Información Pública para dirimir si esa información es pública.
“Ya respondí y puedo firmemente decir desde que ni siendo diputado, ni siendo viceministro o DGCP he realizado un viaje gastando fondos públicos. Cometí un error infantil en reflejar una imagen que contrasta con la vida en el país, pero puedo decir firmemente que NO he gastado fondos públicos para viajes ni siendo Diputado, ni siendo viceministro, ni DGCP”, publicó Luna en su cuenta de Twitter el 30 de noviembre de 2019.
El lunes 9 de diciembre de 2019, El Faro pidió una reacción al embajador de México en El Salvador, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El 13 de diciembre también se pidió una reacción a la Dirección de Centros Penales, pero tampoco hubo respuesta.
