Columnas / Desigualdad

Visas temporales de trabajo, ¿una nueva forma de esclavitud?

Por más que a estos se les adorne con el calificativo de 'legales', debe ponerse en perspectiva la amplia evidencia que existe respecto a que los trabajos ofrecidos mediante dichos permisos están lejos de ser una alternativa digna.

Miércoles, 15 de enero de 2020
Julio Gutiérrez

Con orgullo y optimismo, el 19 de diciembre 2019, el Gobierno anunció la partida de un grupo de 50 salvadoreños hacia Estados Unidos bajo el amparo de un programa de visas temporales de trabajo. El programa del que tanto se ha hablado se trata del denominado H2A, enfocado en brindar oportunidades laborales a extranjeros en el sector agrícola estadounidense. Aunque la idea de trabajar de manera legal en Estados Unidos pueda parecer una opción viable, la realidad es que la obtención de papeles no es siempre garantía de una oportunidad digna. Ante esto, vale la pena reflexionar sobre el tema de una manera más detallada, haciendo énfasis en la variedad de problemas de los que este programa adolece, y de los que muy poco se ha comentado en las diferentes fuentes de información que han documentado el reciente hecho.

Lo primero que puede resultar extraño con respecto a los permisos es lo siguiente: ¿cómo es posible que el mismo país que reprime y expulsa a sus inmigrantes latinos, también esté ofreciendo permisos para que salvadoreños (y otros beneficiarios, como mexicanos y guatemaltecos) lleguen a trabajar a sus granjas?

La complejidad de esto va mas allá de si el gobierno de Estados Unidos es amigo o no del gobierno salvadoreño. En realidad, esto tiene que ver más con la dinámica de poder en dicho país y sus necesidades económicas. Y es que los intereses de las élites corporativas estadounidenses no son homogéneos. Por un lado existe una serie de grandes industrias, como la agrícola, la de construcción y la de los servicios, que dependen inmensamente de la mano de obra migrante para realizar las labores de las que se obtienen grandes ganancias. Por otro lado, están grupos como los que apoyan al presidente Trump, que si bien son amplios beneficiarios de trabajo migrante, han encontrado en el racismo y la xenofobia estadounidense una base electoral importante. La retórica racista de Trump es la que le garantiza el apoyo de grandes segmentos de la población blanca en ese país.

Es por ello que, al hablar del tema de los permisos de trabajo, por más que a estos se les adorne con el calificativo de 'legales', debe ponerse en perspectiva la amplia evidencia que existe respecto a que los trabajos ofrecidos mediante dichos permisos están lejos de ser una alternativa digna. Un extenso informe del Southern Poverty Law Center, organización sin fines de lucro que provee servicios legales a poblaciones marginadas en el sur de los Estados Unidos, reveló la gran variedad de abusos que viven los migrantes que laboran bajo el programa H2A. Entre estos se encuentran diversos mecanismos de robo de salarios por parte de empleadores y reclutadores de potenciales trabajadores.

Según el informe, es común que a los trabajadores se les descuente de su salario varios costos que, según el reglamento, deberían ser pagados por el empleador, como transporte, vivienda y materiales de trabajo. Asimismo, la condiciones de vivienda en las que habitan muchas de estas personas son deplorables. Se han reportado casos de grupos enteros de trabajadores que viven en cuartos hacinados, sin servicios básicos, alejados de centros poblacionales y con una comunicación extremadamente limitada. Tanto empleadores como reclutadores tienden a aprovecharse de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes confiscando documentos importantes, como pasaportes, visas y pasajes de avión. Las amenazas de deportación también son comunes.

A pesar de que la mayoría de estos abusos van en contra de los términos establecidos por el permiso, son posibles debido a que el gobierno estadounidense no ejerce mayor control sobre las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores agrícolas. Estos últimos, por su parte, temen denunciar por miedo a la deportación o por no estar familiarizados con las instituciones competentes. El lenguaje, la cultura y el aislamiento son otra gran barrera en ese sentido.

La suma de todo esto es por lo que muchas organizaciones de derechos humanos han catalogado el trabajo en los campos agrícolas de Estados Unidos como una forma de esclavitud moderna. Aunque para algunos esto pueda parecer exagerado, el origen de estos esquemas de explotación se remonta a los períodos de la esclavitud africana y afrodescendiente en Estados Unidos. La demografía de la fuerza laboral en los campos de trabajo agrícola ha ido cambiando según los diversos procesos migratorios que han ocurrido desde entonces.

Es necesario, pues, hacer un llamado al nuevo gobierno a que repiense las alternativas que ofrece a la población, ya que las personas que migran bajo estos permisos, muchas veces lo hacen sin pleno conocimiento de la penosa situación que tanto las élites estadounidenses como sus gobernantes buscan esconder. Ahora que el primer grupo de salvadoreños ha llegado a Estados Unidos bajo ese programa, lo mínimo que debe hacer el Gobierno es llevar un control de las condiciones de vida y trabajo que se les está brindando y asegurarse de que se les esté garantizado una experiencia digna. De no hacerlo, se convertiría en cómplice de dicho sistema.

La dura realidad de los trabajadores migrantes bajo permisos temporales no es una cuestión anecdótica, sino algo que ha sido documentado hasta la saciedad por múltiples organizaciones que velan por los derechos civiles en Estados Unidos. Dado esto, al gobierno no le vendría mal asesorarse con dichas organizaciones.

*Julio Gutiérrez es antropólogo e investigador de temas relacionados al vínculo entre economía y medioambiente. Es licenciado en Economía, con una maestría en Estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es candidato a doctor en antropología social por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
*Julio Gutiérrez es antropólogo e investigador de temas relacionados al vínculo entre economía y medioambiente. Es licenciado en Economía, con una maestría en Estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es candidato a doctor en antropología social por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

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