En noviembre de 2019, cuando la propuesta de ley de reconciliación presentada por las víctimas de la guerra cumplía su sexto mes siendo ignorada por la Asamblea Legislativa, el FMLN por fin decidió estudiarla para, según los diputados, fortalecerla. Un mes más tarde, el Frente presentó sus propuestas de modificación a dicho anteproyecto a la Comisión Política, pero estas en realidad solo fortalecen la idea de una nueva amnistía para los criminales de guerra, como la que la Asamblea intentó aprobar en mayo pasado.
El 9 de diciembre de 2019, la jefa de fracción del FMLN, la diputada Nidia Díaz, presentó la “Propuesta de cambios a proyecto de Ley Especial Para la Reparación Integral y Acceso a la Justicia Para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado”. El documento, de tres páginas, ingresó vía correspondencia a la Comisión Política, que tiene hasta este febrero para impulsar una Ley de reconciliación que cumpla con los parámetros de verdad, justicia y reparación exigidos por la Sala de lo Constitucional.
A pesar de que discursivamente el FMLN se posiciona a favor de las víctimas y de la justicia transicional, todavía en diciembre intentó alterar el contenido original de una propuesta que se ciñe a los exigido por la Sala, a cambio de una serie de artículos que prometen beneficios para los señalados como criminales de guerra.
Las propuestas del FMLN piden que la nueva ley suspenda las penas de cárcel para los criminales de guerra que delaten a otros coautores o autores materiales; para aquellos que están en edad avanzada y para aquellos que padezcan “enfermedades crónicas, degenerativas, mortales o incurables en fase terminal”. Además, propone que las penas de hasta cinco años puedan ser sustituidas por trabajo de utilidad pública, y que, si el imputado es condenado a penas mayores de cinco años, la pena sea reducida hasta la cuarta parte de la condena impuesta; o hasta una quinta parte si el acusado acepta pedir perdón a las víctimas.
El antetítulo que introduce estos cambios a la ley de las víctimas se escribió, en negritas, de esta manera: “se utiliza el primer enfoque de la propuesta original sobre reducción de penas”. En la construcción atropellada de la nueva ley de reconciliación, existe una sola propuesta original para el caso de la penas: la contenida en el anteproyecto introducido por una comisión ad hoc y que estuvo a punto de ser votado en mayo.
En aquel episodio, los partidos de derecha retrocedieron tras la presión internacional, pero el FMLN insistió en que se sometiera a votación el dictamen. Un dictamen que solo hubiera contado con 23 votos, los del partido de izquierda. Vencido, el Frente quiso reivindicarse y el diputado Damián Alegría se sumó a la propuesta que presentaron las organizaciones con el único acompañamiento de Juan José Martel. “Hagamos una consulta amplia e incluyente a todos los sectores”, dijo Alegría, que pese al llamado nunca participó en una ronda de cuatro consultas con víctimas de la guerra realizadas en la segunda mitad de 2019.
En noviembre, el FMLN trabajó por su lado las modificaciones a la ley de las víctimas, sin consultarlas con ellas, y la presentó a la Comisión Política. Pero pese a lo coincidente en tonos y objetivos con las apuestas de los partidos de derechas, las propuestas del FMLN pasaron sin penas ni glorias, según la versión de los diputados pecenistas Roberto Angulo y Antonio Almendáriz; los areneros Julio Fabián y Bonner Jiménez; el pedecista Jorge Mazariego y Juan José Martel, de Cambio Democrático. Ellos aducen que no recuerdan haber visto la propuesta. El documento, sin embargo, sí ingresó a la Comisión Política y fue filtrado a las organizaciones de derechos humanos, donde sí causó conmoción.
El director de la asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García, lo explica de manera sencilla: “Se trata de un intento de aportes a nuestro documento que, en el fondo, lo desvirtúa”.
Un mes después del intento de reformas del FMLN, su jefa de fracción y el diputado Damián Alegría no se ponen de acuerdo sobre los pasos a seguir. El 14 de enero, Díaz dijo a El Faro que el documento que presentaron reúne una serie de ideas próximas a ser propuestas en el caso de que el anteproyecto de las víctimas se discuta en la comisión política.
Al ser cuestionada sobre los señalamientos de las organizaciones ante los cambios que propuso en diciembre, la diputada aseguró que hasta esa fecha no se había reunido con ellas para discutir el documento. “Si tienen observaciones que las planteen bien”, enfatizó Díaz, que recientemente ha sido denunciada por la desaparición de dos personas en 1980. La denunciante es la exdiputada del FMLN, Rosario Acosta.
