El acceso a la información pública ha sido uno de los más grandes logros para El Salvador, tanto que la misma Sala de lo Constitucional llegó a afirmar que era “el oxígeno de la democracia”, y es que igualmente esencial se vuelve contar con las herramientas, procesos e información clara y accesible para garantizar el buen funcionamiento de la balanza del poder, a través de la participación y la contraloría ciudadana. Sin embargo, hay más de una forma, algunas muy sutiles, de cortarle espacio a la transparencia y darle paso a la opacidad, el secretismo y el autoritarismo.
Lo que ha estado ocurriendo alrededor del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), lo resumirían los abuelos como “lo que mal empieza, mal acaba” y es que, antes de entrar en materia, hay que recordar que en un sistema democrático son igualmente importantes las formas y los fondos: los procesos viciados y oscuros jamás resultarán en acciones o decisiones al servicio del interés público, y ahí es que entra la transparencia, permitiéndonos conocer, evaluar e incidir.
Entonces nos enfrentamos a la realidad innegable de que quien maneja la información y el acceso a ella tiene mucho poder, y esto vuelve atractivo el control sobre el IAIP; quienes resultan electos como comisionados tienen la función de mediar para promover el acceso a información pública, obligar a otras instituciones a entregarla y desclasificar información que estuvo oculta o que trató de mantenerse en secreto aun cuando no cumplía ninguno de los supuestos para hacerlo. Partidas secretas, pago de viajes y demás jamás hubieran salido a luz de no ser por el IAIP.
En el marco de este juego de poderes e intereses fue que ocurrió el nombramiento del ahora excomisionado Juan Carlos Turcios, las irregularidades, la falta de publicidad y la desinformación estuvieron presentes desde su proceso de selección hasta el día de su renuncia. Se sabía que el resultado no iba a ser bueno desde que no se permitió, durante el proceso de selección de la terna del sector de periodistas, la observación de ciudadanos y organizaciones imparciales e independientes, a pesar de que, en ocasiones anteriores, esto había ocurrido sin ningún inconveniente; el silencio de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia ante la solicitud del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la información pública fue una de las primeras señales de alarma.
Como era de esperar, el resultado de un proceso cerrado y oscuro resultó en el cuestionable nombramiento de Turcios, quien hasta la semana anterior a su designación había fungido como director de Comunicaciones del Ministerio de Gobernación, cargo del cual nunca presentó renuncia en forma pública; por lo que inmediatamente a su juramentación, y sin ningún otro acto administrativo de por medio, se presentó al IAIP para hacer valer su nombramiento.
Como se comprueba con las grabaciones de video de diversos medios de comunicación, el entonces recién nombrado comisionado, por un lado, no sabía cuál era la posición que iba a ocupar y, por el otro, los miembros del IAIP no habían sido siquiera notificados de su elección, juramentación ni llegada.
Resulta contradictorio leer en uno de los comunicados que publicó en su cuenta de Twitter, correspondiente al 12 de febrero, el reconocimiento de que “el primer paso de la corrupción es aceptar un trabajo para el que no está capacitado”, cuando él mismo solicitó una reunión a puerta cerrada para que le informaran más del puesto. Si algo no era secreto era que, a pesar de afirmar que cumplía los requisitos de ley para ser electo, sus años como presentador de televisión y su trabajo anterior no lo salvaron de su falta de idoneidad e imparcialidad para asumir el cargo.
Hay una clara contradicción entre sus publicaciones y sus acciones: a pesar de que dice tener la “disposición de garantizar a cada ciudadano acceso total y transparente a la información del Estado con verdad integra”, en ningún momento se mostró dispuesto a dar declaraciones a los medios de comunicación, gremio del que venía electo, y procuró que toda la transición se diera a puerta cerradas, tal cual fue su elección. Esto no fue, por decir lo menos, muy “buena onda” de su parte.
La situación tomó un giro extraordinario cuando, al incorporarse a sus funciones, durante dos días consecutivos fue recusado por ciudadanos y organizaciones de sociedad civil; el fundamento fue claro y válido: al ser información asociada con su jefe anterior, con quienes continuaba habiendo un nexo fuerte, ponían en tela de juicio su imparcialidad para decidir sobre la información en cuestión; nuevamente, la información es poder. El excomisionado Turcios se rehusó a brindar declaraciones a los medios de comunicación; puede que su negativa a pronunciarse sobre los cuestionamientos a su imparcialidad respondieran a que tal vez comparte la premisa de un famoso cantante “Lo que se ve, no se pregunta”.
Finalmente, tras haber tomado posesión el 10 de febrero, en una nueva publicación el 12 de febrero en sus redes sociales, aseguró que había presentado su renuncia al presidente de la República, notificación que hasta la fecha jamás llegó formalmente al IAIP.
Como motivos que justificaban su renuncia, dijo que “he sido víctima de un ataque sistemático de distintos sectores que se han empeñado en obstruir mis labores”, en resumidas cuentas, que la culpa ha sido de todos, no suya al aceptar un cargo frente al que tiene un evidente conflicto de interés. Esto deja todavía más evidencia su falta de idoneidad para el cargo al no comprender que no basta el aparente cumplimiento de los requisitos del artículo 54 como único filtro para ser electo y conocer de los casos; en cambio, culpa a la sociedad civil, que sabe que sus argumentos y cuestionamientos no fueron “pobres y poco profesionales”, sino que conoce sus derechos y hace un ejercicio válido de ellos al utilizar los mecanismos legales e institucionales para garantizar un proceso justo ante una autoridad imparcial.
Restar validez a las preocupaciones ciudadanas y desprestigiar a las organizaciones y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, únicamente porque resultan contrarias al interés de un funcionario público, es una actitud que sí “riñe con la transparencia y la ética”, propia de la calidad que ostentaba y es uno de los primeros pasos en la vía a la criminalización del ejercicio de derechos, actitud propia de sistemas autoritarios, tan en boga durante estas semanas.
Que el excomisionado le eche la culpa a los demás miembros del IAIP es desconocer qué es un proceso conforme a derecho, llamando erróneamente al cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de sus excompañeros una forma de “despotricar en mi contra (…) y que utilizan técnicas ruines y desleales”, cuando estos aplicaron decisiones conforme jurisprudencia y derecho, reiterando su compromiso con la transparencia y la no imposición de agendas particulares. Tampoco es culpa de quienes sabemos que el sistema necesita de transparencia y legitimidad en sus formas y fondos para dotar de equilibrio e independencia a las instituciones y órganos del Estado.
Esta no es la primera vez que la imparcialidad del IAIP y el acceso a la información pública han sido puestos a prueba a raíz de decisiones y acciones del ejecutivo. Tenemos como grave antecedente el acceso indebido a información personal de quienes solicitamos acceso a la información pública, por lo que debemos mantenernos atentos ante otras formas de cortarle las alas a la transparencia.
Así que, aunque la renuncia de Juan Carlos Turcios responda, según él, a nuestra culpa y al “compromiso' que tiene con la transparencia y con los ciudadanos, queda el reto pendiente de las nuevas elecciones para sustituirle en su cargo. Ojalá en esta ocasión recordemos que lo que mal empieza, mal acaba y que lo “buena onda” no es suficiente para ser considerado transparente.
