En las primeras semanas de diciembre 2019, los arqueólogos del Ministerio de Cultura realizaron una inspección en la hacienda Los cerritos, en Nahulingo, Sonsonate, para corroborar el estado de las estructuras arqueológicas identificadas en esa zona. Las plataformas, aunque rodeadas por cañales de azúcar, permanecían intactas. Se trata de estructuras del preclásico medio y tardío, construidas por los pipiles que se enfrentaron a Pedro de Alvarado y sus tropas en 1524, y desde donde da parte a Hernán Cortes de lo gravemente herido que lo dejó la batalla.
En esta hacienda, administrada por la empresa Agroindustrial El Paraisal (Coagri), se siembra desde hace más de 50 años caña de azúcar. Si bien lo ideal sería que el área estuviera libre de elementos que obstaculicen una investigación arqueológica, la siembra es básicamente el único uso permitido que se permite hacer de este terreno, siempre y cuando sea manual y no se utilice maquinaria pesada. Este mandato, establecido en la Declaratoria de Bien Cultural del sitio (emitida en 1997), se había cumplido sin excepciones hasta el pasado 15 de enero, cuando los vecinos de la zona denunciaron que los administradores de la hacienda habían metido un tractor para surcar el terreno.
En un santiamén, ese tractor destruyó 3 000 años de historia.
Un equipo de arqueólogos del Ministerio de Cultura, acompañados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y miembros del Movimiento por la Defensa de Tacuscalco visitaron la hacienda el 16 de enero 2020 para hacer el recuento de los daños. Ahí también llegó Mardoqueo Calderón, quien se identificó como administrador de la hacienda. Cuestionado sobre la decisión de usar maquinaria pesada, dijo que se había hecho 'para evitar que se posesionen de la tierra', y la justificó diciendo que no estaba enterado de la declaratoria. Las comunidades indígenas de Sonsonate, para reivindicar sus tradiciones empezaron a acudir a este lugar para realizar las ceremonias de solsticio de verano e invierno, en junio y diciembre 2019.
Las palabras de Calderón, recogidas en un video por miembros del movimiento Tacuscalco, son las únicas que intentan explicar lo sucedido. Coagri, que administra la hacienda, no es la propietaria del terreno. La tierra es propiedad de la parceladora Parcel&Land, que le renta a Coagri, una proveedora de caña de azúcar de la Compañía Azucarera Salvadoreña (Cassa).
Al llamar al número de Coagri, la respuesta proviene del conmutador de Cassa. Según la compañía, eso se debe a que ellos brindan apoyo a esta empresa, y a otras cooperativas, en el manejo de las comunicaciones. 'La empresa Parcel&Land, propietaria de Hacienda Los Cerritos, cuya administración está a cargo de Agroindustrial El Paraisal, ya se han presentado ante la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura. Actualmente están esperando finalice la evaluación del caso para definir próximas acciones', dice una respuesta de Coagri que incluye a Parcel&Land, gracias a la intermediación de Cassa. Posteriormente, la azucarera se ofreció para hacer llegar las preguntas de El Faro a Juan Palomo, administrador único de la hacienda Los cerritos.
El Faro preguntó a Palomo por qué ignoraron la declaratoria de bien cultural que existe sobre el sitio, por qué decidieron que era buen momento para meter maquinaria en áreas que habían permanecido intactas hasta entonces, y por qué no tomaron las medidas necesarias para evitar que una situación como esta pasara. Vía mensaje de texto, Palomo se limitó a decir que “Coagri está acatando todas las órdenes emanadas del Ministerio de Cultura. Actualmente se están realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso y la empresa está colaborando con las instituciones en lo que sea requerido por ellas”.
Para los representantes del movimiento, la empresa no puede asumir ignorancia respecto de la declaratoria y califican este hecho como un “acto cínico y con dolo, que representa la intención de perpetuar la destrucción del centro cívico ceremonial más importante de los izalcos, en donde se concentraba el poder político, religioso y económico ”, dijo Salvador Recinos, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes).
Un sitio arqueológico dos veces destruido
Tacuscalco es la prueba fehaciente de que se puede destruir un sitio arqueológico sin que haya ningún tipo de consecuencias y mucho menos acciones concretas que garanticen su protección. En febrero 2018, los arqueólogos del Ministerio de Cultura hicieron la primera denuncia pública de la destrucción, luego de que la inmobiliara Fénix destruyera parte del sitio para construir ahí una residencial. Pese a la denuncia, vinculante, no hubo nada; ni siquiera una orden de paro de obra del juzgado ambiental de Santa Ana fue suficiente para que se detuvieran los tractores. Esa misma zona donde antes existía patrimonio arqueológico a investigar, ahora se anuncia en vallas publicitarias como Acrópoli Sonsonate.
Si bien la Ley Especial de Protección la Patrimonio Cultural y su reglamento hablan de la declaratoria de bien cultural como la medida de protección máxima, no ha habido de parte de ningún ente estatal esfuerzo alguno por garantizar la protección del sitio ni evitar su destrucción. Las alcaldías de Nahulingo y Sonsonate, donde está ubicado, fueron las mismas que dieron los permisos de construcción a Fénix; el Legislativo montó una comisión para velar por la seguridad jurídica de las empresas constructoras. En ese primer caso, la presidencia también dejó huérfana a la Dirección de Patrimonio Cultural y se plegó al discurso proempresas y prodesarrollo del legislativo, hasta que una carta abierta al presidente redactada por los arqueólogos los dejó en evidencia.
Ahora, en este nuevo caso de destrucción del patrimonio, la historia pareciera repetirse. Al Ministerio de Cultura le tomó ocho días pronunciarse sobre lo ocurrido, apenas para dar parte de las acciones que se tomaron desde que se hizo la denuncia. Este gobierno, cuya estrategia de comunicación característica es abocarse a las redes sociales para difundir información que le parece relevante, omitió informar a la población de la destrucción del sitio y tampoco le pareció importante difundir la inspección que se hizo en atención a la denuncia ciudadana o informar sobre el anuncio que se hizo formalmente en el juzgado ambiental de Santa Ana y a la Fiscalía General de la República. A la fecha, la institución obligada por ley a salvaguardar el patrimonio no ha condenado la nueva destrucción de Tacuscalco.
En las 45 manzanas que comprenden el terreno de la hacienda Los Cerritos se han identificado 34 estructuras prehispánicas que conforman un centro ceremonial pipil que, según explican los arqueólogos que conocen el sitio, pudieron haber sido templos o edificios administrativos.
A Los cerritos y la Acrópoli Sonsonate los divide un muro, pero comparten ahora un historial de destrucción de patrimonio arqueológico consecuencia del abandono estatal. Solo el órgano judicial ha dejado en claro que los arqueólogos del Ministerio de Cultura tenían razón, pero nisiquiera eso ha logrado salvar al sitio arqueológico.
Luego de que el Ministerio de Cultura extendiera un paro de obra a la construcción de la Acrópoli Sonsonate el 1 de septiembre de 2017, la empresa Fénix decidió demandar a dos de los arqueólogos de la institución y a la directora de patrimonio ante un juzgado de lo contencioso administrativo, asegurando que habían sobrepasado sus atribuciones como funcionarios. La cámara desestimó las pretensiones de la constructora asegurando que, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, el ministerio tiene potestad de autorizar o denegar permisos de construcción cuando un bien cultural esté en peligro, así como la potestad de emitir medidas provisionales de salvaguarda y protección. Esta sentencia fue reconfirmada posteriormente por la Sala de lo contencioso administrativo, el 9 de octubre de 2019, en respuesta al recurso de apelación interpuesto por Fénix.