Cuando a la diputada se le indicó que uno de los cambios propuestos que más causó rechazo es el que indica la suspensión de la pena de cárcel, la diputada respondió que ella solo recordaba que se usaba el término “sustitución” de la pena, no de suspensión: “Yo que me acuerdo no está de esa forma, pero de todas formas me voy a reunir con ellos”, dijo.
A finales de enero, el diputado Damián Alegría aseguró que el partido ha retrocedido en sus intenciones y pide que se “haga que no existe” el documento presentado a la Comisión Política por su jefa de fracción.
Una propuesta de ley ignorada
Los cambios sugeridos por la diputada efemelenista contrastan de gran manera con el anteproyecto de ley realizado por los comités de víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos. Ese anteproyecto, que tiene como eje central a la víctima y pondera la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición como vértebras de la legislación, fue presentado por la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica. Esa vez el FMLN no brindó su apoyo a la propuesta y solo tuvo acompañamiento del diputado de Cambio Democrático, Juan José Martel. A ese anteproyecto es el que el FMLN sugirió los cambios de diciembre.
Mientras la modificación del FMLN sugiere la reducción y suspensión de penas de cárcel basándose solamente en la edad o en la condición de salud del imputado, la propuesta de las víctimas toma muchos más elementos en consideración. En el anteproyecto de ellas, sí se contempla la posibilidad de realizar procedimientos abreviados en los que se reduce la pena siempre y cuando el imputado acepte su propia responsabilidad. Además, tiene que probarse que su conducta fue “menos reprochable que la de los autores o partícipes” y pedir perdón de forma pública por los daños causados. Allá donde el FMLN propuso suspensión de la pena de cárcel, las víctimas establecen que una pena de prisión no podrá ser inferior a cinco años y en el caso de “cúpulas, máximas jefaturas, cabecillas o dirigentes en la cadena de mando, la pena de prisión no podrá ser inferior a diez años”.
Para Manuel Escalante, subdirector del Idhuca, no establecer mecanismos específicos para que los imputados accedan a beneficios penales podría causar más impunidad. “Los altos mandos podrían acusar a los mandos bajos. Si a Sánchez Cerén se le acusa por el secuestro de un embajador y él empieza a señalar quien lo mantuvo en cautiverio, él ya estaría libre o estaría con los beneficios penales”, explica Escalante.
“Esta propuesta del FMLN no ha sido discutida ni consultada con las víctimas. Es unilateral y orientada a evitar que los responsables de crímenes de guerra cumplan penas de prisión en los pocos casos que se logren condenas”, dijo David Morales, representante legal de las víctimas en lo juicios de la masacre de El Mozote y El Calabozo.
La propuesta que el FMLN intentó modificar es la segunda propuesta presentada a la Asamblea por representantes de las víctimas. La primera propuesta, una que sí acompañó el FMLN (la diputada Nidia Díaz le dio iniciativa de ley), fue presentada en 2017. Sin embargo, esa iniciativa quedó en el olvido y nunca fue retomada para la discusión de la nueva ley de reconciliación, pese a que la Asamblea está obligada a crear una nueva normativa tras la declaratoria de inconstitucional de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 2016. Durante casi cuatro años, la Asamblea ha sido incapaz de crearla, pero sobre todo ha sido incapaz de incorporar en sus discusiones los aportes de las víctimas.
En este punto, las víctimas y las organizaciones que las respaldan también reclaman aquello que consideran como una puesta escena, una pantomima de los legisladores para hacer creer que están tomando en cuenta sus aportes.
En 2019, más por presión que por iniciativa propia, los diputados realizaron consultas en el interior del país para escuchar a víctimas de la guerra y porque la sentencia de 2016 de la Sala de lo Constitucional así lo mandaba. Sin embargo, dichas consultas empezaron sin una metodología para sistematizar acuerdos. “Una metodología es importante, y se necesita de un abordaje psicosocial para no revictimizar a los sobrevivientes”, dijo Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA.
De las cuatro consultas que emprendieron, en las primeras dos hubo ausencia de los efemelenistas. “Cuando nos avisaron, ya nosotros teníamos otros compromisos”, dijo Schafik Handal, diputado del FMLN. En agosto 2019, María Abarca fue a la consulta realizada en San Vicente por los diputados Julio Fabián, de Arena; Roberto Ángulo, de PCN; Juan José Martel, de CD; y Jorge Mazariego, de PDC. Allá contó que es sobreviviente de la masacre de El Calabozo. En agosto de 1982, un operativo militar terminó con alrededor de 200 campesinos asesinados a las orillas del río Amatitán, incluyendo ancianos, mujeres embarazadas y niños. María Abarca, una mujer de avanzada edad, se echó a llorar frente a los legisladores y les dijo “yo me quedo conforme con que a esos que hicieron la masacre los echen presos”.
Sin embargo, en las propuestas que han emanado de la Asamblea se ha tratado de eliminar o reducir la posibilidad de penas de prisión. “Aquí parece que lo importante es proteger al victimario. Solamente ver su condición de salud, no valorar su grado de responsabilidad o participación, ni menos su aceptación de la responsabilidad”, se queja Manuel Escalante del Idhuca.
Los diputados que no escuchan
La mañana del jueves 9 de enero, representantes de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador llegaron a la Asamblea Legislativa a entregarle una carta al presidente de este órgano, Mario Ponce. En ella exigieron que se les tome en cuenta para la discusión de la ley, que se elabora luego de una tercera y última prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional. “Es la tercera vez que víctimas y organizaciones piden la oportunidad de ser escuchadas frente a las y los diputados que integran la Comisión Política”, decía la carta.
A Ponce lo interceptaron en una pasillo de la Asamblea. Una de las víctimas le expresó que necesitaba ser escuchado por todos los vejámenes que había sufrido. “No sé si yo soy más víctima que usted, pero todos tenemos seis, siete muertos”, le respondió -entre otras cosas- el presidente de la Asamblea.
La queja principal de los comités de víctimas y de activistas sociales involucrados en el tema es que no les han permitido desarrollar sus argumentos en una mesa de trabajo. “Han dicho que nos van a escuchar, pero ¿cuándo? ¿A última hora? ¿Haciendo una simulación?”, se preguntaba a inicios de año Ima Guirola, representante de CEMUJER. La respuesta a su pregunta llegó pronto. En la última semana de enero, diversas organizaciones fueron invitadas a la Asamblea Legislativa, para, se suponía, ser escuchadas.
El martes 28 de enero la Comisión Política recibió a varios sobrevivientes de persecución, tortura y masacres junto a organizaciones de derechos humanos. Así como el año pasado, los diputados abrieron un micrófono. Los invitados fueron citados a las ocho de la mañana y la diputada Nidia Díaz se retiró antes de las diez, cuando aún faltaban tres horas para que la consulta terminara. El presidente de la Asamblea luego comentó que Díaz se retiró porque tenía que ir a dejar flores al monumento de José Martí, el líder cubano que murió hace 125 años.
En la consulta, el diputado Ponce explicó que la Comisión Política acordó “elaborar un solo proyecto de ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional tomando como base las dos versiones en poder de la comisión”. Ese acuerdo fue realizado el 15 de enero y, según Ponce, cuenta con la firma de siete diputados. Nidia Díaz aseguró que ella no votó a favor de este acuerdo. Díaz dijo que un equipo de asesores de Ponce realizará una propuesta que mezclará el anteproyecto de las víctimas, la propuesta de los diputados y los parámetros de justicia que exigió la Sala de lo Constitucional en su sentencia de 2016.
Dentro del salón donde se llevó a cabo la consulta, el director de Pro-Búsqueda se quejó ante la comisión por la manera opaca en la que se ha manejado el tema. Ima Guirola, de CEMUJER, les pidió que consideraran hacer una comisión en la que los representantes de víctimas puedan participar en la redacción de la ley. Los diputados no hicieron ningún tipo de compromiso.
Al mediodía, Blanca Salazar tomó el micrófono y se paró frente a la mesa donde se encontraban los legisladores. Ahí empezó a contar cómo sus tres hermanos cooperativistas están desaparecidos desde el 29 de diciembre de 1989. La mujer empezó a llorar y el diputado Shafick Hándal del FMLN tomó una llamada en su celular. Colgó. Luego, mientras Blanca seguía hablando con la voz temblorosa y la cara llena de lágrimas, Mario Ponce agarró su celular y contestó otra llamada. “Quizás no le están poniendo atención a uno”, dijo Blanca Salazar.
